nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que interpone recurso de protección doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, microempresaria, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Ord. N° 28 de 9 de enero de 2017, que denegó la tramitación de su solicitud de sustitución de multa, por extemporánea, pese a encontrarse dentro del plazo legal, por lo que estima que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Solicita se ordene a la recurrida acoger la sustitución de multa por asistencia a programa de capacitación, previa constatación de los demás requisitos legales.

Explica que el 7 de noviembre de 2016, en fiscalización efectuada por la recurrida, se constató que no llevaba correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas, lo que implicó que mediante Resolución N° 3605/2016/029, notificada a su parte el 10 de noviembre de 2016, se le aplicara una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales, razón por la que el 22 de diciembre de 2016, intentó ejercer el derecho que le confiere el artículo 506 ter del Código del Trabajo, solicitando la sustitución de la multa impuesta por asistencia a programa de capacitación, sin embargo, mediante la Resolución recurrida, se le informó el rechazo de la misma, por considerar que se encontraba presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos.

Estima que la resolución impugnada carece de sustento legal, vulnerando la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, pues priva arbitraria e ilegalmente el ejercicio de un derecho que la ley le concede, el que puede ejercerse dentro del plazo de 30 días hábiles, pues la norma no señala que sea de días corridos y por tratarse de un recurso presentado en etapa administrativa, de manera que debe aplicarse de forma supletoria el artículo 25 de la Ley N° 19.880.

Segundo: Que, informando don Pablo Andrés Maureira Lumbrera, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, solicita el rechazo del recurso por improcedente, atendida la naturaleza del acto recurrido.

En primer término, dice que, si bien es cierto, el artículo 20 de la Carta Fundamental expresa que este recurso puede deducirse sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, ello no significa que pueda transformarse o utilizarse esta acción de protección como un sustituto procesal de los procedimientos judiciales específicos y expresamente contemplados en la ley como medios de impugnación en contra de la resolución recurrida, por lo que nada justifica la utilización de esta vía cautelar que es extraordinaria, para resolver conflictos que tienen previstas vías ordinarias para su discusión y resolución. En apoyo de su petición invoca jurisprudencia.

Por lo anterior, estima que es necesario ponderar adecuadamente los efectos de acoger el presente recurso, en los términos en que ha sido interpuesto, dado que todo empleador al cual se le notifique una multa, se encontraría, sin exigencia alguna, habilitado para impugnar aquella resolución a través del presente recurso de protección, tratándose de una materia destinada naturalmente a ser conocida por los Tribunales Ordinarios del Trabajo.

En subsidio, alega la improcedencia del recurso, en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición. En efecto, estima que no se ha incurrido en ningún acto ilegal y arbitrario, ya que el Ordinario recurrido está dictado en atención a las facultades expresamente conferidas a la Inspectora Comunal del Trabajo por el artículo 506 ter del Código del Trabajo y, por otra parte, el acto impugnado es razonado, argumentado y fundado conforme a derecho y cualquier alegación a su respecto debiera haberse interpuesto ante el juez de fondo competente, de conformidad al artículo 504 del Código del Trabajo.

En cuanto al fondo, informa las circunstancias del recurso y expresa que la multa se notificó personalmente el 10 de noviembre de 2016 y recién el 22 de diciembre pasado, la recurrente solicitó la sustitución de la multa por programa de capacitación en virtud de lo señalado en el artículo 506 ter del Código del Trabajo. Sin embargo, dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en la citada norma del Código del Trabajo, esto es, ser presentado dentro del plazo de 30 días de notificada la resolución de multa administrativa, que en relación con la doctrina vigente del servicio sería a más tardar el 11 de diciembre de 2016. En consecuencia, el 9 de enero de 2017, mediante el Ordinario N° 28 del Inspector Comunal del Trabajo de La Florida, se comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de sustitución, en atención a que ésta fue presentada fuera del plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 506 ter del Código del Trabajo.

De todo lo antes expuesto, concluye, no se divisa de qué manera su actuar ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ni cómo ello habría afectado a la recurrente, citando al efecto dos Dictámenes de la Contraloría General de la República, que establecen que el plazo es de días corridos.

Finalmente, agrega que en contra del acto recurrido correspondía utilizar la vía judicial, a través del artículo 504 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud del recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880 y no utilizar la acción de protección.

Por todo ello, solicita el rechazo de la acción impetrada, con costas.

Tercero: Que, previo a un análisis de lo sometido a decisión de esta Corte, resulta del todo necesario precisar y consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que por otro lado, también, se debe dejar en claro que siendo una acción cautelar y pueda ser utilizada, aún la existencia de otros recursos, no puede transformarse en una que sirva para reemplazar los procedimientos ordinarios establecidos en la ley, como ocurre en esta situación, donde lo alegado como fundamento de la acción es un acto que se encuentra controvertido por las partes, en cuanto a su plazo para interponerlo. De este modo, en la especie, se trata de la interpretación de las normas que resultarían aplicables para establecer el cómputo del plazo respecto del acto que hoy resulta ser considerado para la recurrente como arbitrario e ilegal, al considerárselo extemporáneo, al tener una interpretación distinta a la dada por la autoridad que resulta ser la recurrida.

Quinto: Que además, en esta caso existe un procedimiento establecido en la ley -léase Código del Trabajo- para reclamar lo mismo que se hace por esta vía, y que es aquel establecido en el artículo 504 del Código referido.

Sexto: Que de la forma como se ha razonado, aparece que la decisión de la recurrida de no tramitar la petición de substitución de la multa impuesta pedida por la actora, lo es porque a su juicio resulta ser extemporánea y ello resulta ser una consecuencia de una interpretación de las normas que a juicio de la primera son las aplicables en la especie, razón por la que en este caso no puede existir un acto ilegal y arbitrario de parte de la misma, aun cuando ésta interpretación resulte ser errónea; más cuando en este caso el sentido que la Inspección Comunal del Trabajo le ha dado a la norma cuestionada, corresponde justamente al genuino que, en su oportunidad, le ha dado la Contraloría General de la República a la misma.

Séptimo: Que, además, también como se dijo en el motivo quinto de este fallo, en la especie existe un procedimiento establecido en la ley, que corresponde al del artículo 504 del Código del Trabajo, que entre otros es aquel que debe utilizarse para tramitar una substitución de una multa impuesta por dicha Inspección, por lo que aparece que el uso de la presente acción es una forma de substituir el procedimiento legal, y en ningún caso se le puede dar a esta acción tal carácter de substituto procedimental para resolver las acciones que ya tiene regulada en la ley su procedimiento, pues su genuino carácter es solo cautelar de los derechos garantidos en la Constitución Política de la República ante una actuación ilegal o arbitrario, lo que en este caso, no se ha establecido que así haya ocurrido.

Octavo: Que de acuerdo a lo razonado resulta innecesario analizar la posible infracción a la garantía constitucional alegada como vulnerada.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de la Florida Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Poblete.

Protección N° 10.713-2017.

No firma el Abogado Integrante señor Guerrero, por ausencia, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez.