ATLANTIS TELECOMUNICACIONES SPA con GAMA LEASING OPERATIVO SPA

C.A. de Santiago Santiago, seis de febrero de dos mil veintitrés.

A los folios 22, 24 y 25: A todo, téngase presente.

Al folio 23: A lo principal, estese a lo que se resolverá; al otrosí, a sus antecedentes.

Al folio 26: Estese a lo que se resolverá.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece Carolina Venegas León, abogada, y Miguel Silva Bustos, abogado, en representación de ATLANTIS COMUNICACIONES SpA, representada por nombre reservado, e INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SPA, representada por nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de GAMA LEASING OPERATIVO SpA, representada legalmente por don nombre reservado, y por don nombre reservado, por haber incurrido en el acto que estima ilegal y arbitrario que los ha privado del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, lo que vulneraría las garantías constitucionales del derecho de igualdad ante la ley y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y la protección de sus datos personales, contenidas en el artículo 19 N°2 y N°4, respecto de la empresa Atlantis Telecomunicaciones SpA, y derecho de igualdad ante la ley y derecho de propiedad consagradas en el artículo 19 Nº2 y N°24 de la Constitución Política de la República, respecto de la empresa Interconecta Telecomunicaciones SpA.

En cuanto a los hechos, los recurrentes exponen que con fecha 01 de marzo de 2021, la emprea GAMA LEASING OPERATIVO SpA suscribió contrato de arrendamiento de vehículos motorizados, con INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SpA.

Asimismo, INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SpA, suscribió contrato privado de consorcio, con ATLANTIS COMUNICACIONES SpA, para presentarse al proyecto de VTR denominado “Mantención Clientes con Atención Domiciliaria”, para lo cual INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SpA, puso a disposición de ATLANTIS SpA, 100 camionetas arrendadas a Gama Leasing Operativo SpA. A su vez ATLANTIS SpA, contrató a los técnicos, que ocuparían las camionetas para prestar servicios de mantención y reparación a clientes de VTR.

El contrato con VTR fue celebrado por ATLANTIS SpA, quien se encargó de facturar los servicios mensuales. A su vez INTERCONECTA SpA, factura mensualmente a ATLANTIS SpA, el precio del contrato de consorcio privado, según consta de facturas que se acompañan en un otrosí.

Que posteriormente, INTERCONECTA SpA, se retrasó en el pago de las rentas de arrendamiento pactadas con Gama SpA. Sin embargo, llevan meses negociando una solución para el pago de la deuda pendiente. En el mes de agosto de 2022, INTERCONECTA SpA, conforme a los requerimientos de Gama SpA, pagó a ésta la suma de $55.654.547.- como muestra de la intención de buscar una solución al pago de la deuda.

El día 04 de octubre de 2022, nombre reservado., recibió llamado telefónico del subgerente de operaciones de VTR, don nombre reservado, informando que de Gama SpA, lo habían llamado para comentarle que procederían a incautar las camionetas, por apropiación indebida, para lo cual requerirían el apoyo de la fuerza pública, situación en la cual tomarían detenidos a los técnicos. Todo lo cual acarrearía un perjuicio a la imagen y reputación de VTR. Agrega,que INTERCONECTA SpA, no ha recibido notificación alguna de término del contrato, ni ha sido tampoco notificada de demanda alguna. Es más, en el mes de septiembre de 2022, llegó a uno de los correos de Atlantis una supuesta carta de término de contrato, la que no ha sido recibida por el arrendatario.

En atención a lo anterior, VTR, ha condicionado la continuidad del contrato a dos hechos: (i) La seguridad de que las camionetas no serán incautadas y (ii) Que los hechos relatados no afecten su reputación e involucramiento en el conflicto.

Esta situación nos ha provocado graves perjuicios con VTR, incluso la posibilidad de perder el contrato, no obstante que las camionetas sólo representan una herramienta de trabajo, que podemos suplir por otros medios.

Que, luego, el recurrente relata dos situaciones en la ciudad de Viña del Mar, una, en que se presentó doña nombre reservado, como abogada del Estudio Jurídico Ventura”, en el domicilio de un técnico, solicitando la entrega de la camioneta de propiedad de Gama, bajo la amenaza de que sería detenido si llamaban a Carabineros, y sólo le indicó que la incautación obedecía a una orden de incautación ordenada por Gama SpA, en virtud del término del contrato y de una denuncia de apropiación indebida; en el segundo caso, intentaron llevarse otro vehículo, inmovilizándolo con un pitbull, pero el supervisor don nombre reservado, instruido por nuestros representados, les exigió la orden de incautación y, al no exhibirla llamó a Carabineros, quien impidió el retiro de la camioneta, por no existir orden de incautación decretada.

En este escenario, se presentó don nombre reservado, quien dijo ser abogado de la recurrida, solicitando, comunicarse con los representantes de las sociedades recurrentes. Acordaron reunirse al día siguiente, lo que ocurrió. En dicha reunión no sólo quedó en evidencia que el Sr. nombre reservado no era abogado y, lo que es más grave, que no existe acción judicial alguna que justifique, la conducta de amenazas y apropiación indebida en que han incurrido. En dicha reunión indica que está a cargo de la incautación de vehículos en la ciudad de Viña del Mar y, que su intención es negociar una salida tranquila, para lo cual le propone un plazo para la entrega de los vehículos, dejando en evidencia estar en cabal conocimiento de que las incautaciones se encuentran al margen de la legalidad. Agregó, que si los vehículos no eran entregados, se haría cargo de la incautación el ex capitán de Carabineros, don nombre reservado, “quien porta arma de fuego para tales incautaciones”.

En cuanto al derecho, se indica por los recurrentes la vulneración de las garantías consitucionales, del artìculo 19 numerales 2, 4 y 24, en este sentido ademas señala el artículo 1545 del Código Civil, en cuanto son las mismas partes quienes han elevado el estatus del contrato a ley entre las mismas, con el fin de que sean, el uso y goce de los vehículos, un derecho indubitado, es decir; un contrato que se encuentra actualmente vigente, tal como se advierte de los antecedentes.

Al existir un contrato, con derechos de carácter indubitados sobre los vehículos, el hecho de intentar incautar de manera ilegal el bien mueble, torna evidente la acción vulneratoria e ilegal por parte de la recurrida, con acciones que siempre dependen de una autorización judicial por parte de un tribunal, ejecutándolo un Ministro de Fe. Es decir; no sólo usurpa funciones judiciales y de Ministros de Fe de Justicia, sino que además practica la autotutela, imponiendo la sanción de incautar el vehículo.

Por todo lo expuesto, señalan que ha quedado acreditado el actuar ilegal y arbitrario, de Gama SpA, la que a través de sus mandatarios, han procedido a realizar una serie de conductas amedrentadoras y, fuera de los casos autorizados por la ley procesal penal para ello, sin que mediara orden ni autorización judicial alguna de un juez de garantía, en circunstancias que el artículo 9 del Código Procesal Penal, es claro en señalar que “toda actuación del procedimiento que prive al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá de autorización judicial previa”, para obtener de manera ilegal la incautación de varios vehículos que su representada tenía legítimamente en su poder; acto que también es arbitrario, pues no se han hecho valer elementos suficientes que justifiquen la racionalidad de ese actuar. De esta manera han vulnerado el derecho de nuestros representados a la garantía consagrada en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, que reconoce a todas las personas la igualdad ante la ley.

El actuar de Gama SpA, vulnera igualmente la garantía consagrada en el artículo 19 Nº4 de la Constitución Política, al llamar a uno de los directores de VTR, comunicándole que procederían a incautar todas las camionetas, con las que mi representada presta servicios a VTR, afectando igualmente su honra, que alude a la reputación, al prestigio, a lo que las demás personas piensan sobre una persona determinada y, lo es más grave con la clara intención provocar la pérdida de su contrato con VTR.

En la especie, el actuar de Gama SpA, ha vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política, que Interconecta SpA, tiene sobre el contrato de arrendamiento de los vehículos;

Finalmente, solicita ordenando a la recurrida que informe sobre las incautaciones de facto realizadas de manera ilegal y, declarando en definitiva, que las actuaciones de la recurrida, son ilegales y arbitrarias, disponiendo que cese su conducta, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Evacua informe José Antonio Ventura Jodorkovky, abogado, por la parte recurrida de GAMA LEASING OPERATIVO SPA. Señalando en primer término que respecto del contrato entre las empresas recurrentes de la presente acción, constituye un incumplimiento del contrato celebrado entre INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SPA y su mandante GAMA LEASING OPERATIVO SPA, toda vez que el propio contrato de arrendamiento en su numeral 15.3 reza expresamente que “Por su parte, la Arrendataria no podrá ceder a ningún título los derechos que para ella emanan de este contrato sin la autorización previa de la Arrendadora, la que deberá constar por escrito y que no podrá ser denegada sin causa justificada”.

Agrega además otros acapites del contrato en el mismo tenor, el numeral 8.1 del referido contrato que nos enseña que “La Arrendataria se obliga especialmente a: N° 5: Autorizar y permitir la conducción de los vehículos arrendados, exclusivamente a sus empleados o dependientes con licencia respectiva para el tipo de vehículo arrendado. Todo perjuicio ocasionado a los vehículos y/o terceros derivados de la conducción de los vehículos por personas no aptas, incluyendo cualquier perjuicio por caso fortuito o fuerza mayor, deberá ser indemnizado exclusivamente por la Arrendataria”, y el numeral 8.3 señala que “El cumplimiento de las obligaciones antes detalladas por parte de la Arrendataria es considerado por la Arrendadora como esencial y determinante para la celebración del contrato.” Luego, el propio numeral 12.1, señala que “El incumplimiento por parte de la Arrendataria de cualesquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato y sus anexos dará derecho a la Arrendadora para terminar el presente contrato o cualesquiera de sus anexos ipso facto y sin necesidad de requerimiento o declaración judicial, o para demandar su cumplimiento forzado, y en ambos casos con indemnización de perjuicios”.

Asimismo, la parte Recurrente Y Arrendataria INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SPA., reconoce el no pago de las rentas de arrendamiento a mi parte GAMA LEASING OPERATIVO SPA, la que sólo ha recibido pagos parciales de lo adeudado.

Que en razón de todos los incumplimientos del contrato celebrado entre las partes, y en cumplimiento del propio contrato, con fecha 6 de nombre reservado de 2022, se envía a INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SPA, carta certificada comunicando a ésta la decisión irrevocable de mi mandante de poner término al contrato de arrendamiento, solicitando conjuntamente la devolución de las 100 unidades en un plazo de 48 horas a contar de la recepción de la referida carta certificada, la que se encuentra debidamente acompañada en el respectivo otrosí.

No habiendo hecho devolución de las unidades entregas, el recurrido indica que se procedió a la presentación de querella por el delito de apropiación indebida, previsto y sancionado en el artículo 470 N°1 del Código Penal, acción radicada en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, al amparo del RIT: 10.819-2022.

Paralelamente a la acción penal, la parte recurrida señala que ha procurado gestionar de manera voluntaria con la actual poseedora de las unidades, a fin de evitar realizar la incautación de las unidades por la vía judicial, logrando la entrega de un número limitado de unidades de manera absolutamente voluntaria por parte de la poseedora, y en caso alguna mediante la utilización de amenazas o medios de coacción como expone la parte Recurrente, quién mediante la presente acción de Protección pretende continuar en posesión de las unidades, pese a que el contrato de arrendamiento se encuentra terminado, y del cual sólo se encuentra pendiente la devolución de las unidades y el pago de las cuotas de arrendamiento adeudadas, ésta última la que se encuentran en tramitación en la respectiva sede civil.

Que en cuanto a las vulneraciones a las garantías constitucionales que expone el recurrente, la parte recurrida indica que no han sido efectivas atendido que:

En cuanto al artículo 19 Nº2 de nuestra Carta Magna, todas las actuaciones tanto contractuales como judiciales se ha realizado con apego irrestricto a las normas jurídicas que organizan nuestra convivencia social, y asimismo con observancia a raja tabla de la garantía constitucional que las recurrentes alegan, sin que existan en pasaje alguno del libelo de las recurrentes atisbo alguno de la eventual infracción a la referida Garantía; respecto del numeral 4, que la acción de apropiación indebida obedece al encuadre prefecto entre la actitud de la Querellada y el tipo penal que en la referida acción se funda, siendo en definitiva decisión de los Tribunales de Justicia, determinar la real existencia del tipo penal, sin que haya existido en caso alguno un juzgamiento previo que pudiera afectar la honra de alguna de las Recurrentes; finalmente el numeral 24, yerra la parte recurrente al pretender irrogarse un derecho de propiedad sobre las unidades dadas en arrendamiento, toda vez que el contrato de arrendamiento que proveía de legalidad la tenencia material de las unidades por parte de INTERCONECTA SPA., ha terminado, tanto por el no pago del canon de arrendamiento, como también los numerosos incumplimientos señalados que ha provocado la parte de INTERCONECTA SPA, y de los que se dieron cuenta en la relación de los hechos del presente libelo.

Ahora, en lo que a la Recurrente ATLANTIS TELECOMUNICACIONES SPA., en caso alguno puede pretender reclamar la infracción de Garantía Constitucional, toda vez que la aparición y participación en los hechos que se recurren, nacen de un contrato que nace fuera del amparo del contrato de arrendamiento celebrado por mi mandante con la INTERCONECTA SPA., y por tanto, cualquier reclamación al respecto.

Finaliza, solicitando tener por evacuado informe respecto a los hechos Recurridos, rechazando en definitiva la presente acción constitucional, con expresa condena en costas a las Recurrentes.

TERCERO: Que el recurso de protección tradicionalmente ha sido conceptualizado como una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que se adopten de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicios de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

A este respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia de manera uniforme han sostenido que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

CUARTO: Que, en este escenario resulta evidente que el recurso de protección deducido no puede prosperar, pues el problema que se ha planteado a esta Corte dice más bien relación con el eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de un contrato, además de efectuarse imputaciones respecto de la eventual comisión de delitos, lo cual excede el marco de la acción cautelar deducida.

QUINTO: Que, por otro lado, los hechos expuestos por la recurrente han sido controvertidos por la recurrida, con lo cual tampoco es posible por esta vía cautelar, declarar si efectivamente la premisa fáctica que propone la recurrente es efectiva y, en consecuencia, si le asiste a la compareciente un derecho indubitado que avale este arbitrio, el cual tiene solo por objeto proteger un derecho fundamental que aparezca claramente infringido, más en caso alguno declarar la existencia del mismo.

SEXTO: Que, conforme a lo indicado, la cuestión debatida, tanto en los hechos como en el derecho, excede el marco de un recurso de protección, pues lo que se pretende en la acción constitucional ejercida es que esta Corte, de una forma u otra, declare que no hubo incumplimiento contractual de su parte y que las incautaciones que se habrían llevado a cabo no serían procedentes o se habrían efectuado de manera ilegal, cuestión que es totalmente ajena a la naturaleza y objetivo de un recurso de protección, ya que estas materias debe ser planteada y decidida por los tribunales competentes, mediante las acciones pertinentes.

Y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto el cinco de octubre de dos mil veintidós, por los abogados Carolina Venegas León y Miguel Silva Bustos, en representación de ATLANTIS COMUNICACIONES SpA e INTERCONECTA TELECOMUNICACIONES SPA, en contra de GAMA LEASING OPERATIVO SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-106973-2022.