Protección contra SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

C.A. de Santiago Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

Al folio 7; téngase presente.

Vistos y teniendo presente.

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, por haber rechazado su solicitud de eliminación de antecedentes penales, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se basa en errores manifiestos y en una aparente falta de requisitos, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley, respeto y protección a la vida privada y honra, y libertad de trabajo, por lo que solicita se acoja el recurso y se ordene al organismo recurrido eliminar las anotaciones prontuariales del Registro General de Condenas y extracto de filiación y antecedentes penales del afectado.

Expone que con fecha 12 de marzo de 2024 presentó una solicitud escrita ante la oficina de Santiago del Servicio de Registro Civil e Identificación, con el objeto de obtener la eliminación de tres anotaciones de su extracto de filiación y antecedentes penales. Estas anotaciones corresponden a: 1) Una condena del 18 de febrero de 2009 por robo con violencia, sancionada con 3 años de presidio menor en su grado medio, pena remitida y cumplida el 18 de febrero de 2016; 2) Una condena del 16 de mayo de 2013 por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, sancionada con multa de un tercio de unidad tributaria, cumplida el mismo día; y 3) Una condena del 1 de marzo de 2015 por dos faltas de lesiones leves, sancionada con dos multas de un tercio de unidad tributaria mensual, cumplidas en la misma fecha.

Señala que la respuesta del organismo recurrido, mediante Ord. N° 13037 de fecha 24 de abril de 2024, fue omitir estas condenas en los términos del artículo 38 inciso primero de la Ley 18.216, para fines particulares y especiales del artículo 21 de la Ley 19.628, indicando que para eliminar las anotaciones prontuariales debía acogerse a los beneficios del DL 409 de 1932.

Alega que esta respuesta incurre en ilicitudes. En primer lugar, sostiene que existe un error manifiesto respecto a las dos faltas anotadas, ya que según el artículo 3° del Decreto Ley 645 del Ministerio de Justicia, solo deben inscribirse en el prontuario las faltas a que se refieren los artículos 494 N° 19, 494 bis y 495 N° 21 del Código Penal, no estando comprendidas las faltas por las que fue condenado el recurrente, que corresponde a la del numeral 5° del artículo 494 del cuerpo legal señalado. Además, argumenta que según el artículo 3° del Decreto Supremo 64 del Ministerio de Justicia, solo se debe abrir prontuario a los infractores de faltas cuando hayan sido condenados por tercera vez, lo que no ocurre en este caso.

En segundo lugar, alega que como consecuencia de este error manifiesto, se hace incurrir en una aparente falta de requisitos que impediría acoger la solicitud de eliminación del registro del simple delito. Argumenta que, corregidos los errores referentes a las faltas, se debió proceder a la eliminación de la anotación del simple delito en aplicación de la letra g) del artículo 8° del Decreto Supremo 64, por haber transcurrido más de 5 años desde el cumplimiento de la condena.

Sostiene que el acto impugnado vulnera las siguientes garantías constitucionales: 1) La igualdad ante la ley, prevista en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, al hacer revivir ilegalmente una pena por dos faltas sin fundamentos racionales; 2) El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, contenido en el numeral 4° del artículo 19; y 4) La libertad de trabajo y su protección, prevista en el numeral 16 del mismo artículo. Argumenta que el rechazo ilegal y arbitrario de la eliminación de antecedentes penales afecta estas garantías al coartar la posibilidad de ser contratado para un trabajo remunerado, mantener una mancha en sus antecedentes de vida, y impedir enfrentar en igualdad de condiciones su igual protección ante la ley.

Solicita en definitiva que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación acceder en todas sus partes la solicitud N° 13037 de fecha 12 de marzo de 2024, procediendo a eliminar del Registro General de Condenas y extracto de filiación y antecedentes penales del afectado las anotaciones prontuariales señaladas, por aplicación de las letras e) y g) del artículo 8° del Decreto Supremo 64 y demás disposiciones legales aplicables.

Segundo: Que a folio 4 informa el nombre reservado (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación, quien señala que efectivamente que en el Registro Nacional de condenas del recurrente se registran las anotaciones penales que señala, y que ante la solicitud de beneficios requerida por el actor, se le otorgó respuesta por el Subdepartamento de Filiación Penal mediante el Ord. N° 13.037 de 18 de marzo de 2024.

Señala que en el Decreto Ley N° 645 de 1925 del Ministerio de Justicia, el artículo 3° dispone las sentencias penales que deben inscribirse, y el artículo 3° del Decreto Supremo N° 64 de 1960 de la misma repartición, señala que se debe abrir prontuario penal a los infractores de falta, cuando hayan sido condenados por tercera vez. Así, conforme la normativa, procede tener ocultas, sin ser registradas en el prontuario penal, los delitos de faltas, salvo las expresamente indicadas en el DL 645 y existiendo 3 conductas tipificadas como falta, se generará prontuario policial.

Explica que condenada una persona por simple delito, se genera la apertura del prontuario penal, por sí, una vez comunicada al Registro General de Condenas. Así, dicha condena se registra en el prontuario, y en el evento de encontrarse el afectado una falta que se encuentra archiva ya que por si sola no genera la apertura del prontuario, pero generándose el prontuario en forma posterior, este último arrojará no solamente una causa, sino que reflejará también la causa que se encontraba anteriormente archivada, pues el prontuario penal es uno solo, no existiendo uno para faltas y otros para crímenes y simples delitos.

Indica que en la causa RIT 2103-2023 del Juzgado de Garantía de Puente Alto, el delito asociado es violencia intrafamiliar, por lo que conlleva la aplicación del artículo 400 inciso primero del Código Penal, por lo que se trata de un simple delito.

Aduce que para eliminar las anotaciones prontuariales, el recurrente puede acogerse al Decreto Ley N° 409 de 1932 debiendo para ello, concurrir a Gendarmería de su domiclio, no pudiendo la recurrida eliminar los antecedentes solicitados, ya que las causales para ello, se encuentran expresamente indicadas en los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo 64 de 1960.

Explica que en definitiva, no se incurre por el Servicio en ningún acto ilegal o arbitrario, no se vulnera ninguna garantía, pues se limita la recurrida a aplicar la normativa en iguales condiciones para todos, por lo que solicita el rechazo del presente recurso, con costas.

Tercero: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que conforme asume el recurrente, y se señaló por la parte recurrida, y además consta de Ordinario N° 13037 de 18 de marzo de 2024 que precisamente da origen al presente arbitrio, el recurrente goza actualmente del beneficio de la omisión en los certificados de emitidos para fines particulares y especiales de las condenas dictadas por el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía y el Juzgado de Garantía de Puente Alto, por parte de la recurrida Servicio de Registro Civil e Identificación.

Quinto: Que en este contexto, el acto arbitrario e ilegal que aduce el recurrente para efectos de plantear este arbitrio, es la no eliminación por parte de la Administración de dichos antecedentes del prontuario penal establecido en el Decreto 64 de 1960 del Ministerio de Justicia.

Sexto: Que, sobre el particular es menester señalar que, para la eliminación de dichos antecedentes existe un procedimiento especial establecido en el Decreto Ley N° 409 de 1932 del Ministerio de Justicia, el cual, en su articulado, establece el procedimiento administrativo especifico para llevar a cabo -cumpliendo los requisitos legales- la eliminación de los antecedentes que se pretende.

Séptimo: Que, no habiéndose iniciado dicho procedimiento por el protegido, mal podría determinarse la existencia de un omisión ilegal o arbitraria que prive perturbe o amenace las garantías del recurrente que menciona en su arbitrio, pues el Servicio recurrido ha emitido los certificados del modo correspondiente, y apegándose estrictamente a la legislación vigente, y es más, anunciando o guiando a la parte recurrente del procedimiento a seguir para satisfacer su interés específico, no siendo resorte de la recurrida, realizar de plano -como pretende el actor- proceder a la eliminación de los antecedentes señalados en los términos planteados en el arbitrio en análisis.

En este sentido, la acción planteada deberá ser rechaza.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Regístrese y comuníquese.

Rol Protección N° 10.582-2024.