nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 12 de mayo de 2025, comparece la abogada doña María Angélica Brown Oropeza, en representación de don nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone acción constitucional de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en rechazar la devolución de los fondos previsionales de su representado, de conformidad a la Ley N° 18.156, lo que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el actor presentó una solicitud de devolución de retiros previsionales de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 18.156, cumpliendo con todos los requisitos, sin embargo, mediante correo electrónico de 6 de mayo de 2025 la recurrida le comunicó el rechazo de su solicitud, con el argumento de que la “Constancia de Afiliación al IVSS se encuentra vencida, supera vigencia de 120 días”, obstaculizando injustificadamente el proceso al aplicar una interpretación restrictiva de la norma y desatendiendo el propósito del legislador, esto es, permitir a los trabajadores disponer de sus ahorros previsionales.

Asevera que la recurrida pretende desconocer documentos válidos sobre la base de la vigencia de la declaración de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) acompañada, sin embargo, dicha declaración fue emitida por la embajada de Venezuela en Chile durante el periodo en que se encontraba operativa y posteriormente autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile.

Explica que actualmente resulta imposible obtener una nueva certificación actualizada consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el instituto de previsión social IVSS como se hacía previamente, en atención al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, situación que resultó imprevisible.

Agrega que, en consideración a lo expuesto, el recurrente presentó el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaría chilena, a través del cual se puede demostrar que mantiene la calidad de afiliado al sistema de seguridad social de su país de origen, por lo que debe tener la misma fuerza probatoria que la declaración obtenida por la embajada venezolana mientras se encontraba activa.

De otra parte, asegura que otra AFP ha aprobado retiros de fondos ante la presentación de una declaración notariada, de forma tal que, al estar todas las AFP regidas por la misma normativa, no corresponde que la recurrida aplique ésta de forma desigual y arbitraria.

Agrega que, más allá del formalismo documental, cualquier interesado puede verificar la vigencia de la afiliación a través del código de verificación de autenticidad que consta en la planilla de afiliación a través de la página oficial del IVSS.

Previa referencia a la normativa y jurisprudencia que estima pertinente, solicita que se ordena la recurrida: (i) reconocer como válida la documentación acompañada al recurso; (ii) emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la solicitud de devolución de fondos previsionales conforme a derecho dentro del plazo de 5 días o el que se estime pertinente y; (iii) adoptar todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, el 4 de junio de 2025, el abogado don Daniel Santoni Garrido, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., evacuó el informe requerido, en el cual solicita el rechazo en todas sus partes del presente arbitrio, con costas.

En primer lugar, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para los fines pretendidos por el recurrente, por cuanto lo pedido −que no es otra cosa que una modificación de los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones– no se condice con la finalidad de un recurso de protección, pretendiendo discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N°3.500 en sede cautelar y de emergencia.

Asimismo, arguye que no existe un derecho indubitado, sino que uno controvertido. En efecto, la actora sostiene que el actuar es ilegal y arbitrario y, por el contrario, la recurrida postula que su actuar es el correcto, de conformidad a la ley vigente y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

En segundo lugar, afirma que no existe acto ilegal o arbitrario cometido por su representada, toda vez que rechazó la solicitud de devolución de fondos del actor de conformidad a lo previsto en la Ley N° 18.156 y a las instrucciones que ha impartido la Superintendencia de Pensiones a dicho respecto, toda vez que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se encuentra vencida.

Hace presente que, por instrucción de la Superintendencia de Pensiones, se deben observar todas las formalidades legales antes de aprobarse una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, como se ha resuelto en el Oficio Ordinario N°5376, de 28 de marzo de 2025, a través del cual la referida Superintendencia, en un caso idéntico al de autos, no accedió a la devolución solicitada, por no cumplirse los requisitos legales y normativos.

Explica que la Ley N°18.156 permite a los técnicos extranjeros que trabajen en Chile retirar sus cotizaciones previsionales siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos, norma de carácter excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico para efectos de realizar dicho retiro.

Menciona que, en materia laboral y previsional, rige en Chile, por regla general, el principio de territorialidad, esto es, que a los trabajadores que se desempeñen en nuestro país, sean chilenos o extranjeros, se les aplican las leyes laborales y previsionales vigentes en Chile, siendo una excepción a esta regla el cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley N° 18.156, sobre exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros.

Refiere, a este respecto, que el artículo 1 de la Ley N°18.156 y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, regulan la exención de cotizar en Chile a los técnicos extranjeros, siempre que den cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo citado, esto es, que: (i) detenten la calidad de técnico; (ii) se encuentren afiliados a un régimen previsional o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza y en el que conste su obligación de otorgar prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez y muerte y; (iii) que en el contrato de trabajo respectivo, el trabajador manifieste expresamente su voluntad de mantener su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen.

Sostiene que, conforme a lo expuesto, el actuar de su representada no es ilegal ni arbitrario, toda vez que, para los efectos de realizar la devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero del recurrente sólo ha observado que se cumplan copulativamente los requisitos que establece la normativa vigente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744.

El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente el cumplimiento de la certificación, tanto de la administradora de fondos de pensiones de su país de origen como de una entidad promotora de salud, no habiéndose cumplido este último requisito por parte de la protegida mediante la aportación del certificado respectivo, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición del actor.

Séptimo: Que examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación, además de exceder su periodo de vigencia, no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de don nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-10718-2025.