Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

Santiago, siete de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios N° 31 y 32: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por estimar ilegal y arbitraria la Resolución Exenta Nro. NUM000, de 9 de marzo de 2026, notificada el 30 del mismo mes, mediante la cual se aprobó el sumario administrativo seguido en su contra y se le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Expone que se desempeñaba como funcionaria a contrata, grado 21 de la Escala Única de Remuneraciones, Técnico en Educación Parvularia, con servicios en la institución desde el año 2004, y que el sumario fue instruido mediante Resolución Exenta Nro. NUM001, de 23 de mayo de 2025, para determinar su responsabilidad por haber viajado a Brasil entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2023, mientras hacía uso de la licencia médica tipo uno Nro. NUM002, con reposo domiciliario, extendida entre el 25 de septiembre y el 24 de octubre de ese año.

Reconoce haber efectuado el viaje, pero explica que se encontraba con licencia por un cuadro de estrés agudo y que debió acompañar a su hija menor de edad, quien había recibido de su padre pasajes a Brasil como regalo de cumpleaños, contando con la autorización notarial respectiva.

Afirma que su enfermedad fue real, que no actuó con ánimo de engañar a la institución y que el viaje obedeció a motivos familiares y de salud y no recreacionales.

Sostiene que formuló descargos y dedujo recurso de reposición sin que sus argumentos fueran ponderados, que la resolución carece de la debida fundamentación y que la destitución es desproporcionada, atendidos sus más de veinte años de servicio, sus calificaciones en lista uno, sus anotaciones positivas y la ausencia de sanciones anteriores. Cita sentencias de las Cortes de Apelaciones de Arica, Valdivia y Concepción.

Estima vulneradas las garantías del artículo 19 Nros. 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República y solicita que se deje sin efecto la medida disciplinaria, se disponga su reincorporación, se ordene el pago de las remuneraciones del tiempo en que ha estado separada de su cargo y se declare su inocencia administrativa, decretándose el sobreseimiento del sumario a su respecto, con costas.

Segundo: Que informó la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia de esta vía, pues la recurrente pretende que se revise el mérito de un sumario legalmente tramitado y se sustituya el criterio de la autoridad, sin que exista un derecho indubitado, agregando que a la fecha del informe el procedimiento no se encontraba concluido, por estar pendientes el recurso de reposición y el trámite de toma de razón.

Expone que la recurrente prestaba servicios a contrata desde el 11 de junio de 2004 y que el sumario tuvo su origen en el Oficio Nro. NUM003, de 22 de mayo de 2025, de la Contraloría General de la República, relativo a funcionarios que salieron del país durante licencias médicas, siendo desacumulado a su respecto por Resolución Exenta Nro. NUM004, de 29 de mayo de 2025. Indica que el certificado de viajes de la Policía de Investigaciones de Chile confirmó su salida a Brasil el 28 de septiembre de 2023 y su reingreso el 6 de octubre siguiente, durante la vigencia de una licencia con reposo total domiciliario, lo que la funcionaria reconoció al declarar; que el 14 de julio de 2025 se formularon cargos, notificados el 24 del mismo mes; que presentó descargos, analizados en la vista fiscal; y que la Resolución Exenta Nro. NUM000 aplicó la destitución conforme a los artículos 121 letra d) y 125 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido de la Ley Nro. 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Sostiene que el incumplimiento del reposo, previsto en el artículo 55 letra a) del Decreto Supremo Nro. 3, de 1984, del Ministerio de Salud, constituye una infracción grave al principio de probidad del artículo 52 de la Ley Nro. 18.575, que la autorización notarial sólo habilita la salida de la menor y no excusa el incumplimiento, que no se acreditó un tratamiento médico en el extranjero y que para atender situaciones familiares existen el feriado y los permisos. Añade que, conforme a los dictámenes de la Contraloría General de la República que cita, acreditada una vulneración grave a la probidad la única sanción aplicable es la destitución, aun cuando existan atenuantes; que la conducta afectó la continuidad del servicio a párvulos y la imagen institucional; y que no hubo trato desigual, pues los sumarios se instruyeron respecto de todos los funcionarios incluidos en el informe del órgano contralor.

Posteriormente, por presentaciones de 9 y 25 de septiembre de 2026, hizo presente que la Resolución Afecta Nro. NUM004, de 15 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición y afinó el procedimiento, fue tomada de razón por la Contraloría General de la República el 31 de agosto de 2026 y notificada personalmente a la recurrente el 8 de septiembre siguiente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que dicha disposición contempla, mediante la adopción de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho cuando éste resulte afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que impida, perturbe o amenace su ejercicio.

Para su procedencia resulta indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario al ordenamiento jurídico, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho, que afecte una o más garantías protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la especie, no existe controversia acerca del hecho sustancial que dio origen al procedimiento disciplinario.

En efecto, la recurrente reconoce haber salido del país mientras hacía uso de una licencia médica tipo uno que contemplaba reposo domiciliario, encontrándose además acreditado su desplazamiento mediante los antecedentes migratorios incorporados al sumario.

La controversia se centra, entonces, en las consecuencias jurídicas que la autoridad atribuyó a aquella conducta y en la suficiencia de las circunstancias invocadas por la recurrente para justificarla.

Quinto: Que de los antecedentes aparece que el procedimiento administrativo no se limitó a constatar la existencia del viaje, sino que la recurrente prestó declaración, fue notificada de los cargos, formuló descargos y dedujo recurso de reposición.

En sus descargos explicó las razones del viaje, su estado de salud, la circunstancia de haber acompañado a su hija menor de edad y la existencia de autorización notarial, y en la reposición invocó además su trayectoria funcionaria, sus calificaciones, la ausencia de sanciones anteriores y su colaboración con la investigación.

Unas y otras alegaciones fueron examinadas en la vista fiscal, en la Resolución Exenta Nro. NUM000 y en la Resolución Afecta Nro. NUM004, que las desestimaron por las razones que en ellas se expresan.

Sexto: Que el artículo 61 letra g) del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18.834, sobre Estatuto Administrativo, impone a los funcionarios el deber de observar estrictamente el principio de probidad administrativa.

Por su parte, el artículo 125 del mismo cuerpo legal contempla la destitución cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente dicho principio.

Así, acreditada una conducta que la autoridad administrativa, dentro de sus atribuciones disciplinarias, calificó fundadamente como una vulneración grave a los deberes funcionarios, la sanción aplicada se encuentra comprendida entre aquellas que el ordenamiento jurídico autoriza.

Séptimo: Que la circunstancia de que la licencia médica haya tenido su origen en un cuadro de salud mental y que el viaje se haya efectuado para acompañar a una hija menor de edad no modifica el hecho de que la recurrente se encontraba sometida a un reposo total domiciliario y que, durante ese período, salió del territorio nacional.

Tampoco aparece de los antecedentes que dicha salida hubiese obedecido a la realización de un tratamiento médico en el extranjero vinculado con la patología que motivó la licencia.

En consecuencia, la autoridad contó con antecedentes objetivos que permitían estimar incumplida la condición de reposo bajo la cual se encontraba justificada la ausencia de la funcionaria a sus labores.

Octavo: Que la antigüedad funcionaria, las calificaciones y la ausencia de sanciones anteriores constituyen antecedentes favorables a la recurrente, pero no fueron ignorados por la autoridad. Ésta explicó que, calificada la infracción como una vulneración grave a la probidad, la ley asigna una sanción específica, respecto de la cual no operan las circunstancias atenuantes, criterio que apoyó en dictámenes de la Contraloría General de la República.

La gravedad, a su vez, fue fundada en elementos concretos del caso, como que el viaje se encontraba planificado con anticipación y se realizó bajo licencia médica con reposo total y no mediante feriado legal o permisos, que no existía indicación médica que lo justificara y que la funcionaria servía en una unidad de atención de párvulos.

Podrá discreparse de ese criterio, pero se trata de una decisión que expresa sus razones y se apoya en una interpretación sostenida por el órgano de control, lo que excluye que sea producto del mero capricho.

Noveno: Que tampoco corresponde a esta Corte, mediante la presente acción cautelar, sustituir la valoración efectuada por la autoridad disciplinaria respecto del mérito de los descargos y de la medida aplicable, desde que no se advierte que la sanción haya sido impuesta sin procedimiento previo, sin formulación de cargos, sin posibilidad de defensa o sobre la base de hechos inexistentes.

La discrepancia de la recurrente con la apreciación efectuada por la Administración no transforma por sí sola la decisión en ilegal o arbitraria.

Décimo: Que el acto que afinó el procedimiento disciplinario fue, además, tomado de razón por la Contraloría General de la República y notificado a la recurrente, antecedente que no excluye el control jurisdiccional que corresponde a esta Corte, pero que refuerza la conclusión de que la actuación de la recurrida se ajustó a derecho.

Undécimo: Que, en estas condiciones, no existiendo un acto ilegal o arbitrario que pueda reprocharse a la recurrida, no resulta posible estimar vulneradas las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, de manera que el recurso de protección será rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; 61, 121 y 125 del Decreto con Fuerza de Ley Nro. 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nro. 18.834, sobre Estatuto Administrativo, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Acordada con el voto en contra de la ministra señora Brengi, quien estuvo por acoger la acción constitucional intentada, por estimar que si bien los hechos por los cuales ha sido sancionada la recurrente constituyen una vulneración al principio de probidad, no ameritan la medida impuesta, esto es, aquella de mayor entidad, como la de destitución, considerando las circunstancias particulares del caso, como el período de tiempo de la vinculación y la ausencia de reproches o anotaciones durante el mismo, las que a juicio de esta disidente debieron -en virtud del principio de proporcionalidad- morigerar la determinación de la medida impuesta a una de menor rango, y al no hacerlo la decisión de la autoridad resulta arbitraria y conculcatoria de las garantías constitucionales invocadas por la afectada.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Nro. 10709-2026.