Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por la acción que consideran ilegal y arbitrari

Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco.

Proveyendo el escrito folio 20: téngase presente. VISTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, comparecen Kevin Miguel Tamayo Diaz, abogado y nombre reservado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interponen recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la acción que consideran ilegal y arbitraria de decretar el archivo de su solicitud de Reconocimiento de la Condición de Refugiada, poniendo fin al procedimiento administrativo, lo que vulnera su garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República. Exponen que la recurrente que es una ciudadana venezolana y que ingreso al territorio nacional el 21 de enero de 2021 junto a su hijo menor de edad. Señalan que el 13 de septiembre de 2022 la recurrente solicitó ante la autoridad migratoria el reconocimiento de su condición de Refugiada, tanto para ella como para su pequeño hijo, otorgándosela únicamente a ella y no a su menor hijo. Agregan que la recurrente efectuaba la solicitud de prórroga de su visa temporal de manera regular, siendo la última el 3 de diciembre de 2024, misma fecha en que se le notificó que su solicitud no podía ser procesada, dado que no compareció a la citación a entrevista, de la que nunca fue notificada, dado su cambio de domicilio el que fue informado a la parte recurrida, por lo que dejó una carta explicativa, la que fue resuelta el 10 de abril del año en curso, reiterando el archivo de su solicitud. Añaden el 13 de septiembre de 2022 la recurrente solicitó el reconocimiento de condición de refugiado para su pequeño hijo Massimiliano, de la que nunca obtuvo respuesta.

Finalmente solicitan, se reestablezca el imperio del derecho y asegurar su protección, ordenando a la recurrida que desarchive y continúe con la tramitación administrativa de dicha solicitud, conforme con los principios que le impone la propia Ley de Migración y Extranjería, y de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N.° 296 de 2.022; o el que S.S. estime conforme al mérito de autos, y en general adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que informando el Servicio Nacional de Migraciones pide el rechazo de la acción constitucional.

Expresa que la recurrente ingresó de manera clandestina al territorio nacional, eludiendo los controles migratorios fronterizos, siendo así reconocido en su propio recurso y que no cuenta con registros de que la parte recurrente hubiese manifestado a la autoridad contralora de fronteras su intención de solicitar refugio.

Indica que con fecha 13 de septiembre de 2022, la extranjera solicito ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que mediante Resolución Exenta N°NUM000, de misma fecha se le otorgó a la recurrente por primera vez visa temporaria de 8 meses, en virtud de la ley N°20.430, luego el 16 de agosto de 2023 mediante Resolución Exenta N°NUM001, se le prorrogó el beneficio de residencia temporal, válida por el periodo de 8 meses, hasta el 26 de enero de 2024.

Señala que mediante oficio de 12 de junio de 2024 se informó al recurrente que debía asistir el día 14 de agosto de 2024, a las 14:30 horas, a realizarse en domicilio reservado, la cual tenía como por objeto realizar la entrevista de elegibilidad, elemento esencial dentro del procedimiento y, por tanto, de carácter de obligatoria, en la que se le apercibió que de no presentarse se declararía el abandono del procedimiento.

Añade que la cita a la entrevista fue notificada mediante carta certificada al domicilio indicado por la propia recurrente el que fue debidamente recepcionado del titular, ubicado en DIRECCION000, comuna de Pudahuel, región metropolitana, siendo recepcionada con fecha 25 de junio de 2024, de acuerdo a la información proporcionada por guía de despacho N°NUM002 de Correos de Chile, al haber concurrido a la cita obligatoria y tampoco manifestando dentro del plazo de 30 días el motivo de su inasistencia, se dictó la Resolución Exenta N°NUM003, de fecha 11 de octubre de 2024, se tuvo por abandonado el procedimiento y se ordenó el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, y se declaró caducado el permiso de residencia temporaria por la Ley de refugio.

Finalmente señala que no se ha dictado ninguna sanción administrativa, ya sea de expulsión, abandono o prohibición de ingreso. Concluye que habiéndose ingresado su solicitud, y encontrándose actualmente resuelta por abandono del procedimiento, la presente acción ha perdido toda oportunidad, debiendo ser rechazada en todas sus partes.

Defiende que la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias. TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en lo que dice relación con el quid del asunto materia de esta acción cautelar, resulta pertinente recordar que el artículo 33 de la Ley 20.430 prevé, en lo pertinente: “Obligaciones del Solicitante. Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:… 6. Fijar domicilio e informar, oportunamente, a la autoridad competente, cualquier cambio que éste sufra, en un plazo de quince días”.

Tal deber es corroborado en idénticos términos en el artículo 44 del reglamento del citado texto legal.

Por su parte, el artículo 52 del Decreto 837, en lo que interesa, dispone “Archivo de la solicitud. El Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior podrá ordenar, mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley Nº 19.880. El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante que paralice el procedimiento iniciado por él, por un plazo superior a treinta días. El Ministerio del Interior le notificará de acuerdo con el artículo 51 del presente reglamento, que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, se declarará el abandono de ese procedimiento”;

QUINTO: Que luego de lo dicho, aparece relevante destacar que tal como se señala en el informe respectivo y según es posible colegir de los antecedentes allegados al sistema computacional por la entidad recurrida, la recurrente fue citada por carta certificada dirigida al domicilio que la misma informó ante la autoridad administrativa -la que aparece entregada en dicha residencia-, a una “audiencia de elegibilidad” en que se le entrevistaría personalmente, advirtiéndosele los efectos de su incomparecencia, en los términos que señala el artículo 52 del Decreto 837 y, pese a lo anterior, no asistió a la misma, por lo que transcurridos los plazos legales se archivó su solicitud de refugio;

SEXTO: Que es en este escenario normativo que la decisión que por esta vía se impugna no adolece de ilegalidad alguna, pues fue adoptada al amparo y en observancia de la legislación precedentemente citada, con estricto apego a las exigencias que prevé el procedimiento de solicitud de refugio que estatuyen la Ley 20.430 y su reglamento. Tampoco se advierte arbitrariedad, por cuanto no ha sido el mero capricho de quien dispuso la decisión reclamada lo que la motivó, sino la incomparecencia de la actora a una entrevista personal en que se examinaría la concurrencia de las exigencias que harían procedente su petición de refugio, la que le fue legalmente notificada al domicilio que ella mismo fijó ante la autoridad administrativa para tales fines y el transcurso de los plazos legales sin excusa alguna de su parte;

SÉPTIMO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza el arbitrio deducido en la petición principal de la presentación de fecha 10 de mayo del año en curso, en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Protección N°10.645-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.