SINDICATO NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DEL DESARROLLO con INSPECCION DEL TRABAJO DE CISNES

CA Santiago Santiago ocho de junio de dos mil veintidós Proveyendo a los folios 20 y 21; téngase presente.

PRIMERO: Comparece doña Sandra Aliaga Rodríguez, abogada, en nombre y representación, de SINDICATO NACIONAL DE SCOTIABANKERS DE PLATAFORMA TECNICOS Y PROFESIONALES, y deduce recurso de protección en contra de DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO, y en contra de la DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE, en atención a que ha vulnerado y entorpecido el derecho constitucional tanto del sindicato como de sus asociados, de negociar colectivamente conforme lo dispone el artículo 19 número 16 de la Constitución Política de la República y ha afectado el derecho de propiedad, del artículo 19 número 24, del mismo cuerpo normativo.

Precisa que este sindicato reúne a diversos trabajadores que se desempeñan en sucursales de Banco Scotiabank en distintas regiones.

Señala que el mes de febrero de 2022 la recurrente recibió respuesta de parte de la empresa al petitorio de negociación colectiva, en la cual indicaba la imposibilidad de negociar toda vez que ésta se encontraba suspendida, a la espera de la resolución que califica los servicios mínimos de la empresa la que se encuentra a cargo de la dirección del trabajo.

Afirma que producto de ello, solicitó a la dirección del trabajo explicaciones del porqué se encontraba pendiente la emisión de la resolución que determinará los servicios mínimos a que estaba obligada el sindicato en una eventual huelga, pues los plazos ya habían transcurrido sobradamente. Producto de ello, con sorpresa recibió como respuesta de la dirección del trabajo que dicho proceso de fiscalización se encontraba en etapa de ejecución, es decir, a la fecha el servicio recurrido no había comenzado el proceso de determinación o fiscalización, coartando así, el derecho de la recurrente, mientras los servicios mínimos no se encuentren determinados, lo que implica incumplir el plazo de respuesta no superior a 45 días Expone que el actuar negligente de la recurrida ha implicado que la recurrente haya presentado un proyecto de negociación colectiva a la empresa acompañando una nómina de todos los asociados adheridos a la negociación colectiva arriesgando a sus asociados a eventuales despidos, pues como no se ha iniciado el proceso de negociación no cuentan con el fuero o protección legal que la ley les otorga, viéndose vulnerables ante la decisión de la empresa de comenzar a eliminar trabajadores, para incurrir en menos costos una vez que comience el proceso de negociación.

Agrega que el artículo 360 del Código del Trabajo señala que la negociación colectiva no podrá realizarse sino hasta que se encuentre dictada la resolución que establece los servicios mínimos. La misma norma señala los plazos que cada parte dispone para dicha gestión y en consecuencia la única que ha omitido los plazos causándoles con ello un perjuicio es la dirección del trabajo.

Como consecuencia afirma que se le ha impedido a la recurrente negociar colectivamente por sus asociados mientras la resolución no sea emitida y, además, el servicio aludido ni siquiera ha señalado cuándo terminará este procedimiento dejando aún más en indefensión.

Solicita, finalmente, que se ordene a la recurrida que en el plazo más breve emita la resolución que determine los servicios mínimos a los que el SINDICATO NACIONAL DE SCOTIABANKERS DE PLATAFORMA TECNICOS Y PROFESIONALES se verá obligada a proporcionar a la empresa SCOTIABANK en el escenario de una huelga, con costas.

SEGUNDO: Informa el abogado Pablo Andrés Moreira Lumbrera, en representación de la Dirección Nacional del Trabajo y de Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, solicitando su íntegro rechazo, por cuanto carece en forma y fondo de los fundamentos que ameriten sea por acogido.

Sostiene que existe improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, ya que constituye un remedio o solución urgente ante la vulneración real y efectiva de un derecho indubitado, sin embargo, en esta materia administrativa existe un procedimiento especial y previo establecido en el artículo 64 de la ley 19.880 denominado Silencio Positivo.

Agrega que ley contempla como recurso natural para reclamar por el retardo de un pronunciamiento administrativo el del artículo 64 de la ley 19.800 el que debe ser relacionado con el artículo 13 del mismo cuerpo legal, en cuanto a producirse un perjuicio por el retardo de pronunciamiento por parte del organismo administrativo.

Agrega que el interesado debe solicitar la certificación de que el acto se encuentra en estado de resolverse, solicitando luego su pronunciamiento, certificación que marca ahora un nuevo plazo para que el órgano administrativo se pronuncie, lo que permite concluir entonces que el plazo del artículo 45 del estatuto referido, no es fatal pues, la norma en comento le exige al interesado que solicite certificación de que no ha habido una respuesta del ente administrativo, y en ese evento, vuelve a surgir un nuevo plazo para este último, norma que además, establece que en el evento de retardarse la certificación, solo da origen a responsabilidades administrativas, es decir, se planteó por el legislador una sanción para quien no cumpla su deber funcionario, pero no para la validez del acto, de lo que es posible además colegir que existe un procedimiento establecido por el propio estatuto Señala que la reclamante no ha utilizado dicho derecho, respecto del acto que estima infringido, que le permita reclamar ante el ente fiscalizador del incumplimiento de los artículos 27 y 45 de la ley 19.880, y solo ha optado por una vía judicial.

En cuanto al fondo, refiere que diversos procesos de calificación de Servicios Mínimos se han visto extendidos durante sus periodos de tramitación en atención a la necesidad de presencialidad de funcionarios para la realización de diversas actuaciones propias del procedimiento administrativo de que trata, tales como la realización de notificaciones de actos emitidos durante la tramitación o la realización de las fiscalizaciones instruidas para el efecto.

Indica que Dirección Regional ha estado en un constante esfuerzo de actualizar aquellos procesos de calificación de servicios mínimos cuya tramitación se vio dilatada por efectos de la pandemia.

Explicita que con fecha 22.12.2021 se dictó por parte de esa Dirección Regional del Trabajo el Ord. N° 2120 el cual se pronuncia respecto a la presentación realizada por parte de la Empresa Scotiabank Chile con fecha 16.12.21. Dicho Ord. fue informado a la requirente la suspensión de las negociaciones colectivas regladas entre la Empresa y sus Organizaciones Sindicales por encontrarse pendiente por parte de esa Dirección Regional la resolución que califique Servicios Mínimos para dicha Empresa.

Adiciona que con fecha 22.02.2022 se dicta por parte de esa Dirección Regional del Trabajo el Ord. N° 234 que informa la admisibilidad del requerimiento de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. A su vez se dicta Ord. N°235 que concede traslado a las 44 organizaciones sindicales asociadas y activas en la empresa.

El jueves 24.02.2022 fueron remitidos vía correo certificado de tres Ordinarios de esa Dirección Regional que contienen las solicitudes de Informes Técnicos a las siguientes instituciones: Comisión para el Mercado Financiero, Banco Central y OS-10 de Carabineros de Chile. Dichas solicitudes se encuentran ya diseñadas para proceder a la firma del Director Regional y su posterior notificación.

Alude que a la fecha se han efectuado una seria de actuaciones y que su representada debe esperar además la respuesta de los ordinarios (oficios) ya remitidos para posteriormente establecer una calificación jurídica en base a dichos antecedentes, circunstancia que ciertamente impide el pronunciamiento en un plazo de 5 días hábiles que exige la reclamante, lo anterior considerando la complejidad de las materias y los diversos actores que son parte del presente proceso, así como las limitaciones propias derivadas de la pandemia y la complejidad de contar con suficiente personal calificado.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal – esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario – producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que es del caso considerar que de los antecedentes consta que ha existido una omisión de la autoridad correspondiente en la emisión del certificado de servicios mínimos en el procedimiento de negociación colectiva, considerando que dicho proceso se inició por presentación por la empresa Banco Scotiabank Chile el 16 de diciembre de 2021.

QUINTO: Que el artículo 360 del Código del Trabajo regula el plazo de pronunciamiento por parte de la Dirección del Trabajo en cuanto a la determinación de los servicios mínimos. Que asimismo la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos recoge el principio de celeridad y establece en el artículo 27, un plazo de seis meses, para la dictación del acto administrativo por parte de la autoridad administrativa.

SEXTO: Que en este caso concreto habiendo trascurrido dichos plazos, parece claro que la Administración ha desplegado una conducta omisiva ilegal, desde que ha vulnerado las normas citadas en el considerando anterior, constituyendo las razones dadas en su informe simples explicaciones, mas no justificaciones.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección, interpuesto por el SINDICATO NACIONAL DE SCOTIABANKERS DE PLATAFORMA TECNICOS Y PROFESIONALES, solo en cuanto la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente deberá, en un plazo de treinta días contados desde esta fecha, pronunciarse sobre la solicitud de certificación de los servicios mínimos efectuada con fecha 16 de diciembre de 2021, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-1070-2022.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, integrada por la ministra señora María Soledad Melo Labra y el abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, ocho de junio de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.