Protección contra Servicio Nacional de Menores

C.A. de Santiago Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco.

A los escritos folios 23 y 24: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, sicóloga, Rut NUM000, chilena, casada, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores, representado legalmente por su Directora, doña nombre reservado

nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, quien en dicha calidad ha incurrido en actos arbitrarios e ilegales contenidos en la dictación de la Resolución Exenta RA N°NUM001 de fecha 14 de abril de 2025, notificada con fecha 16 de abril del mismo año, la que pone término anticipado a su contrata para el año 2025, toda vez que dicho acto administrativo le ha causado perturbación y privación en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los numerales 2,3, 4 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja su acción, disponiendo que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N°NUM001 de fecha 14 de abril del año 2025, que puso término anticipado a su contrata, debiendo en consecuencia proceder la recurrida a la inmediata reincorporación a sus funciones, al pago de todas las remuneraciones desde el momento de la separación y hasta su reincorporación y al pago de los demás beneficios a que hubiere tenido derecho en el tiempo intermedio, con expresa condena en costas.

Indica que la citada resolución le fue notificada en su domicilio, en un procedimiento absolutamente irregular, ubicado en la región de O’Higgins, donde desempeñaba sus funciones para el Servicio recurrido, por el director regional quién junto a otras personas, concurrió al lugar, el día 16 de abril del año 2025 a pesar de que se encontraba haciendo uso de días de feriado legal. Aún más, el día 15 de abril fue a trabajar y nadie le señaló algo sobre el cese de su contrata.

Expone que dentro de los plazos legales realizó una petición de reconsideración al Director Nacional del Servicio y un reclamo a la Contraloría General de la República. Ambas entidades ni siquiera han acusado recibo de sus presentaciones hasta la fecha, lo cual la obliga a presentar el presente recurso para cumplir los plazos fijados para estos efectos.

Relata que ingreso al servicio hace 18 años como profesional, desempeñándose, a la fecha, como profesional a contrata grado 11 EUS, responsable de casos del CIP CRC Graneros, dependiente de la Dirección Regional de Sename de la Región de O’Higgins. Agrega que su contrata, mediante resolución Exenta RA N°NUM002 de 20 de diciembre del 2024, se había prorrogado desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025.

Indica que en la resolución recurrida se entremezclan una serie de hechos en los que supuestamente se ha visto involucrada (incluso varios de esos hechos de una antigüedad mayor a 10 años) para “justificar” de manera irracional y absolutamente contraria a derecho, la decisión del cese anticipado de su contrata. Así, se traen a colación procesos ya afinados, respecto de los cuales ya fue investigada y que no fueron impedimento para que sus contratas fueran renovadas una y otra vez, año tras año.

Destaca que, según se desprende del tenor del punto 16 de la resolución recurrida, existiría un sumario en su contra que está en curso en estos momentos, pero sin haber finalizado, y respecto del cual ni siquiera se le formulan cargos, no obstante, lo cual se usa como argumento para el cese de su contrata en forma anticipada.

Sostiene que la resolución recurrida vulnera el principio de la confianza legítima que opera en su favor, ya que conforme se ha establecido por la jurisprudencia judicial y administrativa, los empleados públicos a contrata – como es su caso durante 18 años - tienen derecho a que el cese o la no renovación de la contrata sea debidamente fundado. En su caso, es evidente que se afecta de manera flagrante la confianza legítima al disponer el cese anticipado de su contrata que ya había renovada por todo el año 2025.

Añade que la resolución recurrida vulnera gravemente normas constitucionales que consagran debido proceso e igualdad ante la ley, puesto que, de una lectura de la misma se advierte que se trata de una verdadera acusación y condena a la vez, sin que haya existido un debido proceso administrativo, sin darle la oportunidad de defenderse y en una abierta desigualdad en el trato en comparación con otros funcionarios del Servicio. Ello también implica desconocer la bilateralidad de este tipo de procedimientos, los derechos del imputado, acusado o investigado e impedir que la afectada en este caso, conozca los hechos que se le atribuyen, sus fundamentos y las pruebas que sustentan la imputación y la sanción.

Señala que la resolución vulnera el principio cosa juzgada administrativa, por cuanto, parte importante sus fundamentos emanan de tres sumarios administrativos ya afinados (realizados en los años 2013, 2016 y 2022) y que, por ende, no pueden ser nuevamente considerados para adoptar una nueva decisión a su respecto.

A lo anterior suma que, sus otros fundamentos son denuncias o comunicaciones de reciente data (febrero y marzo del año 2025) las cuales se encuentran, según se desprende la misma resolución, en investigación en un nuevo sumario administrativo seguido en su contra, que se encuentra pendiente sin siquiera haberse formulado cargos. Siendo así, se trata de antecedentes y hechos que no están suficientemente acreditados y respecto de los cuales existen diligencias y/o investigaciones en curso, por lo que tales antecedentes no pueden servir de fundamento a la resolución recurrida.

Menciona que, incluso si se toman como efectivas varias de las acusaciones vertidas en su contra, muchas de ellas se encuentran prescritas tantos desde el punto de vista administrativo como penal y civil, por lo cual su sola mención en la resolución vicia su contenido al punto de dejarla infundada, con lo cual cesa la potestad del Servicio de poner término anticipado a su contrata.

Hace presente que la resolución aludida no menciona que, durante los 18 años de su vínculo como funcionaria del Servicio recurrido, no existe registro de evaluación negativa a su desempeño, ni que se haya hecho efectiva alguna sanción en su contra o anotaciones negativas o de demerito en el ejercicio de sus funciones. De hecho, siempre (incluso el presente año 2025) sus contratas fueron renovadas sin dificultad alguna.

Expone que la resolución vulnera gravemente sus derechos funcionarios por que le impide hacer uso del incentivo al retiro de empleados públicos que se encuentra actualmente vigente, conforme a la ley 20.498.

En cuanto a las garantías constituciones vulneradas, menciona las señaladas en el artículo 19 N°s. 2,3,4 y 24 de la Constitución Política de la República, que consagran los derechos de igualdad ante la ley, debido proceso, honra y derecho a la propiedad.

Refiere que la decisión informada en cuanto a poner término anticipado a su contrata para el año 2025, sin la existencia de un acto administrativo que resulte justificado, sino más bien entregando argumentos vagos, imprecisos, que no son efectivos ni concretos conforme se ha evidenciado en esta presentación, vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la Ley.

El debido proceso se ve afectado en cuanto la resolución recurrida es una verdadera acusación y condena en su contra sin que haya existido un debido proceso administrativo y sin darme la oportunidad de defenderse.

Respecto al derecho a la honra señala que, de la sola lectura de la Resolución recurrida, queda claro que cualquiera persona supondrá que ha cometido graves infracciones como funcionaria pública e, incluso, delitos.

Enfatiza que la recurrida ha vulnerado su derecho de propiedad, en relación al cargo a contrata, toda vez que, al cesar anticipadamente se ha privado su estabilidad laboral y del derecho que le asiste de continuar desempeñando las mismas funciones y recibir una remuneración por ello, afectando de esta forma su patrimonio.

Afirma que, de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten, más aun cuando se decide poner término anticipado a la contrata, el análisis debe ser más riguroso que cuando se decide una no renovación, toda vez que ella encierra el ejercicio de una facultad de carácter excepcional, por lo que debe sustentarse siempre, sin excepción, en motivos legales que permitan ejercerla, vinculados a supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad, los que siempre deben relacionarse con aspectos objetivos que determinen que los servicios, desde una perspectiva objetiva, no son necesarios, alejándose de cuestiones puramente subjetivas, puesto que en este caso la persona tiene el legítimo derecho a culminar el periodo para el cual fueron requeridos sus servicios.

SEGUNDO: Que comparece el órgano, evacuando el informe al tenor del recurso de protección, en los siguientes términos:

Como cuestión previa refiere que con fecha 23 de abril de 2025, doña nombre reservado, interpuso ante dicha Dirección Nacional, Recurso de Reposición en contra del acto administrativo de cese, con Recurso Jerárquico en subsidio para el caso de que no resultara acogido, solicitando tener en cuenta las mismas alegaciones ventiladas. En dicho libelo, la ex funcionaria fundó su recurso administrativo en 4 motivos, conteniendo las mismas alegaciones que las formuladas en la acción de protección en actual informe.

Respecto a los antecedentes de la funcionaria indica que efectivamente tiene en el servicio la antigüedad referida, ingresando a prestar servicios el 26 de octubre de 2007, siendo objeto de renovaciones, hasta su cese anticipado, el cual ella ha impugnado.

En cuanto a los motivos para el cese de la funcionaria, refiere los siguientes: a. La Superioridad Nacional fue alertada por la directora regional de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins de graves irregularidades atribuibles a la persona de la recurrente doña nombre reservado. b. Se ha tenido en cuenta que la funcionaria nombre reservado, en su historial funcionario ha sido objeto de 3 Sumarios Administrativos: 1) Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM003, de 10 de julio de 2013, de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, por falsificación de la firma del joven nombre reservado, el cual fue sobreseído por Resolución Exenta N° NUM004, de 29 de octubre de 2015, de la instancia regional; 2) Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM005, de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, en que habría promovido la sanción al joven nombre reservado y su traslado, en base a la declaración que tomó a otro joven (nombre reservado), aprovechándose de su analfabetismo para hacerlo firmar una declaración inculpando al joven nombre reservado de un delito de agresión sexual, sin ser la intención del joven nombre reservado firmar tal declaración. Dicho hecho motivó una denuncia por parte del Centro a la Fiscalía Local de Graneros (N° NUM006, de 5 de diciembre de 2016, y debió informarse en la causa penal en contra del joven nombre reservado al Tribunal de Ejecución, mediante Oficio N° NUM007, de 5 de diciembre de 2016, de la Directora del Centro de la época. No obstante ello, el proceso fue sobreseído por Resolución Exenta N° NUM008, de 28 de marzo de 2019, de la instancia regional, por cuanto existió en la causa una resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que estableció que la funcionaria nombre reservado no era imputable; 3) sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N° NUM009, de 1 de agosto de 2022, de la Dirección Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins, en que se da cuenta de tres hechos. En primer término, la funcionaria habría propinado un golpe con su pierna a los glúteos del joven nombre reservado (una patada), el 28 de julio de 2022, a las 16:50 horas, por el cual hubo denuncia. En segundo lugar, constan circunstancias de eventuales maltratos de parte de la funcionaria nombre reservado hacia la alumna en práctica nombre reservado, el 29 de julio de 2022, y en tercer lugar, se da cuenta que el 1 de agosto de 2022, por Carta del Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil, se da cuenta de un comportamiento altanero, irrespetuoso, e inadecuado de parte de la funcionaria nombre reservado, al ser informada de que la Profesional de la Dirección Regional nombre reservado apoyaría las labores del Centro, comportamiento que es además reiterado.

Relata que, bajo estos antecedentes de carácter histórico de la recurrente, y teniendo en cuenta de que en 2025 se suman otros nuevos, su permanencia en el Servicio se hizo insostenible, y el deber de cuidado y protección que recae en este Servicio, tanto respecto de sus sujetos de atención, como respecto de sus propios funcionarios, hizo necesario su desvinculación inmediata, sin perjuicio de la suerte de los procesos disciplinarios pendientes. c. Antecedentes de la Denuncia de 4 de marzo de 2025, del Director (S) del CIP CRC Graneros, en favor de los jóvenes nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado, la que da cuenta que durante la mañana del día lunes 3 de marzo los jóvenes nombre reservado; nombre reservado; y nombre reservado sostienen entrevista con Terapeuta Ocupacional nombre reservado, a quien le relatan haber vivido situación durante jornada de taller de Cocina, efectuado el día jueves 27 de febrero, en la que habrían recibido insultos graves y malos tratos verbales por parte de la funcionaria nombre reservado, en el cual se vería involucrado también el joven nombre reservado

Los jóvenes nombre reservado у nombre reservado, al momento de ser entrevistados por la funcionaria nombre reservado, quien les brinda apoyo al área técnica en el proceso de Comité Disciplinario, relatan en su declaración los mismos hechos, en que la funcionaria los insulta gravemente. Asimismo, el Coordinador Formativo(S) nombre reservado, informa por correo electrónico los hechos mencionados en la denuncia.

Hace presente que, en atención a la sensibilidad de los antecedentes, ha juzgado prudente no transcribir los epítetos proferidos por la actora a los sujetos de atención, por lo que solicita remitirse a los antecedentes acompañados, solicitándose la custodia de los mismos. d. Antecedentes de la Denuncia de 26 de febrero de 2025, del Asistente Social del CIP CRC Graneros, nombre reservado, en favor del joven nombre reservado, dando cuenta que la denunciada nombre reservado, mantiene registros de atención en su calidad de funcionaria Encargada de Caso, presumiblemente con falsificación de firmas de adolescentes. Consultado el joven nombre reservado, sobre algunos registros, este indica que la firma estampada no corresponde a la suya, lo que constituye en un acto de vulneración, dado que es parte de procesos confidenciales y trasparentes, que difieren al Principio de Probidad Administrativa. e. Memo Interno N° NUM010, de 7 de febrero de 2024, de la Jefa Técnica del CIP CRC Graneros, dirigido al Director del Centro, nombre reservado, que diversas irregularidades, entre ellas la existencia de firmas de jóvenes que han sido falsificadas. En este documento, fechado erróneamente el 7 de febrero de 2024, ya que debiera decir de 2025, la Jefa Técnica da cuenta al Director Regional de que, revisados los expedientes de jóvenes, se aprecian falsificaciones de firmas, entre otras irregularidades. f. Correo electrónico de la Directora (S) del PAI MP ACJ Graneros, dirigido a la Jefa Técnica Nilda Pérez, dando cuenta de su preocupación sobre el estado del joven nombre reservado, entre lo cual se menciona que la relación del joven con la PEC nombre reservado ha sido difícil, ya que esta lo estaría hostigando constantemente, incluso sugiriendo que, si sus compañeros se enteran de ciertas acusaciones, su seguridad podría verse comprometida dentro del Centro.

Indica que, la Autoridad Administrativa tiene la potestad de disponer de la contrata de la recurrente, por los hechos que ha expuesto en la resolución de cese anticipado, ya que estos son de tal gravedad que hacen incompatible la presencia de la recurrente en el Servicio, y que a la vez SENAME pueda cumplir sus finalidades protectoras.

Se hace cargo de cada una de las alegaciones de la recurrente, señalando primero respecto a la vulneración del principio de confianza legitima, que ha fundado su determinación de poner término anticipado a la contratación de doña nombre reservado, haciéndole saber pormenorizadamente los motivos de tal decisión, todos los cuales develan circunstancias presentes que constituyen vulneración de derechos, que afectan no solo al sujeto de atención, sino que a funcionarios públicos que diariamente debieron interactuar con la actora. Por tanto, el Jefe Superior de Servicio no pierde en caso alguno su potestad para disponer de la contrata del servidor involucrado, sin importar su jerarquía, situación personal y trayectoria que tenga. Si los hechos son de tal gravedad que comprometen el actuar del Servicio, su misión protectora, la seguridad del sujeto de atención, la integridad física y psíquica de los funcionarios públicos, el Jefe Superior de Servicio puede y debe arbitrar las medidas que sean pertinentes, para separar al funcionario infractor de sus funciones, aun cuando existan sumarios en curso, y aun cuando cuente con confianza legítima, disponiendo el cese anticipado de su contrata, para lo cual debe examinar y ponderar los antecedentes del caso, y exponerlos detalladamente en la resolución de cese.

En cuanto a la alegación que la resolución se ha fundado en una grave infracción a las normas constitucionales que consagran el Debido Proceso, y la Igualdad ante la Ley, indica que, las conductas de la recurrente que motivan una investigación sumarial, y otros diversos por los cuales la funcionaria no necesariamente es investigada, o lo fue, sin ser sancionada, se decida que ella no reviste la idoneidad necesaria para prestar continuar prestando servicios en la Institución empleadora, lo que motiva a desistir de la relación estatutaria.

Añade que, en ambos procesos, es decir, el sumarial, y aquel que deriva en la revocación de la contrata, existen instancias en que un ex funcionario puede ser oído. Lo será en el proceso disciplinario en su declaración ante el fiscal designado, en la formulación de descargos (si es que se le formulan cargos), oportunidad en la cual podrá incluso pedir prueba, y en la eventual etapa recursiva, de resultar sancionado. Será también oído ante el término anticipado de su contratación, mediante la posibilidad de recurrir en contra de la decisión de la Autoridad.

En el caso particular la recurrente efectuó la solicitud de reposición correspondiente a la Dirección Nacional, para impugnar su decisión en orden a haberla cesado en su cargo, y la Autoridad tiene la obligación de examinar su medio de impugnación y entregar una decisión al respecto. Esta decisión se contuvo fundadamente en la Resolución Exenta N° NUM011, de 7 de mayo de 2025, del SENAME, y será revisada por la Cartera de Justicia y Derechos Humanos. Ello no es otra cosa que la manifestación del Derecho al Debido Proceso.

En tercer lugar, la recurrente aduce que la resolución impugnada vulnera el Principio de Cosa Juzgada Administrativa, ante lo cual señala que todos estos hechos son actuales, de tal manera que los antecedentes de sumarios anteriores han sido también considerados por esta Autoridad, no como vía de sanción, sino como antecedente que refuerza la decisión actual, la que se asienta en hechos del presente y que acreditan que la ex funcionaria no revestía las calificaciones necesarias para ser funcionaria de este Servicio.

Como último argumento, la recurrente afirma que, los demás fundamentos de la resolución son denuncias o comunicaciones de reciente data (febrero y marzo del año 2025), las cuales darían cuenta de un posible sumario en curso, y que tratándose de hechos no suficientemente acreditados no podrían servir de fundamento a la resolución recurrida, además de que no se le ha dado la posibilidad de desvirtuar las imputaciones, y menos la posibilidad de rendir prueba al respecto о conocer el contenido íntegro del eventual sumario o investigación en curso, sobre este punto, menciona que no es óbice para cesar a la ex funcionaria, el que esta Superioridad haya incoado uno o más sumarios en su contra, o que estos estén pendientes. En efecto, un funcionario puede ser sumariado y cesado por no ser necesarios sus servicios, o incluso renunciar, y ello no impide la conclusión del proceso disciplinario y la imposición de la sanción que el caso amerite. De hecho, la sanción (si alguna hubiera) puede ser aplicada aun cuando este funcionario ya no preste servicios en un órgano público perteneciente a la Administración del Estado, o los preste en uno diverso. Es decir, la tramitación y sustanciación de la acción disciplinaria ha seguido su curso.

Enfatiza que el Servicio debió hacer primar el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, reconocido y consagrado en la Ley N° 21.430, рor sobre el derecho de la funcionaria a permanecer en su cargo, lo anterior, en razón del mandato legal que pesa sobre el Estado Chileno de garantizar la protección del Interés Superior de Niños Niñas y Adolescentes. En otras palabras, enfrentados el Principio de Confianza Legítima con el Principio del Interés Superior del Niño, el cual se traduce en el Interés Superior del Adolescente y/o Jóvenes en la Ley N° 20.084, el primero debe ceder ante el segundo.

Finalmente enfatiza que tampoco se han conculcado las garantías constitucionales referidas por la actora, puesto que, el término anticipado de la contrata de la recurrente, se ha ajustado a las normas establecidas en el Estatuto Administrativo que rigen esta clase de vinculación entre el funcionario y la Administración y cumplió con las exigencias de motivación del acto administrativo, en los términos de los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, cuestión que determina su legalidad, ajustándose a los lineamientos entregados por la Contraloría y la Excma. Corte Suprema, en orden a motivarse en razones de carácter objetivo que en el caso concreto del recurrente dicen relación con hechos y aptitudes que ponen en riesgo los derechos de niños niñas y adolescentes objeto de resguardo del Servicio Nacional de Menores, derechos que se encuentra reconocido por Chile a través de los diferentes tratados internacionales firmados y ratificados, como por la Ley 21.430 que fijo los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Por lo anterior y, en cumplimiento del artículo 51 de la citada ley, estimó que el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente debe primar por sobre el principio de Confianza Legitima de la recurrente, o de su estabilidad en el empleo.

Precisa que la decisión adoptada no responde a una sanción administrativa, ni a un juzgamiento anticipado de la conducta de la ex funcionaria nombre reservado, sino que más bien, esta corresponde a una decisión de buen servicio, en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley Orgánica del SENAME, en el artículo 51 de la Ley 21.430, у en la demás normativa protectora, en relación a los artículos 18 inciso segundo en concordancia con el artículo 53 inciso cuarto del D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo por lo que no ha existido vulneración al precepto constitucional incoado.

Agrega que no es la intención del servicio lesionar la honra de la actora.

No obstante ello, el cese de la ex servidora se ha debido a graves infracciones a sus deberes funcionarios, que debió observar, tanto con respecto a los demás servidores públicos, como a los adolescentes y jóvenes que reciben atención en el SENAME.

En lo referido al derecho de propiedad, expone que, no existe derecho de propiedad sobre un cargo público. Lo cierto es que la relación entre el funcionario público y su cargo no es una relación de dominio, en la cual el titular tenga derecho a usar, gozar y disponer a su arbitrio. En ese sentido, destaca jurisprudencia de la Corte Suprema que dispone que los funcionarios públicos no son dueños de sus cargos en términos absolutos, y pueden evidentemente ser cesados en los mismos concurriendo alguna de las razones que la ley prevé, entre las cuales se encuentra naturalmente la causal de termino anticipado de la contrata.

Al respecto, menciona que el cese de la contratación de doña nombre reservado, constituyó el ejercicio de una facultad de la cual se encuentra premunida la Autoridad Administrativa y es concordante a la naturaleza transitoria, sujeta a plazo determinado de esta modalidad de contratación y "mientras sean necesarios sus servicios", cláusula que no ha perdido aplicación, si bien la jurisprudencia ha exigido que se utilice en una resolución debidamente fundada, lo cual ha ocurrido en el caso en análisis.

TERCERO: Que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que, mediante la Resolución Exenta N°NUM001, de fecha 14 de abril de 2025, de la Dirección Nacional de Sename, se dispuso el termino anticipado de la contrata a la recurrente, seguido a lo anterior la ex funcionaria interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio respecto a la mentada resolución, el cual fue rechazado por el Servicio Nacional de Menores y se remitieron los antecedentes a esta repartición para conocimiento del recurso jerárquico subsidiario, encontrándose el acto administrativo que resuelve dicho recurso en etapa de elaboración, tras análisis y revisión de los antecedentes. Lo anterior, sin perjuicio que se encuentran en curso las medidas necesarias para agilizar la conclusión del recurso suscitado por el recurrente.

A su turno, la Contraloría General de la República, informa al tenor del recurso, y señala que el 28 de abril de 2025, doña nombre reservado, presentó un requerimiento ante dicha Entidad de Control, por medio de la cual reclamaba en contra de la resolución exenta RA N°NUM001, de 14 de abril de 2025, del referido servicio, que dispuso su término anticipado a la designación a contrata, a contar de la total tramitación de aquel acto administrativo.

Al respecto, resolviendo, de conformidad a lo concluido en el dictamen N° NUM012, de 2024, de esta procedencia, que los reclamos sobre confianza legítima, como lo alegado por la peticionaria, han devenido en litigiosos, por lo que procedía abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 10.336.

CUARTO: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

QUINTO: Que como cuestión previa no se encuentra discutido que la recurrente dedujo recurso de reconsideración en contra de la resolución que motiva el recurso, esto es Resolución Exenta RA N°NUM001 de fecha 14 de abril del año 2025, el que fue rechazado por el Servicio Nacional de Menores.

A su vez, contra esta última decisión la actora interpuso recurso jerárquico, el que, de acuerdo por lo informado por el Ministerio de Justicia, se encuentra aún pendiente.

En consecuencia, encontrándose aun en tramitación, los efectos de la resolución que ha sido objeto del presente recurso de protección, no existe un acto administrativo terminal que haga factible la interposición de esta acción constitucional, de lo que se deriva que no hay un acto ilegal o arbitrario que origine la eventual infracción de las garantías fundamentales a que alude la recurrente, razón suficiente para desestimar este arbitrio.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Menores.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10637-2025.

En Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.