nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece el abogado don Marco Antonio Salas Muñoz, en representación de don nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en realizar descuentos mensuales de sus remuneraciones por planilla, por una supuesta deuda que mantendría con la recurrida.

Funda el recurso en que, tras cuatro años de cesantía, en noviembre de 2020 fue contratado por la empresa Todo Acero Montaje Industrial Limitada, y que al recibir el pago de su remuneración correspondiente al mes de enero de 2021 se percató que figuraba un descuento por $302.236.- en la correspondiente liquidación mensual, con cargo a un presunto préstamo solicitado a la recurrida.

Indica que, consultado el departamento de relaciones laborales de su empleador, se le informó que el descuento fue practicado por haber recibido de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana una nómina mensual de retenciones previsionales, en la que figuraba el recurrente, por lo que estaban obligados a remesar los montos señalados, salvo recibir orden en contrario.

Así las cosas, sostiene no haber solicitado en los últimos cuatro años un préstamo a la recurrida, ni haber autorizado el descuento efectuado por el empleador, y que cada vez que fue finiquitado de sus anteriores trabajos sus ex empleadores practicaron los descuentos respecto de créditos sociales que hubiese solicitado.

Afirma que el descuento efectuado constituye un acto ilegal y arbitrario por haber sido efectuado por un requerimiento unilateral e injustificado de la recurrida, vulnerando el derecho de propiedad del recurrente sobre la integridad de sus remuneraciones, especialmente considerando que la presunta deuda nunca fue demandada por vías civiles y, en caso de haber existido, la deuda se extinguió ya sea por pago o por prescripción.

Pide que se acoja el recurso, ordenando a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana abstenerse de cobrar el crédito pretendido, por no existir, o en su defecto encontrarse pagado o prescrito, ordenando la devolución de cualquier monto descontado y percibido de las remuneraciones del recurrente, con costas.

Por presentación posterior, el recurrente señaló que con fecha 14 de noviembre de 2012 suscribió finiquito con la empresa Hatch Ingenieros Y Consultores Ltda., conforme al cual se le descontó del monto que le correspondía recibir la suma de $6.137.853.- por concepto de Saldo de Crédito otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, sostiene que la deuda se encontraría extinta.

Asimismo, por presentación de fecha 3 de abril de 2021 la recurrente asegura que del informe original de la recurrida se desprende la existencia de pagos en exceso a lo adeudado, indicando que de un crédito original de $11.292.782.- se pagaron 23 cuotas por $ 9.190.501.-, quedando un remanente de pago de las cuotas 24 a 36 de $5.194.631.-de los cuales se descontó la suma de $6.137.853.- del finiquito de noviembre de 2012, quedando un saldo a favor del recurrente de $943.222.-, y que la propia recurrida admite que luego se efectuaron ocho pagos entre los años 2013 y 2015, ascendentes a $3.196.696.-, más un descuento de remuneraciones de $302.236.-, lo que permite establecer que se ha cobrado y pagado en exceso al crédito otorgado la cantidad de $4.442.154.-, y que el hecho de que la recurrida haya depositado en la cuenta corriente de esta Corte la suma de $302.236.- debe entenderse como un reconocimiento y allanamiento, atendido lo cual pide, en adición a lo solicitado en el recurso, que se ordene la restitución de los $4.139.918.- pagados en exceso.

Segundo: Que, la Caja de Compensación de Asignación Familiar recurrida evacuó informe con fecha 1 de marzo, y lo amplió por presentación del 5 de abril, ambos de 2021.

En cuanto a los hechos, indica que, revisado el finiquito acompañado por el recurrente, el que no figuraba en los registros de la Caja, y cotejándolo con los antecedentes de los créditos que figuraban en sus bases de datos, procedieron a efectuar una depuración de la información, en mérito de la cual les permite informar que al recurrente se le otorgaron dos créditos sociales, el primero folio N°138000105991 que arrojaba a noviembre de 2012 una deuda por $3.051.327.-, y el segundo, folio N°138000075632 que arrojaba a noviembre de 2012 una deuda por $6.987.038.- En ese contexto, indica que mediante el finiquito de noviembre de 2012 se descontó al actor la suma de $6.747.683.-, monto que pagó íntegramente el primer crédito, y, en cuanto al segundo, sirvió para abonar la deuda, quedando un saldo insoluto de $3.290.682.- Indica que su representada otorgó al recurrente el crédito social Folio N°138- RUT reservado, por un monto de $11.292.782.-, pactado en 36 cuotas mensuales, cada una por la suma de $ 399.587.- (incluido interés y seguro), a descontar desde su remuneración por su empleador Hatch Ingenieros y Consultores, RUT N° RUT reservadoCrédito respecto del que pagó 23 cuotas en forma interrumpida vía liquidación hasta diciembre de 2012 y posteriormente realizó 5 pagos directamente por caja el año 2013 y 3 pagos directamente por caja en 2015, pagando 29 cuotas íntegramente y abonando a la cuota N° 30 la suma de $ 97.351.-, esta última el 20 de octubre de 2015, no existiendo más pagos efectuados por caja. Señala que no fue posible ubicar al recurrente hasta el 1 de noviembre de 2020, fecha en que nombre reservado ingresó a trabajar en una empresa afiliada a su representada de razón social Todo Acero Montaje Industrial Limitada, RUT N° RUT reservado, procediendo entonces al envío de la respectiva nómina con el descuento a aplicar al recurrente, descuento que conforme los registros de su representada fue remesado el 19 de febrero de 2021, por la suma de $ 302.236.-, que se imputó al íntegro pago de la cuota N° 30, del total de 36 cuotas pactadas.

Sostiene por tanto que actualmente existe un saldo insoluto por $2.589.888.-, que no se ha extinguido por alguno de los medios que contempla el artículo 1567 del Código Civil, no obstante lo cual, sin reconocer la extinción de la deuda, se ordenó el cese de los descuentos, y se practicó la devolución mediante depósito N°2396522 en la cuenta corriente de esta Corte de Apelaciones, de la suma de $302.236.-, monto que corresponde al descuento efectuado en la remuneración del recurrente remesada por su empleador, a efectos de iniciar las respectivas acciones legales en orden a perseguir el pago de la deuda.

En cuanto al derecho, tras abocarse al análisis del carácter social y sin fines de lucro de las Cajas de Compensación, naturaleza que comparten los créditos que otorga, cuyo fin es un beneficio de bienestar social destinado a apoyar al trabajador dependiente, indica que la retención de las remuneraciones se encuentra normativamente establecida en el primer inciso del artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 11 del Decreto Supremo N°91 de 1978, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en el artículo 22 inciso primero de la Ley N° 17.322, y el artículo 58 del Código del Trabajo; normas que establecen que las deudas de créditos sociales a una Caja por un trabajador afiliado deben ser deducidos de sus remuneraciones por la empresa afiliada, retenidos y remesados a la Caja acreedora, por lo que su actuar únicamente se remite al ejercicio de una facultad conferida por la propia Ley.

En ese contexto, indica que una vez detectado a un trabajador que mantenga una deuda con esta entidad, su deuda se incorpora en la respectiva nómina, con el objeto de aplicar el correspondiente descuento por parte de la entidad pagadora de su remuneración, reteniendo y remesando la cuota descontada a la Caja.

En cuanto a la alegación de prescripción, sostiene que el recurrente no ha acompañado sentencia judicial alguna que declare la prescripción del crédito cobrado, y que el recurso de protección no es una vía idónea para alegarla, citando, en apoyo de su postura, jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Seguridad Social, en dictamen N°2659-2020 de 12 de agosto de 2020, y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, en causa rol N°15.032-2016.

En consecuencia controvierte que se haya vulnerado la garantía de propiedad que establece el artículo 19 N°24 de la Constitución, ya que es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, y pide el rechazo del recurso, con costas.

Tercero: Que, el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, el acto recurrido consiste en el descuento efectuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, desde la remuneración del recurrente correspondiente al mes de enero de 2021, por la suma de $302.236.-, por concepto del monto moroso del crédito folio N°138000075632, que actualmente mantiene un saldo insoluto por $2.589.888.-, según informa la recurrida.

Agrega el recurrente que la pretensión de la recurrida es cobrar cuotas de igual monto, 7 veces, es decir, entre los meses de enero y julio de 2021, por cuanto en la liquidación de remuneración se indica que se descuentan 30/36, lo que arroja un descuento total de $ 2.115.652.- La recurrente sostiene que el mentado crédito se encontraría extinto, ya sea porque fue pagado, o bien por haber operado la prescripción.

En lo tocante al primer aspecto, no señala de qué forma se habría pagado ni acompaña documento alguno que acredite dicho pago.

En relación al segundo aspecto, se hará referencia al mismo más adelante, en el considerando noveno.

Quinto: Que, la institución recurrida ha sostenido que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo una modalidad legal de cobro en los términos originalmente pactados.

Agrega que del mérito del recurso deducido no se advierte cuál sería el acto u omisión arbitraria o ilegal, considerando que el actor resultó inubicable por el periodo de tiempo que señala, y solo pudo dar con su paradero una vez que ingresó a trabajar a la empresa Todo Acero Montaje Industrial Limitada, RUT N° RUT reservado, afiliada a su representada.

Finaliza argumentando que, cuando en el recurso se hace referencia a la prescripción del crédito, pareciera estar invocándose una supuesta prescripción extintiva de las acciones y derechos, la que de ser así debe ser declarada por un tribunal en un juicio de lato conocimiento y en ningún caso a través de un recurso de protección.

Sexto: Que, sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Séptimo: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Octavo: Que, por consiguiente, al haberse descontado desde la remuneración del actor una de las cuotas impagas del crédito que se le otorgó, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Noveno: Que, finalmente, y en lo tocante a la pretendida prescripción de la acción de cobro esbozada por el recurrente en su libelo, es menester señalar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos, propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento, razón por la que la presente acción constitucional no puede prosperar en lo tocante a tal acápite, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir al actor.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional intentada por el abogado don Marco Antonio Salas Muñoz, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Vázquez, quien fue del parecer de acogerlo, por estimar que el descuento realizado constituye un acto arbitrario e ilegal por encontrarse prescrito el crédito del cual emana.

Regístrese y notifíquese Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia N°Protección-1064-2021.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Miguel Eduardo Vazquez Plaza, señora Dobra Lusic Nadal y el Abogado Integrante señor Jorge Benitez Urrutia.