Protección contra dicho organismo

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

A los folios 14 y 15: a todo téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparece don Felipe Ignacio Hazbún Marín, abogado, en representación de doña nombre reservado, técnico en atención de párvulos, funcionaria a contrata grado 22° E.U.R. de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, interponiendo recurso de protección en contra de dicho organismo, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 9 de marzo de 2026, notificada el 30 de marzo de 2026, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, como consecuencia del Sumario Administrativo ordenado instruir por Resolución Exenta N°NUM001, de 23 de mayo de 2025, actuación que la recurrente estima ilegal y arbitraria, por cuanto se le sancionó sin que se ponderaran sus descargos ni las circunstancias atenuantes invocadas, vulnerándose con ello sus derechos fundamentales a la integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo y a la no discriminación laboral, y al derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la sanción de destitución y se ordene su reincorporación al cargo, con pago de las remuneraciones correspondientes al período de separación.

Expone que el sumario administrativo tuvo por objeto determinar su responsabilidad por haber salido al extranjero mientras hacía uso de licencia médica tipo uno, con reposo domiciliario, entre el 15 y el 26 de enero de 2024, viajando efectivamente entre el 17 y el 25 de enero de dicho mes. Señala que dicha licencia fue emitida por el Cesfam Santa Laura, en el contexto de un tratamiento por ansiedad generalizada, y que el viaje, realizado junto a su familia, obedeció a motivos médicos y familiares, y no recreacionales, sin que hubiese existido dolo ni mala fe en su actuar. Refiere que formuló oportunamente sus descargos y dedujo recurso de reposición administrativo, sin que sus argumentos fueran considerados. Como atenuantes, invoca su ingreso a la institución el 19 de abril de 2013, más de doce años de desempeño funcionario sin sanciones ni anotaciones de demérito previas, calificaciones en lista uno o dos, una anotación de mérito de fecha 15 de julio de 2025, y su calidad de jefa de hogar con tres hijos a cargo.

Que, en el plano jurídico, invoca el artículo 61 letras b), c) y g) del D.F.L. N°29 de 2004; los artículos 52 y 62 N°8 del D.F.L. N°1 de 2005; el artículo 55 letra a) del Decreto N°3 sobre licencias médicas; la Circular N°3.646 de la Superintendencia de Seguridad Social; y el Código de Ética de la Junji, sosteniendo que dichas normas fueron aplicadas sin la debida ponderación de las circunstancias del caso.

Alega infracción a los principios de legalidad, debido proceso, proporcionalidad y presunción de inocencia, y a la exigencia de motivación de los actos administrativos, conforme a los artículos 3°, 11 y 41 de la Ley N°19.880 y a la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la Contraloría General de la República que cita.

Invoca, además, jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Arica (Rol N°298-2025), Valdivia (Rol N°858-2025) y Concepción (Rol N°5097-2025), en casos análogos de destitución por uso de licencia médica durante viajes al extranjero, en que se acogieron los respectivos recursos de protección.

Que, en definitiva, sostiene que la destitución dispuesta careció de fundamento suficiente, al no haberse acreditado dolo, mala fe ni perjuicio para el servicio, vulnerando su integridad psíquica al haber perdido abruptamente su fuente laboral; la igualdad ante la ley, al habérsele dado un trato discriminatorio respecto de otros funcionarios; la libertad de trabajo y no discriminación laboral, al aplicársele una sanción desproporcionada; y el derecho de propiedad sobre la estabilidad en su empleo y remuneraciones.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la sanción de destitución contenida en la Resolución Exenta N°NUM000, se ordene el sobreseimiento del sumario administrativo, se disponga su reincorporación al cargo que ocupaba en la Junji, con pago de las remuneraciones no percibidas durante el período de separación, y con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el traslado conferido, comparece don Diego Fernando Córdova Castillo, abogado, en representación de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitando el rechazo íntegro del recurso de protección, con costas, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

En primer término, opone la excepción de improcedencia de la acción por ausencia de acto administrativo terminal, señalando que si bien la Resolución Exenta N°NUM000, de 9 de marzo de 2026, aprobó el sumario y aplicó la sanción de destitución, y que el recurso de reposición deducido en su contra fue rechazado mediante la Resolución Exenta N°NUM002, de 24 de abril de 2026, notificada el 13 de mayo de 2026, dicha resolución dispuso expresamente remitir el proceso sumarial a la Contraloría General de la República para la práctica del trámite de toma de razón, conforme al artículo 160 del D.F.L. N°29 de 2004 del Ministerio de Hacienda. Sostiene que, en virtud del numeral 18.7 de la Resolución N°36 de 2024 de la Contraloría, las resoluciones que apliquen la medida de destitución se encuentran sujetas a dicho trámite, sin el cual el acto administrativo carece de plena eficacia jurídica, de manera que la recurrente conserva su calidad de funcionaria hasta que este se verifique; y que, no habiéndose completado la toma de razón a la fecha de interposición del recurso, no se ha agotado la vía administrativa, lo que a su juicio determina el rechazo de la acción constitucional.

Además, alega la improcedencia del recurso de protección como vía para revisar el mérito de las decisiones administrativas, argumentando que dicha acción tiene naturaleza cautelar y no constituye una instancia de apelación destinada a ponderar nuevamente los antecedentes de hecho y de derecho del procedimiento disciplinario, sino únicamente a restablecer el imperio del derecho frente a actos ilegales o arbitrarios manifiestos que afecten derechos indubitados, citando en respaldo de esta tesis los fallos de esta Ilustrísima Corte (Rol N°26767-2024) y de la Excma.

Corte Suprema (Rol N°16.981-2025), junto con el artículo 54 de la Ley N°19.880, que exige el agotamiento de los recursos administrativos.

Que, en cuanto al fondo, la recurrida expone que el procedimiento disciplinario se originó en el Consolidado de Información Circularizada N°9 de la Contraloría General de la República, que dio cuenta de movimientos migratorios de la recurrente coincidentes con un período de licencia médica, lo que motivó la instrucción del sumario mediante Resolución Exenta N°NUM001. Señala que, conforme al certificado oficial de movimientos migratorios emitido por la Policía de Investigaciones, se estableció que la funcionaria salió del país entre el 17 y el 25 de enero de 2024, período coincidente con la vigencia de la licencia médica Folio NUM003, que prescribía reposo total, sin que constara autorización médica ni comunicación institucional que habilitara dicho desplazamiento. Sostiene que tal conducta configura una infracción grave al principio de probidad administrativa contemplado en el artículo 52 de la Ley N°18.575 y contraviene el artículo 55 letra a) del D.S. N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, invocando en su apoyo los dictámenes N°17.132 y N°44.044 de la Superintendencia de Seguridad Social y la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°52.153-2025). Añade que los descargos de la recurrente, fundados en un certificado de salud mental, no constituyen eximente de responsabilidad, y que el procedimiento se desarrolló con pleno respeto del debido proceso, contradictoriedad y derecho a defensa.

Que, respecto de las garantías constitucionales invocadas, sostiene que ninguna ha sido vulnerada, por cuanto la sanción deriva del ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria y no de un actuar ilegal o arbitrario; que no se acreditó trato discriminatorio respecto de otros funcionarios; y que, tratándose de un cargo a contrata conforme a los artículos 3 y 10 de la Ley N°18.834, no existe derecho de propiedad amparable sobre dicho empleo, citando al efecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Chillán confirmada por la Corte Suprema (Rol N°708-03).

Que, en definitiva, solicita se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, para el correcto análisis del presente arbitrio, debe consignarse que se recurre en contra de la dictación, por parte del Junta Nacional de Jardines Infantiles, de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 9 de marzo de 2026, la cual aplicó la medida disciplinaria de destitución de doña nombre reservado, por haber salido al extranjero mientras hacía uso de licencia médica tipo uno, con reposo domiciliario, entre el 15 y el 26 de enero de 2024, viajando efectivamente entre el 17 y el 25 de enero de dicho mes.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados - particularmente de la Resolución Exenta N°NUM001, de 23 de mayo de 2025, que ordenó instruir el sumario administrativo; de la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 9 de marzo de 2026, que aprobó dicho sumario y aplicó la medida disciplinaria de destitución; y de la Resolución N° NUM004, de 24 de abril de 2026, que rechazó el recurso de reposición- aparece que su tramitación se ajustó a la normativa legal, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, referidos a la sustanciación del procedimiento sumario. En efecto, según consta de los propios antecedentes, a la recurrente se le formularon cargos, presentó descargos, acompañó antecedentes documentales, interpuso recurso de reposición y obtuvo decisión fundada respecto del mismo, de modo que tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa durante el íter procedimental.

SEXTO: Que, por otro lado, los actos impugnados aparecen debidamente fundados en razón de los motivos que en los mismos se consignan y la entidad de la medida impuesta, atendidas las conductas infractoras constatadas, consistentes en el incumplimiento del reposo médico prescrito por el facultativo en las licencia médica otorgada por la recurrente durante el mes de enero de 2024, mediante la realización de un viaje al extranjero, entre los días 17 y 25 de dicho mes, lo que se estimó constitutivo de infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la República, y en los artículos 13, inciso primero; 52, inciso segundo; y 62 N° 4 de la Ley N° 18.575, y de las obligaciones funcionarias establecidas en las letras b) e i) del artículo 61 y en el artículo 84 de la Ley N° 18.834.

SÉPTIMO: Que, según fluye del marco atributivo de potestades legales antes reseñado, en vinculación con los antecedentes que fundamentan los actos formalmente recurridos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien ha actuado en uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a sus deberes legales, conforme a las normas vigentes que justifican racionalmente sus decisiones, entregando razones para decidir como lo ha hecho, motivo por el cual el presente arbitrio no podrá desde ya prosperar.

OCTAVO: Que, además, a juicio de esta Corte se ha empleado el recurso de protección excediendo el ámbito que lo autoriza, al ser ejercido como medio de impugnación en reemplazo de los mecanismos recursivos que contemplan los estatutos especiales administrativos, requiriendo la sustitución del juicio sobre la entidad de las conductas acreditadas, por uno diverso, lo que resulta improcedente, máxime teniendo en cuenta que la sanción disciplinaria aplicada es una prevista en el decálogo que rige a la recurrente y para cuya determinación la autoridad cuestionada ha explicitado los criterios que le permiten atribuir la entidad pretendida a los quebrantamientos acusados, los que dicen relación con las obligaciones que indudablemente gravan a sus funcionarios, escenario en el cual el reproche sobre la arbitrariedad de lo decidido se corresponde en mejor manera con el de la discrepancia con lo resuelto, y que escapa de aquello susceptible de ser revisado por la vía pretendida.

NOVENO: Que descartada la ilegalidad o la arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

DÉCIMO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra del Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-10708-2026.