Protección contra Fondo Nacional de Salud

C.A. de Santiago.

Santiago, ocho de octubre de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 64: a lo principal, estese al mérito de autos. Al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos:

Comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y del Centro de Salud Familiar (CESFAM) ubicado en domicilio reservado, de la comuna de Santiago, por haber incurrido en una serie de omisiones y actuaciones que han impedido que acceda a las prestaciones médicas y farmacológicas que requiere para el tratamiento de su depresión.

Conducta que considera ilegal y arbitraria, ya que se le ha negado la atención médica especializada y el tratamiento farmacológico que le corresponde por ley, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad psíquica e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en los numerales 1° y 2° del artículo 19, por lo que solicita se le otorguen las prestaciones médicas que la ley le garantiza.

Expone la recurrente que padece de "Depresión en persona mayor de 15 años", encontrándose afiliada a FONASA y siendo usuaria del CESFAM, entidad que la derivó al Hospital Félix Bulnes para recibir las prestaciones garantizadas por el GES, indicándole que debía estar atenta a un llamado telefónico para coordinar su atención.

Señala que, ante la falta de contacto por parte del Hospital, interpuso un reclamo ante FONASA el 10 de abril de 2024, recibiendo respuesta vía correo electrónico el 15 de abril, en la cual se le informaba que existía una “consulta exceptuada” por inasistencia, indicándosele a la vez que no existía derivación alguna desde el CESFAM. Al contactarse telefónicamente con FONASA para aclarar esta situación, se le informó que había sido contactada por el Hospital Félix Bulnes para una consulta a la cual no había acudido y, por tanto, dicha derivación habría quedado inválida, información que la actora califica de falsa, pues asevera que jamás recibió citación alguna.

Refiere que esta la falta de atención médica especializada y tratamiento farmacológico ha deteriorado significativamente su salud mental, manifestando crisis de pánico, angustia, irritabilidad, llanto excesivo, ideaciones suicidas y problemas para conciliar el sueño, afectando su entorno laboral y familiar. Esta situación la ha obligado a recurrir a atención médica particular para obtener recetas de medicamentos como Sertralina y Clonazepam, debiendo asumir costos que deberían estar cubiertos por el Estado.

Funda la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de los recurridos en la falsedad de la respuesta entregada por FONASA respecto de la supuesta “consulta exceptuada” y de la inexistencia de derivación desde el CESFAM, lo que ha resultado en la privación de las prestaciones médicas a las que tiene derecho.

En cuanto a la afectación de las garantías constitucionales, sostiene que se ha vulnerado su derecho a la integridad psíquica al privarla de la atención médica y tratamiento farmacológico necesario para su enfermedad, así como su derecho a la igualdad ante la ley al no recibir las mismas prestaciones que otras personas con su mismo diagnóstico.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a los recurridos realizar lo necesario para otorgarle de forma urgente las prestaciones médicas que la ley le garantiza, con expresa condenación en costas.

Por resolución de 25 de octubre de 2024, se ordenó tener presente en la vista de la causa la presentación de la recurrente donde señalaba que “… desde la fecha de interposición del presente Recurso de Protección, con fecha 24 de abril de 2024, solamente han brindado prestaciones de salud (sic), solamente a dos entrevistas psicológicas y a una con un psiquiatra, ya no me llama ni atiende nadie, la última visita con el psicólogo me la cambiaron y no pude asistir, lo mismo con la segunda visita con el psiquiatra, me han abandonado totalmente en la prestación que con el presente recurso se había logrado en un principio, pero lamentablemente, siguen vulnerando mis derechos ya mencionados, teniendo que interrumpir mi tratamiento farmacológico puesto que no me atienden, no me responden, se ha tornado bastante preocupante el agravio que están produciendo las recurridas.”. Por lo que solicita que se ordene a los recurridos que continúen con las prestaciones que ya había logrado con la interposición del presente recurso y se le otorguen las atenciones médicas necesarias para la protección de su derecho a la integridad psíquica.

Al informar, FONASA expone que el recurso debe ser rechazado por las siguientes consideraciones:

En primer término, señala que para analizar la pretensión de la recurrente, resulta necesario examinar los presupuestos que permiten la procedencia de un recurso de protección, los cuales deben cumplirse copulativamente: a) Una conducta, por acción u omisión, ilegal o arbitraria; b) La afectación del legítimo ejercicio de derechos garantizados constitucionalmente; c) La relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio; y d) La posibilidad del órgano jurisdiccional de adoptar medidas de protección adecuadas.

En cuanto a la supuesta ilegalidad sostiene que por mandato constitucional todos los recursos de que dispone un organismo del Estado son establecidos por ley, así como el destino para el que son asignados.

En el caso particular, las leyes que regulan la materia son el D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, la Ley N° 19.966 y la Ley N° 20.850, que organizan el sistema de salud. Agrega que el problema de salud en cuestión forma parte de las Garantías Explícitas en Salud contempladas en la Ley Nº 19.966.

Respecto a la arbitrariedad alegada, explica que la Ley N° 19.966 establece las Garantías Explícitas en Salud como un conjunto de beneficios garantizados por ley para las personas afiliadas a FONASA e ISAPRES. Estas garantías son elaboradas por el Ministerio de Salud y aprobadas por decreto supremo, siendo el Ministerio de Hacienda quien fija el marco de recursos disponibles. Enfatiza que las GES se determinan conforme a un procedimiento legalmente establecido que no es susceptible de modificación por parte de FONASA.

En relación a las garantías constitucionales invocadas, argumenta que respecto al artículo 19 N° 1 de la Constitución, tanto la doctrina como la jurisprudencia son contestes en que su protección se relaciona con actos positivos que amenacen directamente la vida, lo que no ocurre en la especie. Sobre el artículo 19 N° 2, indica que el recurrente no desarrolla de qué forma concreta se vulneraría este derecho fundamental.

Destaca FONASA que ha dado cumplimiento a la orden de no innovar concedida en estos autos el 29 de abril de 2024, gestionando con el Servicio de Salud Metropolitano Central y CESFAM Matta Sur una cita médica para el 22 de mayo de 2024 para continuar las atenciones de la recurrente.

Por estas consideraciones, FONASA solicita el rechazo del recurso en todas sus partes por no configurarse una acción u omisión arbitraria o ilegal en los términos alegados, con expresa condenación en costas.

Por su parte, el Centro de Salud Familiar Ignacio Domeyko, evacuando el traslado conferido, señala que la recurrente no se encuentra inscrita en dicho establecimiento de salud, razón por la cual no le es posible aportar información a la presente causa.

Sin perjuicio de lo anterior, informa que según consta en el sistema de Ficha Clínica de la "Red Salud Santiago", la recurrente mantiene inscripción vigente en la Estación Médica de Barrio San Emilio, dependiente del Centro de Salud Familiar Matta Sur, proporcionando los correspondientes correos electrónicos de contacto tanto del CESFAM Matta Sur como de la EMB San Emilio.

Informando al tenor del requerimiento, el CESFAM Matta Sur, a través de la Estación Médica San Emilio, da cuenta que la actora se encuentra inscrita en dicho establecimiento desde el 19 de agosto de 2022, detallando una serie de atenciones médicas recibidas desde su inscripción, a saber: inicialmente, la paciente recibió atención en consulta médica general el 25 de agosto de 2022, seguida de un Examen Médico Preventivo del Adulto (EMPA) realizado el 30 del mismo mes y una toma de exámenes de laboratorio el 1º de septiembre de 2022.

Posteriormente, el 14 de septiembre de 2022, fue atendida en el contexto del programa de salud mental, siendo derivada a COSAM Santiago, entidad que acusó recepción de la interconsulta el 26 de septiembre del mismo año.

En cuanto a las atenciones más recientes, el informe señala que el 22 de mayo de 2024 la usuaria acudió a EMB San Emilio, donde recibió atención médica y tratamiento farmacológico de mantención hasta su evaluación en COSAM Santiago. A partir del 24 de mayo de 2024, inició sesiones con psicólogo del establecimiento, registrándose una segunda sesión presencial el 31 de mayo, seguida de seguimientos telefónicos los días 13, 19 y 28 de junio, este último motivado por inasistencia de la usuaria a consulta presencial. Finalmente, el 2 de julio de 2024 fue atendida por psiquiatra en COSAM Santiago, realizándose una última consulta a dicha entidad respecto del caso el 31 de julio del mismo año.

Así las cosas, señala que lo expuesto corresponde a todos los antecedentes que constan en la ficha clínica electrónica de la usuaria, sugiriendo consultar sobre mayores antecedentes a COSAM Santiago.

Posteriormente, se evacúa informe por parte de COSAM Santiago, explicando en primer término que la vía de ingreso regular al programa de Salud Mental es por medio de Atención Primaria (CESFAM/Consultorios), donde el beneficiario inicia tratamiento o es derivado al dispositivo de la red que más se ajuste a sus necesidades, y para poder acceder a estas prestaciones el usuario debe estar inscrito en algún consultorio o CESFAM de la comuna y “presentar FONASA vigente y activo”. Respecto de la recurrente, informa que no es usuaria de COSAM Santiago y que según el registro de FONASA se encuentra “BLOQUEADA POR ISAPRE”. Por último, “sugiere oficiar al dispositivo correspondiente a su seguro de salud, para iniciar proceso solicitado”.

Y considerando:

Primero: Que habrá de recordarse que uno de los requisitos de esta acción constitucional es que la Corte esté en situación jurídica y material de brindar la protección requerida. Efectivamente, en su condición de instrumento cautelar, su finalidad es el restablecimiento del imperio del derecho, logrando la protección del afectado mediante la adopción de medidas o mecanismos expeditos para prestar eficaz e inmediato amparo a quien ha sido perjudicado.

Segundo: Que, en la especie, lo solicitado por la recurrente es que el sistema de salud público chileno, particularmente FONASA, le otorgue las prestaciones médicas necesarias para atender la patología de salud mental que padece, y a las cuales tiene derecho conforme la normativa pertinente.

Tercero: Que revisado el sistema informático de esta causa, es posible constatar que la última presentación efectuada por la actora (quien siempre ha comparecido de manera personal, sin la asistencia de abogado) es de 21 de octubre de 2024, dando cuenta que si bien en un comienzo le habían dado las atenciones especializadas requeridas, luego éstas habrían cesado, encontrándose interrumpido el tratamiento farmacológico, pidiendo a la Corte que ordenara a los recurridos “a seguir con las prestaciones que se habían logrado con la interposición del presente recurso”.

Cuarto: Que según lo informado por COSAM Santiago, en el registro de FONASA la reclamante aparece “bloqueada por Isapre”, de lo que se infiere que la actora ya no tiene la calidad de afiliada o beneficiaria del sistema de salud de FONASA, pues no se puede estar afiliado simultáneamente a ambas instituciones.

De allí entonces que siendo los sujetos pasivos de esta acción de protección FONASA y CESFAM (Centro de Salud Familiar) de la cuales ya no es beneficiaria, no resulta posible en la actualidad adoptar alguna medida en favor de la recurrente, lo que conduce a desestimar el recurso de protección al haber perdido oportunidad.

Por tales consideraciones y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se resuelve, que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Fondo Nacional de Salud y del Centro de Salud Familiar ubicado en Copiapó Nº 1323, de la comuna de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Guillermo de la Barra D.

Rol N° 10.601-2024.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner, e integrada, además, por los ministros (S) señor Fernando Valderrama Martínez y señor Rodrigo Carrasco Meza.