Protección contra Comisión Nacional de Riego

C.A. de Santiago Santiago, cuatro de enero de dos mil veintitrés.

Proveyendo los escritos folios 12 y 13: a todo, téngase presente.

Proveyendo el escrito folio 14: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don nombre reservado, Ingeniero Agrónomo, quien interpuso recurso de protección en contra de la Comisión Nacional de Riego, representada por su por su Secretario Ejecutivo don nombre reservado en contra de la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de Riego, mediante la cual se acogió parcialmente recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta NUM001, de fecha 1 de agosto de 2022, del mismo servicio, dejando a firme la medida disciplinaria de multa aplicada en su contra, con la consecuencial anotación de demérito en su hoja de vida, solicitando declarar que dicha Resolución Exenta del Consejo Nacional de Riego, es arbitraria e ilegal, al vulnerar sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y debido proceso, establecidos en los numerales 2 y 3 de la Constitución Política de la República, debiendo retrotraerse el sumario administrativo a la etapa de formulación de cargos, de manera tal que se éste se adecúe al recto y correcto ejercicio de la función pública.

Explica que Mediante Resolución Exenta N° NUM002, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego instruyó la realización de una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas que pudieren afectar a los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, oficina zonal de La Serena, a raíz de los hechos denunciados por doña nombre reservado, y que dicen relación con conductas de maltrato y acoso laboral (Expediente N° NUM003). Sin perjuicio de que en la referida resolución se ordenó realizar la investigación en forma genérica, en el formulario denuncia de doña nombre reservado lo sindica únicamente a él como “presunto acosador”, en circunstancias que narra 23 situaciones que a su juicio constituirían maltrato y acoso laboral, que involucrarían a otros funcionarios; situaciones que fueron desestimadas en su totalidad, salvo una, que es respecto de la cual se hizo la formulación de cargos.

Relata que Resolución Exenta N° NUM004, el Secretario Ejecutivo (S) de la Comisión Nacional de Riego ordenó elevar la investigación a sumario administrativo, procedimiento en el cual, con fecha 7 de junio de 2022 se procedió a formular el siguiente cargo en su contra: “De acuerdo al contenido del expediente aportados se evidencia que con fecha 18 de enero de 2022 se da lugar a una situación entre los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, en la cual, según los antecedentes aportados por los testigos, Sr. nombre reservado, y Sr. nombre reservado, se constata un comportamiento inadecuado del funcionario nombre reservado ante la funcionaria nombre reservado, que indica una situación de maltrato verbal, improcedente al comportamiento de un funcionario público. Se debe señalar que la denuncia realizada por la denunciante expone 23 situaciones en las que nombre reservado, percibe la existencia de maltrato laboral, acoso laboral y conductas que atentan con la dignidad de las personas.

Sin embargo, ésta fiscal sólo ha podido evidenciar posible responsabilidad administrativa en la situación ocurrida el 18 de enero de 2022, cuando existió un incidente en la oficina, donde el Sr. nombre reservado según lo declarado por testigos, habría maltratado verbalmente a la denunciante.

Las conductas presentadas por el Sr. nombre reservado, contrarias al buen trato que debe haber entre personas pertenecientes a una organización, implican una infracción a los dispuesto en el Estatuto Administrativo, párrafo 5, artículo 84 letra m) Realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inicio segundo del artículo 2° del Código del Trabajo”.

Continúa relatando que el 24 de junio del año en curso, presentó sus descargos, realizó observaciones a la prueba, y en definitiva solicitó que se determinara “la absolución de los cargos imputados en mi contra”, y para el caso de no ser acogida dicha solicitud, pidió que se abriera un término probatorio para poder dar respuesta de manera íntegra al expediente, acompañar documentos que respaldaran mi testimonio, presentar lista de testigos y solicitar historial de licencias médicas y hoja de vida, tanto de la denunciante como del denunciado. Mediante Resolución Exenta N° NUM001, y sin pronunciarse sobre el fondo de las alegaciones contenidas en los descargos, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego resolvió aplicar en su contra la medida disciplinaria de MULTA de un 10% de su remuneración mensual, dejando constancia de dicha circunstancia en su hoja de vida, mediante una anotación de demérito. Con fecha 8 de agosto de 2022 presentó un recurso de reposición en contra de dicha resolución, fundado en aspectos formales y de fondo. En el primer caso, debido a que la resolución sancionatoria no contiene una ponderación de los descargos, excepciones y defensas planteadas, omite la relación de los hechos investigados, no detalla cómo se comprobaron los hechos que fundamentan la supuesta infracción y no hace referencia al quantum de la sanción. En cuanto al fondo se alegó la inexistencia de acoso laboral de mi parte, el aplicar una sanción por hechos que no han sido objeto de cargo y el atribuirse competencia en materia de derechos fundamentales propias de los Juzgados de Letra del Trabajo, reposición que fue acogida parcialmente, mediante Resolución Exenta N° NUM000 del Secretario Ejecutivo, únicamente en el sentido de modificar el considerando N°24 de la Resolución NUM001, para eliminar las palabras “reiterada” y “acoso laboral”, y reemplazarlas por “maltrato en el entorno laboral” tipificado en el Protocolo de denuncia maltrato, acoso laboral y sexual para los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego; una vez más, sin pronunciarse de forma alguna sobre las alegaciones de forma y de fondo presentadas por el suscrito, lo que convierte el actuar de la Comisión Nacional de Riego en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de mis derechos y garantías establecidas en los numerales 2 y 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuento a los derechos fundamentales afectados, refiere en primer término una infracción al principio de congruencia y, con ello, al principio contradictorio propio del debido proceso, que consagra el artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política, que se manifestó en que, a pesar de haberse denunciado 23 situaciones, sólo se habría logrado acreditar una situación, ocurrida el 18 de enero de 2022, referente a un eventual maltrato verbal de su parte en contra de la denunciante, lo que infringiría el artículo 84 letra m) del DFL 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Sin embargo, para que exista acoso laboral, debe existir necesariamente reiteración de la conducta reprochable, lo que no ha ocurrido en este caso. Por lo que a todas luces existe un vicio en la formulación del único cargo, al existir una abierta incongruencia en el hecho y la disposición legal supuestamente vulnerada, defecto reconocido por el servicio, luego de los sendos argumentos vertidos, tanto en la presentación de descargos como en el recurso de reposición presentado ante la Comisión Nacional de Riego, motivo por el cual ésta decide modificar la conducta reprochada, al quedar de manifiesto que no existe ni ha existido jamás “acoso laboral” de mi parte, pasando a individualizarla como “maltrato en el entorno laboral” y no conforme con ello, decide además modificar la supuesta norma infringida, dejando de lado el artículo 84 letra m) del Estatuto Administrativo, para imputar una infracción al “Protocolo de denuncia de maltrato, acoso laboral y sexual para los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego”; aplicando en consecuencia una sanción por una conducta que no fue objeto de cargo y por una infracción a un protocolo que tampoco fue parte de la formulación de cargos, sin que además se señalara la norma de rango legal, la obligación o deber funcionario legal infringido.

Afirma que en virtud del actuar de la Comisión Nacional de Riego, sólo pudo defenderse de forma parcial al no permitirle rendir prueba, en relación con la formulación de cargos de fecha 7 de junio de 2022, pero nada pudo señalar respecto a la imputación de la “nueva conducta y supuesta nueva norma infringida”, que de forma arbitraria e infundada modificó el servicio recurrido. De este modo, resulta efectivo que existió, de parte del órgano administrativo, una infracción al principio de congruencia y, con ello, a la contradictoriedad propia del debido proceso.

Explica que la actuación de la autoridad, compuesta por la decisión de la jefatura respectiva y culminada en una reformulación de cargos ha configurado en los hechos una conducta ilegal y arbitraria, por actuar fuera de los márgenes de las atribuciones otorgadas a la Administración en el desarrollo de un procedimiento administrativo y Haber alterado la sustanciación regular de un procedimiento que se compone de una sucesión cronológica de actos y etapas regladas, generando una reformulación de cargos fuera de los supuestos establecidos taxativamente por la ley, esto es, únicamente para el caso de la realización de nuevas diligencias de las que emerjan hechos nuevos, y para la subsanación de vicios procesales, los que deben ser expresamente declarados, lo que no ha ocurrido en la especie.

El recurrente además sostiene que se afecta su derecho a la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, ya que se vulnerado el artículo 18 inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en tanto establece que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento, requiriéndose por tanto, como exigencias básicas la posibilidad que el inculpado en una instancia disciplinaria pueda ser oído y que pueda desvirtuar la imputación dirigida en su contra rindiendo prueba al efecto una vez ofrecidos sus descargos, debiendo satisfacerse además la necesidad de publicidad de los elementos de la acusación y de revisión por la superioridad. En relación a esta misma garantía, sostiene el recurrente que se le ha privado del derecho a rendir prueba en los términos ya referidos, dejándolo en una situación de desmedro respecto a cualquier otro funcionario de instituciones públicas, que investigados por hechos que puedan ameritar responsabilidad administrativa, tienen el derecho a defenderse y rendir prueba en los correspondientes sumarios administrativos Por otro lado, afirma mediante la resolución que por este acto se recurre se mantuvo la aplicación de la medida disciplinaria de multa de un 10% de su remuneración mensual, con la respectiva anotación de demérito, lo que es desproporcionado, ya que de los 23 hechos denunciados, apenas uno se habría logrado acreditar.

Refiere que El principio de proporcionalidad es un valor básico que debe estar presente en todo sistema de sanciones administrativas, y supone una relación de equilibrio entre la conducta imputada y la sanción que se aplique, estando detrás de ello bienes jurídicos fundamentales, como son la igualdad ante la ley y el debido proceso.

Segundo: Que comparece informando el abogado Maximiliano López Espinosa, abogado, en representación de la recurrida, Comisión Nacional de Riego, quien refiere que mediante la resolución exenta NUM002 de fecha 19 de enero 2022 por orden del jefe del servicio se abrió un procedimiento de investigación sumaria a fin de poder determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudiesen afectar a funcionarios de la Comisión Nacional de Riego, para poder acreditar la existencia y efectividad de maltrato y acoso laboral denunciados por una funcionaria de la misma oficina zonal. Para estos efectos se designó como investigadora a la funcionaria Sra. nombre reservado, abogado, profesional Grado 6° EUS, quien fue notificada de esta designación con fecha 19 de enero de 2022, incorporándose al efecto los antecedentes proporcionados por la denunciante, que decían relación con maltrato y acoso laboral, los que fueron derivados a doña nombre reservado de la Unidad de Personas y Bienestar de la Comisión Nacional de Riego. En razón de lo anterior la resolución exenta NUM004 de fecha 28 de enero de 2022, el jefe superior del servicio resuelve elevar a Sumario Administrativo, el procedimiento ordenado instruir por la resolución exenta NUM002, por los hechos materia de la investigación.

Agrega que el recurrente en sus en sus argumentaciones incorporados en el Sumario Administrativo, omitiendo indicar que medios de prueba pensaba hacer valer en el presente procedimiento, efectuando solo observaciones a la prueba. El vicio concreto que alega la recurrente, este es, no haber abierto un término probatorio dentro del sumario administrativo, tuvo la oportunidad procesal estatutaria de ser subsanado, si es que el funcionario hubiese alegado la omisión de otorgar el término probatorio por parte del fiscal del sumario, y como consta en su escrito de reposición administrativa presentado ante el Jefe del Servicio con fecha 8 de agosto de 2022, no se refirió y tampoco pidió retrotraer el procedimiento para la apertura del término probatorio que alega no haber sido concedido, precluyendo su oportunidad procesal para hacerlo.

Argumenta que en la práctica el recurso de protección se ha trasformado en un contencioso administrativo, de ahí que la misma Corte Suprema haya señalado que: “(...) frente a la inexistencia de un procedimiento contencioso administrativo general que la contemple, ésta necesariamente puede y debe hacerse a través del recurso de protección” Sin embargo, afirma el recurrido, en el caso que nos atañe, no nos encontramos en la situación antes descrita, toda vez que el Estatuto Administrativo establece un procedimiento reglado y con su propio medio de impugnación indicado en el artículo 141 de dicho cuerpo estatuario, por cuanto ello significa desconocer el procedimiento establecido por ley para ello.

Agrega que en dichos de la propia recurrente es ella misma quien indica que interpuso el recurso de reposición y los fundamentos por los cuales lo hace, no haciendo mención a lo que ahora alega en sede de protección: “Fundado en aspectos formales y de fondo. En el primer caso, debido a que en la resolución sancionatoria no contiene una ponderación de los descargos, excepciones y defensas planteadas, omite la relación de los hechos investigados, no detalla cómo se comprobaron los hechos que fundamentan la supuesta infracción y no hace referencia al quantum de la sanción. En cuento al fondo se alegó la inexistencia de acoso laboral de mi parte, el aplicar una sanción por hechos que no han sido objeto de cargo y el atribuirse competencia en materia de derechos fundamentales propias de Juzgado de Letras del Trabajo”.

De la cita realizada y de los documentos que se acompañan, se puede inferir que no se solicitó expresamente en el recurso de reposición presentado, que se retrotraiga el proceso sumarial a la etapa de formulación de cargos como recién se viene a pedir por la vía de protección en el apartado de peticiones concretas del escrito de la recurrente.

En referencia a las alegaciones respecto a la “sanción por una conducta no objeto de cargo”, todo lo anterior no es efectivo ya que dicha ponderación y cada uno de los puntos expuestos constan en la formulación del cargo a fojas 238 y posteriormente en el informe de vista del fiscal instructor de fecha 22 de julio de 2022 el que rola a fojas 257 a 264 del expediente del sumario administrativo.

Ahora, sobre la alegación de la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada, argumenta que la Resolución Exenta CNR N° NUM000 de 2022, en su considerando 10° indica que "sobre la proporcionalidad de la medida disciplinaria, cabe hacer presente que el artículo 121 inciso final del Estatuto Administrativo indica que “Las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”, y no aparece que la medida disciplinaria aplicada sea contraria a lo indicado en dicho precepto legal, ya que considerando el amplio margen que tiene el jefe de servicio para determinar la cuantía de la medida, no aparece que esta sea desproporcionada en cuanto a los hechos que se ventilaron en el expediente.”

En definitiva, concluye que del amplio abanico que el jefe de servicio tiene para sancionar una conducta que como consta en el expediente, el mismo funcionario reconoce, la medida disciplinaria aplicada no puede ser considerada como desproporcionada, ya que no ha afectado el ejercicio de su cargo y tampoco se ha determinado la sanción más alta, que en este caso es la destitución.

En relación a la proporcionalidad de la sanción impuesta, afirma que el articulo 84 letra m) de la ley No 18.834 del Estatuto Administrativo prohíbe cualquier forma de maltrato laboral, y frente a la denuncia formulada por la funcionaria de la Comisión Nacional de Riego, dando cumplimiento a el Protocolo de denuncia de Maltrato;

Acoso Laboral y Sexual para los funcionarios de la Comisión Nacional de Riego aprobado por la Resolución CNR Exenta N° 5867 de fecha 28 de noviembre de 2019, se dio curso a la misma abriendo la indagatoria recibiendo la prueba testimonial rendida, así como también informes de la Mutual de Seguridad, hechos observados formulación de cargos y otros antecedentes que obran en el proceso, los que han permitido determinar que existen indicios concluyentes y antecedentes suficientes que permitieron generar al Fiscal instructor la convicción que el único hecho de la causa respecto al cual no existe controversia tanto de los testigos como de la declaración del Sr. nombre reservado, es lo sucedido el día 17 de enero de 2022, donde existió una conducta, expuesta por los testigos, que configura una acción de maltrato en el entorno laboral cometido por el funcionario nombre reservado en contra de la funcionaria denunciante.

Tercero: Que, el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta NUM002, de la Comisión Nacional de Riego, que instruye la realización de una investigación sumaria. 2. Resolución Exenta NUM004, de la Comisión Nacional de Riego, que eleva la investigación a sumario administrativo. 3.

Formulación de cargos, de fecha 7 de junio de 2022. 4. Descargos y solicitud de término probatorio, de fecha 24 de junio de 2022. 5.

Resolución Exenta NUM001, de la Comisión Nacional de Riego, que resuelve sumario administrativo y aplica medida disciplinaria. 6.

Recurso de reposición de fecha 8 de agosto de 2022. 7. Resolución Exenta NUM000, de la Comisión Nacional de Riego, que resuelve recurso de reposición.

Cuarto: Que, por su parte la recurrida acompañó junto a su informe, los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta CNR NUM000 de 2 de septiembre de 2022. 2. Recuso de Reposición deducido por la Recurrente de fecha 8 de agosto de 2022. 3.

Resolución Exenta CNR NUM001 de 1 de agosto de 2022. 4.

Resolución Exenta CNR N°5867 de fecha 28 de noviembre de 2019 que aprueba el protocolo de denuncia de maltrato, acoso laboral y sexual.

Quinto: Que, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Sexto: Que, sobre la existencia de acto en contra del cual se recurre, con lo expuesto en el recurso y los antecedentes acompañados es posible establecer que efectivamente la recurrida dictó la Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de Riego, mediante la cual se acogió parcialmente recurso de reposición interpuesto por el recurrente, en contra de la Resolución Exenta NUM001, de fecha 1 de agosto de 2022, del mismo servicio, dejando a firme la medida disciplinaria de multa aplicada.

Séptimo: Que, respecto a la legalidad del acto o la arbitrariedad del mismo que atribuye el recurrente al acto administrativo impugnado, en primer lugar, corresponde precisar que no corresponde que por esta vía la Corte revise o analice el fondo del asunto materia del sumario, esto es, aquello referido a la existencia de los hechos imputados al investigado en esa fase administrativa ni la eventual responsabilidad disciplinaria que podría corresponderle al mismo, sino que entiende que lo que se impugna por esta acción constitucional, es que se analice el cumplimiento de las garantías del debido proceso disciplinario y las posibilidades de actuación del recurrente en el mismo, en términos de asegurar el cumplimiento de las garantías fundamentales del debido proceso e igualdad ante la ley.

Octavo: Que, el recurrente alude en su recurso, que no se respetó el principio de congruencia en la resolución que resolvió el procedimiento disciplinario, imponiéndole una sanción, habiendo sido sancionado por hechos diferentes a los que fueron objeto de la investigación y formulación de cargos; a lo que se agrega, que al realizar sus descargos, ofreció prueba y pidió se abriera un término probatorio, no existiendo pronunciamiento alguna a este respecto.

Noveno: Que, en lo que respecta a la vulneración al principio de congruencia, es una cuestión de fondo que implica entrar al análisis de los hechos materia de la imputación, por lo que atendido lo anteriormente expuesto, no se entrará en ese ámbito; en cambio, respecto al cumplimiento de las normas del procedimiento disciplinario, analizados lo expuesto por la recurrida y los antecedentes acompañados a la causa, efectivamente no consta que se haya dado la oportunidad al investigado de probar los hechos que esgrimió en favor de sus descargos, y la resolución recurrida y la que fue parcialmente modificada, tampoco se hizo cargo de esta circunstancia.

Décimo: Que, como lo ha alegad la recurrente, el artículo 138 del Estatuto Administrativo dispone que “El inculpado será notificado de los cargos y tendrá un plazo de cinco días contado desde la fecha de notificación de éstos para presentar descargos, defensas y solicitar o presentar pruebas. En casos debidamente calificados, podrá prorrogarse el mismo por otros cinco días, siempre que la prórroga haya sido solicitada antes del vencimiento del plazo”.

Agrega el inciso segundo que “Si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará plazo para tal efecto, el que no podrá exceder en total de veinte días”.

Undécimo: Que, al haberse negado la posibilidad al investigado de rendir prueba para desvirtuar los cargos formulados en su contra, pese a que la ley no condiciona este derecho más que a una petición expresa de su defensa en dicho sentido, la resolución que se impugna a través de esta acción constitucional, y la que se pronunció respecto a su modificación, incurrieron en una ilegalidad.

Duodécimo: Que, establecida la ilegalidad y arbitrariedad del acto, se debe además considerar que como lo ha señalado anteriormente la jurisprudencia, el artículo 18 inciso segundo de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento, requiriéndose por tanto, como exigencias básicas la posibilidad que el inculpado en una instancia disciplinaria pueda ser oído y que pueda desvirtuar la imputación dirigida en su contra rindiendo prueba al efecto una vez ofrecidos sus descargos, debiendo satisfacerse además la necesidad de publicidad de los elementos de la acusación y de revisión por la superioridad. En consecuencia habiéndose observado que la actuación de la autoridad recurrida lo ha sido en contravención a la normativa vigente, se verifica en el caso la vulneración arbitraria e ilegal de la garantía de la igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, cuanto se ha dejado al suscrito en una situación desmejorada en relación a otros funcionarios que han podido ser juzgados mediando el desarrollo de un procedimiento ajustado a derecho.

Décimo Tercero: Que, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos establecidos para la procedencia de esta acción cautelar constitucional, se acogerá el recurso de protección, y se dispondrán las medidas para restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección deducida por don nombre reservado, en contra de la Comisión Nacional de Riego, representada por su Secretario Ejecutivo don nombre reservado, dejándose sin efecto la resolución Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 2 de septiembre de 2022, de la Comisión Nacional de Riego, mediante la cual se acogió parcialmente recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta NUM001, de fecha 1 de agosto de 2022, del mismo servicio, la que también se deja sin efecto, dictándose como medida cautelar, la de retrotraer el sumario administrativo a la fase de otorgar al recurrente la posibilidad de rendir prueba de descargos.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad. Ingreso Corte Protección N° 105.726-2022 Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar,el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el Abogado Integrante señor Joel Arturo Gonzalez Castillo.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cuatro de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.