nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, tres de febrero de dos mil veinte.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, chileno, abogado, soltero, cédula de identidad N° RUT reservado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, chileno, casado, ingeniero en ejecución, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, RUT N° RUT reservado, cuyo representante legal es su Gerente General don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la acción ilegal y arbitraria consistente en el descuento de parte de su remuneración sin causa legal justificada.

Seña que el recurrente es trabajador de la empresa Operadora de Tarjetas Líder Servicios Financieros S.A., y que mediante correo electrónico de 22 de agosto de 2019, la Jefa del Servicio de Personas le informó que la recurrida había ordenado descontar el monto de $566.817.- de su remuneración mensual, por concepto de un crédito de consumo, a partir del mes siguiente.

Refiere que el actor suscribió con la recurrida con fecha 7 de mayo de 2009, un crédito por la suma de $4.676.748.-, cuya última cuota vencía el 30 de mayo de 2013, no obstante que dejó de pagar aquella que vencía el 30 de septiembre de 2012, por razones personales y laborales.

Indica que el descuento en comento no ha sido informado de manera alguna y además correspondería a una deuda prescrita, sin que se le haya notificado nunca de alguna acción judicial tendiente a su cobro, lo que evidencia que la recurrida pretende por la vía de este descuento ilegal, arbitrario y tardío, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, estima afectadas aquellas consagradas en el artículo 19 N° 3 (sic), 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Previas citas jurisprudenciales, solicita en definitiva se ordene a la recurrida abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere la recurrente en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de sus remuneraciones, con costas.

Segundo: Que evacuando su informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita el rechazo del presente recurso.

Indica que se otorgó al recurrente, en su calidad de afiliado a La Araucana C.C.A.F., el 7 de mayo de 2009, el crédito social folio N° 002-001968603, por la suma total de $17.959.257 pesos, pactado en 48 cuotas mensuales de $566.817 pesos, a descontar mediante sus remuneraciones por parte de su empleador Banco Falabella, crédito respecto del que se pagaron 39 cuotas de las 48 pactadas, siendo el último pago el correspondiente al mes de enero de 2013 y quedando pendiente 9 cuotas por la suma total de $5.101.353.- Refiere que no existe registro de haber concurrido el recurrente a regularizar su deuda, existiendo mecanismos establecidos por la Superintendencia de Seguridad Social, para efecto de reprogramar o renegociar la deuda en que incluso se faculta para condonar intereses atendida la situación económica del afiliado.

Razona en torno al carácter social de los créditos otorgados por las Cajas de Compensación, a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social y al mecanismo de cobro del artículo 22 de la Ley N° 18.833. Expone al efecto que el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, disponiendo el citado artículo 22: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. En consecuencia, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social.

Agrega que lo anterior está en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”, y con el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 17.322, que dispone: “Los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuentan de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones.”, aplicación de carácter obligatorio para los empleadores.

Asimismo, afirma que la facultad que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.”

Por lo demás, y previa cita del artículo 1546 del Código Civil, sostiene que al celebrarse un contrato del cual emanan obligaciones, la deuda existe y puede ser cobrada como en derecho corresponde a menos que haya prescrito el derecho de cobrarla, mediante la declaración de prescripción que es de exclusiva competencia de los tribunales de justicia, y sin que opere de pleno derecho como pretende el recurrente.

Tercero: Que como se advierte de lo relacionado, el acto impugnado consiste en el descuento que se pretendía efectuar desde la remuneración correspondiente al mes de septiembre de 2019 del recurrente, ante lo cual la institución recurrida ha sostenido que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo una modalidad legal de cobro en los términos originalmente pactados y dentro de los plazos legales, sin perjuicio de la normativa que invoca referida al carácter social del crédito otorgado al recurrente.

Cuarto: Que sobre el particular es menester señalar que el inciso tercero del artículo 16 de la Ley N° 19.539 dispone que las entidades pagadoras de pensiones deberán descontar de las pensiones de los pensionados afiliados a una Caja de Compensación, lo adeudado por éstos, por concepto de aporte, de crédito social, prestaciones adicionales o complementarias, y enterarlo en aquélla dentro de los diez primeros días del mes siguiente al de su descuento. Al respecto, regirán las mismas normas de pago y de cobro de las cotizaciones previsionales contempladas en la Ley Nº 17.322.

Conforme se colige de la lectura del precepto antes citado al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la pensión del afiliado se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 17.322, que indica que los empleadores, como asimismo sus representantes legales, mandatarios y trabajadores que, por cuenta de ellos descuenten de las remuneraciones de sus trabajadores cualquiera suma a título de cotizaciones, aportes o dividendos de las obligaciones de éstos a favor de las instituciones de seguridad social, estarán obligados a declarar y a enterar esos descuentos y sus propias imposiciones y aportes.

Quinto: Que, por consiguiente, al pretender descontarse desde la pensión del actor las cuotas impagas del crédito respecto del cual mantiene la calidad de deudor, estando la recurrida facultada para ello, en la especie no existe un acto arbitrario o ilegal que afecte las garantías constitucionales enunciadas en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Sexto: Que, finalmente, y en lo tocante a la supuesta prescripción de la acción de cobro esbozada por el recurrente en su libelo, es menester señalar que la presente vía cautelar de urgencia no es el mecanismo apropiado para discutir tales asuntos –propios de un pronunciamiento enmarcado en un juicio de lato conocimiento-, razones por las que la presente acción constitucional no puede prosperar en lo tocante a tal acápite, sin perjuicio de otros derechos que puedan asistir a la actora.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza la acción constitucional intentada en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, notifíquese y archívese si no fuere apelada.

N°Protección-106273-2019.