Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaria del Interior

C.A. de Santiago.

Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 11: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaria del Interior, por haber rechazado una solicitud de regularización migratoria extraordinaria, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que impide a la recurrente acceder a regularizar su situación migratoria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y la igual protección ante la ley que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene a las recurridas adoptar las medidas necesarias para materializar su regularización. Expone que la protegida, de nacionalidad venezolana, ingresó una solicitud de regularización el 23 de septiembre de 2023 al amparo del articulo 8° transitorio de la Ley 21.325, el cual con fecha 26 de noviembre de 2024 fue rechazado mediante Resolución Exenta N°NUM000. El acto administrativo impugnado vulnera gravemente principios fundamentales que rigen la actuación administrativa, configurando una falta de legalidad manifiesta; transgrede el principio de contradicción, consagrado en el artículo 10 de la Ley N°19.880, al no haberse otorgado a la afectada la posibilidad de aportar antecedentes adicionales ni de presentar alegaciones que permitiesen una reconsideración adecuada de su caso antes de dictar la resolución desfavorable, sumado a que la autoridad administrativa incumplió el principio pro homine, dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 21.325, el cual obliga a interpretar y aplicar las normas de forma más favorable a los derechos fundamentales de las personas, particularmente en contextos migratorios. En tercer lugar, se viola el principio de motivación, estipulado en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, pues la resolución carece de fundamentación suficiente al no explicitar de manera razonada qué antecedentes se consideraron ni por qué se estimaron insuficientes para acoger la solicitud, limitándose a formular juicios genéricos y vacíos que no justifican la negativa.

En consecuencia, la actuación de la recurrida no solo incumple las garantías básicas del procedimiento administrativo establecidas en la ley 19.880, sino que desatiende la línea jurisprudencial consolidada por la Excma.

Corte Suprema, la cual ha reconocido de manera reiterada la “grave situación humanitaria” que afecta a Venezuela. Agrega que, intentado realizar el trámite con las claves únicas de sus representados, el trámite requerido simplemente no existe ni se encuentra contemplado dentro del sistema, pues solo permite realizar tramitaciones predeterminadas. En cuanto al derecho, alega que se han vulnerado las garantías constitucionales: i) el derecho a la igualdad ante la ley, al discriminar a sus representados en atención a su nacionalidad y situación migratoria, impidiéndoles ingresar una solicitud ante el servicio recurrido, lo que se traduce en la imposibilidad de obtener un título de residencia y despoja a un ciudadano chileno de la posibilidad de residir con sus padres en su país de origen; ii) el derecho a la defensa, al no permitir a los recurrentes defender su situación ante la ley, exponiéndolos a una vida de permanente clandestinidad y al peligro inminente de ver a los padres ser ordenados a abandonar el país; iii) el derecho a la libertad personal, limitando y restringiendo la libertad de desplazamiento al negarles la posibilidad de solicitar la regularización de su situación migratoria. Pide, en definitiva, se acoja el presente recurso y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones que otorgue los medios necesarios para que sus representados puedan solicitar la regularización de su situación migratoria de manera definitiva, proveyendo medios alternativos para el ingreso de solicitud de regularización migratoria ante el servicio recurrido. SEGUNDO: Que evacuó informe el Servicio Nacional de Migraciones en el siguiente tenor. Indica que la protegida nombre reservado, ciudadana nacional de Venezuela, no registra fecha de ingreso al país, por cuanto se desprende su ingreso clandestino, eludiendo para ello los controles migratorios fronterizos. Con fecha 31 de diciembre de 2021, la recurrente se inscribe en el proceso de empadronamiento que no constituye un proceso de regularización.

Dicho proceso consiste en registrar e identificar a las personas extranjeras, mayores de 18 años, que hayan ingresado al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio en frontera, cuyo objetivo es conocer de forma más completa la identidad y cantidad de personas en situación migratoria irregular que se encuentran en el país, constituyendo un compromiso del Gobierno de Chile para promover una migración segura, ordenada y regular y que esté en concordancia con los objetivos de la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería. Indica que mediante Parte Policial N°NUM001 de fecha 16 de noviembre de 2023 de Policía de Investigaciones de Chile, se pone en conocimiento de esa autoridad denuncia grave por ingreso clandestino y que con posterioridad mediante Resolución Exenta N°NUM002 de fecha 26 de noviembre de 2024 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se rechaza el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional en el país, toda vez que, según lo ponderado por la autoridad competente, las circunstancias de la parte recurrente no son de una especial consideración, sino que más bien obedecen a causas genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares. En cuanto al derecho, argumenta que la forma de ingresar las solicitudes de regularización migratoria es a través de carta certificada dirigida al Subsecretario del Interior del Ministerio del Interior, quien es la autoridad competente para resolver dichas solicitudes, en conformidad al artículo 155 N°9 de la Ley 21.325. En este sentido, sostiene que no consta solicitud alguna en ese sentido que haya sido presentada por alguno de los recurrentes de autos, reiterando que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver dichas peticiones. Manifiesta que independiente del hecho de ser improcedente la acción por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, por lo anteriormente razonado tampoco existe vulneración de derechos fundamentales, por lo que el motivo que llevó a los actores a interponer su recurso tampoco se verifica.

Asimismo, hace presente que, teniendo vínculo con chileno, los extranjeros pueden solicitar un permiso de residencia temporal por reunificación familiar encontrándose dentro de Chile, sin inconvenientes. Pide, en definitiva, rechazar la presente acción, con costas.

TERCERO: Que informando al tenor del recurso comparece Alejandra Salinas Silva, abogada, en representación de la Subsecretaria del Interior, solicitando su rechazo en todas sus partes, con expresa condena en costas, por carecer de oportunidad y fundamentos plausibles.

Expone que la acción de protección se funda en el rechazo de la solicitud que fue resuelta mediante Resolución Exenta N°NUM000, de 26 de noviembre de 2024, la que al tenor de las alegaciones y los antecedentes acompañados, no fueron suficientes para acceder a la solicitud, decisión que es una facultad exclusiva y discrecional de la administración.

Desarrolla la normativa aplicable señalando que, conforme al artículo 24 de la Ley N°21.325 y al artículo 2 del Decreto Supremo N° 296, la migración debe ser regular y ordenada, por lo que quienes solicitan regularización lo hacen desde una situación de contravención a la normativa.

Agrega que la actual ley contempla dos hipótesis de regularización migratoria: (i) una de carácter general prevista en los artículos 69 inciso 2° y 155 N° 8, cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones, y (ii) una de carácter excepcional, conforme al artículo 155 N°9, consistente en la facultad exclusiva y discrecional del Subsecretario del Interior para otorgar permisos en casos calificados o por razones humanitarias.

Aclara que en la actualidad no existen procedimientos generales de regularización vigentes, por lo que las solicitudes solo pueden fundarse en la vía excepcional del artículo 155 N° 9. A este respecto, insiste en que el permiso solicitado por el actor fue expresamente resuelto y notificado, resultando improcedente la acción de protección como medio para obtener una nueva revisión.

Sostiene que el permiso excepcional constituye una concesión discrecional, no una obligación estatal, y que su denegación no puede ser revisada por la vía del recurso de protección, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, entre otros, en los Roles N° 32.508-2022, 52.030- 2023, 17.063-2024 y 38.220-2023, que ratifican la improcedencia de usar este mecanismo constitucional para obtener beneficios cuya concesión corresponde exclusivamente a la Administración.

Señala que la solicitante incurrió voluntariamente en contravenciones migratorias, por lo que no puede imputar al Estado las consecuencias que se deriven de su irregularidad, ni la eventual negativa de su solicitud. Enfatiza que la solicitud excepcional no genera derecho alguno, y que permitir el uso de la acción de protección para forzar su otorgamiento implicaría desnaturalizar este instrumento constitucional.

Finalmente, solicita expresamente que se rechace la acción de protección, con condena en costas al actor, por carecer de fundamentos serios y por tratarse de una acción impertinente e inoportuna, que distrae a la judicatura y a la Administración de su verdadero rol;

CUARTO: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley;

QUINTO: Que, el acto que se califica como ilegal y arbitrario lo constituye el rechazo de la solicitud de regularización extraordinaria del recurrente por parte de la Subsecretaría del Interior mediante la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 26 de noviembre de 2024.

SEXTO: Que, de acuerdo al artículo 155 N°9, el Subsecretario del Interior cuenta con la facultad exclusiva y discrecional para otorgar permisos en casos calificados o por razones humanitarias, respecto de la que no se observa arbitrariedad en el presente caso, encontrándose debidamente fundada en cuanto señala: “...es posible apreciar que aquella no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria, aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares. 9. Que, en vista de que el caso presentado por la parte solicitante no es susceptible de una consideración especial, no corresponde resolverlo en base a facultades de excepcional aplicación…”

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, encontrándose el acto recurrido debidamente fundamentado, dictado por el órgano competente en ejercicio de sus facultades legales, el arbitrio de marras no podrá prosperar. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones y la Subsecretaría del Interior. Regístrese, comuníquese, y archívese en su oportunidad.

Protección N° 10710-2025 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.