nombre reservado con nombre reservado CON nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, ocho de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos:

Primero: Que comparece don Nicolás Acevedo Vega, abogado quién interpuso recurso de protección en favor de nombre reservado, nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos e integrantes del denominado Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH) por la expulsión de los recurrentes de dicha asociación, lo que vulnera sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 19 N° 2°, 3°, 15°, 19 de la Constitución Política de la República.

Indican los recurrentes, que por resolución de 5 de septiembre de 2022, un grupo de personas, actuando de facto, se atribuyeron la calidad de Tribunal de Disciplina ANEIICH, constituido por los recurridos, quienes resolvieron “expulsar” de dicha asociación a los recurrentes, invocando como fundamento, haber infringido el Estatuto de ANEIICH “al promover y difundir activamente entre los y las asociados y asociadas de ANEIICH la convocatoria a constituir una nueva asociación de funcionarios con el objeto de dividirla”.

Arguyen que, no se había constituido el Tribunal de disciplina de dicha asociación en conformidad lo disponían los Estatutos y que recién, luego de engorrosos procesos, el 18 de julio de 2022 asumió la nueva Directiva Nacional, la cual aun no ha convocado a su primera Asamblea Nacional para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina.

Menciona que es ilegal el acto de expulsión, ya que contraviene la legislación aplicable y normativa estatutaria aplicable, citando el artículo 7 y 14 de la Ley N° 19.296.

Sostiene que la arbitrariedad del acto está dada por la existencia de un procedimiento viciado que terminó en una formulación de cargos imprecisa, sin claridad en la causal. Agregando, que la sanción decretada es desmesurada y excesiva, estimando que una sanción de esta naturaleza debía haber sido acompañada de un análisis minucioso de la prueba disponible, de la gravedad de la denuncia y de la claridad causal, lo que no ocurrió en la especie.

Asimismo, desarrollan las garantías constitucionales conculcadas con el acto arbitral e ilegal; la igualdad ante la ley, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, la libertad de expresión y la libertad de asociación y sindicalización.

La acción deducida concluye, solicitando que se restablezca el imperio del derecho y se disponga que los recurrentes sean reincorporados en todos sus derechos como miembros de dicha asociación, sin perjuicio de adoptar las medidas que se estimen pertinentes, con costas.

Segundo: Que, con fecha 4 de octubre de 2022, interpone recurso de protección doña nombre reservado, en representación de nombre reservado y nombre reservado en contra de los recurridos ya individualizados en el motivo primero, por la expulsión decretada en su contra por la misma resolución ya mencionada precedentemente. Ante lo cual, esta Corte decidió acumular los recursos por reunirse en la especie los presupuesto del numeral 13 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del recurso de Protección.

Tercero: Que, el informe requerido fue informado por Silvia Olivares Solís, abogada, por ambos recursos, en representación de los recurridos en su calidad de integrantes del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos.

Señala en su informe, respecto al fondo de ambos recursos, que con fecha 28 de marzo de 2022, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana acogió reclamación deducida por funcionaria asociada doña nombre reservado y declaró nula la elección del Directorio Nacional de dicha asociación efectuada entre los días 25 y 27 de agosto de 2020, ordenando el cese inmediato de sus cargos a los dirigentes electos y que la asociación debía proceder a la realización de un nuevo acto eleccionario.

En ese contexto, indica que unas de los recurrentes en pleno conocimiento de lo anterior, convocan a todos los miembros, titulares y suplentes del Tribunal de Disciplina para el día 8 de abril de 2022 a una reunión con el objeto de conformar dicho tribunal.

Posteriormente, en abril y mayo de 2022, el Tribunal de Disciplina tomó conocimiento de las denuncias presentadas por dos asociados, por medio de las cuales se solicitaba someter a una evaluación la actuación de los recurrentes, debido a que dichos asociados estaban convocando a la formación de una nueva asociación gremial en el Servicio de Impuestos Internos.

Los miembros del Tribunal de Disciplina iniciaron procedimientos establecido en los estatutos, conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 67 del mismo cuerpo legal, constando en el expediente tanto la acumulación de autos decretados y el emplazamiento legal de los denunciados, quienes formularon alegaciones distintas a los hechos investigados.

En consecuencia, como resultado del proceso, el Tribunal de Disciplina resolvió aplicar la sanción más grave prevista en el artículo 73 letra d) del estatuto social, esto es, la expulsión de los recurrentes, por haber incurrido en una falta grave consistente en promover y difundir entre los asociados la convocatoria, por medios masivos y públicos, a constituir una nueva asociación de funcionarios, incurriendo en las faltas descritas en el artículo 71 letra c), numeral 1 y 2 de los Estatutos.

Cuarto: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos o amenazas que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. En razón de su naturaleza, son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho indiscutido; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, los recurrentes mediante esta acción, pretenden obtener que se deje sin efecto la medida dispuesta por el Tribunal de Disciplina de la asociación gremial de funcionarios a que pertenecen, que dispuso la expulsión de los recurrentes, medida que se habría ejercido por una entidad incompetente o no constituida legalmente, por lo que, consideran que la resolución así adoptada es arbitraria e ilegal, pues entienden que perturban y vulneran garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, vinculado al derecho a presunción de inocencia, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, la libertad de expresión y la libertad de asociación y sindicalización.

Sexto: Que, como cuestión previa, no puede escapar a la consideración de esta Corte que, por la naturaleza de la acción impetrada, su sentido restrictivo y cautelar, supone para su ejercicio, estar frente a una situación de flagrante atropello de derechos indubitados que requieren una pronta y eficaz respuesta jurisdiccional para restablecer orden jurídico quebrantado. Así las cosas, no puede servirse de este arbitrio como una nueva instancia para efectuar una revisión administrativa de lo que pudo decidir alguna entidad pública o privada, en términos de entrar a debatir los elementos fácticos que determinaron la decisión que se discute o si estaba habilitada para resolverlo, salvo que su juzgamiento provenga de un ente abiertamente ilegítimo, lo que no ocurre en la especie.

Conforme con la aclaración antedicha, en el ámbito cautelar que le asigna competencia el recurso interpuesto, esta Corte debe determinar si la actuación de quien figura involucrado en la decisión impugnada, Tribunal de Disciplina de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, fue contraria a la ley o ejecutada de un modo arbitrario y caprichoso, afectando con ello los derechos constitucionales que invocan los que recurren.

Séptimo: Que ha quedado en evidencia, de la sola lectura de los antecedentes del recurso y el consiguiente informe del recurrido, que las decisiones que se discuten han sido dictadas por quien tenía competencia para ello, con ocasión de actos que fueron evaluados debidamente en el ámbito disciplinario establecido estatutariamente para los integrantes de la asociación que interesa.

En efecto, se advierte que, de acuerdo con los Estatutos de la Asociación en referencia, artículo 64 letra b), entre los días 23 al 25 de noviembre de 2021 tuvo lugar la Asamblea Ordinaria de la entidad gremial, en la cual se realizó la elección de los integrantes del Tribunal de disciplina, quedando conformado por los recurridos. Situación que no pudo menos que conocerse por los propios recurrentes, pues doña nombre reservado, una de las recurrentes de esta acción, era a la sazón de la elección, secretaria general de la organización y, en cuyo carácter, además, supo que con fecha 11 de enero de 2022, se llevó a cabo la reunión para conformar el Tribunal a partir de aquellos que fueron electos en la señalada asamblea, lo que fue comunicado oficialmente a dicha secretaria general. Por lo que, desde el punto de vista formal, el Tribunal en cuestión aparece constituido conforme lo disponen los estatutos y no consta acto alguno que haya planteado algún cuestionamiento a su instalación.

Ahora bien, se levanta un cuestionamiento a dicho Tribunal con ocasión que el Tribunal electoral de la Región Metropolitana acogió la reclamación de ciertos funcionarios de la Institución respecto de la elección de los dirigentes nacionales de fecha 25 y 27 de agosto de 2020 y ordenó el cese de los designados y proceder a una nueva elección.

Que, la presunta ilegalidad en la constitución del Tribunal de Disciplina no parece ser el punto focal de la acción, sino que el haber hecho un juzgamiento disciplinario de los recurrentes, lo que hizo conforme con las competencias de que dispone, constando que los recurrentes no presentaron recusación alguna al proceso que dicho Tribunal siguió en su contra, como tampoco hicieron descargos sobre el fondo de las imputaciones y su procedimiento, habiendo sido debidamente notificados, lo que le permitió al ente disciplinario llegar a las conclusiones que se pretende discutir con ocasión del recurso, toda las cuales cuentan con normas precisas de regulación en los artículos 65, 66 inciso final, 71, 77 y 78 del Estatuto social, siendo que, además, la sanción aplicada está prevista en el mismo orden jurídico en la letra d) del artículo 73. Por lo que si los afectados no se conformaron con la decisión, debieron ocurrir por las vías que la misma institucionalidad establece no siendo el recurso de protección la vía idónea para plantear su inconformidad con lo resuelto.

Octavo: Que, conforme con todos los elementos que se han expuesto, no se advierte en la decisión adoptada por el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de funcionarios del Servicio de Impuesto Internos, un actuar caprichoso o contrario a normas que regulan el comportamiento ético y disciplinario de sus integrantes, respecto de los cuales, además, los recurrentes en conocimiento de las medidas que los afectaron, no hicieron uso de ninguno de los recursos especiales que contempla la normativa que los rige, para revertir su decisión.

Noveno: Que, no advirtiendo esta Corte, que haya existido una actuación arbitraria o ilegal de los recurridos, no puede sostenerse, que en su actuación se hubiere infringido alguna garantía constitucional de aquellas que invocan los recurrentes; de igualdad ante la ley, vinculado al derecho a presunción de inocencia, la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales, la libertad de expresión y la libertad de asociación y sindicalización, pues el trato aplicado a los recurrentes correspondió a hechos disciplinarios que fueron imputados conforme con los Estatutos de la organización gremial a que pertenecen, corresponde a un infracción de aquellas que se contempla en el mismo cuerpo normativo y se siguió un proceso preestablecido en él, conforme al cual, su decisión era recurrible, es decir, los afectados pudieron impugnar las decisiones y no lo hicieron.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido en favor de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado Y nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos e integrantes del denominado Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Redactó abogado Integrante David Peralta Anabalón.

No firma el Abogado Integrante señor Peralta, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.

N°Protección-105650-2022 (acumulado con 106165-2022).