nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, quince de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, empleado, trabajador dependiente afiliado a la recurrida y deudor de créditos sociales otorgados por ella, y deduce recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en descontar directamente de su remuneración, a contar de la liquidación del mes de marzo de 2026, sumas imputadas al pago de créditos sociales cuya totalidad la recurrida cobra desde el año 2012 en juicio ejecutivo, mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que contrajo un crédito social el 3 de noviembre de 2011, pagadero en 48 cuotas mensuales iguales y sucesivas conforme al artículo 22 de la Ley N° 18.833, venciendo la primera el 31 de diciembre de 2011 y la última el 30 de noviembre de 2015, y que cayó en mora en la primera cuota por haber sido desvinculado intempestivamente de su trabajo.

Agrega que, ante esa mora, la recurrida declinó del cobro individual de cada cuota e hizo exigible la totalidad de la deuda mediante el ejercicio de la cláusula de aceleración, interponiendo demanda ejecutiva el 29 de agosto de 2012 en la causa rol C-30977-2012, seguida ante el 3° Juzgado Civil de San Miguel, en la que se encuentra en tramitación una excepción de prescripción extintiva de la acción ordinaria y de la acción cambiaria del pagaré.

Expone que, no obstante lo anterior, en su liquidación de sueldo del mes de marzo de 2026, entregada el 30 del mismo mes, fecha en que tomó conocimiento del actuar que impugna, figuran cuatro descuentos que suman $181.230, y que, existiendo un juicio pendiente en el que consta que la recurrida renunció al cobro individual de cada cuota, el descuento practicado en paralelo al cobro judicial constituye un ejercicio abusivo de la facultad que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 confiere a las Cajas de Compensación y una forma de autotutela, que le impide ejercer defensa u oposición, máxime cuando han transcurrido más de 14 años desde que cayó en mora.

Precisa que el descuento carece de fundamento tanto en su realización como en el monto que se ordenó retener a su empleador, y que la recurrida, habiéndolo privado inicialmente de continuar pagando sus cuotas según lo estipulado, obtiene ahora por vías de hecho un pago parcelado y mensual semejante o superior al de una cuota, mientras exige el total por vía judicial.

Pide, en definitiva, que se acoja el recurso, se declaren ilegales y arbitrarios los hechos descritos y se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social por la vía de descuentos de sus remuneraciones, reembolsar los montos indebidamente descontados dentro de quinto día hábil o el que la Corte estime, y el pago de las costas.

SEGUNDO: Que, comparece la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y evacúa el informe respectivo.

Expone como antecedente que otorgó al recurrente cuatro operaciones crediticias que individualiza: la operación código N° 45.RUT reservado, de 18 de noviembre de 2010, por un capital inicial de $1.250.864, pagadera en 36 meses, que se dio por pagada el 3 de noviembre de 2011, quedando una cuenta por cobrar de $100.946; el crédito de salud N° 09.RUT reservado, de 30 de septiembre de 2011, por $17.658, en mora por su única mensualidad; el crédito social N° 45.RUT reservado, de 3 de noviembre de 2011, por $3.072.540, pagadero en 48 mensualidades de $109.022, todas ellas impagas; y el crédito de salud N° 09.RUT reservado, de 30 de noviembre de 2011, por $19.766, en mora por sus tres mensualidades.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social se informan al empleador conforme al mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, que dispone que lo adeudado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales; y porque efectúa el cobro de una deuda cuya acción no ha sido declarada prescrita, en circunstancias que, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente y no opera de pleno derecho, de modo que mientras no exista pronunciamiento del tribunal competente la obligación existe y es plenamente exigible.

Agrega que, sin reconocer la extinción de la deuda ni los hechos y fundamentos del recurso, dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente y la restitución de aquellas sumas recibidas a partir de la reanudación de los cobros, precisando que las planillas de descuentos se generan los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos y que dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto, de manera que el recurso ha perdido oportunidad.

Solicita, en definitiva, que se tenga por evacuado el informe y se rechace por falta de oportunidad la acción de protección deducida.

TERCERO: Que, la recurrida evacuó, además, los informes que le fueron ordenados durante la tramitación de la causa, en los que expone que mantiene los descuentos por planilla suspendidos y que gestionó la devolución de lo descontado, monto que quedaría disponible en caja pagadora en un plazo de tres días, haciendo presente en el segundo de ellos que, por un error de sistema, el dinero se volvió a imputar al crédito y que la devolución fue nuevamente gestionada.

Requerida por la Sala, para entrar a la vista del recurso, a fin de que informara si había cesado efectivamente los descuentos efectuados en las remuneraciones del actor por concepto de las cuotas del crédito social y si había procedido a la devolución de las sumas descontadas con anterioridad, la recurrida informó el 24 de agosto de 2026 que mantiene los descuentos por planilla suspendidos y que gestionó la devolución, la que se encontrará disponible en caja pagadora.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar de urgencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio, siendo su objetivo restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. En la especie, corresponde determinar por esta vía si los descuentos practicados por la recurrida en la remuneración del actor para el pago de los créditos sociales que le otorgó constituyen una vulneración actual de su derecho de propiedad que amerite la adopción de las providencias que se solicitan.

QUINTO: Que del mérito de los antecedentes aparece que la recurrida, al informar, dispuso el cese definitivo de los descuentos y la restitución de las sumas percibidas a partir de la reanudación de los cobros, y que, requerida especialmente por esta Corte para pronunciarse sobre el cumplimiento de ambas medidas, reiteró el 24 de agosto del presente año que los descuentos por planilla se mantienen suspendidos y que la devolución fue gestionada.

SEXTO: Que de este modo, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario ha cesado por decisión de la propia recurrida, de manera que la afectación que se denuncia no subsiste al tiempo de fallarse esta acción cautelar, no existiendo medida que esta Corte pueda adoptar para el restablecimiento del derecho, por lo que la presente acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-10642-2026.