Protección contra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo a los escritos folios 14, 15 y 16: téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que, con fecha 11 de abril de 2026, comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, representada por don nombre reservado, por haber dictado la Resolución Administrativa N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026 —confirmada por la Resolución N°NUM001 de 13 de marzo de 2026—, mediante la cual declaró la vacancia de su cargo de docente de aula por la causal de salud incompatible, actuación que considera ilegal y arbitraria, y vulneradora de los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad sobre el ejercicio de la función pública, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026 y se ordene su reincorporación inmediata a sus funciones con el pago de las remuneraciones devengadas durante el periodo de separación y con expresa condenación en costas.

Expone la actora que se desempeña desde el año 2012 como profesora en el Colegio José Toribio Medina, lugar donde desarrolló un proyecto pedagógico de educación ambiental que derivó en la creación de la asignatura “Sustentabilidad”, impartida de 1° a 8° básico como sello institucional. Dicho trabajo le significó diversos reconocimientos nacionales e internacionales, lo que constituye parte de su patrimonio e idoneidad profesional.

No obstante lo anterior, con fecha 2 de marzo de 2026 le fue notificada la Resolución N°NUM000 de 25 de febrero de 2026, mediante la cual el Secretario General de la recurrida declaró la vacancia de su cargo por la causal de salud incompatible contemplada en los artículos 72 letra h) y 72 bis de la Ley N°19.070.

Frente a dicha decisión, interpuso recurso de reposición el 6 de marzo de 2026, el cual fue rechazado mediante la Resolución N°NUM001 de 13 de marzo de 2026, notificada por correo electrónico el 20 de marzo de 2026.

Añade que el acto administrativo impugnado adolece de graves deficiencias fácticas. En primer lugar, la comunicación de término de contrato señala un registro incoherente de 853 días de licencia médica en un bienio, cifra que no coincide con los 327 días indicados en la propia resolución ni resulta matemáticamente posible en un lapso de dos años. En segundo lugar, sostiene que el acto omite precisar las fechas o periodos exactos del bienio legal objeto de cómputo. En tercer lugar, refiere que la decisión sostiene de forma errónea que al 5 de junio de 2025 la docente no se había reincorporado a sus labores, en circunstancias que reanudó sus funciones de aula el 3 de marzo de 2025. Finalmente, la recurrida ignoró el pronunciamiento formal de la COMPIN que declaró su estado de salud como recuperable y actuó de manera selectiva, toda vez que existen al menos otros 21 docentes dependientes de la misma Corporación con más de 180 días de licencias médicas a quienes no se les ha aplicado la vacancia de sus cargos.

Dicho lo anterior, invoca la existencia de un vicio de incompetencia que acarrea la nulidad de derecho público, por cuanto el artículo 72 bis de la Ley N°19.070 radica la potestad de declarar la vacancia privativamente en el Alcalde, habiendo actuado el Secretario General sin acreditar delegación alguna. En segundo término, sostiene la naturaleza reglada de la facultad y la improcedencia del acto frente al pronunciamiento de la COMPIN, toda vez que al dictaminar dicho órgano técnico que su salud es recuperable, la autoridad quedaba legalmente impedida de decretar la vacancia por incompatibilidad. En tercer término, argumenta la falta de fundamentación fáctica del acto en contravención a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, ya que la acumulación de licencias no configura una causal automática de cesación y exigía explicitar los motivos concretos de la incompatibilidad con las funciones del cargo. Por último, aduce un ejercicio selectivo e injustificado de la facultad estatutaria, configurándose un actuar arbitrario al sancionar únicamente a su persona en contraste con la tolerancia respecto de más de una veintena de funcionarios en similar situación.

Respecto de la transgresión de garantías constitucionales, la recurrente explica que el acto impugnado vulnera, en primer lugar, el derecho a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación arbitraria consagrado en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, al someterla a un trato selectivo e inequitativo fundado en cálculos imposibles e ignorando el dictamen de la COMPIN, a diferencia de otros 21 docentes con ausentismo prolongado no sancionados; en segundo lugar, conculca la libertad de trabajo y su libre elección garantizada en el artículo 19 N°16 constitucional, por cuanto se le separa de la función pública mediante una barrera arbitraria no fundada en su capacidad o idoneidad personal, las cuales se encuentran plenamente acreditadas en los ámbitos médico y profesional; y, en tercer lugar, infringe el derecho de propiedad protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución, al privarla ilegítimamente de la titularidad de su cargo público y de los derechos patrimoniales e incorporales válidamente adquiridos a través del desarrollo de su carrera e innovación pedagógica.

En la conclusión del libelo solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare ilegal y/o arbitraria la Resolución N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026, de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE ÑUÑOA, y las consecuencias que de ella se derivan, ordenando el reintegro inmediato de doña nombre reservado a sus funciones y el pago de aquellas remuneraciones devengadas en el tiempo intermedio, con expresa condenación en costas para la recurrida.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Resolución N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026, que comunica la vacancia de mi cargo, notificada con fecha 02 de marzo de 2026; 2) Reposición del acto administrativo, efectuada e interpuesta con fecha 06 de marzo de 2026, de acuerdo al artículo 59 de la ley 19.880; 3) Resolución N°NUM001 de fecha 13 de marzo de 2026, la cual rechaza la reposición interpuesta y confirma la vacancia del cargo, cuya notificación se efectuó el día 20 de marzo de 2026 mediante correo electrónico; y 4) Correo electrónico enviado desde correo reservado a DIRECCION000; de fecha 20 de marzo de 2026; asunto: Resolución N°NUM001 respuesta recurso de reposición.

SEGUNDO: Que, con fecha 18 de mayo de 2026, evacúa informe la abogada Bernardita Vicuña Figueroa, en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, solicitando el rechazo de la acción de protección con expresa condenación en costas.

Expone que su representada es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro encargada de la dirección y administración de los establecimientos educacionales de la comuna, y precisa que durante el año 2025 decidió regularizar la situación de los docentes que mantenían licencias médicas extendidas por lapsos superiores a 180 días en los últimos dos años, solicitando para ello un pronunciamiento a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).

Agrega que, respecto de la recurrente, dicho organismo técnico emitió la Resolución N°NUM002 de fecha 14 de agosto de 2025, declarando que su estado de salud es recuperable, antecedente con el cual el Secretario General de la Corporación procedió a dictar la Resolución N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026, declarando la vacancia del cargo por salud incompatible de conformidad al artículo 72 bis del Estatuto Docente, atendido que la funcionaria registraba 327 días de licencias médicas por enfermedad común en el bienio relevante, decisión que fue posteriormente confirmada al rechazarse la reposición mediante la Resolución N°NUM001 de fecha 13 de marzo de 2026.

La recurrida alega la improcedencia de la acción cautelar argumentando que el recurso de protección no constituye un sustituto jurisdiccional, dado que el ordenamiento jurídico contempla un procedimiento expreso ante la judicatura laboral para dirimir la controversia existente entre las partes. Al respecto, señala que el artículo 75 inciso segundo de la Ley N°19.070 establece un juicio ordinario ante el tribunal del trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contados desde la notificación del cese, para que el profesional de la educación que estime inobservadas las condiciones de término de la relación laboral reclame por dicha ilegalidad y pida su reincorporación. En consecuencia, aduce que, dada la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de la presente vía constitucional, esta no puede utilizarse para reemplazar los procedimientos ordinarios de lato conocimiento previstos por el legislador, postura respaldada por reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

En lo relativo a la inexistencia de una actuación ilegal o arbitraria, la entidad informante aduce que la decisión de poner término al contrato se fundó en el legítimo ejercicio de la potestad estatutaria conferida por los artículos 72 letra h), 72 bis y 72 ter del Estatuto Docente, habiéndose agotado los trámites administrativos pertinentes.

Asimismo, refuta detalladamente las supuestas inconsistencias alegadas por la contraparte: aclara que la docente acumula un total histórico de 853 días de licencias médicas, de los cuales 327 días corresponden a los últimos dos años contabilizados hacia atrás desde el 5 de junio de 2025, abarcando el periodo iniciado el 5 de junio de 2023; puntualiza que la eventual reincorporación de la trabajadora el 3 de marzo de 2025 no altera la suma objetiva de ausencias; y argumenta que la resolución de vacancia no requería de mayores fundamentos técnicos médicos, pues la COMPIN no posee facultades para declarar la incompatibilidad de la salud y su pronunciamiento de recuperabilidad habilita legalmente a la autoridad para decretar el cese, postura afianzada por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República e Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Del mismo modo, rechaza la existencia de una nulidad de derecho público o vicio de incompetencia, toda vez que la Corporación es una entidad privada cuyo Secretario General posee el máximo rango en su organigrama y ejerce las atribuciones del estatuto docente, descartando además cualquier trato discriminatorio al enfatizar que la medida obedeció a la gravedad del ausentismo y sus consecuencias en la contratación de reemplazos, costo de remuneraciones y alteración de la continuidad pedagógica.

Sostiene además que no se ha verificado una privación, perturbación ni amenaza a las garantías constitucionales invocadas.

Explica que el vocablo “podrá” consagrado en la norma otorga la facultad de declarar la incompatibilidad del cargo ante la concurrencia de la causal objetiva de ausencias por más de seis meses en un bienio, demostrando las constantes inasistencias que la trabajadora no se encuentra en condiciones de desarrollar la función docente con la constancia que requiere la formación de los estudiantes.

Finalmente, en forma subsidiaria para el caso improbable de que se acoja la acción, hace presente que a contar de enero de 2027 los establecimientos educacionales de la comuna serán traspasados al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) La Quebrada, por lo que cualquier obligación de reintegro o pago de remuneraciones debe fijar como límite el 31 de diciembre de 2026.

Por estas razones, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

CUARTO: Que, el acto impugnado por la actora consiste en la Resolución Administrativa N°NUM000 de fecha 25 de febrero de 2026, emitida por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa y suscrita por su Secretario General, don nombre reservado, confirmada posteriormente por la Resolución N°NUM001 de fecha 13 de marzo de 2026, mediante la cual se declaró la vacancia del cargo de docente de aula que desempeñaba doña nombre reservado en la Escuela Básica José Toribio Medina, fundado en la causal de salud incompatible prevista en el artículo 72, letra h), en relación con el artículo 72 bis de la Ley N°19.070, disponiéndose consecuencialmente el término de su relación laboral.

QUINTO: Que, de conformidad con lo expuesto por las partes, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: 1. Que, doña nombre reservado mantuvo un vínculo laboral y se desempeñó como docente de aula en la Escuela Básica José Toribio Medina, bajo la dependencia de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, desde el año 2012. 2. Que, previa solicitud de evaluación formulada por la recurrida, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Subcomisión Oriente de la Región Metropolitana emitió la Resolución Exenta N°NUM002 con fecha 14 de agosto de 2025, mediante la cual dictaminó formalmente que la funcionaria presenta un estado de salud recuperable. 3. Que, la trabajadora registró el uso de licencias médicas por enfermedad común en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses dentro de los últimos dos años, contabilizando al menos 327 días de reposo dentro del bienio legal evaluado por la Administración. 4. Que, con fecha 25 de febrero de 2026, el Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa dictó la Resolución Administrativa N°NUM000, declarando la vacancia del cargo servido por la actora por la causal de salud incompatible y poniendo término a su contrato de trabajo a contar de su notificación. 5. Que, la actora interpuso recurso de reposición con fecha 6 de marzo de 2026 contra la Resolución N°NUM000, siendo desestimado por la autoridad mediante la Resolución N°NUM001 de fecha 13 de marzo de 2026, ratificando la declaración de vacancia.

SEXTO: Que, en relación con el vicio de incompetencia de la autoridad que dictó el acto impugnado, cabe señalar que el artículo 72 bis de la Ley N°19.070, “Estatuto de los Profesionales de la Educación”, radica de manera expresa la atribución de declarar la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible en la máxima autoridad comunal, al disponer que “El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, a que se refiere la letra h) del artículo 72, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años”.

En dicho contexto, de los antecedentes del proceso se constata que la Resolución N°NUM000 de 25 de febrero de 2026 fue suscrita y dictada por el Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, sin invocar ni acompañar acto administrativo o decreto alcaldicio alguno que dé cuenta de una delegación de facultades válida y procedente para tales efectos.

Sobre esta materia, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en armonía con el artículo 2° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, los órganos del Estado y sus autoridades deben actuar previa investidura regular, dentro de la esfera de su competencia y en la forma que prescribe la ley, siendo el ejercicio de las potestades de derecho estricto y nulo todo acto ejercido sin la competencia legal correspondiente.

Por consiguiente, al haberse decretado la vacancia del cargo por un funcionario que carece de la potestad estatutaria para ello, la resolución cuestionada adolece de un vicio de incompetencia, de lo que se sigue la ilegalidad del acto recurrido y en la consiguiente conculcación de los derechos fundamentales de la actora, específicamente la garantía prevista en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al ser sometida a un acto de gravamen por una autoridad que carece de atribuciones, viéndose sometida a un régimen ajeno al que corresponde a cualquier persona que se encuentre en su situación estatutaria. En tales condiciones, la acción deducida prosperará, como se dirá en lo resolutivo.

Por estas razones y de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, y se deja sin efecto la Resolución Administrativa N°NUM000 de veinticinco de febrero de dos mil veintiséis, confirmada por la Resolución N°NUM001 de trece de marzo de la misma anualidad por la que se declaró la vacancia de su cargo de docente de aula por la causal de salud incompatible, debiendo la parte recurrida reincorporar a la actora a sus funciones y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-10699-2026.