nombre reservado con I.MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 23, 24 y 25: a todo, téngase presente.

Al folio 26, a sus antecedentes.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Óscar Olivares Jatib, en representación de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Municipalidad de Quilicura, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°117 de 2 de marzo de 2026, notificado personalmente a la recurrente el 13 de marzo de 2026, que declaró su salud incompatible con el desempeño del cargo, debido al uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, vulnerando con ello las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente es funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quilicura, desempeñándose como administrativa en el CESFAM Manuel Bustos Huerta desde el 2005, manteniendo siempre un desempeño de excelencia, con calificaciones sobresalientes. Señala que el uso de licencias médicas, que superaron los 180 días, se encuentra justificado por una patología de alta complejidad, específicamente un "Tumor de glomohemangiomado", el cual requirió sesiones de radioterapia, procedimientos de embolización e intervenciones quirúrgicas mayores.

Refiere que la autoridad municipal fundamentó la declaración de vacancia en el hecho de haber acumulado 311 días de licencia médica en un lapso de dos años, haciendo aplicación de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley N°18.883. Sin embargo, denuncia que dicho actuar es ilegal y arbitrario, toda vez que, mediante Resolución de Evaluación N° Folio 19394482 de 8 de septiembre de 2025, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez determinó que el estado de salud de la funcionaria es recuperable. Sostiene, amparado en jurisprudencia, que, existiendo un dictamen de recuperabilidad emanado del organismo técnico, la autoridad municipal carece de facultades para declarar la salud incompatible, constituyendo un acto carente de sustento legal.

Solicita, dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°117 de 2 de marzo de 2026, ordenando la reincorporación de la recurrente a sus labores habituales, procediendo al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacúa informe el abogado Carlos Neculman Arancibia, en representación de la Municipalidad de Quilicura, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, estimando que el municipio ha actuado dentro del estricto marco legal y sin vulnerar garantía constitucional alguna.

Expone que la recurrente acumuló un total de 30 licencias médicas equivalentes a 311 días de ausencia entre el 26 de mayo de 2023 hasta el 16 de mayo de 2025, fecha en que se solicita a la autoridad municipal autorización para requerir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación de la funcionaria respecto de la irrecuperabilidad de su salud, superando largamente el límite de seis meses exigido por la normativa. Afirma que el acto impugnado constituye el ejercicio legítimo de la facultad conferida al alcalde por el artículo 148 de la Ley N°18.883 y es conteste con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que es obligatoria y vinculante para todos los servicios fiscalizados por dicho Ente de Control, incluido, por tanto, esa municipalidad. Arguye que ninguna de las licencias médicas computadas encuadra en las hipótesis de exclusión contempladas en el inciso segundo del artículo 148 del Estatuto Municipal. Al respecto, añade que los antecedentes médicos allegados por la actora dan cuenta de patologías complejas asociadas a un tumor de carácter benigno, de modo que no corresponden a un diagnóstico de cáncer, como tampoco a reposos derivados de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o licencias maternales protegidas por el Código del Trabajo.

Por su parte, afirma que, si bien la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez evaluó a la funcionaria y declaró su salud como recuperable, esto no impide la declaración de vacancia por salud incompatible. Argumenta que la exigencia legal de consultar a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez tiene por objeto obtener un antecedente técnico especializado para verificar si procede el cese por invalidez o jubilación anticipada conforme al artículo 149 de la Ley N°18.883. Por lo que, si la referida comisión califica la salud como recuperable, la autoridad administrativa queda plenamente facultada por mandato legal para declarar la incompatibilidad objetiva con el desempeño de la función debido a las ausencias prolongadas.

Concluye señalando que la decisión responde al principio de continuidad de la función pública, esencial en materia de salud primaria, no constituyendo un acto discriminatorio ni expropiatorio, al haberse aplicado el estándar legal correspondiente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: Que, de los antecedentes tenidos a la vista aparece que la recurrente, funcionaria de la Municipalidad de Quilicura, presentó 311 días de licencia médica en un período de dos años y que se solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez competente la evaluación de irrecuperabilidad de su salud, institución esta última que, mediante la Resolución de Evaluación Folio N°19394482 de 8 de septiembre de 2025, resolvió que la funcionaria nombre reservado presenta un estado de salud recuperable. Asimismo, se advierte que la recurrente continúo con licencia médica con posterioridad al 16 de mayo de 2025.

Quinto: Que, puntualizado lo anterior, debe considerarse lo dispuesto en la Ley N°18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que constituye la regulación legal que regía la vinculación entre la recurrente y la recurrida.

Así, el artículo 146 previene que "[e]l funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: (...) c) Declaración de vacancia".

Por su parte, el artículo 147 establece que: "[l]a declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo (...)".

A su turno, el artículo 148 prevé en su inciso primero que "[e]l alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”.

Enseguida, su inciso tercero dispone que “[e]l alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." Sexto: Que, como puede advertirse, la autoridad recurrida no sólo cuenta con la potestad, conferida por la ley, para adoptar la determinación que motiva el recurso, sino que, además, ésta aparece ejercida precisamente en un caso en que se configura la hipótesis contemplada por el legislador, de modo tal que no resulta posible dirigirle un reproche de ilegalidad.

Del mismo modo, tampoco puede atribuirse arbitrariedad a la decisión contenida en el Decreto Alcaldicio N°117 de 2 de marzo de 2026, de la Municipalidad de Quilicura, pues sin perjuicio de encontrar sustento tanto en los hechos como en la ley, estas circunstancias han sido expresadas debidamente en la decisión adoptada, explicándose de esta forma suficientemente y cumpliendo con ello la exigencia prevista en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Por otra parte, resulta del caso precisar que la declaración de irrecuperabilidad de la salud reconoce en la ley efectos distintos a la declaración de incompatibilidad, pues se trata de situaciones diferentes, y la exigencia en orden a que previo a la declaración de esta última sea necesario contar con informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que declare si la condición de salud es o no recuperable sólo tiene relevancia, precisamente, para determinar qué tipo de declaración es la que resulta procedente, pero nada obsta a que existiendo salud recuperable, la vacancia del cargo se disponga en razón de la incompatibilidad, en el evento que concurran los supuestos legales para ello, como acontece en el presente caso.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas precedentemente, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, de manera tal, que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla a en el artículo 20 de la Carta Fundamental, el arbitrio no puede prosperar y será desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido en representación de nombre reservado, y en contra de la Municipalidad de Quilicura.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 10656-2026.