Protección contra Servicio de Registro Civil e Identificación

C.A. Santiago.

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, profesor, casado, domiciliado en domicilio reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, quien, asistido por el abogado Sebastián Andrés Aguirre Ferrer, interpone recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, representado legalmente por su Director Nacional, don Omar Humberto Morales Márquez, fundado en la existencia de un acto administrativo que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución Exenta N°684 de 16 de abril de 2025, mediante la cual se dispuso su destitución del cargo que desempeñaba en dicha repartición.

A su juicio, dicha actuación vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N°2 (igualdad ante la ley), N°3 (racional y justo procedimiento) y N°24 (derecho de propiedad) de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se restablezca el imperio del derecho y se adopten las medidas necesarias para reparar la afectación de sus derechos fundamentales.

Expone el recurrente que ingresó al Servicio de Registro Civil e Identificación el 30 de junio de 2022, en calidad de contrata, desempeñando sus funciones durante dos años con calificaciones sobresalientes y una conducta intachable. Refiere que, el 24 de abril de 2024, mediante la Resolución Exenta N°593, se instruyó sumario administrativo en su contra, con ocasión de una denuncia formulada por la presidenta de la asociación ANERICH. Dicho procedimiento habría sido sustanciado -según señala- con infracciones graves al debido proceso, omitiéndose diligencias probatorias esenciales y desatendiendo sus descargos y antecedentes atenuantes.

Agrega que, pese a lo anterior, el procedimiento concluyó con la Resolución Exenta N°295 de 12 de febrero de 2025, que aprobó la sanción de destitución, la cual fue confirmada al rechazarse su recurso de reposición mediante la Resolución Exenta N°637 de 10 de abril de 2025, siendo finalmente notificado de la medida por la Resolución N°684 ya individualizada.

Alega que la autoridad administrativa incurrió en manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, al no motivar debidamente el acto sancionatorio, al aplicar incorrectamente la figura de acoso laboral, y al desconocer el principio de proporcionalidad de las sanciones consagrado en el artículo 11 de la Ley N°19.880, así como los principios de razonabilidad y juridicidad que rigen la actuación de la Administración.

En cuanto al cargo N°1, configurado como acoso laboral y maltrato verbal, afirma que la investigación ignoró declaraciones exculpatorias de la mayoría de los funcionarios, quienes -según consigna- negaron haber sido víctimas de maltrato alguno. Afirma que el único hecho concreto se relaciona con una discusión aislada ocurrida el 16 de abril de 2024 con una funcionaria, sin que existiera reiteración de conductas ni afectación a la estabilidad laboral de terceros, elementos indispensables para configurar el acoso conforme al artículo 2° del Código del Trabajo vigente antes de la Ley N°21.643 (“Ley Karin”).

Respecto del cargo N°2, referido al incumplimiento del artículo 64 letra c) del Estatuto Administrativo, por supuesta deficiencia en la gestión directiva, indica que las declaraciones de los funcionarios no respaldan dicha imputación, pues la mayoría reconoció un trato adecuado o deficiencias menores de comunicación, pero no actos de maltrato o falta de probidad. A su juicio, la decisión carece de fundamentos objetivos y vulnera el deber de motivación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Enfatiza que la sanción impuesta transgrede el principio de proporcionalidad, al ser desmedida en relación con la entidad de los hechos, desconociendo además su irreprochable conducta anterior. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (roles N°21.247-2019 y N°1.624-2020) que impone a la Administración el deber de ponderar las circunstancias atenuantes y de motivar sus decisiones con criterios de razonabilidad y justicia.

Reclama que la resolución impugnada adolece de falta de motivación suficiente, en contravención de la jurisprudencia del máximo tribunal (Roles N°27.467-2014 y N°58.971-2016), y que los fundamentos meramente formales empleados por la autoridad la tornan arbitraria, al no explicar las razones específicas que justifican la sanción. Reitera que el control jurisdiccional sobre la potestad discrecional administrativa debe asegurar que las decisiones sean razonables, proporcionadas y fundadas en antecedentes verificables.

Por estas razones, solicita se acoja el recurso de protección, declarando la ilegalidad del acto administrativo que dispuso su destitución, ordenando retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de ajustarlo a derecho; subsidiariamente, que se deje sin efecto la medida de destitución, sustituyéndola por una sanción proporcional y debidamente fundada; y, en todo evento, que se disponga el pago de las remuneraciones no percibidas como consecuencia de la medida impugnada.

SEGUNDO: Que el abogado Jaime Salinas Toledo, en representación del Servicio de Registro Civil e Identificación, informa solicitando el rechazo del recurso de protección, por carecer de fundamento fáctico y jurídico, adelantando que el arbitrio fue interpuesto fuera de plazo y que, en todo caso, la decisión administrativa impugnada se dictó por autoridad competente, con la debida motivación y dentro del marco legal aplicable.

Explica que la acción constitucional cuestiona la medida disciplinaria de destitución aplicada al actor en un sumario instruido por el Servicio, alegando vulneración de los artículos 19 N°2, N°3 y N°24 de la Constitución, extremos que la recurrida niega íntegramente.

Prosigue individualizando el objeto del recurso, para lo cual, explica que el actor pretende invalidar la sanción disciplinaria y retrotraer el procedimiento, o en subsidio reemplazar la destitución por una medida proporcional y ordenar el pago de remuneraciones supuestamente no percibidas, todo ello sobre la base de falta de fundamentación, errónea valoración de la prueba y desproporción sancionatoria.

Destaca que tales planteamientos desconocen que la decisión de destituir fue adoptada en uso de potestades legales y tras un sumario tramitado conforme a derecho.

Luego, plantea como primera alegación la extemporaneidad del recurso. En este sentido, sostiene que el acto verdaderamente gravoso fue la Resolución Exenta N°295, de 12 de febrero de 2025, que impuso la destitución y fue notificada el 14 de febrero de 2025; la Resolución Exenta N°685, de 16 de abril de 2025, solo rechazó la reposición y confirmó lo resuelto. Recuerda que el plazo fatal de 30 días del Auto Acordado se cuenta desde la ejecución o conocimiento del acto lesivo y que la interposición de reposición no suspende la ejecutoriedad (artículo 51 de la Ley N°19.880), por lo que un libelo presentado el 11 de mayo de 2025 excede con creces el término legal, debiendo rechazarse por manifiesta extemporaneidad.

A continuación, arguye que tanto la resolución que dispuso la destitución como la que desestimó la reposición fueron dictadas por el Director Nacional -autoridad competente según su ley orgánica-, debidamente motivadas conforme a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, y fundadas en hechos acreditados mediante prueba testimonial apreciada conforme a sana crítica, enmarcándose en infracciones disciplinarias tipificadas en el Estatuto Administrativo. De tal modo, no se advierte arbitrariedad ni ilegalidad en el procedimiento ni en el acto terminal.

Puntualiza que conforme al principio de presunción de legalidad de los actos de la Administración (artículo 3°, inciso final, Ley N°19.880), la carga de desvirtuarla requiere un juicio de lato conocimiento, con etapa probatoria y bilateralidad, lo que el recurso de protección no proporciona. Desde esa perspectiva, alega la improcedencia formal del arbitrio para revisar valoraciones probatorias, propias del sumario o para sustituir el criterio técnico de la autoridad en el ejercicio de potestades discrecionales, sosteniendo que, de ser del caso, el debate corresponde a sedes contencioso-administrativas u órganos de control, no a esta acción cautelar de urgencia.

Respecto a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), indica que el actor no aporta casos comparativos ni elementos de contraste que permitan predicar discriminación; respecto del debido proceso (art. 19 N°3), sostiene que el sumario respetó íntegramente las etapas esenciales, el derecho a defensa y la valoración racional de la prueba; y, en lo relativo al derecho de propiedad (art. 19 N°24), precisa que el vínculo de contrata carece de dominio sobre el cargo o sobre remuneraciones futuras, de modo que la destitución, afinado el procedimiento, no vulnera aquella garantía.

Concluye solicitando el rechazo íntegro del recurso, con costas, por no configurarse acto ilegal o arbitrario y, además, por su extemporaneidad y falta de idoneidad de la vía para los fines perseguidos por el actor.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en cuanto a la excepción de extemporaneidad opuesta por la recurrida, del examen de los antecedentes y alegaciones contenidas en el recurso se advierte que, si bien la Resolución Exenta N° 295, que impuso la medida de destitución, fue dictada y notificada en el mes de febrero de 2025, lo cierto es que la impugnación deducida por esta vía se dirige contra la Resolución Exenta N° 684, mediante la cual la autoridad administrativa -una vez rechazado el recurso de reposición interpuesto en su contra- aplicó definitivamente la sanción de destitución al recurrente nombre reservado.

En consecuencia, teniendo presente que la Resolución Exenta N° 684 fue notificada al actor el 17 de abril de 2025 y que el recurso fue interpuesto el 11 de mayo del mismo año, esto es, dentro del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, corresponde concluir que la acción fue deducida oportunamente, por lo que esta alegación será desestimada.

QUINTO: Que, de conformidad con los elementos de convicción acompañados, apreciados conforme a la sana crítica, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Por Resolución Exenta N°593, de 24 de abril de 2024, se instruyó sumario administrativo en contra del actor, en su calidad de Director Regional (S) del Servicio de Registro Civil, de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con ocasión de una denuncia formulada por la presidenta de la asociación ANERICH.

b.- Que en el referido sumario se efectuaron cargos al funcionario, éste efectuó sus descargos, se abrió un término probatorio, se rindió prueba y se practicaron las diligencias solicitadas por el sumariado.

c.- El 12 de febrero de 2025, se dictó la Resolución Exenta N°295, mediante la cual se aplicó la medida disciplinaria de destitución al recurrente, por haber transgredido lo dispuesto en el artículo 61, letra g), articulo 64 letra c) y 84 letras, 1), m), del D.F.L. 29, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, y artículo 2º del Código del Trabajo.

d.- Mediante la Resolución Exenta N°637 de 10 de abril de 2025, la sanción de destitución fue confirmada por la autoridad administrativa al rechazarse un recurso de reposición interpuesto por el funcionario sumariado.

e.- El 16 de abril del año en curso, mediante la Resolución Exenta N° de 684 de 2025, del Servicio de Registro Civil, se aplicó la medida de destitución dispuesta en contra de nombre reservado.

SEXTO: Que, el acto que la parte recurrente califica de ilegal y arbitrario corresponde a la Resolución Exenta Nº684 de 16 de abril de 2025, dictada por Servicio de Registro Civil e Identificación, que dispone la aplicación de la medida de destitución en contra del actor, confirmando las decisiones previas contenidas en las Resoluciones Exentas N° 295 de 12 de febrero de 2025 -que establece la sanción- y N° 637 de 10 de abril de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fondo, cabe consignar que el recurrente fundamenta su acción señalando, en síntesis, que el sumario administrativo se encontraría viciado, por haberse vulnerado durante su tramitación garantías esenciales del debido proceso; que la resolución impugnada adolecería de falta de fundamentación suficiente, y que la sanción aplicada resultaría desproporcionada respecto de los hechos que se le atribuyen.

OCTAVO: Que, del examen de los fundamentos del arbitrio, se advierte que lo que en realidad se impugna, es la investigación administrativa que culminó con la destitución que afecta al recurrente y, en particular, la valoración que la autoridad efectuó de los medios de prueba incorporados en dicho procedimiento, todo lo cual, a juicio del actor, configuraría una vulneración a las garantías del debido proceso.

En efecto, del contenido del recurso y de las peticiones que realiza el actor, queda en evidencia que lo que se persigue mediante esta acción constitucional es que esta Corte efectúe una nueva valoración y ponderación de los antecedentes reunidos en el sumario administrativo que dio origen a la medida disciplinaria cuestionada. Sin embargo, tal pretensión no puede prosperar, toda vez que la referida sanción fue impuesta en el marco de un procedimiento que observó las garantías propias del debido proceso, por cuanto el funcionario investigado ejerció plenamente los derechos que la ley le reconoce, pudiendo defenderse de los cargos formulados en su contra, rendir prueba, realizar las alegaciones que estimó pertinentes e interponer los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico contempla.

En este orden de ideas, es menester señalar que la sanción cuya legalidad se cuestiona fue impuesta en el marco de un procedimiento administrativo que actualmente se encuentra afinado, que fue tramitado y resuelto por la autoridad competente conforme a las normas que regulan la materia.

En este contexto, y como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se hace necesario consignar que la acción constitucional de protección no constituye una instancia declarativa ni revisora de los actos administrativos, sino un mecanismo de carácter excepcional, destinado únicamente a restablecer el imperio del derecho frente un acto ilegal o arbitrario, que importe una privación, perturbación o amenaza actual al legítimo ejercicio de derechos fundamentales.

Así las cosas, no resulta procedente que por esta vía se pretenda revisar la apreciación de la prueba ni las conclusiones adoptadas por la autoridad administrativa en el ejercicio de su potestad disciplinaria, máxime cuando el procedimiento respectivo se ajustó a las garantías del debido proceso.

Por tanto, los argumentos que en este sentido plantea el recurrente deben ser desestimados.

NOVENO: Que, en cuanto a la falta de fundamentación de la resolución que impone la sanción ya mencionada y sin perjuicio de lo razonado precedentemente, dicha alegación no puede prosperar por cuanto de la atenta revisión de las resoluciones impugnadas, se observa en ellas la debida motivación y justificación que exige el ordenamiento jurídico.

Lo anterior se concluye, por cuanto, tanto la Resolución Exenta N°295, mediante la cual se decretó la medida disciplinaria de destitución, como las Resoluciones Exentas N°637 y Nº684, exponen latamente los antecedentes que se consideraron para adoptar las decisiones que en ellas se consignan, haciendo referencia a los medios de prueba incorporados al sumario y su ponderación por parte de la autoridad, como también a la jurisprudencia administrativa y a las normas que regulan la materia objeto de la investigación, todo lo cual sustenta la destitución y el rechazo del recurso del recurso de reposición deducido.

De esta manera, las resoluciones recurridas dan cuenta de una motivación suficiente, cumpliendo con las exigencias previstas en la Ley N° 19.880, por lo que la protesta del recurrente, basada en la supuesta carencia de fundamentos de los actos administrativos, será rechazada.

DECIMO: Que, en cuanto a lo alegado sobre la desproporcionalidad de la sanción, en relación al hecho que ha dado origen a la responsabilidad administrativa, cabe señalar que no se visualiza que lo resuelto por la autoridad administrativa incurra en un vicio de esa naturaleza, atendido que lo reprochado -en lo sustancial- dicen relación, por un lado, con haber ejercido el actor maltrato verbal y acoso laboral en contra de varios funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes y la Antártica Chile y de la Oficina de Punta Arenas y, por otro, no haber dado cumplimiento a sus obligaciones de jefatura.

Tales circunstancias, debidamente acreditadas en el procedimiento disciplinario, revelan una conducta incompatible con sus obligaciones funcionarias, razón por la cual no se aprecia desajuste entre la gravedad de las faltas constatadas y la sanción impuesta, la que aparece proporcional y jurídicamente justificada frente a la entidad de los hechos establecidos.

UNDÉCIMO: Que, por todo lo que se viene razonando, no habiendo incurrido el Servicio de Registro Civil e Identificación en algún acto ilegal o arbitrario, desde que la medida disciplinaria aplicada por la autoridad se encuentra debidamente fundada y obedeció a un procedimiento administrativo que observó íntegramente las garantías del debido proceso, no cabe sino concluir que la acción constitucional de protección debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro (S) señor Carrasco Meza.

N°Protección 10.654-2025 Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Iara Barrios Melo e integrada, además, por el ministro (S) señor Rodrigo Carrasco Meza y el abogado integrante señor Jorge Benítez Urrutia.