Protección contra recurrente por funcionar en el domicilio sin patente municipal

C.A. de Santiago Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Con fecha 13 de febrero de 2019 comparece don SERGIO ESTEBAN ZAMUDIO CATALDO, abogado, en representación de SERVICIOS LEGALES SERGIO ESTEBAN ZAMUDIO CATALDO E.I.R.L., interponiendo recurso de protección contra de la I. Municipalidad de Santiago, representada por su Alcalde don FELIPE ALESSANDRI VERGARA, por las actuaciones que estima arbitrarias e ilegales consistentes en las actuaciones cometidas a través de su Departamento de Rentas y Finanzas, al requerir a cobro ciertos giros por concepto de patentes comerciales, reajustes más intereses penales moratorios y derechos de aseo, sin mediar acto administrativo que le habilite a ello.

Indica que con fecha 17 de enero de 2019, se dejó en el domicilio laboral del recurrente, un “Informe de Deudas” de 9 de enero del mismo año, emitido la Dirección de Rentas y Finanzas de recurrida, en donde se requirió su concurrencia para regular el pago de diversos giros por la suma total de $154.114. Sin embargo, dicho cobro es precedido por un sinnúmero de irregularidades procedimentales e infracciones legales en la tramitación de la solicitud de otorgamiento de patentes comercial por parte de la recurrente, el que, a la fecha, no ha concluido pues no se ha dictado ni menos notificado el acto administrativo correspondiente, en donde constaría su otorgamiento y en qué calidad.

Sostiene que el actuar de la recurrida tiene dos aristas: En primer lugar, alega la ilegalidad en el rechazo de otorgamiento de patente, inobservancia al memorando N°3661 de la división de asesoría jurídica de la misma recurrida y falta de pronunciamiento formal de esta última y notificación, mediante un acto administrativo en los términos del artículo 3° de la Ley N°19.880, esto debido a que el 23 de marzo de 2018, ante la Municipalidad de Santiago, se presentó el formulario de solicitud de patente municipal ID N°168866 por nombre reservado ABOGADOS E.I.R.L. En dicho formulario, se solicitó la obtención de la primera patente para ejercer las actividades codificadas por el Servicio de Impuestos Internos N°s 741400 y 741110, señalando como domicilio para su ejercicio, el ubicado en domicilio reservado. Asimismo, se acompañó a dicha solicitud el respectivo contrato de subarrendamiento que permite su uso por parte de la recurrente, en calidad de subarrendataria. En este expediente administrativo, sin mediar notificación alguna a la recurrente, se resolvió su rechazo, invocando el que “EXISTE PATENTE PROVISORIA VENCIDA MISMO GIRO”, más la siguiente observación: “INGRESO SIN PAGO, EXISTE PATENTE PROVISORIA VENCIDA GIRO SIMILAR ROL N° 866460-9”. Posteriormente, el 26 de julio de 2018, la recurrida efectúa una denuncia a través de su Inspector de Municipal, donde citó a la recurrente a audiencia para el 6 de septiembre de 2018, ante el 3° Juzgado de Policía Local de Santiago. El motivo estampado en esta denuncia fue el siguiente: “funcionamiento de la Empresa sin patente ni autorización municipal”. Para los efectos de tramitar dicha causa, se solicitó que se resolviera en forma urgente la solicitud primitiva de patente municipal, pero a pesar de ello, sólo mediante carta N°1058 de 1 de octubre de 2018 emitida por el Departamento de Rentas y Finanzas de la recurrida, se dio respuesta al último ingreso de 26 de septiembre de 2018, señalando que pasará al Departamento Jurídico para los efectos de que emita pronunciamiento. Debido a la insistencia, 26 de diciembre de 2018, la Dirección de Asesoría Jurídica de la recurrida, emitió el Memorándum interno N°3661, dirigido al Subdirector de Rentas y Finanzas de la misma Municipalidad, en donde se destaca la ilegalidad manifiesta en el rechazo a la solicitud de patentes comerciales.

En este memorándum se establece que procede acoger la solicitud de patentes comerciales efectuadas por la recurrente, una en carácter definitiva (SII código 741110) y otra en carácter provisoria (SII código 741400) y que las patentes se otorgarán, sin aplicación o efecto retroactivo; y resuelve que no se ajustó a derecho la decisión de rechazar el otorgamiento de las patentes comerciales solicitadas por la recurrente.

Establece que a la fecha no existe un pronunciamiento formal por parte de la recurrida, materializado en un acto administrativo que dé respuesta al ingreso primitivo de 3 de septiembre de 2018, pero a pesar de ello, el 17 de enero de 2019, se hizo entrega del documento denominado “Informe de Deuda”, emitido por la Dirección de Rentas y Finanzas de la recurrida, por los periodos que van desde el 2° semestre de 2017 al 1° semestre de 2019, a pesar de que no existe un acto administrativo formal que otorgue la patente.

Estima que el actuar de la recurrida, vulnera el derecho del N°21 del Artículo 19 de la Constitución Política de la República: “El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen”, debido a que se perturba el libre desarrollo de sus actividades económicas.

Asimismo, estima que se vulnera su derecho a la propiedad de toda clase de bienes, pues la recurrente siempre tuvo el derecho de obtener la patente inmediatamente, en carácter provisorio, derecho radicado en su patrimonio, según lo disponen el citado artículo 26 del D.L. N° 3.063 de 1979 y artículo séptimo de la Ley N°20.416, del que a la fecha se le mantiene PRIVADO, toda vez que no ha mediado el respectivo acto administrativo –ni menos se le ha notificado- en donde se le conceda la patente comercial, al menos en tal carácter, sin perjuicio del correcto pronunciamiento emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica.

Por su parte, en el Informe de Deudas de 9 de enero de 2019, se contempla la aplicación de reajustes, intereses penales moratorios e incluyendo los derechos de aseo municipal, constituyen un acto ilegal que AMENAZA a su derecho de propiedad respecto de sus dineros, exigiendo destinar parte de estos al pago de tales giros, no obstante, estos últimos, descansan en meros actos ilegales de hecho o fácticos, como se viene tantas veces diciendo.

Alega que también se ha vulnerado su derecho contemplado en el numeral 3° del Artículo 19 de la Constitución Política de la República “La igual protección de la Ley en el ejercicio de sus derechos”, debido a que se ha vulnerado el debido proceso al momento de tramitarse el acto administrativo.

Pide que se deje sin efecto los cobros requeridos en el “Informe de Deuda” de 17 de enero de 2019, como también abstenerse de otros que emanen en lo futuro, sin que previamente la recurrida emita el respectivo Acto Administrativo y se le notifique legalmente éste a nombre reservado ABOGADOS E.I.R.L., debiendo allí resolver a la cuestión de fondo, al tenor de lo solicitado en nuestro ingreso de 3 de septiembre de 2018 y pronunciarse respecto a lo resuelto internamente el 26 de diciembre de 2018, por su Dirección de Asesoría Jurídica en Memorándum N° 3661, especialmente, en lo referente a la calidad en que allí se ordena conceder las patentes solicitadas, esto es, en forma definitiva y provisoria, respectivamente, y aplicando no retroactivamente; y considerar lo referente a la improcedencia de incluir en los giros por patente municipal que se emitan una vez emanado y notificado el respectivo Acto Administrativo, el cobro de derechos municipales de aseo, toda vez que éstos afectan y se devengan por inmueble y no por número de empresas que allí operen, todo ello con costas.

Informando don nombre reservado, en representación de la recurrida I. Municipalidad de Santiago, solicita el rechazo del recurso, con costas.

Explica que el cobro se fundamenta en el hecho de haber realizado el contribuyente actividad gravada durante los periodos indicados en la Carta Informe de Deuda, en estricta correspondencia con los preceptos de la Ley de Rentas Municipales, contenida en el DL N°3063, del año 1979, y con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República. En efecto, la empresa Servicios Legales nombre reservado EIRL, desde el mes de septiembre del año 2017, desarrolla actividad de prestación de servicios legales en el privado N°4 de la oficina N°35 de la domicilio reservado – ex Almirante Gotuzzo- por lo cual acorde a la normativa de Ley de Rentas, se trata de una actividad gravada.

El hecho que el cobro dispuesto por la Municipalidad se refiera a periodos en que todavía no se le había otorgado formalmente a la empresa una patente municipal, toda vez que la patente provisoria fue otorgada mediante el Decreto Alcaldicio Sección 2da. N°2170, de 5 de marzo del año 2019, el que se notificó con fecha 6 de marzo de 2019, no impide en absoluto el cobro señalado, por cuanto conforme a la normativa de la Ley de Rentas el devengo de la patente se produce por el sólo hecho de verificarse el hecho gravado, con total independencia de la existencia de la autorización formal de la Municipalidad.

En consecuencia, ninguna injerencia tiene en el cobro el hecho que en paralelo se haya encontrado en trámite la obtención de la patente municipal conforme a la solicitud efectuada por la empresa recurrente ante la Municipalidad de Santiago.

Que si bien la Municipalidad entiende que no se ha impugnado formalmente el procedimiento de otorgamiento de la patente comercial que se verificó durante el año 2018, igualmente señala que en dicho proceso no se ha cometido irregularidad alguna, debido a que la Subdirección de Rentas Municipales, entendió que no procedía el otorgamiento de una patente provisoria por el hecho de existir una patente provisoria anterior ya vencida, por un giro similar, y sin que se hubiesen regularizado obras en el mismo inmueble respecto del cual se estaba solicitando la patente.

En el caso de la recurrente, al momento de solicitarse la patente se estimó por la Subdirección de Rentas y Finanzas que en la oficina N°35 de la domicilio reservado existía una patente anterior vencida de giro similar al solicitado por el contribuyente, que había sido otorgada a la empresa Inversiones La Palma S.A. para el giro de oficina administrativa de la inmobiliaria.

En el mes de septiembre del año 2018, el señor nombre reservado interpone un reclamo, impugnando el rechazo al otorgamiento de la patente solicitada, ante lo cual se solicita informe al Departamento Jurídico, Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, quien emitió mediante el Memorándum N°3661, en el cual se concluye que no se ajustó a derecho la decisión de no otorgar patente a la empresa nombre reservado, por el hecho de existir una patente anterior vencida, puesto que no se trataba del mismo giro conforme a lo exigido por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, resultando insuficiente para el rechazo el criterio de que existiera similitud de giro.

Este informe fue emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica en el marco de sus obligaciones legales, pero no constituyen jurisprudencia administrativa obligatoria y vinculante para los funcionarios municipales en los términos que lo son los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, por lo cual no poseen la característica de ser absolutamente obligatorios para las distintas unidades internas municipales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad dispuso el otorgamiento de una patente provisoria a la recurrente, lo que fue formalizado a través del Decreto Alcaldicio Sección 2da. N° 2170, de fecha 5 de marzo del año 2019, notificado a don nombre reservado con fecha 6 de marzo de 2019.

La razón que se haya otorgado patente provisoria y no una patente definitiva se basa en la circunstancia que no se han acreditado los permisos ni la planimetría de obras de alteración del inmueble, conforme a lo observado por la Dirección de Obras del Municipio, a través del Informe Técnico N°1440, de fecha 4 de abril del año 2018.

De esta forma, el cobro de patente comercial y de derechos de aseo no ha sido arbitrario ni ilegal, ni tampoco infringe ninguna garantía constitucional del contribuyente.

Se trajeron los autos en relación:

Considerando:

Primero: Que de lo expuesto precedentemente se pueden establecer los siguientes hechos:

a) La solicitud del actor a la Municipalidad de Santiago es la entrega de una patente provisoria para el funcionamiento de la “Servicios Legales nombre reservado E.I.R.L., RUT RUT reservado

b) La Subdirección de Rentas negó el otorgamiento de la patente provisoria por existir una patente provisoria anterior ya vencida, por un giro similar, y sin que se hubiesen regularizado obras en el mismo inmueble.

c) Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad otorgó el 5 de marzo del año 2019, una patente provisoria municipal. Se otorgó de esa forma y no definitiva porque no se han acreditado los permisos ni la planimetría de obras de alteración del inmueble, conforme a lo observado por la Dirección de Obras del Municipio, a través del Informe Técnico N°1440, de fecha 4 de abril del año 2018;

d) El Tercer Juzgado de Policía Local de Santiago, por sentencia de 26 de marzo pasado, rechazó la denuncia municipal, en contra de la recurrente por funcionar en el domicilio sin patente municipal, indicando que era imposible subsanar la obtención de la patente provisoria atendida la conclusión emanada de la Dirección de Asesoría Jurídica de la I. Municipalidad de Santiago.

e) En el mismo sentido, el informe emanado del Jefe de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, de 26 de diciembre de 2018, estableció que el giro correspondiente a “Servicios Legales” (código de actividad N°741110 procede otorgar patente en calidad de definitiva, a la empresa nombre reservado E.I.R.L., en tanto Sociedad de servicios profesionales. Respecto del Código 741400, el informe jurídico concluye que el giro en asesorías en materia de gestión de empresas 741110 procede otorgar patente en calidad de provisoria a fin de que se de cumplimiento al informe técnico N°1555 de abril de 2018, en lo relativo a la regularización de las obras de habilitación y no al cambio de destino que no puede exigir.

f) La Municipalidad ordena el cobro de patentes comerciales, incluyendo derechos de aseo, relativos a los años 2017, 2018 y 2019, por un total de $154.114.

g) En el informe del abogado Agustín Moreno Leiva, Jefe de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad, establece que el otorgamiento de las patentes al recurrente, no pueden tener carácter retroactivo en atención a que la patente provisoria ya vencida, cuyo título era la empresas Inmobiliaria e Inversiones La Palma, giro N°701009, correspondiente a compra, venta y alquiler de inmuebles propios y arrendados, excepto amoblados”, pertenece a un giro distinto a la empresa del recurrente. Concuerda entonces, con la patente provisoria concedida el 5 de marzo pasado.

Segundo: Que la actuación de la Municipalidad ha significado una perturbación de la garantía prevista en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a desarrollar cualquier actividad que no sea contraria a la moral, orden público o a la seguridad nacional;

Tercero: Que, en consecuencia, procede acoger el libelo en cuestión solo en cuanto se deja sin efecto los cobros requeridos en el “Informe de deuda” de 17 de enero del año 2019; debiendo la entidad recurrida pronunciarse acerca de la solicitud de 3 de septiembre de 2018. (Código GRM 168166). Asimismo y en consonancia con lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de la misma entidad edilicia, otorgará patente definitiva, si se cumplen las demás exigencias, a la sociedad “Servicios Legales nombre reservado E.I.R.L., RUT RUT reservado

Atendido lo que dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección deducido por don nombre reservado en representación de la sociedad que indica en contra de la I. Municipalidad de Santiago, en la forma que se ha señalado en el fundamento tercero que antecede.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz.

Protección N°10686-2019.- No firma el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.