nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, diez de septiembre de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 13: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Marco Bastías Silva, en representación de don nombre reservado, interponiendo acción de constitucional protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada legalmente por don nombre reservado, por la actuación ilegal y arbitraria consistente en haber reanudado el cobro de las cuotas de un crédito social mediante descuentos por planilla desde el mes de marzo de 2024, no obstante encontrarse dicha deuda judicialmente declarada prescrita, lo que vulneraría el derecho a la defensa y el derecho de propiedad garantizados en el artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que con fecha 22 de enero de 2019 la recurrida otorgó a su representado un crédito social por la suma de $5.648.862, pagadero en 24 cuotas mensuales de $289.801, obligación que se materializó en el pagaré N°23.RUT reservado y que devino en mora desde el mes de junio de 2020 a raíz de dificultades económicas del deudor.

Señala que, ejercida la acción ejecutiva por la Caja de Compensación ante el 1° Juzgado Civil de Puente Alto, autos Rol C-9260-2021, dicho proceso terminó por sentencia firme que rechazó la demanda, y que, adicionalmente, su representado dedujo una demanda de declaración de prescripción del referido pagaré ante el 20° Juzgado Civil de Santiago, C-3618-2024, la que fue acogida por sentencia de fecha 30 de enero de 2025, con certificación de firme y ejecutoriada de 16 de octubre del mismo año.

Sostiene que, no obstante estos antecedentes, la recurrida reinició los descuentos por planilla de las cuotas del crédito una vez que su representado comenzó a percibir remuneraciones, sin su consentimiento y manteniéndolos hasta el mes de marzo de 2026, pese a la sentencia que rechazó la vía ejecutiva y a la declaración judicial de prescripción de la obligación.

Argumenta que dicho actuar excede el marco legal de las atribuciones de la recurrida y constituye un desconocimiento del legítimo ejercicio del derecho a defensa de su representado en sede judicial, así como de la extinción de la obligación por causa legal, vulnerando los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto, solicita se acoja el recurso de protección, declarando que la recurrida debe cesar en el cobro de las cuotas y restituir a su representado las sumas descontadas desde el mes de marzo de 2024 en adelante.

Segundo: Que comparece la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, representada por la abogada Inés Riquelme Arao, evacuando el informe de rigor y solicitando el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Expone que el crédito social otorgado al recurrente el 22 de enero de 2019 por la suma de $5.648.862 fue objeto de dos reprogramaciones administrativas, la primera con fecha 6 de febrero de 2020 por $5.031.506 en 48 cuotas, y la segunda con fecha 31 de mayo de 2020 por $5.178.486 en 46 cuotas, incumplimientos sucesivos que mantuvieron la deuda en un estado de prolongada morosidad.

Sostiene que la premisa fáctica del recurso es errónea, por cuanto la sentencia dictada el 3 de marzo de 2022 en la causa Rol C-9260-2021 del 1° Juzgado Civil de Puente Alto se limitó a acoger una excepción de incompetencia del tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo de la obligación ni sobre las demás excepciones opuestas, de manera que no existe pronunciamiento judicial que hubiera desestimado el derecho de cobro.

Argumenta que la facultad de descuento por planilla emana de los artículos 22 de la Ley N°18.833 y 58 del Código del Trabajo, y que su ejercicio se ajusta a las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme al punto 3.1.17.2 del Libro III de su Compendio de Normas, que autoriza a las Cajas de Compensación a reiniciar el descuento de cuotas aun existiendo acciones judiciales, debiendo informarse dichas sumas al tribunal para su rebaja en la etapa de liquidación.

Añade que el recurso de protección carece de la naturaleza declarativa necesaria para resolver la controversia sobre la prescripción del pagaré, materia de lato conocimiento propia de la justicia civil, y que no concurre un derecho indubitado que habilite la acción cautelar, por lo que no se configura ilegalidad ni arbitrariedad, ni vulneración de los derechos consagrados en los N°s 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En mérito de lo expuesto, solicita tener por evacuado el informe y rechazar el recurso de protección en todas sus partes, con expresa y ejemplar condenación en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que el recurrente reprocha como arbitrario e ilegal consiste en los descuentos en su remuneración por parte de la Caja de Compensación recurrida a partir del mes de marzo de 2024 y hasta marzo de 2026 por deuda de crédito social.

Quinto: Que, de los documentos acompañados, se desprende la existencia de una demanda ordinaria interpuesta por el actor contra la recurrida, ante el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-3618-2024, donde, el 30 de enero de 2025, se acogió la acción prescripción extintiva de la acción, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada conforme al certificado pertinente de 16 de octubre de 2025, respecto del pagaré N°23.RUT reservado.

Sexto: Que, de lo consignado precedentemente y del examen de los antecedentes, es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 de manera ilegal y arbitraria.

Séptimo: Que, en efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los trabajadores afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que con la demanda ejecutiva presentada en la causa Rol C-9260-2021, ante el 1° Juzgado Civil de Puente Alto, la recurrida aceleró la totalidad del crédito, el que desde ese momento dejó de estar representado en cuotas.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida los descuentos censurados, ya no existían cuotas del crédito social otorgado que pudieran cobrarse a través del mecanismo en comento, lo que torna ilegal dicho proceder, más aún si mediante sentencia definitiva de 30 de enero de 2025, que quedó firme y ejecutoriada, dictada por el Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol C-3618-2024, se acogió la acción prescripción extintiva de la acción, lo que da cuenta del uso abusivo de esta modalidad de pago de préstamos sociales.

Octavo: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla.

Noveno: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes y, en consecuencia, se ordena a la recurrida abstenerse de solicitar o efectuar, por sí o a través de terceros, cualquier tipo de retención o descuento en las remuneraciones del recurrente por concepto del crédito social código N°23.RUT reservado, debiendo efectuar la restitución al recurrente de todas las sumas indebidamente descontadas desde marzo de 2024, en un plazo de diez días hábiles contados desde la notificación de esta sentencia, debiendo acreditar su cumplimiento ante esta Corte.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10563-2026.