Protección contra Enel Distribución Chile S

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de Enel Distribución Chile S.A. y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por las acciones y omisiones que califica de ilegales y arbitrarias, consistentes en el cobro excesivo e injustificado en la facturación del suministro eléctrico de su domicilio, la falta de cumplimiento por parte de la empresa distribuidora de una orden expresa de la autoridad fiscalizadora, los cortes de suministro efectuados y la inacción sancionatoria de la entidad administrativa, lo que vulnera las garantías fundamentales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone en su inmueble habitan únicamente ella y su hijo menor de edad con discapacidad, registrando históricamente un consumo de energía eléctrica estable cuyos montos mensuales fluctuaban habitualmente entre los $40.000 y $65.000, sin superar jamás la suma de $70.000. No obstante, precisa que a contar del mes de marzo y hasta octubre del año 2024 comenzó a recibir facturaciones excesivas e injustificadas por parte de Enel las cuales alcanzaban cobros de entre $100.000 y $300.000 mensuales. Frente a las reclamaciones presentadas, en el mes de octubre de 2024 la propia empresa distribuidora reconoció que las cifras no correspondían al consumo real del hogar, informando la existencia de una falla en el medidor originada por filtraciones de agua en las conexiones subterráneas exteriores que provocaron la sulfatación del equipo. Agrega que, pese a haber admitido que la alteración en las mediciones obedecía a un problema de su exclusiva responsabilidad, la distribuidora omitió realizar la refacturación de los cobros errados, manteniendo las lecturas alteradas e incrementando la deuda adeudada con la aplicación de intereses y recargos adicionales sobre los períodos reclamados, llegando a efectuar la suspensión del suministro eléctrico en reiteradas oportunidades.

Señala que dedujo un primer reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles –Ingreso SEC N° NUM000–, el cual fue resuelto en su favor el 28 de enero de 2025 mediante el Oficio ORD. N° NUM001, tras verificarse que la empresa no aportó probatorios que justificaran las alzas, instruyéndosele coordinar una visita técnica, refacturar los cobros e inhibirse de realizar acciones de cobro o corte de suministro en un plazo de diez días. Sin embargo, la distribuidora hizo caso omiso de lo dispuesto por el organismo fiscalizador, omitiendo contactar a la usuaria o solucionar el problema, y procedió nuevamente a cortar el servicio eléctrico demandando el pago inmediato de la deuda bajo amenaza de no admitir posteriores reclamos, registrándose además anomalías como la facturación de montos elevados en noviembre de 2025 sin que se hubiese realizado lectura del medidor. Agrega que, aun cuando reingresó reclamos ante la SEC denunciando el abierto incumplimiento de la orden dictada, dicho organismo fiscalizador emitió un pronunciamiento de mero trámite calificando la presentación como duplicada, en tanto que una nueva reclamación ingresada el 4 de febrero de 2026 se mantiene sin resolver por más de dos meses, persistiendo la inacción de la autoridad regulatoria para verificar o sancionar el acatamiento de sus propias resoluciones.

Alega que la conducta de Enel importa una omisión continua y manifiestamente ilegal al desatender de manera contumaz una instrucción formal emanada de la autoridad administrativa, incurriendo en un ejercicio de autotutela ilegítima al imponer sanciones, recargos y cortes de servicio frente a cobros errados que no le son imputables a la usuaria. Por su parte, atribuye ilegalidad a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al abstenerse de ejercer las amplias potestades de fiscalización, control y sanción que le otorgan los numerales 4, 13, 16, 17, 22, 23, 29, 36 y 40 del artículo 3° de la Ley N°18.410, limitándose a dar respuestas meramente formales que convalidan el actuar abusivo de la concesionaria.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles resolver el fondo de los reclamos ejerciendo sus facultades legales fiscalizadoras y sancionatorias para verificar e instar al estricto cumplimiento de lo resuelto en el primer requerimiento. Por su parte, pide se ordene a Enel Distribución Chile S.A. dejar sin efecto todos los cobros basados en alzas injustificadas y mediciones defectuosas, así como los intereses, multas y recargos aplicados desde marzo de 2024 en adelante; refacturar el consumo de energía eléctrica en base al promedio de consumo previo a las alzas injustificadas; abstenerse de cortar el suministro eléctrico mientras no efectúe la refacturación requerida, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuó informe el abogado Cristian Muñoz Levill, en representación de Enel Distribución Chile S.A., solicitando el rechazo de la acción. Señala que, en cumplimiento de lo instruido por la SEC, se procedió al cambio de medidor en terreno, ya que el anterior presentaba un sobrerregistro. Añade que se instruyó a la usuaria verificar una supuesta instalación de paneles solares, la cual debía ser regularizada y desconectada de la red, y que el 27 de mayo de 2025 se rebajaron intereses. Sostiene que Enel no ha cometido ningún acto arbitrario o ilegal, que el conflicto planteado excede los márgenes de esta acción constitucional por tratarse de materias de lato conocimiento y que, por ende, no existen derechos indubitados que cautelar.

Tercero: Que, evacuó informe nombre reservado, jefa de la división jurídica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, detallando el procedimiento administrativo seguido a raíz de los reclamos de la usuaria. Confirma que, mediante Oficio Ordinario N° NUM001 de 28 de enero de 2025, se acogió parcialmente el reclamo, instruyendo a Enel verificar el medidor, refacturar si procedía, e inhibirse de efectuar cortes y cobros.

Agrega que, ante nuevos reclamos de la usuaria, la SEC dictó el Oficio Ordinario N° NUM002 de 24 de abril de 2025, instruyendo a la empresa distribuidora efectuar gestiones específicas, advirtiendo que las acciones de Enel no daban solución a la situación reclamada.

Añade que no se han pronunciado respecto del último reclamo ingresado por la recurrente dado que el asunto se encuentra judicializado. Argumenta que la Superintendencia ha actuado dentro del marco de su competencia, velando por el debido proceso y resolviendo conforme a la normativa, por lo que su actuar no reviste el carácter de ilegal o arbitrario, solicitando el rechazo del recurso a su respecto.

Finaliza señalando que, en relación con las facturaciones, no significa que no exista monto que pagar por parte de la recurrente, puesto que, en el periodo reclamado, sí existieron consumos, y que la refacturación ordenada solo abarca el periodo comprendido en el reclamo y no puede aplicarse por analogía a futuras facturaciones.

Cuarto: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad y procedencia de la acción cautelar la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, de los antecedentes allegados al proceso aparece que Enel realizó gestiones para dar cumplimiento con lo ordenado por la SEC, de modo que la determinación acerca de la procedencia del saldo actualmente cobrado exige establecer su origen, los consumos efectivamente registrados y los pagos realizados, se trata de materias que requieren un examen técnico y contable que excede la naturaleza cautelar y urgente de esta acción.

Sexto: Que, además, la recurrente ingresó en febrero de 2026 un nuevo reclamo ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, fundado en los mismos hechos planteados en estos autos, el cual se encuentra pendiente de resolución. Dicho organismo cuenta con las atribuciones legales y técnicas necesarias para examinar la regularidad de las lecturas, establecer los consumos efectivamente realizados, revisar la facturación y disponer, si correspondiere, las medidas de corrección pertinentes.

Por consiguiente, mientras aquella instancia especializada se encuentre en tramitación, no corresponde que por esta vía cautelar se determine la existencia y cuantía de la deuda, se practique una nueva liquidación de los consumos o se disponga la eliminación de facturas y saldos, pues ello importaría sustituir el procedimiento sectorial previsto por el ordenamiento jurídico y resolver una controversia técnica que requiere una etapa de conocimiento y prueba incompatible con la naturaleza desformalizada del recurso de protección.

Octavo: Que, en este sentido, se debe tener presente que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, es el organismo a quien le corresponde por ley la fiscalización, conocimiento y decisión de estas materias, esto es, reclamos que se formulen por particulares, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 N°17 de la Ley N°18.410, siendo así a dicha autoridad a quien le corresponde determinar la responsabilidad de la Empresa Distribuidora recurrida.

En esta misma línea argumentativa la Corte Suprema ha reconocido en la causa Rol 25.008-2018, que: “el artículo 3 Nº34 de la Ley Nº18.410, otorga a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles amplias facultades para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le corresponde vigilar, pudiendo impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización, como es el caso de CGE, sin perjuicio de la reclamación específica contemplada en el Nº17 del mencionado artículo 3º”.

Noveno: Que, por las razones anteriores no cabe más que rechazar el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de Enel Distribución Chile S.A. y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10622-2026.