COMERCIAL E INDUSTRIAL ISESA S.A con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE MAIPU

Santiago, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 23 comparece Mario Cristián Mora Nieto, abogado, en representación de Comercial e Industrial Isesa S.A., e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, por haber dictado la Resolución N° 7729/16/46, de 16 de agosto pasado, que sancionó a su representada con una multa ascendente al equivalente a 20 Unidades Tributarias Mensuales.

Sostiene que con fecha 22 de agosto pasado, su representada fue notificada de dicha resolución, la cual impuso la medida antes citada, por no cumplir el contrato colectivo vigente a la fecha de la fiscalización, la cual se efectuó el 16 de agosto de este año y, más específicamente, por no efectuar el reajuste del año 2016 respecto de los trabajadores involucrados en la negociación colectiva de 9 de julio de 2013.

Prosigue indicando que el contrato colectivo a que hace alusión la resolución se encuentra largamente expirado, razón por la cual no procede la sanción de multa. Además, concluye, la interpretación que ha efectuado la Inspección constituye una cuestión de naturaleza jurisdiccional, respecto de la cual la recurrida carece de facultades.

Invoca vulneradas las garantías del artículo 19 N° 3 y 24 de la Constitución Política de la República, además de las normas de los artículos 6°, 7° y 76 inciso primero de la misma Carta Fundamental, 2° de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, 1° y 5 del Código Orgánico de Tribunales y 420 letra e) del Código del Trabajo. Cita jurisprudencia que apoya su posición y solicita se acoja el presente recurso, dejando sin efecto la multa mencionada y que esta Corte adopte cualquier otra providencia necesaria para evitar que su representada siga siendo objeto de la imposición de multas o de cualquier sanción derivada del presunto incumplimiento del contrato colectivo, con costas.

Segundo: Que a fojas 116 evacuó informe Guillermo Vera Zapata, abogado, en representación de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú, solicitando el rechazo de la acción de protección, con costas.

En primer lugar, explica, procede el rechazo de la acción atendida la naturaleza del acto recurrido, pues la ley común contempla procedimientos administrativos y judiciales de revisión de la sanción impuesta, no siendo ésta la vía procesal para dejarla sin efecto.

En segundo lugar señala que en todo momento los funcionarios de la Inspección han actuado conforme a la ley y en la esfera de sus facultades, por lo cual no ha existido la vulneración de garantías reclamadas ni las ilegalidades señaladas.

Indica que la sanción impuesta tuvo su origen en la fiscalización que la recurrida efectuó, a requerimiento del sindicato de la empresa recurrente, por las faltas que se consignan en la resolución de multa, hecho que su representada se encuentra obligada a investigar en caso de ser requerida, tal como ha ocurrido en la especie.

Señala que la recurrida tiene facultades para actuar, conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, además de los artículos 503 y 505 del Código del Trabajo y la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo.

En cuanto al hecho de la fiscalización en sí, se constató mediante la documentación aportada en terreno y los testigos elegidos aleatoriamente que la empresa recurrente no estaba dando cumplimiento al contrato colectivo, el cual, en una de sus cláusulas, menciona que este instrumento tiene una vigencia de tres años, contados desde el 1 de julio de 2013, razón por la cual, al momento de la fiscalización, dicho contrato se encontraba vigente, pues si bien la fiscalización se efectuó el 16 de agosto de 2016, el reajuste debió incluirse en el mes de julio de este año, habiendo ingresado su devengo al patrimonio de los trabajadores, lo cual no se hizo.

Por las razones mencionadas, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por la recurrente, con costas.

Tercero: Que como primera cuestión fundamental cabe señalar que la fiscalización a la empresa recurrente que culminó con la dictación de la resolución de multa que motiva la acción de protección, tuvo su origen en una denuncia formal presentada por el Sindicato de Trabajadores de Comercial e Industrial ISESA, fundada en el incumplimiento del contrato colectivo en relación al reajuste semestral del año 2016 y a la falta de señalamiento de las bonificaciones, premios y comisiones en el comprobante de remuneraciones.

De este modo y en cumplimiento del mandato legal, se efectuó la investigación pertinente, que culminó con la comprobación de la efectividad de los hechos denunciados.

Ahora bien, esa comprobación se limitó a constatar, conforme consta en el informe respectivo, que, efectivamente, al revisar los comprobantes de pago de remuneraciones de algunos de los trabajadores de la empresa no se había efectuado el reajuste de acuerdo a la cláusula primera del instrumento colectivo y que los comprobantes de pago de las remuneraciones no contenían el detalle de los montos pagados por comisiones y bonos extras, ni la forma empleada para su cálculo.

Cuarto: Que en este proceso no se advierte en lo absoluto que la fiscalizadora de la Inspección del Trabajo se haya extralimitado en sus funciones, actuando más allá de lo que le permite la ley que regula su función inspectora, o se haya constituido en una comisión especial de las que proscribe el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Se trató, como se expone en el informe, de la verificación de hechos claros, precisos y determinados que pudieron ser comprobados mediante la inspección ocular y la información que se obtuvo en forma presencial a través de la revisión de la documentación y entrevistas realizadas. En parte alguna se observa que se haya procedido por la autoridad administrativa luego de haber efectuado un proceso de compleja interpretación de la normativa laboral o del contrato colectivo, que pudiera estimarse es privativa de los tribunales de justicia que ejercen jurisdicción en materia laboral.

Por otra parte, el reproche que se dirige relativo a que el contrato colectivo se encontraba expirado al momento de la fiscalización carece de todo asidero, pues si bien es efectivo que el instrumento preveía una duración de tres años a contar del 1 de julio de 2013 y la fiscalización se verificó el 16 de agosto de 2016, lo cierto es que la infracción se constató respecto de obligaciones que debieron haber sido satisfechas dentro del período de vigencia.

Quinto: Que tal como ha sostenido la jurisprudencia, los inspectores del trabajo realizan tareas de fiscalización que la ley les entrega y por fiscalizar ha de entenderse la labor de criticar y traer a juicio las acciones u obras de otro. Es por ello que debe reconocerse a quienes desempeñan esta función la facultad de examinar y sancionar las contravenciones que se comprueben con motivo de las prestaciones de servicio sujetas a la legislación laboral.

Asimismo, el ejercicio de las facultades de investigación de que se halla investida la Inspección del Trabajo no obsta a la facultad de conocer, resolver y hacer ejecutar lo resuelto que la Constitución Política de la República entrega a los tribunales de justicia, por cuanto las resoluciones administrativas que se dicten, como la que motiva el presente recurso, son susceptibles de ser reclamadas ante los Juzgado de Letras del Trabajo de conformidad con lo dispuesto en la letra e) del artículo 420 del Código del ramo y en los casos a que se refieren los artículos 503, 504, 511 y 512 del mismo cuerpo legal.

Sexto: Que en razón de todo lo dicho y no existiendo actuación arbitraria o ilegal del organismo recurrido que justifique brindar a la recurrente la protección que reclama, la acción debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en lo principal de la presentación de fojas 23 por Mario Cristián Mora Nieto, en representación de Comercial e Industrial Isesa S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Maipú.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N° 106.753-2016.

No firma la Ministra señora Melo, por encontrarse en comisión de servicio, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra, conformada por los Ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señora Maritza Villadangos Frankovich.