Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 11 de abril de 2024, comparecen los abogados Gabriela Andrea Pino Estrada y Alex Barcaza Torres, en representación de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber descontado de la remuneración de marzo de 2024 del recurrente la suma de $114.140, no obstante encontrarse pendiente un juicio ejecutivo por el crédito que originaría dicho descuento. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que importaría un doble cobro atentatorio contra el derecho de propiedad sobre su remuneración, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito vía descuentos de remuneraciones, reembolsar los montos ya descontados y condenarla en costas.

Relata que el 30 de julio de 2015 el recurrente suscribió una deuda con la Caja de Compensación recurrida, por $3.763.839, pactada en 65 cuotas mensuales, que se pagarían hasta diciembre de 2020. Sin embargo, cuando se encontraban pendientes 48 cuotas, el señor nombre reservado perdió su trabajo, por lo que dejaron de efectuarse descuentos por planilla. No existiendo acuerdo entre las partes para el pago de las cuotas impagas, la Caja declinó de cobrarlas por esa vía y optó por ejercer la cláusula de aceleración del pagaré, exigiendo la totalidad de lo adeudado en juicio ejecutivo Rol C-1388-2022 del 29º Juzgado Civil de Santiago, proceso actualmente pendiente.

En ese orden, acusa que la recurrida incurrió en un acto ilegal y arbitrario al descontar de la remuneración del recurrente la suma de $114.140 en el mes de marzo de 2024, efectuando un doble cobro, ya que está exigiendo judicialmente la totalidad de la deuda. De esto tomó conocimiento el 1 de abril mediante la respectiva liquidación de sueldo.

Sostiene que tal proceder vulnera su derecho de propiedad sobre parte de su remuneración, citando en abono de sus argumentos jurisprudencia emanada de esta Corte que proscribe este tipo de actuaciones cuando se ha ejercido la cláusula de aceleración y se demanda por el total adeudado. Agrega que la facultad de las Cajas para descontar de las remuneraciones, contemplada en el artículo 22 de la Ley Nº18.833, no puede ejercerse de manera irracional, caprichosa y antojadiza, como ocurriría en la especie.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de sus remuneraciones, reembolsarle los montos indebidamente descontados y condenarla expresamente en costas.

Para acreditar sus alegaciones, la parte recurrente incorporó al proceso los siguientes instrumentos: 1) Liquidación de remuneración de marzo de 2024; y 2) Ebook de causa ROL C-1388-2022 seguida ante el 29º Juzgado Civil de Santiago.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicita el rechazo del recurso por falta de oportunidad, en atención a los siguientes antecedentes y argumentos.

Expone que conforme al artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social y de los regímenes de prestaciones de bienestar social, dentro de los cuales se encuentran precisamente los créditos sociales. Agrega que, de acuerdo al Compendio de Normas que regulan a dichas entidades, los créditos sociales son beneficios de carácter previsional consistentes en préstamos de dinero orientados a satisfacer necesidades de los afiliados.

Alega que en noviembre de 2012 la Caja otorgó al recurrente un crédito social por la suma de $3.004.284, en 60 cuotas de $102.075, el cual fue repactado el 30 de julio de 2015, generándose un nuevo crédito por $3.763.839, a pagar en 60 mensualidades de $123.564. Sostiene que sólo se pagaron 7 cuotas hasta febrero de 2016, encontrándose diferidas las de marzo a julio de dicho año por licencia médica, para luego pagarse las cuotas 8 a 11 -de agosto a noviembre de 2016- en diciembre del mismo año, no existiendo pagos posteriores. Ante ello, atendidas las infructuosas gestiones extrajudiciales para obtener la regularización de la deuda, en febrero de 2022 se presentó demanda ordinaria ante el 29° Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-1388-2022, actualmente archivada. En consecuencia, afirma encontrarnos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación por el mecanismo del artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

En ese orden de cosas, explica que dicha norma, en concordancia con el artículo 11 del D.S. N°91 de 1978 del Ministerio del Trabajo, el artículo 22 de la Ley N°17.322 y el artículo 58 del Código del Trabajo, obliga al empleador a descontar de las remuneraciones de los trabajadores lo adeudado por crédito social a una Caja, debiendo retenerlo y remesarlo a la Caja acreedora según las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Es por ello que, detectado un afiliado que mantiene deuda vigente, ésta se incorpora en la respectiva nómina para que se aplique el correspondiente descuento, lo que tiene su asidero en las normas legales antes citadas y en la Circular N°2052 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Agrega que los artículos 1545 y 1546 del Código Civil consagran el efecto obligatorio de los contratos y su ejecución de buena fe, de modo que las deudas emanadas de ellos existen y pueden ser cobradas en tanto no hayan prescrito por declaración judicial o se hayan extinguido por alguno de los modos que contempla el artículo 1567 del mismo Código, nada de lo cual ha ocurrido en la especie.

Argumenta que los créditos otorgados por las Cajas revisten un carácter previsional por expreso mandato legal, según ha reconocido la Corte Suprema, de modo que el carácter social deriva de la naturaleza de la entidad que los concede y no de los fines a que se destinen los fondos o del instrumento que los contenga. Por ende, el hecho que se haya entablado una acción ordinaria no la libera a ella ni al empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, atendido el carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N°18.833.

Añade que las acciones judiciales para el cobro de lo adeudado no obedecen a un capricho ni a un actuar de mala fe orientado a un doble cobro, sino al cabal cumplimiento de la normativa legal y administrativa que resguarda el Fondo Social a partir del cual se financian las prestaciones otorgadas por las Cajas. Por ello, la Corte Suprema ha entendido que el actuar de la recurrida responde a una atribución legal orientada a recuperar los créditos y constituye también un deber del empleador, los cuales no se ven obstados por la interposición de una acción ordinaria, máxime si ésta se dedujo antes de retomarse las retenciones.

Insiste en que cualquier alegación sobre una supuesta falta de exigibilidad del crédito excede el objeto de la acción de protección y debe ser planteada y resuelta en la sede de lato conocimiento dispuesta por el legislador, careciendo el recurrente de un derecho indubitado que obste a dicha exigibilidad al momento de ejercerse esta acción constitucional.

En cuanto a la supuesta infracción al derecho de propiedad sobre la remuneración, afirma que no existe un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna, desde que la propia ley autoriza a la Caja a solicitar el descuento de las cuotas de un crédito actualmente exigible. Un acto arbitrario e ilegal sólo se configuraría si informara deducciones derivadas de créditos respecto de los cuales se ha declarado la prescripción, tanto de la acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, declaración que no ha operado respecto del recurrente.

Concluye que en caso alguno ha privado, perturbado o amenazado el derecho de propiedad del recurrente, en tanto ha actuado en todo momento conforme a las facultades que le confiere la ley, sin arrogarse atribuciones ni cobrar deudas que se encuentren extinguidas por los modos que contempla el artículo 1567 del Código Civil.

Sin perjuicio de lo informado, y sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos jurídicos esgrimidos, señala que con la finalidad de proceder a la continuación del procedimiento iniciado en contra del recurrente, ha dispuesto el cese de los descuentos del crédito y la devolución de la suma de $114.140, aclarando que las planillas se generan el día 25 del mes anterior a aquél en que se hacen efectivos, por lo que dispondrá la restitución de toda suma que haya sido descontada con posterioridad, según liquidaciones que aporte el recurrente o los montos que sean remesados. En tales circunstancias, solicita el rechazo del recurso por haber perdido oportunidad, atendido que ha accedido al cese del descuento y a la devolución de los montos retenidos.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, en la especie, la conducta reprochada a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana está constituida por haber realizado un descuento en la remuneración del recurrente del mes de marzo del año en curso, en razón de un crédito otorgado a su respecto en el año 2012 y respecto del cual se inició un juicio sobre cobro de pesos (no un juicio ejecutivo como señala el recurrente), Rol C-1388-2022 seguida ante el 29º Juzgado Civil de Santiago, el cual se encuentra archivado por resolución de 02 de enero de 2024.

QUINTO: Que, tal como se dejó expuesto en el informe de la recurrida, éste dio cuenta de que se realizaría la restitución del monto descontado de la remuneración del recurrente o los montos que fueran descontados durante la tramitación de esta acción constitucional y, a continuación, según consta en el expediente de tramitación de electrónica, con fecha 28.06.2024 se certificó la transferencia electrónica de fondos respecto de don nombre reservado, el recurrente por un monto de $114.140.-, el cual se corresponde con el monto descontado en la liquidación de remuneraciones del mes de marzo de este año del actor.

SEXTO: Que, en consecuencia, la presente acción constitucional deberá ser rechazada por faltar, actualmente, uno de los presupuestos necesarios para su procedencia, entendiéndose que ha perdido oportunidad, tornándose innecesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de las alegaciones de las partes.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza, sin costas, por haber perdido oportunidad, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10651-2024.