nombre reservado con TRIBUNAL SUPREMO DEL PARTIDO RADICAL SOCIALDEMOCRATA

30 Santiago, veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1º) Que, mediante la presentación de fs.41, comparece don nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del TRIBUNAL SUPREMO DEL PARTIDO RADICAL SOCIAL DEMOCRATA, cuyo presidente es don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, debido a que este organismo lo destituyó del cargo de Consejero Regional, en el cual fue elegido democráticamente, resolución que califica de ilegal y arbitraria y que perturba, amenaza y conculca derechos fundamentales que le garantiza la Constitución Política del Estado.

Explica que en su calidad de militante del Partido Radical Social Demócrata, fue elegido por las bases de la región metropolitana en votación directa, libre, secreta e informada, Consejero Regional Metropolitano del partido, por el término de 3 años, período junio 2014 a junio 2017.

El 1 de diciembre de 2015 llegó a su correo electrónico una notificación de resolución, mediante la cual el Tribunal Supremo del Partido declara su destitución del cargo de “Consejero Regional Metropolitano y cualquier otra calidad que ejerciera al interior del Consejo Regional Metropolitano”.

La resolución está suscrita por don nombre reservado en calidad de Presidente, doña nombre reservado, Vicepresidenta, don nombre reservado, segundo vicepresidente, y don nombre reservado, en calidad de Secretario.

2°) Que el recurrente afirma que la resolución que lo destituye del cargo de consejero regional es ilegal y arbitraria por los motivos siguientes:

1.-El Tribunal Supremo no tiene jurisdicción ni competencia para llevar a cabo el proceso disciplinario en su contra, menos para aplicarle la destitución, pues tal función compete por estatutos al Tribunal Regional de Disciplina.

El artículo 80 del Estatuto del Partido establece que “Los Tribunales disciplinarios conocerán de las causas que correspondan a sus respectivas competencias.”

El artículo 84 del mismo Estatuto prescribe que “En cada una de las regiones que corresponda a la división administrativa del país, existirá un Tribunal Regional de Disciplina que conocerá en primera instancia de las causas que instruyeren en contra de los afiliados de su jurisdicción.”

El artículo 86 del Estatuto referido dispone que “Son atribución (sic) de los Tribunales Regionales el conocimiento y juzgamiento de la conducta partidaria de los afiliados inscritos en el Registro de la respectiva Región cuando dicha conducta comprometa el prestigio o los intereses del Partido y/o signifique infracción a la disciplina partidaria, y/o represente la inobservancia a los deberes establecidos en este Estatuto, siempre que no se trate de aquellos hechos o conductas entregados a la competencia exclusiva del Tribunal Supremo o de las causas a cuyo conocimiento se aboque éste en conformidad a sus potestades.”

Aduce que en la propia resolución impugnada el Tribunal Supremo reconoce que el proceso disciplinario debía llevarse a cabo por el Tribunal Regional de Disciplina, pero como ese órgano no existe porque no está constituido, entonces se arrogará esa función jurisdiccional, lo que resulta ilegal y arbitrario, pues ninguna norma estatutaria le confiere esa potestad.

Para ilustrar lo dicho reproduce el citado considerando: “Que no existiendo constituido Tribunal de Disciplina Regional en la región metropolitana, este Tribunal se encuentra con competencia para conocer de esta materia, por lo que analizados los antecedentes presentados, la inexistencia de excusas por parte del Co. nombre reservado, la acreditación del cumplimiento de los requisitos objetivos requeridos por el artículo 38° de los Estatutos, entre los meses de Agosto a Febrero del 2014, al tener más de dos sesiones consecutivas y más de tres discontinuas de inasistencias injustificadas, a juicio de este Tribunal, se debe aplicar la normativa vigente en este sentido.”

3°) Que el recurso agrega que, sin perjuicio de lo anterior, la destitución es ilegal y arbitraria porque se ha infringido el debido proceso, pues nunca fue notificado de las supuestas faltas, nunca fue notificado de la existencia de un proceso disciplinario en su contra, nunca se le notificó de los cargos, nunca se le notificó a una audiencia de conciliación como sostiene la resolución impugnada. La primera noticia que tuvo sobre la existencia de un proceso disciplinario en su contra fue el 1 de diciembre de 2015, fecha en que se le envió a su correo electrónico la resolución que impugna.

Expresa que el citado artículo 80 del Estatuto establece las normas de procedimiento que deben observarse en un proceso disciplinario, lo que en su caso no se cumplió, y las reproduce:

“Recibiendo una denuncia o actuando de oficio cuando el Tribunal haya tomado conocimiento directo de hechos que puedan afectar la responsabilidad de un afiliado, ordenará instruir el proceso respectivo para investigar los hechos.” “Citará o pedirá informe escrito al afectado o afectados y realizará las demás diligencias que sean necesarias para determinar la veracidad de las circunstancias que dieran origen a la denuncia o investigación de oficio, para lo cual dispondrá de un plazo de noventa días, prorrogable por una vez.”

“Agotada la investigación, se sobreseerá la causa o se formularán cargos al inculpado, quien tendrá un plazo de quince días para presentar sus descargos y defensa por escrito. El tribunal podrá decretar las diligencias probatorias que estimare procedentes.”

“Evacuado dicho trámite o en rebeldía del inculpado, el tribunal podrá ordenar las medidas para mejor resolver que estime pertinentes y/o dictar sentencia.”

Agrega que se puede comprobar de la sola lectura del fallo que acompaña que, en su caso, ninguna de estas normas estatutarias se aplicó.

4°) Que, por otro lado, el recurrente reclama que no son efectivas las faltas que se le imputan en dicho periodo.

El seudo-proceso disciplinario en su contra obedece a una disputa entre el señor nombre reservado y el presidente electo de dicho organismo nombre reservado, quién luego de la elección se negó a constituir el consejo regional en la fecha prevista por la Junta Electoral Regional (JER), debido a que la primera sesión constitutiva, clave para determinar los futuros consejeros nacionales, no convenía a sus intereses pues no tenía mayoría para la designación de los futuros consejeros nacionales. A causa de esta negativa, el señor nombre reservado y los adversarios de nombre reservado igualmente se constituyeron, eligieron a los consejeros regionales, dejando fuera a nombre reservado y también al recurrente. Asimismo, el cargo de Secretario del Regional Metropolitano se lo adjudicó nombre reservado.

En su caso, y por lealtad al Presidente nombre reservado, se constituyeron en fecha diversa, por lo que en el año 2014 coexistieron dos consejos regionales y por tanto, cada cual tenía sus reuniones o asambleas. Dice que concurrió a las reuniones que fijaba su presidente nombre reservado, y no a las que citaba nombre reservado y su hermano Michael nombre reservado.

5°) Que el recurrente añade que el día 13 de junio de 2014 se sometió a una cirugía ortognástica o maxilofacial que lo mantuvo con licencia médica hasta el 31 de Julio de 2014, y que sólo le permitió hablar normalmente en noviembre de ese año, hechos de que estaba enterado el Presidente nombre reservado.

En el periodo que el Tribunal Supremo le imputa haber inasistido injustificadamente a las sesiones ordinarias del consejo regional que presidía nombre reservado, él asistía a las sesiones de consejo regional convocadas y presididas por nombre reservado.

Denuncia que sólo a través del fallo impugnado supo que nombre reservado y nombre reservado arreglaron sus diferencias, negociaron cargos a espaldas de los miembros del consejo regional, adecuando su poder con infracción a sus derechos constitucionales, ya que acordaron, junto con los miembros del Tribunal Supremo, su destitución del Consejo Regional al margen de la legalidad mediante un proceso espurio y viciado.

6º) Que, en cuanto al derecho, explica que el recurso de protección fue creado para la mantención regular del orden jurídico, para reparar de inmediato la juridicidad quebrantada, impidiendo que los ciudadanos se constituyan en comisiones especiales que juzguen y determinen responsabilidades que deben adoptarse por las autoridades competentes en la forma señalada por la reglamentación que les es propia.

Expone que se han vulnerado las garantías constitucionales que establece el artículo 19 números 2, 3 inciso 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Se conculca “El derecho a la Igualdad ante la ley”, según establece el artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, que transcribe.

Esta garantía, añade, se debe relacionar con el inciso 2º del artículo 7 de la Carta Fundamental, que dispone: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”

La sanción que contempla la norma en comento es la nulidad absoluta, según indica.

Sobre el particular, dice, los recurridos no poseen facultades para destituirlo; tampoco pueden arrogarse facultades y potestades ni aun a pretexto de existir circunstancias extraordinarias, y al hacer una discriminación arbitraria, vulneran el principio de igualdad ante la ley.

7°) Que, seguidamente, afirma que se vulnera la garantía del articulo 19 Nº3 inciso 4 de la Carta Fundamental que se resume en la formula que “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho.”

Reitera que el Tribunal Supremo no tiene jurisdicción ni competencia para llevar a cabo el proceso disciplinario en su contra ni menos para destituirlo, por cuanto dicha función compete por estatutos al Tribunal Regional de Disciplina. Al arrogarse funciones y competencia que no tiene, el tribunal se constituyó en una comisión especial, acciones y conductas prohibidas por la Constitución Política.

8°) Que, además, denuncia que se vulnera el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental, debido a que tiene incorporados en su patrimonio los derechos y acciones que le concede su calidad de consejero regional, de acuerdo a los Estatutos del Partido Radical Social Demócrata Por último, pide tener por interpuesto recurso de protección en su favor, admitirlo a tramitación y previo informe del recurrido, acogerlo y al efecto decretar todas aquellas providencias que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho declarando:

-Que se deja sin efecto la medida de destitución que se le aplicó;

-Decretar todas aquellas medidas que en derecho correspondan en orden a cautelar su derecho a que no se le prive de todo otro derecho subjetivo sea o no de orden patrimonial;

Que la recurrida debe pagar las costas de la causa.

9º) Que, mediante la presentación de fs.54, don nombre reservado y don nombre reservado, Presidente y Secretario del Tribunal Supremo respectivamente, del Partido Radical Social Demócrata, evacuan el informe solicitado, y advierten que no se ha obrado de manera ilegal ni arbitraria al adoptar la resolución de 5 de Noviembre del 2015, ya que existen una serie de hechos que el recurrente no solo no reconoce al momento de ejercer la acción cautelar de autos, sino que además, no acredita ni nunca acreditó.

Asimismo, señalan, hace referencia interpretativa a las normas estatutarias, no informando a la Corte de las normas que se tomaron en cuenta para dictar la resolución que se vio obligado a adoptar el Tribunal Supremo, a pesar de las notificaciones y llamados —no estando obligada a ello por parte del Tribunal Supremo- a justificar las inasistencias que se hicieron al recurrente, circunstancia que desde el mes de Noviembre del año 2014 a la fecha no realizó.

10°) Que el informe alude, luego, a la Reclamación de la Directiva del Consejo Regional Metropolitano, y señala que el 27 de Noviembre del 2014, cinco miembros de la Directiva del Consejo Regional Metropolitano del Partido interponen reclamación ante el Tribunal Supremo, contra aquellos dirigentes que, formando parte del Consejo Regional Metropolitano, han incurrido en una serie de inasistencias injustificadas a las reuniones ordinarias que ha efectuado el Consejo Regional.

Señalan en su escrito que dichos Consejeros Regionales inasistentes, entre los que se encuentra el Correligionario (Co.) nombre reservado, “... existe una clara intención de no dar cumplimiento a los acuerdos suscritos por este regional válidamente constituido, ni a las resoluciones de los organismos regulares de nuestra institución, por lo que se estimó pertinente, atendido el tiempo transcurrido y las reiteradas gestiones, que se proceda de manera inmediata a decretar las medidas establecidas en el Estatuto.”

Acreditan su presentación, no solo con la resolución que se adoptó en la Directiva Regional de manera unánime por los reclamantes, demostrando a la fecha de presentación de la reclamación al Tribunal Supremo la realización de 6 reuniones ordinarias, en las cuales se constató la inasistencia de varios Correligionarios, entre ellos el Sr. nombre reservado.

Adjuntan a la presentación los correos electrónicos a través de los que el Secretario Regional citó a las reuniones señaladas a los correligionarios, copia del Libro de Asistencia y seguimiento planilla excell de la asistencia, con la cual el Secretario Regional da cuenta de la presentación.

Se hace especial mención a que en el documento expediente del Tribunal Supremo, Anexo N°3, fs.46 y 47 se acredita la solicitud de justificación de sus inasistencias al Sr. nombre reservado, correo electrónico remitido por el Secretario Regional del Regional Metropolitano, de 19 de Noviembre de 2014, a través del cual la Mesa Directiva del Consejo Regional de la Región Metropolitana le requería justificación, a un plazo establecido, de sus inasistencias, a fin de no aplicar lo establecido en el artículo 38° de los Estatutos del Partido, el cual no tuvo respuesta por parte del requerido, como a las citaciones del Tribunal que rolan a fs. 137 vta., y 139 vta. del Anexo N°3. Dice acompañar copias de todos estos antecedentes.

El Tribunal Supremo, al tomar conocimiento de la presentación, determinó si era o no competente para conocer el asunto, y el procedimiento aplicable para tal efecto, lo que merece argumentación especial, ya que parte del recurso se funda en tales circunstancias.

11°) Que, el informe explica que el Tribunal Supremo, tiene determinada su competencia general en base a la Ley Orgánica Constitucional (LOC) Nº18.603, y a los Estatutos del Partido Radical Socialdemócrata vigentes desde el año 1994, con su respectiva validación y depósito en el Servicio Electoral. Dicha ley establece en su artículo 28 que:

“Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo que será elegido por el Consejo General.

“El Tribunal Supremo designará de entre sus miembros titulares un presidente y un vicepresidente. También nombrará un secretario, con carácter de ministro de fe.

“Al Tribunal Supremo corresponderán además de las otras atribuciones que le asigna esta ley o que le otorguen los estatutos del partido, las siguientes: a) interpretar los estatutos y reglamentos; b) conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido; c) conocer de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido que sean estimados violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y enmendar sus resultados; d) conocer de las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por actos de indisciplina o violatorios de le declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del partido, y aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo un debido proceso, y e) controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar las instrucciones generales o particulares que para tal efecto correspondan…”.

Añaden que los Estatutos del Partido determinan la competencia general del Tribunal Supremo en su artículo 88°, según el cual “Corresponderá al Tribunal Supremo, además de cualquier otra atribución que le asignare la ley o estos estatutos…”, en cuanto interesa para resolver:

“a) Interpretar los Estatutos y Reglamentos Internos del Partido.

“c) Conocer de las reclamaciones contra actos de autoridades u organismos del Partido, que sean estimados violatorios de la Declaración de Principios o de los Estatutos y adoptar las medidas necesarias para corregidos y enmendar sus resultados.

“d) Conocer en única instancia y con competencia exclusiva, de las causas que afectaren a los Presidentes de los Consejos Regionales, miembros de la Comisión Política, Presidente de las Organizaciones Nacionales y a los miembros de la directiva Central, del Consejo General y de los Tribunales Regionales, por actos de indisciplina o violatorios de la Declaración de Principios o de los Estatutos, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del Partido y aplicar las sanciones estatutarias que estimare procedentes.

“g) Abocarse al conocimiento de cualquier causa cuyo conocimiento correspondiere a un Tribunal Regional, cuando a su juicio fuere necesario o así lo aconsejaren las circunstancias del caso.”

Hacen presente que la Ley N°18.603 no contempla los Tribunales de Disciplina Regional, figura que establecen los estatutos del Partido Radical Socialdemócrata, en razón de los principios de descentralización y desconcentración democrática que aplica su organización política.

Hacen presente que a la fecha de presentación de la reclamación de la Mesa Directiva del Consejo Regional Metropolitano, no existía Tribunal de Disciplina Regional en la Región Metropolitana, por lo que el Tribunal aplicó las siguientes normas, a fin de evitar un abandono de deberes o denegación de justicia por su parte:

Los estatutos del Partido indican en su artículo 88° las atribuciones y competencias del Tribunal Supremo, indicando entre otras:

“a) Interpretar los Estatutos y Reglamentos Internos del Partido”; y g) Abocarse al conocimiento de cualquier causa cuyo conocimiento correspondiere a un Tribunal Regional, cuando su juicio fuere necesario o así lo aconsejaren las circunstancias del caso”.

Indican que ante la ausencia de Tribunal Regional y la gravedad y requerimiento de parte, de una infracción estatutaria, el Tribunal Supremo no puede excusarse en argumentos de forma, aún cuando existe norma expresa como la indicada, que obligaba al conocimiento y resolución del asunto sometido a su conocimiento, por lo que determinó que era competente para conocer el asunto reclamado.

La letra a) del artículo 28° de la LOC Nº18.603 señala que es facultad de los Tribunales Supremos la de “interpretar los estatutos y reglamentos; y letra d) “conocer de las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por actos de indisciplina o violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del partido, y aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo un debido proceso.”

12°) Que el informe argumenta que haciendo un análisis de ambas normas, especialmente la letra g) del artículo 88 de los Estatutos del Partido, las facultades de interpretación de los mismos, y el establecimiento del Tribunal Supremo como norma residual en la LOC Nº18.603, el Tribunal actuó dentro de sus atribuciones legales, y no como Comisión Especial, como sostiene el reclamante.

Asimismo, actuó en el marco de la norma general de orden público establecida en la LOC Nº18.603, y en el marco de las atribuciones que la misma ley fija, especialmente lo indicado en la letra d) de dicho cuerpo legal.

Existe competencia específica en virtud de las normas establecidas, señalada en el artículo 38° de los Estatutos del Partido, al indicar entre otras materias de dicho articulado, que “La ausencia no justificada debidamente, a juicio de la Directiva (regional) y del Tribunal Regional de Disciplina, a dos sesiones ordinarias consecutivas o a tres discontinuas en el año calendario, será causal de cesación automática en el cargo de Consejero.”

Añade que, siguiendo la línea argumentativa expuesta, ante la ausencia de Tribunal de Disciplina Regional en la Región Metropolitana, el Tribunal Supremo se vio obligado a conocer de la reclamación motivo de autos, por aplicación del artículo 88° de los Estatutos del Partido, letra g) y aplicación residual de la norma general establecida en el artículo 28° de la LOC Nº18.603, en especial letras a) y d).

13º) Que, en cuanto al procedimiento aplicado, indican que habiendo explicado y configurado la competencia del Tribunal Supremo, estiman importante avocarse al procedimiento utilizado, y hacen presente que el recurrente reclama no solo de la competencia, sino también del procedimiento, lo que quita sustento al primer argumento en el que funda su acción cautelar, ya que al centrar como elemento principal de la reclamación este punto y no de manera subsidiaria como hubiese sido lo lógico, su acción presenta contradicciones.

Dicha contradicción se produce ya que, alegando una causal absoluta de invalidez, como lo es la competencia, el recurrente concede tácitamente en su recurso que el Tribunal Supremo tiene competencia, y reclama respecto del procedimiento utilizado, no de manera subsidiaria, sino como argumento principal de su acción.

Los Estatutos del Partido establecen un procedimiento general en su artículo 80°, pero también establecen mecanismos específicos para la tramitación de determinadas infracciones a las normas de los Estatutos, como su artículo 38° que en lo pertinente señala que “La ausencia no justificada debidamente, a juicio de la Directiva (regional) y del Tribunal Regional de Disciplina, a dos sesiones ordinarias consecutivas o a tres discontinuas en el año calendario, será causal de cesación automática en el cargo de Consejero.”

De conformidad con lo indicado, y en el marco de la facultad interpretativa que otorgan los Estatutos al Tribunal Supremo (Artículo 88° letra a), la norma establece una causal de cesación automática, causal de cesación automática que se acredita en la inasistencia a reuniones ordinarias, conforme a la hipótesis que indica la misma norma.

Acreditada tal condición, el Estatuto prevé la cesación automática del cargo de Consejero Regional, y por tal motivo basta que la Directiva del Regional correspondiente, por una parte, y el Tribunal respectivo, por otra, revisen la concurrencia de la causal.

14º) Que el informe añade que esta no es una infracción disciplinaria propiamente tal, en su interpretación restrictiva, sino una infracción a las normas del Estatuto del Partido, y un abandono de deberes al mandato otorgado por las bases del Partido, conllevando a una reglamentación que busca proteger la orgánica y funcionamiento institucional, propendiendo a la continuidad en las funciones encomendadas por la reglamentación partidaria.

El procedimiento establecido en el artículo 80° de los Estatutos queda desplazado por esta normativa especial, y su fundamento no es discrecional, sino que se encuentra enraizado en el hecho de que el procedimiento del artículo 80° tiene por finalidad determinar la existencia de los hechos denunciados, la eventual participación de militantes en ellos, y el grado de responsabilidad en que hayan incurrido en caso de acreditarse su acción.

Dicho procedimiento no solo implica un proceso largo, de lato conocimiento, que busca determinar responsabilidades, sino que también, como consecuencia de ello, las sanciones en caso de acreditarse, con un abanico de penas establecidas en el artículo 81° que va desde la amonestación por escrito hasta la expulsión del Partido.

El artículo 38° busca una acción inmediata para mantener el buen funcionamiento de la orgánica institucional. Mal podría entenderse desde el objetivo de la norma, que se proceda a un lato conocimiento como el del artículo 80°, permitiendo durante el período del procedimiento que se dañe el funcionamiento de la institucionalidad y se mantenga paralizada la acción orgánica partidaria.

El mismo artículo 38º establece que basta el juicio de la Directiva Regional, que se cumplió y acreditó en autos, como la del Tribunal, para aplicar la causal de cesación del cargo, de manera automática.

El término utilizado por la norma, “cesación automática”, implica la aplicación inmediata de la norma una vez acreditada la causal.

15º) Que el informe precisa que en razón de lo señalado y la facultad interpretativa de los Estatutos otorgada por la misma normativa del artículo 88° letra a) y lo indicado por el artículo 28° letra a) de la Ley Orgánica Constitucional Nº18.603, el juicio del Tribunal Supremo se formó en base a los siguientes antecedentes presentados por el Consejo Regional y las propias gestiones realizadas:

1. Presentación de la Mesa Directiva Regional, informando la situación y las gestiones realizadas.

2. Citaciones efectuadas a los consejeros regionales a las reuniones convocadas y acordadas, refrendado por el Secretario Regional, Ministro de Fe de dicho Consejo.

3. Libro de Asistencia de reuniones del Consejo Regional, refrendado por el Secretario Regional.

4. Solicitud de justificación de inasistencias requerida por el Secretario Regional el día 19 de Noviembre a todos los afectados, remitida a sus correos electrónicos, entre los cuales está el Sr. nombre reservado, el cual no respondió.

5. Citaciones a audiencias de conciliación (dos en total) que citó el Tribunal Supremo, a través de su Secretario, convocándose entre otros correligionarios al Sr. nombre reservado, el cual no respondió, no justificó su inasistencia y no acudió a las sesiones fijadas.

Hace presente que todas las notificaciones, citaciones y comunicaciones que se sostuvo por las distintas instancias, fueron al correo que proporcionó el Sr. nombre reservado, y es respecto del cual se da por notificado de la Resolución del Tribunal Supremo con fecha 1 de Diciembre del 2015, por lo cual dicha casilla está activa y en revisión por éste.

Concluyendo, dice, el artículo 38° de los Estatutos establece una infracción especial, con un procedimiento especial y con una medida especial, que corresponde a una excepción de la regla general contemplada en el artículo 80º.

El Estatuto no implica iniciar un proceso investigativo para determinar la existencia o no de la infracción, (contemplado en el artículo 80° de los Estatutos del Partido) y de formular cargos ante circunstancias que pudiesen tener alguna explicación o tenor distinto, con el objeto de aplicar prerrogativamente atenuantes o agravantes para determinar alguna de las sanciones contempladas en el artículo 81°.

El artículo 38° de los Estatutos, considerando la facultad interpretativa por parte del Tribunal Supremo (artículo 87 letra a) y artículo 28º letra a) de la LOC Nº18.603, llevaron a fijar que el artículo 38º prevé un procedimiento especial que consiste en acreditar en forma objetiva la falta al deber estatutario previsto en esa norma y la aplicación automática de cesación del cargo detentado.

16º) Que, en cuanto a la destitución del recurrente, el informe señala que nunca fue destituido del Partido, como afirma en su acción cautelar.

La sanción de destitución, es una de las penas establecidas en el artículo 81° de los Estatutos del Partido, que se asimila a la expulsión.

Reitera que la figura que se aplicó, según determina el artículo 38º de los Estatutos, es la cesación en el cargo de Consejero Regional, en razón de la aplicación de la causal de cesación automática, al acreditarse las condiciones fijadas en la misma norma, es decir, la ausencia injustificada a dos reuniones ordinarias consecutivas o a tres reuniones discontinuas en el mismo período calendario.

Indica que el recurrente pretende confundir en sus argumentos, al indicar que fue sometido a una intervención quirúrgica en el mes de Junio del 2014, la que se extendió a Julio del 2014, y sobre lo anterior aclara:

a) Las fechas respecto a las cuales se ha acreditado la concurrencia de la aplicación del artículo 38° de los Estatutos es decir, las inasistencias injustificadas y que han sido acreditadas en los documentos y legajo de antecedentes que se acompañan, que afectan al Sr. nombre reservado, corresponden a la sesión de constitución del Consejo de 12 de Agosto de 2014 y se hicieron extensivas hasta el 18 de Noviembre de 2014, y complementada en escrito de fecha 26 de Diciembre de 2014, a las sesiones del 2 y 12 de Diciembre de 2014, todas fechas posteriores al período de la operación a que alude.

b) La infracción no consiste solo en no asistir a la sesión convocada, sino también no justificar su inasistencia, lo que tampoco el recurrente ha realizado, ni al momento de invocar la acción cautelar, ya que no acredita su enfermedad y/u operación con los certificados médicos o licencia médica, ya que en su condición de funcionario público de planta y Director de la Dirección de Control de la Municipalidad de Melipilla, debe acreditar también su ausencia laboral, por la enfermedad aducida, ni tampoco su proceso post operatorio.

c) Se dieron innumerables oportunidades para que el Sr. nombre reservado diese cuenta de sus justificaciones no solo por parte del propio Consejo Regional (correo electrónico del 19-11-2014), sino por el propio Tribunal Supremo, a través de las citaciones a las sesiones de conciliación realizadas el 30 de Enero y el 5 de Marzo del 2015, a las que no asistió.

d) El eventual impedimento de comunicarse oralmente, pierde validez pues bastaba su justificación por escrito, por lo que también se dieron las oportunidades para ello, persistiendo en su ausencia el recurrente.

e) Finalmente, señala que el Sr. nombre reservado estaba consciente de la normativa vigente y de las infracciones que estaba cometiendo, ya que el propio Presidente Regional le informa las consecuencias de sus inasistencias y justificaciones y la medida que pudiese aplicar en su contra, según Declaración Simple firmada por el Sr. nombre reservado, de fecha 5 de Diciembre de 2015, al tomar conocimiento del recurso de protección incoado en contra de la colectividad.

Agrega que el Sr. nombre reservado, el año 2012, también formó parte del Consejo Regional que aplicó esta medida a varios correligionarios por la misma causal, lo que no profundiza.

17º) Que, luego, el informe se refiere a las Conciliaciones convocadas, y señala que el Tribunal Supremo, luego de haber requerido la determinación de los Consejeros afectados por la presentación de 27 de Noviembre del 2014 por parte de la Mesa Directiva del Consejo Regional de la RM, requirió el 3 de Diciembre la determinación específica de los Correligionarios a los que se pretendía aplicar el artículo 38° de los Estatutos, considerando que el Consejo Regional había requerido por última vez sus justificaciones a las inasistencias a las reuniones, lo que se materializó a través de correos electrónicos de 19 de noviembre de 2014.

Del total de 11 Consejeros Regionales requeridos, con fecha 26 de Diciembre del 2014 la Mesa Directiva del Consejo Regional informa que solo dos Consejeros no justificaron sus inasistencias, el Sr. nombre reservado y el Sr. nombre reservado.

El Tribunal, a fin de dar una última oportunidad para que se normalizara la situación de estos dos Correligionarios, acuerda convocar a dos sesiones de Conciliación a fin de que los afectados pudiesen justificar sus inasistencias ante la Mesa Directiva Regional.

Ambos fueron contactados vía correo electrónico, fracasando la primera sesión por ausencia de los dos, llevada a cabo el 3 de Enero del 2015, según acta que dice adjuntar, asistiendo el Sr. nombre reservado a la segunda sesión, el 5 de Marzo del 2015, el cual justificó sus inasistencias y fueron aceptadas por la Mesa Directiva del Consejo Regional Metropolitano. Respecto del Sr. nombre reservado, no se tuvo justificación, noticias o patrocinio o poder para que lo representare otra persona.

El Tribunal Supremo, después de ser garante de mesa de trabajo en la normalización de las funciones del regional, que consta en acta de 16 de Abril del 2015, esperó la certificación del Secretario Regional de la persona que debiese reemplazar al Correligionario nombre reservado en el Consejo Regional, lo que al 5 de Noviembre no sucedió, obligando al Tribunal a fallar, cerrar la causa, aplicar la causal de cesación de cargo automático a don nombre reservado, y dar plazo al Consejo Regional para informar el Correligionario que sería parte del Consejo Regional de conformidad al artículo 38° inciso 2° de los Estatutos.

18º) Que el informe destaca que el Tribunal dio los tiempos y los espacios suficientes para que los 11 correligionarios requeridos en la presentación de la Mesa Directiva del Consejo Regional pudiesen justificar sus inasistencias, y de ellos solo 2 quedaron pendientes, concurriendo el Tribunal a audiencias de conciliación, que dejaron a uno solo en la condición regulada en el artículo 38° de los Estatutos.

Afirma que el recurrente no puede afirmar que existe una conspiración o maquinación en su contra, cuando él mismo dejó de hacer y cumplir no solo con sus obligaciones, sino que no justificó las inasistencias, que era lo único que pedía el Tribunal Supremo para reincorporarlo al Consejo Regional del cual estaba siendo excluido por la Mesa Directiva Regional.

Asimismo, dice, no puede alegar infracción al principio de igualdad ante la ley, cuando la misma norma la aplicó y apoyó él el año 2012 contra otros correligionarios por la misma causal, según señala el Presidente Regional del Consejo de la Región Metropolitana en declaración de 5 de Diciembre del 2015, además que la causal de cesación en el cargo se estaba aplicando a 11 correligionarios en la presentación de fecha 27 de Noviembre del 2014 de la Mesa Directiva.

19º) Que, en cuanto al Derecho reclamado por el recurrente, el informe expone en primer lugar que se ha demostrado que no existió actuación arbitraria ni ilegal del Tribunal Supremo del Partido Radical Socialdemócrata.

Agrega que se ejerció debidamente su competencia, descartando que se haya constituido en una comisión especial como sostiene el recurrente, se ha aplicado el procedimiento especial contemplado en el artículo 38° de los Estatutos, de conformidad a la norma especial establecida, y las facultades interpretativas establecidas en el artículo 28º letra a) de la LOC Nº18.603 y artículo 88 letra a) de los Estatutos.

El Tribunal Supremo aplicó la normativa establecida, con la medida prevista en los Estatutos y no ha innovado en sanciones especiales para afectar gratuita y arbitrariamente derechos de los afiliados.

Argumenta que, sin perjuicio de existir norma expresa, vigente desde el inicio de la vida legal del Partido, quien hizo abandono sin justificación de sus obligaciones, derechos y del cargo que detenta, es quien recurre.

Agrega que el derecho al cargo se da expresamente en el mandato otorgado por los afilados al ser electo. El no ejercerlo, incluso de la manera irresponsable como se acredita en documentos adjuntos, conlleva a una renuncia tácita al cargo detentado, que recoge el estatuto del Partido, a fin de mantener la continuidad de funcionamiento de la orgánica institucional y evitar perjuicio o daño a la acción que ejerce el Partido y en este caso específico el Consejo Regional Metropolitano.

No puede alegar derecho de propiedad absoluto respecto a un bien inmaterial, como es detentar el cargo de dirigente, sin someterse a la normativa general que al efecto prevén la LOC Nº18.603 y los Estatutos del Partido.

La misma normativa general, a través de todos los medios conocidos, socializó las condiciones sobre las cuales se detenta un cargo. El derecho de propiedad del cargo pertenece al Partido Radical Socialdemócrata, y solo puede ejercerlo quien reúne las condiciones para ello, es decir, el que es electo de conformidad a la normativa y quien cumple no solo con los deberes partidarios, sino los que implica el cargo.

Quien no los cumple, no puede afectar el bien superior partidario, destruir la orgánica institucional por la sola rebeldía de ejercer el cargo que detenta.

La legislación vigente establece límites a ese ejercicio arbitrario de los cargos, también considerando la cesación en el cargo, como es el caso de las figuras contempladas en la Ley 18.603 entre otros, en el marco electoral.

20º) Que el informe añade que, en razón de lo anterior, no se ha privado del derecho al ejercicio del cargo al recurrente, sino al contrario, él abandonó su ejercicio sin justificación, obligando a la institucionalidad, dentro de la normativa vigente, a adoptar las acciones para que se normalice el funcionamiento de la orgánica afectada, y procedan los mecanismos de reemplazo que el Estatuto señala.

El artículo 10 de la LOC Nº18.603 establece que los Partidos Políticos son asociaciones voluntarias. Cuando el recurrente se afilió, dicho acto se realiza en conciencia, sometiéndose a la normativa existente, más aún cuando en el periodo inmediatamente anterior, detentó la calidad de Consejero Regional y Consejero Nacional y aplicó la misma normativa a otros correligionarios que incurrieron en igual infracción.

Pretender desconocer lo obrado y la reglamentación vigente, solo es buscar mantener el ejercicio de un cargo al que tácitamente renunció por casi un año, y no puede volver a ejercerlo bajo interpretaciones antojadizas de la normativa y los procedimientos utilizados por las instancias competentes, para volver a tener las prerrogativas que ello implicaba.

21º) Que, luego, el informe refiere que en atención a los antecedentes puestos en conocimiento de la Corte, es dable impetrar la normativa que se ha aplicado.

Respecto a la competencia, dice que se ha esclarecido que el Tribunal Supremo no ha actuado como una comisión especial, sino ha ejercido las atribuciones que la normativa le ha otorgado, a través de la norma especial del artículo 88º letras a) y g), y aplicación en concordancia del artículo 38° de los Estatutos, y mediante la legislación de orden público determinada en el artículo 28° letras a) y d) de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, Nº18.603.

Reitera y reproduce, luego, el contenido de los artículo 38º y 88 de los Estatutos del Partido, y asimismo, la normativa general, y residual para este caso, que se encuentra establecida en la LOC Nº18.603 en su artículo 28, letras a) y d), que reitera en cuanto a su contenido, tocante a las facultades del Tribunal Supremo.

Respecto al procedimiento, repite que se ha aplicado la normativa especial del artículo 38° de los Estatutos, y no la norma general, por los objetivos buscados por la norma, además de la consideración de cesación automática acreditada las condiciones contempladas en la norma.

Habiéndose acreditado por la Mesa Directiva Regional la procedencia de la causal de cesación y los hechos que la fundan, a través de los documentos adjuntos, y considerando las innumerables gestiones realizadas por dicha Mesa Directiva y el Tribunal Supremo, como acredita con los documentos adjuntos, el Tribunal Supremo se vio obligado a formar el juicio respectivo respecto al recurrente.

22º) Que, como consideraciones finales, el informe precisa que después de haber informado respecto al tenor del recurso interpuesto, formula conclusiones:

a) El Tribunal Supremo actuó dentro de sus competencias de conformidad a lo establecido en los artículos 38° y 88° letra a) y g) de los Estatutos del Partido, y artículo 28° de la LOC Nº18.603, en especial sus letras a) y d).

b) El Tribunal aplicó el procedimiento especial establecido en el artículo 38 de los Estatutos del Partido.

c) No se afectó el principio de igualdad ante la ley, ni se actuó como comisiones especiales, de conformidad a lo señalado en el informe, como pretende hacer creer el recurrente.

d) No se afectó su derecho de propiedad, ya que el derecho del cargo se encuentra establecido en el Estatuto y pertenece al Partido, distinto es el ejercicio del mismo, y como los militantes lo ejercen y son reemplazados para mantener la continuidad de la función política del mismo.

e) Se han cumplido las condiciones y requisitos establecidos en la norma, y se han acreditado las infracciones cometidas por el Sr. nombre reservado, consistentes en no asistir las reuniones de Consejo Regional, dos continuas y tres discontinuas en el mismo periodo calendario, y el no justificar su inasistencia.

f) Se dio la oportunidad a todos los Correligionarios afectados, por parte de la Mesa Directiva Regional y del Tribunal Supremo, para que justificaran sus inasistencias, bajo apercibimiento del artículo 38° de los estatutos del Partido, y de 11 personas, solo 2 no cumplieron el requerimiento.

g) Que a esos correligionarios, se les dio una oportunidad adicional para que justificaran sus inasistencias y solo el Sr. nombre reservado lo hizo, en las sesiones de conciliaciones citadas al efecto por el Tribunal.

Rechaza cualquier concepto de conspiración o maquinación que señala el Sr. nombre reservado, lo que se descarta por los antecedentes entregados.

i) Hace presente la declaración simple presentada por el Presidente Regional del Consejo Regional Metropolitano, y uno de los afectados en su oportunidad por el requerimiento de la Mesa Directiva Regional, que da cuenta que el Sr. nombre reservado tenía conocimiento de las reuniones, de la obligación de asistir, de la obligación de justificarse, el apercibimiento existente, y más aún, que en el período anterior del Consejo Regional, aplicó la misma norma respecto a Correligionarios que incurrieron en la misma infracción.

Pide, por último, tener por evacuado el informe, tener presente los argumentos expuestos, y rechazar la acción cautelar interpuesta en contra del organismo partidario ya indicado, condenando en costas de la causa al recurrente.

23º) Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

24º) Que, como se desprende de lo anotado, y según se ha venido diciendo reiteradamente a raíz de otros asuntos similares, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto. Resulta importante recalcar que la ilegalidad y arbitrariedad no son elementos que deben concurrir en forma copulativa, sino que basta con que concurra uno de ellos, esto es, el acto lesivo puede ser ilegal o arbitrario, sin perjuicio de que, eventualmente, podría tener ambos caracteres a la vez, confluyendo en algún caso específico.

25º) Que, a continuación, hay que señalar que en el presente caso no existe el primer elemento que la Carta Fundamental de la República exige para que pueda prosperar una acción cautelar. Efectivamente, no se ha comprobado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria en que haya incurrido la entidad recurrida, el Tribunal Supremo del Partido Radical Social Demócrata, ya que lo obrado por dicho Tribunal se ha ajustado perfectamente a la normativa que reglamenta la materia, al tiempo que ajustándose a los hechos que fueron denunciados, y siguiendo los procedimientos exigidos por las normas legales y estatutarias aplicables, otorgándose al recurrente numerosas oportunidades para que, incluso, justificara las inasistencias que se le imputaban como infracción cometida, cuestión que nunca hizo, y solo las ha venido a plantear en su recurso de protección.

Conviene recordar que todo el asunto se inició por una Reclamación formulada por la Directiva del Consejo Regional Metropolitano del aludido partido político. Efectivamente, según se ha informado, el 27 de Noviembre del 2014, cinco miembros de la Directiva del Consejo Regional Metropolitano del Partido Radical Social Demócrata, interpusieron reclamación ante el Tribunal Supremo del que forman parte, en contra de aquellos dirigentes que, siendo parte de dicho Consejo Regional Metropolitano, incurrieron en una serie de inasistencias injustificadas a las reuniones ordinarias que había efectuado el Consejo Regional. En total se trataba de once personas, de las cuales solamente dos no dieron las correspondientes explicaciones, y finalmente, quedó como única persona, militante del partido, renuente a dar las explicaciones del caso, el recurrente don nombre reservado.

26º) Que, de otro lado, como deja en claro el extenso informe de la recurrida, se probaron las infracciones cometidas por el recurrente ya referido, consistentes en no asistir a las reuniones de Consejo Regional, dos continuas y tres discontinuas en un mismo periodo calendario, y no justificar su inasistencia.

El Tribunal Supremo, que es la entidad recurrida, actuó dentro del ámbito de sus competencias, según lo establecido en los artículos 38° y 88° letras a) y g) de los Estatutos del Partido Radical Social Demócrata, y artículo 28° de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, Nº18.603, en especial sus letras a) y d).

Cabe agregar que el artículo 38º de los Estatutos del referido partido, en lo pertinente, prescribe que “La ausencia no justificada debidamente, a juicio de la Directiva (regional) y del Tribunal Regional de Disciplina, a dos sesiones ordinarias consecutivas o a tres discontinuas en el año calendario, será causal de cesación automática en el cargo de Consejero.” Esa fue precisamente la situación que provocó la intervención del Tribunal Supremo del partido, pues el recurrente incurrió en tal inconducta, y fue por ello denunciado, y requerido, sin explicar lo que se le solicitó en reiteradas ocasiones.

27º) Que, luego, conviene recordar que la Ley Nº18.603 establece en su artículo 28 lo que sigue, que demuestra que el Tribunal Supremo recurrido actuó atinadamente en el presente caso:

“Los partidos políticos tendrán un Tribunal Supremo que será elegido por el Consejo General.

“El Tribunal Supremo designará de entre sus miembros titulares un presidente y un vicepresidente. También nombrará un secretario, con carácter de ministro de fe.

“Al Tribunal Supremo corresponderán además de las otras atribuciones que le asigna esta ley o que le otorguen los estatutos del partido, las siguientes:

“a) interpretar los estatutos y reglamentos;

“b) conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre autoridades u organismos del partido;

“c) conocer de las reclamaciones que se entablen contra actos de autoridades u organismos del partido que sean estimados violatorios de la declaración de principios o de los estatutos, y adoptar las medidas necesarias para corregirlos y enmendar sus resultados;

“d) conocer de las denuncias que se formulen contra afiliados al partido, sean o no autoridades de él, por actos de indisciplina o violatorios de le declaración de principios o de los estatutos, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del partido, y aplicar las medidas disciplinarias que los estatutos señalen, contemplando las disposiciones que hagan efectivo un debido proceso, y “e) controlar el correcto desarrollo de las elecciones y votaciones partidistas y dictar las instrucciones generales o particulares que para tal efecto correspondan….”

Debe también reiterarse que, de acuerdo con lo informado por la entidad recurrida, ésta no actuó de oficio, sino que por una denuncia presentada el día 27 de noviembre de 2014 por cinco miembros de la Directiva del Consejo Regional Metropolitano del Partido Radical Social Demócrata, en contra de diversos dirigentes que, formando parte del Consejo Regional Metropolitano, incurrieron en inasistencias injustificadas a las reuniones ordinarias que ha efectuado dicho Consejo. Entre los denunciados se encuentra el recurrente de autos.

28º) Que, siguiendo con el análisis de la materia propuesta, debe también hacerse mención de lo dispuesto en el artículo 88 de los Estatutos del partido político de que se trata, el que prescribe, en lo que interesa:

“Corresponderá al Tribunal Supremo, además de cualquier otra atribución que le asignare la ley o estos estatutos, las siguientes:

“a) Interpretar los Estatutos y Reglamentos Internos del Partido.

“c) Conocer de las reclamaciones contra actos de autoridades u organismos del Partido, que sean estimados violatorios de la Declaración de Principios o de los Estatutos y adoptar las medidas necesarias para corregidos y enmendar sus resultados.

“d) Conocer en única instancia y con competencia exclusiva, de las causas que afectaren a los Presidentes de los Consejos Regionales, miembros de la Comisión Política, Presidente de las Organizaciones Nacionales y a los miembros de la directiva Central, del Consejo General y de los Tribunales Regionales, por actos de indisciplina o violatorios de la Declaración de Principios o de los Estatutos, o por conductas indebidas que comprometan los intereses o el prestigio del Partido y aplicar las sanciones estatutarias que estimare procedentes.

“g) Abocarse al conocimiento de cualquier causa cuyo conocimiento correspondiere a un Tribunal Regional, cuando a su juicio fuere necesario o así lo aconsejaren las circunstancias del caso.”

El informe hizo presente que la Ley Nº18.603 no contempla los Tribunales de Disciplina Regional, figura que establecen los estatutos del Partido Radical Social Demócrata, y que a la fecha de presentación de la reclamación de la Mesa Directiva del Consejo Regional Metropolitano no existía Tribunal de Disciplina Regional en la Región Metropolitana, por lo que el Tribunal aplicó la norma de la letra g) antes transcrita, a fin de evitar un abandono de deberes o denegación de justicia por parte del Tribunal, asumió el conocimiento de la denuncia formulada, la que fue tramitada hasta su conclusión, con el resultado que motiva la presente causa.

29º) Que, en cuanto al procedimiento, el recurrido ha informado que aplicó el especial establecido en el artículo 38 de los Estatutos del Partido, de tal modo que debe descartarse que el Tribunal Supremo se haya constituido en una comisión especial, puesto que además obró en cumplimiento estricto de las normas legales y reglamentarias ya consignadas.

Tampoco aparece afectado el principio de igualdad ante la ley, ya que no se ha demostrado que en algún caso similar, se haya aplicado un procedimiento o alguna normativa diferente a la que se utilizó en este caso. Por el contrario, ha de recordarse que, siendo once los requeridos, solamente fue sancionado el recurrente, debido a que los restantes justificaron debidamente las faltas que se les atribuyeron.

Tampoco aparece afectado el derecho de propiedad, siendo en verdad un despropósito invocar un derecho de propiedad sobre el cargo del que se destituyó al recurrente, ya que el ejercicio de un cargo, esencialmente temporal, no puede encuadrar en la naturaleza del derecho de dominio o propiedad, definido en el Código Civil, ya que carece quien lo detenta, de los atributos propios del dominio.

Tal como se ha informado por la entidad recurrida, se dio la oportunidad a todos los denunciados, por parte de la Mesa Directiva Regional y del Tribunal Supremo, para que justificaran sus inasistencias, bajo apercibimiento del artículo 38° de los estatutos del Partido, y de 11 personas, solo 2 no dieron cumplimiento al requerimiento, siendo un de ellos el recurrente.

Finalmente, se debe descartar que no haya sido informado ni citado como propone el recurrente, prueba de lo cual es que sí tomó conocimiento de la resolución del Tribunal Supremo que lo destituyó, lo que demuestra que estaba al corriente de lo que ocurría, con un correo electrónico plenamente operativo.

30º) Que, resumiendo la situación, no concurren las circunstancias que hacen procedente el acogimiento de un recurso como el de la especie, sin que se requiera otra explicación, dado que el asunto está lo suficientemente claro, y fue explicado de manera muy completa y didáctica en el informe emitido por el Tribunal Supremo recurrido, razón por la cual solo procede que esta Corte rechace el que se ha deducido.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la E. Corte Suprema, sobre tramitación de acciones cautelares como la presentada, se declara que se rechaza el recurso de protección interpuesto en lo principal de fs.41 por nombre reservado en contra del Tribunal Supremo del Partido Radical Social Demócrata.

Se previene que el Ministro Mario Rojas G. concurre al rechazo teniendo además presente que el recurso de autos es improcedente, pues se lo ha utilizado como una especie de recurso especial, para impugnar una decisión tomada en el seno de una agrupación política a la cual la afiliación es enteramente voluntaria, por actos que se estimaron vulneratorios y lesivos de los Estatutos del Partido de que se trata, determinación que fue adoptada por la entidad llamada por los mismos Estatutos y por la Ley para resolver respecto de acciones constitutivas de infracciones estatutarias, como aquella en que incurrió quien tan injustificadamente ha utilizado la presente acción cautelar, haciendo, a juicio del previniente, un uso abusivo de la misma.

En efecto, quien previene opina que se ha hecho uso de esta acción cautelar, como si ella fuera el recurso más alto en la escala recursiva de los asuntos contencioso administrativo que se encuentran vigentes y nacen de diversas disposiciones legales, lo cual ciertamente no es así, pues como acción cautelar, cumple una función completamente diversa de aquella con que se la utiliza en este caso y en otros numerosos, para impugnar toda clase de resoluciones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que éstas han adoptado en pleno uso de las facultades que les otorga la ley.

Por la razón previamente consignada, el previniente estuvo, además de concurrir al rechazo del recurso, por imponer al recurrente el pago de las costas del mismo.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol Nº105.851-2015.

No firma el Ministro señor Mauricio Silva cancino, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse hacienda uso de feriado legal.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por el Ministro señor Mario Rojas González y por la Ministra señora Jessica González Troncoso.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, notifique en secretaría por el estado diario la resolución precedente.

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