nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 11 y 12: téngase presente.

Vistos:

Primero: Que, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, ingeniero eléctrico de nacionalidad venezolana, deduciendo acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que exige requisitos adicionales no contemplados en la normativa vigente y aplica criterios interpretativos restrictivos que impiden el ejercicio del derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad privada que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho.

Sostiene que don nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, mediante el portal web correspondiente, la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican. Posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2025, fue informado por la administradora de fondos las razones del rechazo de su solicitud, indicando que la declaración consular debía expresar en el mismo documento que había sido extendida en representación de autoridad competente de la Seguridad Social del país correspondiente, y que dicha declaración debía indicar las prestaciones mínimas de invalidez, vejez, muerte y enfermedad, junto con la fecha de afiliación debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, expone como contexto fundamental la imposibilidad técnica y material de obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS, debido al quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela posterior a las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela, en atención a la falta de reconocimiento de dichas elecciones por parte del mandatario chileno, lo que dejó sin representación consular o diplomática a los nacionales venezolanos. En este contexto, argumenta que nos encontramos ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito según el artículo 45 del Código Civil chileno, que define tales circunstancias como el imprevisto al que no es posible resistir, incluyendo expresamente los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público.

Refiere que presentó el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notario chileno, lo que reviste al documento de la debida formalidad, y al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana. Además, argumenta que todas las AFP, sin importar su denominación, están regidas por las mismas leyes y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no corresponde a cada AFP aplicar de forma desigual y arbitraria la aplicación de las normas que rigen la materia. Para fundamentar esta posición, acompaña certificado de aprobación de retiro de fondos de administrado por AFP Cuprum, junto a declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos, cumpliendo con las mismas formalidades que las del recurrente.

Adicionalmente, destaca que el legislador, en protección del derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, ya ha establecido los requisitos pertinentes para la devolución de fondos, no siendo pertinente que las administradoras de fondos establezcan requisitos adicionales a los previamente establecidos. Enfatiza que la intención de la ley no tiene otra finalidad que la de corroborar que el trabajador se encuentra afiliado a algún sistema de previsión social, más allá del formalismo documental. En este sentido, argumenta que cualquier interesado puede verificar la existencia de dicha afiliación, pues la misma planilla ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Respecto a los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, el recurrente sostiene haber dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos, acompañando contrato de trabajo, anexo de contrato individual de trabajo, certificado de cotizaciones al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales junto con declaración jurada de autenticidad, y título profesional. Argumenta que se encuentra con una obstaculización de su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador de permitir disponer de los ahorros previsionales.

Alega que el actuar de la recurrida ha vulnerado los derechos constitucionales del recurrente consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República. Específicamente, se vulnera el derecho de igualdad ante la ley, ya que la recurrida ha dado al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, encontrándose en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables, requiriéndosele una formalidad adicional no contemplada en la Ley N°18.156. Asimismo, se vulnera el derecho de propiedad privada, impidiendo al recurrente disponer de sus fondos previsionales sin justificación legal válida, actuando de forma caprichosa y realizando una interpretación restrictiva de la norma en perjuicio del administrado.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días o el que la Corte estime conforme al mérito de los autos, adoptando en general las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuó informe la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital S.A., solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección con expresa condena en costas.

En primer lugar, en cuanto a los hechos, confirma que con fecha 24 de abril de 2025, don nombre reservado presentó en el sitio web de AFP Plan Vital una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156. Sin embargo, sostiene que dicha solicitud adolece de un problema fundamental relacionado con el Certificado de Constancia Electrónica de Cotizaciones presentado por el solicitante. La administradora argumenta que, si bien entre los documentos se incluyó una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" vigente, este documento no cumple con los requisitos exigidos por la normativa administrativa para acreditar la cobertura previsional integral requerida por la ley.

Hace presente que el Oficio Ordinario N°20294, emitido con fecha 8 de octubre de 2020 por la Superintendencia de Pensiones, que responde a una solicitud similar de devolución de fondos previsionales presentada por una trabajadora extranjera bajo la Ley N°18.156. Según este pronunciamiento administrativo, el rechazo efectuado por AFP Plan Vital se ajusta a la normativa vigente, toda vez que el documento presentado por el solicitante no logró acreditar el cumplimiento del requisito contenido en la letra a) del artículo 1° de la ley, que exige demostrar que se cuenta con cobertura previsional por todos los riesgos —enfermedad, invalidez, vejez, muerte— durante el tiempo trabajado en Chile.

Adicionalmente, fundamenta su actuación en el Oficio Ordinario N°25057, emitido con fecha 29 de diciembre de 2023 por la Superintendencia de Pensiones, que imparte instrucciones específicas a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de la documentación que deben acompañar los afiliados extranjeros junto con su solicitud de devolución de fondos previsionales. Conforme a esta normativa administrativa, se debe acompañar el respectivo certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado, en el que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte. La Superintendencia de Pensiones, al señalar "debidamente legalizada", se refiere específicamente a contar con la apostilla respectiva o la legalización que debe tener dicho documento extranjero ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile para producir efectos en el país, tal como establece el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.

Enfatiza que el rechazo a la solicitud de devolución de fondos previsionales no constituyó un acto ilegal ni arbitrario, sino que se fundamenta en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones. En este sentido, invoca el artículo 2° del D.F.L. N°101 de 1980, que establece que la Superintendencia será la autoridad técnica de supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones, comprendiendo sus funciones los órdenes financiero, actuarial, jurídico y administrativo.

Asimismo, la recurrida cita el artículo 3° del mismo cuerpo normativo, que señala como función de la Superintendencia interpretar la legislación y reglamentación vigente e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras. De igual forma, invoca el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, que regula la competencia de la Superintendencia para fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, y el artículo 47 de la Ley N°20.255, que establece entre las funciones de la Superintendencia de Pensiones interpretar administrativamente las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las entidades fiscalizadas, así como velar por el cumplimiento de las mismas.

Insiste en que su actuar corresponde a un proceder razonado y en igualdad de trato respecto de todos sus otros afiliados, por lo que ha actuado de manera justificada y no ha cometido acto arbitrario alguno. Consecuentemente, argumenta que su actuación no ha significado privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando se rechace en todas sus partes la acción constitucional de protección deducida, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Plan Vital de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente; por otro lado, si bien no se acompaña copia del contrato de trabajo, debe entenderse que el contenido del contrato y la forma de contratación, tampoco cumple con los requisitos legales, por cuanto no se acredita lo contrario.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de don nombre reservado y dirigido en contra de AFP Plan Vital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10715-2025.