nombre reservado con CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL NUNOA

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de junio de dos mil veinticuatro.

Al escrito de folio 34 y 36 se provee: estése al mérito de lo que se resuelve.

Al escrito de folio 35: a lo principal, al primer y segundo otrosíes, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Oscar Gonzalo Espinoza Sandoval, quien deduce acción de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, médico, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, por el acto ilegal y arbitrario consistente en renovar parcialmente por solo seis meses del año 2024 su contrato a plazo fijo, acto notificado el 19 de enero de 2024, y no por la anualidad como había ocurrido en los tres años anteriores, lo que vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, libertad de trabajo y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, la recurrente ingresó a trabajar el 03 de agosto de 2020 como médico cirujano al Centro de Urgencia de Ñuñoa, dependiente de la Corporación Municipal de Ñuñoa y a su vez de la Municipalidad de Ñuñoa. Su jornada de trabajo correspondía a 44 horas semanales y su remuneración mensual ascendía a $2.796.538.- bruto. Esta primera contratación fue por la emergencia sanitaria provocada por el COVID y con fecha de término el 31 de diciembre, conforme al régimen de Código del Trabajo.

Explica que el 13 de enero de 2021 la recurrente firmó contrato de plazo fijo en el cargo de médico cirujano en el Cesfam nombre reservado, en categoría A de la ley 19.378 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, hasta el 31 de diciembre de 2021, con jornada de 44 horas.

Indica que, el 13 de enero de 2022 se renovó su contrato de plazo fijo, hasta el 31 de marzo de 2022, y el 11 de abril de 2022, se firmó por las partes un anexo al contrato de trabajo vigente, con renovación hasta el 31 de diciembre de 2022, por 33 horas semanales, con sueldo de $1.575.688.-, y además, se firmó en anexo al contrato de trabajo vigente, aumentó a 44 horas semanales, siendo estas 11 horas adicionales pagadas con renta de $525.229.-, con motivo de reemplazo por permiso sin goce de sueldo del médico nombre reservado, lo que rigió hasta el 30 de junio de 2022. Agrega que, el 1 de julio las partes firmaron un anexo al contrato de trabajo vigente, el cual aumentó de 33 a 44 horas semanales, percibiendo por estas 11 horas adicionales hasta el 31 de diciembre de 2022.

Complementa que el 1 de enero de 2023 se volvió a renovar su contrato de plazo fijo de manera anual, en categoría A de la Ley N°19.378 del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, hasta el 31 de diciembre, con jornada de trabajo de 44 horas semanales, divididas en 22 horas con cargo al Programa FENAPS del doctor nombre reservado, correspondiente a la beca de especialidad del profesional, y 22 horas con cargo a per cápita, con remuneración mensual bruta de $2.611.030.-.

Remarca que, en el año 2024, le fue comunicada a través de correo electrónico el día 19 de enero de 2024, que la renovación de su contrato a plazo fijo no era anual, sino parcial de solo por seis meses, hasta el 30 de junio, con renta remuneración mensual bruta de $2.729.823.- Refiere que, si bien su contratación ha sido ininterrumpida y con continuidad laboral, la recurrente manifestó en reiteradas oportunidades su inquietud sobre los cambios constantes de su contrato de trabajo. Dicha inquietud fue elevada a la Corporación, respondiéndole legalmente que no tenían obligación de mantener las condiciones del contrato anterior. Incluso le hizo llegar a la actual directora nombre reservado sus planeamientos, indicándosele que se evaluaría su situación.

Menciona que, en el mes de octubre de 2023 recibió su precalificación con puntaje máximo, sin embargo su calificación anual fue de 92,9 puntos, en cuanto se le había bajado nota en las competencias de eficacia, de lo que no había recibido retroalimentación de estas observaciones durante el periodo calificable, presentando apelación para ante la Alcadesa, la que fue modificada al puntaje de 95,5, manteniéndose en Lista 1.

Relata que la Directora nombre reservado, el 30 de enero de 2024, al reunirse por motivo de su informe de evaluación reclamado, le afirmó que la recurrente no tenía “tolerancia a la frustración” y consultándole si es que se considera un 100 por ciento en todo. Desconociendo la actora las conclusiones contenidas en la “ficha de renovación parcial plazo fijo 2024”;

Sostiene que, el acto administrativo de renovación parcial es ilegal, pues no se menciona en el documento la calificación de desempeño obtenida por la trabajadora, que es en lo que debería fundarse la renovación o no de un contrato de trabajo regido por el estatuto administrativo de funcionarios municipales, y es arbitrario, pues las razones esgrimidas son del todo subjetivas, fruto de la apreciación personal de la nueva directora del establecimiento, y no el resultado del proceso calificatorio.

Reclama vicios de notificación y comunicación del acto administrativo, que sustentan la invalidación de la renovación de contrato de trabajo regido por la Ley N°19.378, siendo la irregularidad la notificación por correo electrónico y no efectuado dentro de plazo, no obstante que el artículo 45 de la Ley N° 19.880 precisa que deben ser notificados los interesados conteniendo su texto íntegro del acto administrativo, lo que no se cumplió en este caso, y solo se le entrega una ficha de renovación parcial de su contrato el 25 de enero de 2024, la solo contiene una enunciación de razones esgrimidas por la directora del Cesfam nombre reservado.

Asevera que, la circunstancia de haber permanecido en el cargo a contrata por más de dos años, generó respecto a la recurrente la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, razón por la cual, la relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que en este caso no concurren.

Luego, menciona que aquello se encuentra en plena concordancia con el “Nuevo Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas” de la Contraloría General de la República, Nº E156769/2021 de 17 de noviembre de 2021”, que exige que el acto administrativo que determine la no renovación de una contrata, o su renovación en condiciones distintas, contenga el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta; y si la razón que se pretende invocar para no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima -o para disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata-, es una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño para el cargo, lo que corresponde es efectuar dicha evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin, esto es, la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista correspondiente y, si procediere conforme a lo anotado, disponer su cese, con la consecuente inhabilidad temporal de reingreso, no siendo procedente invocar una mala evaluación del desempeño, particular, especial o ad hoc, para fundar una no renovación de una contrata o para disponer su término anticipado, lo que, a mayor abundamiento, no aplica en la especie, desde que la recurrente siempre ha estado calificada dentro de la lista 1 de distinción, incluso con anotaciones de mérito y felicitaciones de usuarias.

Aclara que, si la razón que se pretende invocar para no renovar una contrata respecto de quien goza de confianza legítima -o para disponer el término anticipado de quien se desempeña a contrata-, es una deficiente evaluación de sus aptitudes o desempeño para el cargo, lo que corresponde es efectuar dicha evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin, esto es, la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista correspondiente y, si procediere conforme a lo anotado, disponer su cese, con la consecuente inhabilidad temporal de reingreso.

Alega la falta de motivación en los actos administrativos, de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, al advertir una contradicción evidente entre lo invocado en la ficha de renovación parcial y las calificaciones de 2022 y 2023 de la recurrente, que permaneció los referidos años en la lista N°1 de distinción, pues los puntos a “mejorar” no aparecen en la evaluación de las calificaciones. A su vez, plantea que el acto contraviene el texto expreso del artículo 2° inciso tercero de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, que exige que las renovaciones inferiores a un año, sean dispuestas con a lo menos 30 días de anticipación, considerando que al 31 de diciembre de 2023, fecha de término de su contrata anterior, aún no se le había informado de su prórroga; y de acuerdo con la doctrina administrativa de la Inspección del Trabajo, si un funcionario continua prestando servicios después del vencimiento del plazo, debe entenderse que se ha renovado su contrato por otro periodo igual o inferior a un año calendario.

Solicita que, se acoja el presente recurso y se ordene dejar sin efecto el acto administrativo de renovación parcial de su contrato de trabajo por seis meses del año 2024, y aquellas relacionadas, y se le ordene emitir un acto administrativo conforme a derecho.

SEGUNDO: Que, evacua informe la abogada Valentina Lillo Espinosa, en representación de la recurrida Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, y pide el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Sostiene, en primer lugar, que su representada es una corporación de derecho privado que, a pesar de cumplir una función pública, pues administra los servicios de educación y salud de la comuna, no es un órgano de la administración del Estado.

Refiere que, mediante Ordinario N° 124 de 24 de enero de 2023 de la Dirección del Trabajo, se indicó que es esta última institución la que tiene la facultad de fiscalizar la aplicación de las normas de carácter laboral entre las corporaciones municipales y sus trabajadores; y en relación al principio de la confianza legítima, el mismo dictamen citado, estableció que la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría General de la República sobre confianza legítima no resulta aplicable a los trabajadores de corporaciones municipales, aun cuando se rijan por la ley N° 19.378, ya que no revisten la calidad de funcionarios públicos, motivo por el cual la confianza legítima esgrimida por la recurrente, no le resulta aplicable.

Agrega que, aún en el caso de aplicar dicho principio en la especie, la Dirección del Trabajo en Ordinario N° 2391, de 24 de mayo de 2018, y a propósito de la celebración de contratos de plazo fijo y sus renovaciones en el sistema de salud municipal, ha expresado que “… las posteriores renovaciones no alteran la naturaleza jurídica de contrato a plazo fijo, ello porque en el sistema de salud municipal está abierta la posibilidad de renovar dicho contrato a su vencimiento tantas veces como se estime necesario por la entidad administradora, circunstancia que no tiene la virtud de transformar la contratación en indefinida, porque para la ley N° 19.378 dicha renovación no altera su condición de contrato a plazo fijo”.

De esta manera, es el propio órgano a cargo de la interpretación de la ley laboral quien reconoce la potestad de la Corporación de renovar dichos contratos cuantas veces sea necesario sin que cambie la naturaleza de los mismos. Por lo tanto, no puede el trabajador apelar a la falta de fundamentación en dichas renovaciones, porque siempre se tratara de una potestad del empleador.

Afirmas que, no se ha incurrido en ninguna arbitrariedad, toda vez que la renovación parcial corresponde a una facultad del empleador, en el entendido de que la trabajadora está sujeta a un contrato a plazo fijo. Por su parte, para efectos de que sea aplicable el principio de confianza legítima, el trabajador debe haberse desempeñado por, a lo menos, un periodo de cinco años, tal como ha señalado la Corte Suprema.

Argumenta que la acción de protección ejercida en autos no es la vía idónea para conocer del asunto, ya que no existen derechos indubitados, desde que la actora cuestiona la validez de la renovación parcial de su contrato, bajo el fundamento de que se habrían omitido requisitos, pero lo cierto es que a la trabajadora se le comunicó dicha situación, señalándole los fundamentos de la misma, en el ejercicio de la facultad propia del empleador; y si estimaba que el acto era arbitrario, debió recurrir a la Dirección del Trabajo, o bien, a la Contraloría General de la República; y en caso de provocar la intervención jurisdiccional, debió hacerlo mediante el proceso declarativo correspondiente.

Concluye que la decisión de renovar parcialmente el contrato, se encuentra fundamentada, toda vez que en la ficha de renovación parcial 2024, se establecen las razones. En ese sentido, dicho documento establece los motivos que se tuvieron a la vista para realizar la renovación parcial, los que corresponden a los siguientes: iniciativa, trabajo en equipo, tolerancia de frustración, trabajo comunitario y aplicación del Modelo de Salud Familiar.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es decir, se trata de una acción cautelar destinada a proteger a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

Luego, es requisito indispensable para que esa acción de protección pueda prosperar, el que se haya dirigido en contra de quienes han incurrido en el acto arbitrario o ilegal cuyos efectos se trata de enervar mediante la solicitud de protección.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes, se desprenden los siguientes hechos:

1.- Con fecha 3 de agosto de 2020, se suscribió contrato de trabajo, regido por el Código del Trabajo, entre nombre reservado y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, por la emergencia sanitaria, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020.

2.- Con fecha 13 de enero de 2021, se suscribió contrato de trabajo a plazo fijo hasta el 31 de diciembre de 2021.

3.- El 13 de enero de 2022, se renovó el contrato de trabajo a plazo fijo, estableciéndose como fecha de término el 31 de diciembre de 2022.

4.- El 1 de enero de 2023, se volvió a renovar el contrato de trabajo a plazo fijo, con fecha de término el 31 de diciembre de 2023.

5.- Con fecha 1 de enero de 2024, se renovó el contrato de trabajo a plazo fijo, estableciéndose como fecha de término el 30 de junio de 2024.

QUINTO: Que, una vez zanjado lo anterior, resulta relevante tener en consideración que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley N° 19.378, al efecto, el Estatuto de la Atencion Primaria de Salud Municipal, se consideran funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario.

Al efecto, no ha existido controversia en autos en orden a que los contratos suscritos con la actora lo fueron bajo el amparo de la normativa antes citada.

SEXTO: Que, en el mismo sentido, cobra relevancia lo estipulado en el artículo 48 del mismo cuerpo normativo, al reglar el término de la relación laboral de los funcionarios de una dotación municipal de salud, en su literal c) expresamente dispone que dicho vínculo culmina con el vencimiento del plazo del contrato.

Vale decir, tal disposición no contempla la obligación de renovar tal convención una vez expirado el plazo de su vigencia por el mismo término previamente pactado, debiendo descartarse las protestas formuladas por la parte actora en tal sentido, en cuanto de la revisión del Estatuto de la Atencion Primaria de Salud Municipal no se avizora la existencia de norma alguna que imponga tal obligación.

SEXTO: Que, en ese entendido, y teniendo en consideración que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa no se apartó de la legalidad en su proceder, en cuanto se limitó a hacer aplicación de los preceptos legales que reglan la materia en cuestión, no resulta posible concluir que el acto impugnado se haya dictado en contravención al ordenamiento jurídico como lo pretende la protegida, circunstancia que conduce necesariamente al rechazo de dicha protesta.

SÉPTIMO: Que, también debe descartarse la arbitrariedad denunciada por la parte recurrente, en cuanto la decisión de la Corporación recurrida, al fundarse en criterios de evaluación objetivos, no puede catalogarse de antojadiza o carente de fundamentos OCTAVO: Que, por lo antes razonado, al no haberse verificado la existencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad denunciada por la parte actora, y considerando además que lo pretendido mediante la interposición de su arbitrio -dejar sin efecto el acto administrativo de renovación parcial de su contrato de trabajo por seis meses del año 2024, de fecha 1 de enero de 2024, notificado el 19 de enero de 2024 (…) y se le ordene emitir un acto administrativo conforme a derecho (Sic)- excede por mucho los márgenes de la presente acción cautelar, esta será desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.

Acordado lo anterior, contra el voto de la Ministra señora González Troncoso, quien estuvo por acoger el recurso de que se trata y, en consecuencia, por dejar sin efecto el acto cuestionado y disponer que la recurrida proceda a reincorporar a la recurrente, en las mismas condiciones en que venían prestando sus servicios, esto es hasta el 31 de diciembre de 2024, teniendo para ello presente:

1°.- Que la Ley N° 19.378, que contiene el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, dispone, en su artículo 14 dispone: “El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario”. Y si bien dicha normativa permite al Municipio la contratación a plazo fijo por un período igual o inferior al año calendario, es manifiesto que estas normas deben interpretarse en armonía con las normas laborales que regulan esta materia, puesto que la especialización de dicha área del derecho permite resguardar el principio protector del trabajador que es el eje del sentido interpretativo de dichas disposiciones.

Así, consta de autos que la recurrente registra un primer contrato de trabajo de fecha 3 de agosto de 2020, en calidad de médico, siendo renovado en enero de 2021 y luego el 1 de enero, 1 de abril de 2022, el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024, este último por el plazo de 6 meses, a diferencias de los dos anteriores en que el plazo se extendió hasta el 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2023, respectivamente.

2°.- Que a lo anterior se agrega que aun cuando la normativa especial contempla también como forma de término de la relación estatutaria, el vencimiento del plazo del contrato, es dable señalar que el numeral 4 del artículo 159 del Código del Trabajo señala: “El contrato de trabajo terminará en los siguientes casos: 4. Vencimiento del plazo convenido en el contrato. La duración del contrato de plazo fijo no podrá exceder de un año” y agrega “El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después de expirado el plazo, lo transforma en contrato de duración indefinida. Igual efecto producirá la segunda renovación de un contrato de plazo fijo”.

3°.- : Que en el caso de la especie, conforme los antecedentes que se han tenido a la vista, la contratación de la recurrente ha superado, en su extensión cronológica, el plazo máximo contemplado en el inciso segundo del artículo 14 antes citado y lo ha sido por la voluntad de la recurrida al renovar sus contratos a plazo fijo, desde agosto de 2020 en adelante, lo que torna en arbitrario el acto cuestionado, por cuanto sin justificación alguna, limita el plazo a 6 meses, sobre todo cuando ninguna observación negativa se advierte en el último proceso de calificación.

En esta línea de razonamiento, siendo un hecho pacífico que el contrato a plazo fijo de la parte recurrente fue renovado en más de dos ocasiones, dicha circunstancia debe ser considerada al tiempo de emitir el último acto, razón por la cual, en opinión de la disidente, la renovación para este año debe ser igualmente hasta el 31 de diciembre de 2024, sin que sea dable transformarlo en indefinido en atención a la naturaleza de los servicios y por no darse las exigencias formales para ello, en este caso.

Por consiguiente, la decisión anticipada del término del contrato de trabajo de la recurrente, en opinión de la disidente, vulnera la igualdad ante la ley garantizado en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°1063-2024.