nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por haber efectuado descuentos en su remuneración desde abril de 2025 hasta la actualidad, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizaron coetáneamente a un procedimiento judicial ejecutivo, vulnerando con ello el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene el cese de los descuentos y la devolución de los montos descontados.

Expone que en el mes de abril del presente año, se percató que en su liquidación de su remuneración correspondiente a dicho mes, en la cual figuraba un descuento de $174.453 efectuado por la recurrida respecto de un pagaré que, por motivos de fuerza mayor, no pudo seguir pagando a partir de la cuota que vencía el 31 de enero de 2024.

Agrega que la recurrida, respecto al cobro de las cuotas pendientes, haciendo uso de la cláusula de aceleración, lo demandó ejecutivamente en causa Rol C-4301-2024, caratulada "CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado", tramitada ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe.

Sostiene que los descuentos efectuados en su liquidación de sueldo desde abril de 2025 por la Caja de Compensación, conjuntamente con la acción ejecutiva, constituyen actos manifiestamente ilegales y arbitrarios.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, argumenta que respecto a los cobros que realizan las Cajas de Compensación por créditos sociales, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833, no ampara los descuentos o retenciones efectuados habiendo transcurrido más de tres años desde la mora y cualquier gestión para obtener el pago de la obligación.

Además, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema (Roles 5127-2016, 6115-2018 y 6322-2018) y de la Corte de Apelaciones de Antofagasta (Rol 2452-2021), que establecen que la aplicación del artículo 22 inciso 1° de la Ley N° 18.833 por parte de las Cajas de Compensación es solo aplicable para deudas exigibles, y que dicha normativa en ningún caso transforma tales obligaciones en imprescriptibles. Agrega que, según los fallos citados, efectuar un cobro mediante una herramienta administrativa, habiendo transcurrido años desde que la persona deudora se constituyó en mora, resulta arbitrario y antojadizo.

Arguye que los descuentos mensuales ilegales y arbitrarios efectuados a su liquidación de sueldo vulneran su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, ya que importan una privación del dominio sobre el dinero que debiera recibir mensualmente en su remuneración, además de constituir una amenaza actual al legítimo ejercicio de dicho derecho por cuanto es probable que los descuentos continúen en los meses sucesivos.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida incurrió en actos ilegales y arbitrarios que han tenido como consecuencia una privación, perturbación y amenaza del legítimo ejercicio de su derecho de propiedad, ordenando a la Caja de Compensación cesar los descuentos en sus liquidaciones de sueldo, procediendo a la devolución de los montos descontados desde abril de 2025, adoptando todas las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo del recurso de protección, por carecer de fundamentos.

Fundamenta esta alegación en que los descuentos alegados por la actora son por concepto del crédito social N°032CON104102388, por la suma de $3.635.035.-, a una tasa de 1.73%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $146.921.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.08.2022.

Indica que las cuotas del mes de agosto de 2022 a diciembre de 2023 (1 a 17), se pagaron durante el periodo 10 de septiembre de 2022 al 10 de enero de 2024, y las cuotas del mes de enero y febrero de 2024 (18 y 19), fueron diferidas por LM.

Finamente la cuota del mes de marzo de 2024 (20), se pagó con fecha 10.05.2025, generando mora por las cuotas del mes de abril de 2024 a abril de 2025 (21 a 33), las cuotas restantes se encuentran con fecha de vencimiento 31 de mayo de 2025 al 30 de septiembre de 2025.

En consecuencia, sostiene que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno según se dirá.

En cuanto a la legalidad de los descuentos, indica que está actuando dentro de los márgenes legales y conforme a lo dispuesto en la Ley 18.833 y el Código del Trabajo, citando el Dictamen 42792-2018 de la Superintendencia de Seguridad Social, que establece que las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social que deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores, sin requerir autorización del deudor. Refuerza este argumento citando los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 58 del Código del Trabajo.

En consecuencia, solicita se rechace el recurso por improcedente al haberse presentado fuera de plazo; y en subsidio, para el evento que no se acoja la extemporaneidad alegada, se rechace en todas sus partes con costas.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación Los Andes el 9 de junio de 2022, por más de tres millones de pesos, cuyo pago pactó en 36 cuotas, las que dejó de pagar y que fue objeto de reprogramación posterior En este escenario, y pese a que la recurrente no desconoce el préstamo que le otorgó la aludida recurrida, esgrime al efecto, en sustento de su impugnación, el proceso judicial de cobro de pagaré antes aludido, circunstancia que, a su juicio, tornarían en ilegales y arbitrarios los descuentos que se le efectúan de su remuneración por este concepto.

Pese a lo afirmado por la actora, conforme a lo informado por la citada Caja de Compensación, lo cierto es que desconociendo la interposición de la demanda ejecutiva de cobro de pagaré que dio origen a la causa seguida ante el 1° Juzgado de Letras de San Felipe, en cualquier caso, la acción cambiaria derivada del pagaré y la acción que es propia del negocio causal que consiste en el préstamo otorgado al recurrente, son actualmente exigibles, siendo precisamente ellas las que justifican los descuentos mensuales que se efectúan a su remuneración, dado que de revisados los autos a través de la oficina judicial virtual, la misma ha caído en abandono y su prescripción no ha sido declarada judicialmente.

QUINTO: Que en atención a la naturaleza de la entidad de previsión social, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N° 18.833 dispone: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja Acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

SEXTO: Que la Superintendencia de Seguridad Social, entidad fiscalizadora de las Cajas de Compensación, ha señalado en Dictamen N° 2659-2020 de 12/8/2020: “En cuanto a la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de cinco años desde el último pago del deudor de crédito social, debe indicarse que de acuerdo a la normativa vigente en la materia, en especial, el artículo 2493 del Código Civil, quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, no siendo posible declararla de oficio, por lo que en tanto no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social y del pagará respectivo, deben continuar practicándose los referidos descuentos”

SÉPTIMO: Que por su parte el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil señala: “No se entenderán extinguidas por el abandono las acciones o excepciones de las partes; pero éstas perderán el derecho de continuar el procedimiento abandonado y de hacerlo valer en un nuevo juicio.

Subsistirán, sin embargo, con todo su valor los actos y contratos de que resulten derechos definitivamente constituidos”.

OCTAVO: Que en este escenario, no corresponde considerar que la conducta en que se funda la presente acción sea arbitraria o ilegal, desde que se ha ejercido una facultad legal que autoriza la deducción de cuotas de créditos sociales de las liquidaciones de las remuneraciones.

En consecuencia la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, desde que la declaración del abandono de procedimiento no importa la extinción de las acciones pertinentes, como expresamente lo establece el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10.572-2025.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por el Ministro (I) señor Pablo Toledo González y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.