Protección contra Segunda Contraloría Regional Metropolitana y de la Ilustre Municipalidad de La F

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 29 de enero de 2023, comparecen Nelson Andrés Salazar Zapata y Ricardo Alberto Hidalgo Gajardo, abogados, en representación de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana y de la Ilustre Municipalidad de La Florida, por haber dictado actos ilegales y arbitrarios, que han privado, perturbado y amenazado sus garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explican que a través del Oficio N° NUM000, notificado el 30 de diciembre de 2022, la CGR se abstuvo de conocer el reclamo presentado en contra del Decreto Alcaldicio N° NUM001 de 2021 de la municipalidad, interpuesto por la actora, por estimar que ya había sido impugnado en sede jurisdiccional mediante una acción laboral de tutela de derechos fundamentales, lo que es un error, pues esa acción tenía un objeto y causa de pedir diversos.

Esa decisión, agregan, consolidó los graves atentados al debido proceso e ilegalidades cometidas en el sumario afinado por el Decreto Alcaldicio referido, de 1 de abril de 2021.

Luego de referirse a antecedentes previos, califica como primer acto ilegal y arbitrario el oficio ya señalado de la Contraloría, añadiendo que éste se pronunció luego de más de 547 días de tramitación, absteniéndose de conocer del reclamo, en virtud del artículo 6° de la Ley N° 10.336, en tanto el procedimiento disciplinario habría tenido por objeto indicar presuntos malos tratos recíprocos entre la actora y otros funcionarios de la Secretaría Comunal de Planificación de la municipalidad, que fueron conocidos en causa RIT N° T-156-2019, tramitada ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que fue rechazada.

Señala que el objeto del reclamo de legalidad era controlar los vicios de esa naturaleza, materializados en el sumario administrativo, refiriendo a modo de contexto circunstancias de acoso laboral, pero no reclamando de ello por no ser su objeto. Por su parte, la acción laboral, buscaba amparo judicial por haberse vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, la existencia de un clima hostil en su contra y un menosprecio de sus labores, el haberse causado enfermedad profesional con secuelas físicas y la reparación del daño moral producto del acoso.

Añade que la reclamación no tenía por objeto impugnar el proceso ni la sentencia laboral, unido a que al dictarse la sentencia definitiva el sumario no estaba afinado, por lo que malamente podrían ser controlados todos los aspectos denunciados por el reclamo de ilegalidad.

Estima que la Contraloría renunció al uso de sus facultades, ignoró las graves ilegalidades denunciadas y empeoró la situación de la actora, sin conocer el fondo del asunto luego de una larga tramitación.

Como segundo acto ilegal y arbitrario, refiere el Decreto Alcaldicio N° NUM001 de 2021, que afinó un sumario que adolecía de una serie de ilegalidades y arbitrariedades.

En forma previa, indica que existió una dilación excesiva del sumario.

Señala que se realizó una investigación sumaria aprobada por Decreto Alcaldicio de 2018, elevada a sumario administrativo el 6 de septiembre de 2018; luego de más de un año, el 19 de noviembre de 2019 se le formularon cargos, realizando sus descargos el 3 de diciembre del mismo año. A continuación, el 18 de diciembre de 2019 el Sr. Fiscal sugirió aplicarle la sanción de suspensión del servicio por tres meses desde la notificación, con goce del 50% de sus remuneraciones. Luego de 462 días, el 23 de febrero de 2021, se dictó el Decreto Alcaldicio que determinó las sanciones del sumario, aplicándole la medida disciplinaria de suspensión del empleo por tres meses y una anotación de demérito de seis puntos.

Contra esa decisión, el 8 de marzo de 2021 presentó recurso de reposición, confirmándose lo decidido el 1 de abril de 2021, por decisión notificada el 26 de abril de 2021. Dentro de plazo, el 10 de mayo de 2021 presentó reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, el que fue resuelto el 16 de diciembre de 2022, notificado el día 30 de ese mes y año, por correo electrónico.

Observa en este acápite que la tramitación en su totalidad, incluyendo a la Contraloría, suma un total de 1.676 días en sede administrativa.

Denuncia, luego, infracción al debido proceso por vulneración al derecho de prueba, en razón de no haberse abierto un término probatorio pese a solicitud expresa de la defensa en el sumario, lo que fue respondido indicando que las diligencias solicitadas no eran útiles, pertinentes ni plausibles, lo que no es efectivo y contradice el artículo 136 de Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que dispone que si el inculpado solicitare rendir prueba, el fiscal señalará un plazo para tal efecto, en términos no facultativos, que no podrá exceder de 20 días.

Estima que igualmente se vulneró el debido proceso, por ausencia o ilegalidad de la motivación, afirmando que la decisión obedece a un mero capricho de la autoridad, configurándose una causal de ilegalidad en cuanto a los motivos del acto, al aplicar una sanción por entender que concurren elementos probatorios que permiten entender que existe responsabilidad administrativa de la recurrente, existiendo una errónea calificación de los hechos acreditados, porque en ningún caso ella desplegó las conductas calificadas como reprochables, que fueron negadas y no se aportó ningún antecedente que permita tener por acreditado lo que se indica, sin que existan pruebas o indicios que demuestren agresiones verbales y conductas calificables como acoso laboral.

Adicionalmente, califica de desproporcionada la sanción, en tanto no se indican las razones para determinarla ni por qué motivo en esa intensidad, sin que se pueda evidenciar si la sanción es ajustada a derecho.

Es más, continúan, del expediente administrativo se aprecia la inexistencia de investigaciones anteriores u otras sanciones.

Argumenta, igualmente, que se produjo infracción al principio de razonabilidad, resultando abiertamente poco racional e injusta la sanción, por las falencias ya señaladas y falta de justificación en la aplicación de sanciones, siendo tan poco razonable el sumario que los hechos se constatan con la mera denuncia, sin elementos probatorios contundentes que permitan controlar si existieron o no.

Esgrime, asimismo, que el sumario debió terminar por aplicación del decaimiento del procedimiento administrativo, siendo aplicable el plazo máximo de seis meses dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, por carecer de regulación especial al efecto el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en concordancia con las fechas ya señaladas, por lo que corresponde aplicar el artículo 40 inciso segundo de la citada Ley N° 19.880.

Como garantías fundamentales vulneradas, cita el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República. En relación al primer acto denunciado, ya que se priva a la actora de que el órgano contralor constate las graves ilegalidades que adoleció el sumario, a diferencia de lo que ocurre con otros funcionarios municipales respecto de quienes sus reclamos son conocidos y resueltos en el fondo por el órgano contralor. Señala que en otras ocasiones la recurrida se ha abstenido en la parte que fue sometida al control judicial, como pudo hacer en este caso. Por otra parte, afectó esta garantía comprometiendo su derecho a un debido proceso administrativo, teniendo derecho a un efectivo control administrativo a través de los mecanismos dispuestos por el legislador, que no obsta al ejercicio de otras acciones jurisdiccionales por causa y objeto diverso y, si la Contraloría hubiera conocido el fondo del reclamo, se hubiera determinado con certeza las ilegalidades y arbitrariedades advertidas.

Respecto al segundo acto denunciado, en relación a esta misma garantía, estima que se ha vulnerado pues se ha sometido a la actora a un sumario cuya duración sobrepasa cualquier razonabilidad, y en caso de otros servidores público los procedimientos se han desarrollado y afinado en plazos más ajustados a la ley, o han tenido la oportunidad de presentar prueba, importando un tratamiento desigual y, por otro lado, por afectación al debido proceso por la señalada imposibilidad de rendir prueba y la ausencia de motivación, ya descritas, citando en este apartado igualmente la garantía reconocida en el artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental, agregando finalmente en este sentido que la sanción impuesta vulnera el principio de proporcionalidad y, en consecuencia, la igualdad ante la ley.

Respecto a este segundo acto, también considera vulnerado el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 del texto Constitucional, afectando su patrimonio, ingresos, remuneraciones y activos, privándola de lo que legalmente le corresponde, en razón de un acto arbitrario e ilegal que intentó impugnar ante la Contraloría. Respecto a la dimensión incorporal de esta garantía, junto con afectar los derechos ya enunciados, se amenaza su carrera funcionaria y proyección en el ente edilicio. Hace presente que en relación a la estabilidad en el empleo y las remuneraciones, a modo ejemplar, hay una especie de propiedad que igualmente protege la Constitución Política y, por otro lado, el artículo 100 del Estatuto Administrativo habla de propiedad del cargo, tratándose de la estabilidad en el empleo.

Solicita que se acoja la acción, adoptándose las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, disponiendo especialmente que: 1.- Se ordene a la Segunda Contraloría Regional Metropolitana conocer del reclamo interpuesto, dejando sin efecto el Oficio N° NUM000; y 2.- Alternativamente, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° NUM002 de 2021 de la Ilustre Municipalidad de La Florida, que afina el sumario administrativo, por tratarse de un acto administrativo ilegal y arbitrario, al no ser fundado y ajustado a derecho. Todo lo anterior, sin perjuicio de las demás medidas que se consideren necesarias.

Segundo: Que informando la Contraloría General de la República, solicita que se desestime el recurso.

Hace presente que mediante el Decreto Alcaldicio N° NUM001, de la Municipalidad de La Florida, se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora en contra del Decreto Alcaldicio N° NUM003, de 2021, confirmando la aplicación de la medida disciplinaria ya referida, por haber cometido maltrato verbal en contra de sus compañeros de trabajo.

Señala que el referido DA N° NUM001 no fue examinado preventivamente en su legalidad, atendido lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 18.695 y el artículo 12 N° 21 de la Resolución N° 6 de 2019 de esa entidad.

Posteriormente, el 10 de mayo de 2021, la actora presentó un reclamo de ilegalidad ante esa Contraloría, impugnando lo resuelto en el DA N° NUM001. Esa entidad, luego de requerir informe a la Municipalidad, emitió el oficio cuestionado por esta vía, por el que se abstuvo de emitir pronunciamiento, toda vez que la reclamación fue en su oportunidad sometida al conocimiento de los tribunales de justicia, en específico, el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en causa RIT N° T-156-209, ante esta Corte de Apelaciones con el Rol N° 575-2021, y ante la Excma.

Corte Suprema, con el Rol N° 7.408-2022.

Reitera que el asunto fue sometido al conocimiento de los tribunales de justicia competentes, haciendo presente que la Municipalidad de La Florida informó que la situación reclamada estaba relacionada, en la forma y en el fondo, con la demanda laboral referida, rechazada por sentencia de 6 de febrero de 2021, siendo igualmente rechazado el recurso de nulidad, y el de unificación de jurisprudencia fue declarado inadmisible.

Indica que luego del análisis de las sentencias acompañadas, esa entidad concluyó que la reclamación había sido ya sometida al conocimiento de los tribunales, de modo que resulta pertinente abstenerse de emitir pronunciamiento.

Argumenta no ser efectivo lo alegado en orden a que el objeto y causa de pedir sean cuestiones enteramente distintas, toda vez que las alegaciones o hechos ventilados en tales instancias se encuentran directa e íntimamente relacionados con el procedimiento disciplinario sustanciado contra la recurrente, que tuvo como propósito, precisamente, investigar el supuesto clima laboral hostil denunciado por la actora en sede laboral y, en específico los malos tratos recíprocos entre ella y otros funcionarios de la SECPLA.

Indica que se desprende tanto de la reclamación como de las sentencias, que los hechos que dieron lugar al conflicto laboral que la actora mantiene con la Municipalidad, también fueron objeto del sumario administrativo, por los maltratos recíprocos denunciados. Por todo lo anterior, concluyó que el asunto ya fue previamente conocido por tribunales, debiendo abstenerse y precaver eventuales resoluciones contradictorias.

Agrega que esto es coherente con el artículo 6° inciso tercero de la Ley N° 10.336, que tiene por fin evitar que ese organismo dictamine tratándose de materias entregadas al conocimiento del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, principio válido tanto para los juicios pendientes como aquellos en que ya se dictó fallo, como en la especie.

De esa forma no advierte un actuar ilegal o arbitrario de su parte, toda vez que habiendo los tribunales conocido y dictado sentencia sobre los hechos que motivaron el reclamo de ilegalidad, se configuró la causal de abstinencia.

Añade que la verdadera pretensión de la actora consiste en dejar sin efecto la sanción administrativa impuesta mediante el Decreto Alcaldicio N° NUM001 de 2021, correspondiendo que se desestime la acción a su respecto por falta de legitimación pasiva.

Sobre la supuesta vulneración de derecho de igualdad ante la ley, en su caso, afirma que del tenor de la acción se advierte que la recurrente no ha acreditado la existencia de diferencias arbitrarias que lesionen esta garantía, el que ha sido respetado estrictamente por ese organismo, que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales se ha limitado a aplicar la normativa existente en la materia, aplicando un criterio empleado de manera uniforme. En situaciones similares, se ha abstenido de informar sobre cuestiones previamente ventiladas ante tribunales, como dan cuenta diversos dictámenes que acompaña.

Por el contrario, si hubiera resuelto en forma diferente, ello sí habría constituido una vulneración a esta garantía, pues se habría aceptado que la recurrente no se encuentra sujeta a la normativa constitucional y legal que regula la materia.

Tercero: Que, por su parte, informando la recurrida Ilustre Municipalidad de La Florida, solicita el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Como cuestión previa, resalta que se hace una serie de argumentaciones en torno al Decreto Alcaldicio N° NUM001 de 1 de abril de 2021, notificado a la actora el día 26 de igual mes y año, encontrándose en exceso fuera del plazo establecido para intentar esta acción cautelar en su contra atendida la fecha de presentación de la acción, de conformidad con el numeral 1° del Auto Acordado que regula la materia, por lo que procedería que se declare inadmisible por extemporáneo el recurso.

Se refiere extensamente al sumario administrativo y su tramitación, así como al procedimiento judicial, fallado por sentencia ejecutoriada que desestimó la denuncia de la recurrente.

Luego, niega que exista ilegalidad o arbitrariedad por su parte. En ese sentido, indica que tal como se acreditó en sede jurisdiccional, esa municipalidad no ha incurrido en ilegalidad alguna, no sólo respecto de los hechos denunciados sobre supuesta vulneración de derechos en contra de la actora, sino que además respecto del proceso disciplinario seguido en su contra, como da cuenta el sumario administrativo, impugnado por diversas vías, y que cumplió con todos y cada uno de los principios establecidos por el legislador al efecto.

Reitera que fue el Decreto Alcaldicio N° NUM003 el que le aplicó la medida disciplinaria, decisión que la recurrente impugnó vía reposición, en la que expuso básicamente los mismos argumentos señalados en la demanda de tutela laboral y en el reclamo de ilegalidad, y ahora nuevamente por esta acción cautelar.

Sobre la alegación de que ha existido una infracción al debido proceso, vulneración al derecho de prueba, no abrir un término probatorio pese a solicitud expresa de la defensa en el sumario administrativo, a propósito de que el Fiscal rechazó la apertura de un término probatorio solicitado por la recurrente y sumariada, estima importante referir que de acuerdo al criterio contenido en los dictámenes que cita, el instructor deberá acceder y está obligado a las diligencias solicitadas, sólo si ellas resultan útiles, pertinentes y plausibles para esclarecer los hechos que han sido objeto de la investigación y así poder determinar el grado de responsabilidad que en ellos cabe al inculpado.

En ese sentido, se desprende del segundo otrosí de presentación de 3 de diciembre de 2019 de la recurrente, por el que solicitó la apertura de período probatorio, que reproduce, que se habría limitado a solicitar determinadas diligencias. En consecuencia, el Fiscal no se encontraba obligado a acceder a ello, como ocurrió en la especie, en que se rechazó dicha solicitud por resolución de Fiscalía de 9 de diciembre de 2019. La recurrente sostiene que las diligencias solicitadas en el sumario sí eran útiles y pertinentes, sin embargo, tampoco pudo probar o acreditar sus dichos o pretensiones en sede judicial, ante un ente jurisdiccional, autónomo y totalmente ajeno al municipio.

Luego, expresa la recurrente, que ha existido por parte del Municipio “Infracción al debido proceso: Ausencia o ilegalidad de la motivación”, dando cuenta a este respecto que de los hechos investigados y los antecedentes que obran en el expediente sumarial, se acredita su responsabilidad administrativa, tanto en ORD. N°NUM004 del Director de la Secretaria Comunal de Planificación (fojas 3), correos electrónicos (fojas 7, 8, 9, 10, 11, 12); y las declaraciones (fojas 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58), aseverando que el decreto cuestionado, que rechazó el recurso de reposición y que se acompaña, se encuentra suficientemente fundamentado y motivado en sus considerandos.

Por otro lado, como argumento de la falta de motivación, sobre la supuesta errónea calificación de los hechos acreditados, manifestando que no desplegó las conductas calificadas como reprochables, sin aportar antecedentes, limitándose solo a negar su existencia y careciendo de vinculación lo expuesto con una falta de motivación.

En cuanto a la apreciación de los antecedentes probatorios, se ha establecido que se hace en conciencia.

En lo relativo a la afirmación de la reclamante, que habría “desproporcionalidad en la sanción”, en relación a que no se consideraron las circunstancias atenuantes que concurrían a su respecto, con arreglo al criterio contenido en los dictámenes, el jefe superior del Servicio, al decidir imponer una determinada sanción disciplinaria, no se encuentra obligado a considerar para rebajar la pena el buen comportamiento anterior o irreprochable conducta funcionaria.

Respecto a la proporcionalidad de la sanción impuesta, el artículo 120 de la Ley N° 18.883, que señala las sanciones aplicables por responsabilidad administrativa, corresponde al alcalde en su calidad de máxima autoridad de esa entidad edilicia determinarlas. En el caso, señala, no existe una sanción especifica determinada por la ley, por lo cual, el alcalde deberá ponderar los hechos que constan en el expediente sumarial.

Afirma que del expediente se constata que el procedimiento disciplinario respetó el derecho a defensa de la recurrente, toda vez que prestó declaración indagatoria en dos oportunidades, fue objeto de cargos con descripción de las conductas y las normas infringidas, presentó descargos, y dedujo los pertinentes recursos de reposición, dándose cumplimiento a la garantía de un racional y justo procedimiento.

Por otro lado, de los hechos investigados y los antecedentes que obran en el proceso sumarial, se tuvo por acreditada su responsabilidad administrativa, en el ejercicio de acciones graves y reiteradas consistentes en insultos, gritos, malos tratos, denostaciones, interpelaciones inadecuadas y términos peyorativos, generando conflictos internos y mal clima laboral, en contra de otros funcionarios de la Secretaria Comunal de Planificación.

Precisa que lo anterior no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y de la razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar que por esta vía cautelar se supervisen materias relativas al mérito de las decisiones adoptadas en el marco y en el ejercicio de facultades propias del recurrido, cuando no se afecta la razonabilidad o proporcionalidad del mismo, siendo claro en su concepto lo que busca la recurrente, que es por esta vía cautelar se revise la decisión a la que arribó tanto el Fiscal Instructor como el Sr. Alcalde, luego de la tramitación del sumario administrativo en comento, invocando diversas infracciones, que en definitiva no ha podido acreditar.

Finalmente, alega la actora que “el sumario debió terminar por aplicación del decaimiento del procedimiento disciplinario”. Señala, que si bien el procedimiento administrativo disciplinario se inició con fecha 17 de julio de 2018, debe tenerse presente que tal como consta en el expediente sumarial y lo indicado en los hechos, el Fiscal Instructor con fecha 1 de marzo de 2019, da cuenta al Sr. Alcalde “que esta investigación se ha visto entorpecida producto de las reiteradas licencias médicas presentadas por la señora nombre reservado, lo que ha impedido desarrollar diligencias, en especial relacionadas a la ampliación del sumario”, agregando “En virtud que la señora nombre reservado ha judicializado este tema, habiéndose ya fijado una audiencia preparatoria para el día 19 de marzo próximo y a fin de resolver en consecuencia a lo que señale el tribunal competente; se solicita a usted:

Prorrogar el plazo de instrucción de este sumario…”

Manifiesta que lo anterior, demuestra que la extensión del procedimiento se vio afectado por circunstancias ajenas al Municipio, como son las licencias médicas de la funcionaria inculpada, y por otra parte, el ejercicio de acciones jurisdiccionales que tenían especial correlación a los hechos investigados, y asimismo, resulta como un hecho público y notorio que gravitó en el desarrollo del procedimiento administrativo, la pandemia ocasionada por el brote del COVID- 19, la que provocó la dilación del procedimiento sumarial, dado la disminución de los funcionarios del Municipio, por pertenecer a grupos de riesgo.

Concluye, refiriendo que lo manifestado por la actora en cuanto a un actuar arbitrario e ilegal, no es efectivo, por cuanto se actuó de conformidad a la jurisprudencia administrativa y a la normativa vigente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

I.-En cuanto a la falta de legitimación:

Sexto: Que, la Contraloría General de la República, alegó la falta de legitimación pasiva, argumentando que si bien la recurrente formalmente impugna el Oficio N° NUM000, de esa entidad, de su lectura se advierte que la actuación que en realidad denuncia como vulneratoria es el Decreto Alcaldicio N° NUM001, mediante el cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la actora, manteniendo la sanción.

Séptimo: Que, en torno a la alegación de falta de legitimación, cabe señalar que el recurso de protección dice relación con el actuar de la Contraloría General de la República, en el uso de su facultad revisora y de control. Por cuanto, las alegaciones de la recurrente, a su respecto, están vinculada a la decisión de esa entidad contralora de abstenerse de conocer de su reclamo de ilegalidad, denunciando garantías fundamentales vulneradas por esa actuación en particular.

Octavo: Que, al tenor de lo expuesto en el considerando precedente, resulta dable resolver el rechazo de la alegación de falta de legitimación pasiva deducida por el órgano contralor, en razón de que el presente recurso se ha interpuesto en su contra por su actuar como órgano de control y de las resoluciones dictadas en el ámbito de su competencia, razón suficiente para descartar la referida alegación.

II.- En cuanto a la extemporaneidad Noveno: Que en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

Décimo: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad intentada por la recurrida I. Municipalidad de La Florida, es dable señalar que corresponde acogerla a su respecto, pues, tanto del tenor del propio recurso de protección como del informe evacuado por la recurrida se desprende que el recurrente, a lo menos, en fecha 26 de abril de 2021 tomó conocimiento del Decreto Alcaldicio N° NUM005, lo que permite colegir que el presente arbitrio se planteó extemporáneamente respecto de la entidad edilicia, toda vez, que se intentó vencido o más allá de los treinta días a que se refiere la norma citada en el motivo anterior, al haberse presentado la presente acción el 29 de enero de 2023, en contra del acto emitido por la I.

Municipalidad de La Florida.

III.- En cuanto al fondo:

Undécimo: Que, sin perjuicio, de lo anterior, en lo que respecta a la I.

Municipalidad de La Florida, ha de considerarse que el recurrente reclama como ilegal y arbitrario, el actuar de las recurridas, relacionado con la tramitación del sumario administrativo ante la Ilustre Municipalidad de La Florida, que culminó con el Decreto Alcaldicio N° NUM003 de 23 de febrero de 2021, mediante el cual se determinó la medida disciplinaria de suspensión del empleo de la recurrente, con 50% de remuneraciones y anotación de demérito, el que fue objeto de recurso de reposición, siendo rechazado el 1° de abril de 2021, a través del Decreto Alcaldicio N° NUM001, así como la alegación de extinción del acto administrativo por decaimiento.

Respecto de la II Contraloría Regional Metropolitana, se reclama el Dictamen N° NUM000, de 16 de diciembre de 2022, por el que se abstiene de conocer de su reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de lo obrado en el sumario administrativo, afinado por el DA N° NUM001.

Duodécimo: Que, en primer lugar, es necesario precisar que la recurrente fue objeto de un proceso sumarial, iniciado el 17 de julio de 2018, el que en una primera etapa cerró la investigación sumaria, con la propuesta fiscal de 18 de diciembre de 2019, de aplicación de la medida disciplinaria de suspensión de tres meses con privación temporal del empleo y goce de un 50% de las remuneraciones, unido a anotación de demérito de seis puntos.

El proceso disciplinario culminó con fecha 23 de febrero de 2021, por el Decreto Alcaldicio N° NUM003, que le aplicó las sanciones señaladas, lo que fue confirmado por el Decreto Alcaldicio N° NUM001, de 1° de abril de 2021, que rechazó su reposición administrativa.

Décimo tercero: Que, en definitiva la recurrente pretende objetar por esta vía, el resultado de un proceso de investigación sumaria de larga data tramitado por la Ilustre Municipalidad de La Florida, en el cual participó activamente, presentando sus descargos, y declarando, y agotando la vía recursiva administrativa, establecida en la ley; además de haber recurrido por hechos relacionados a los investigados ante la justicia laboral a través de demanda de tutela de derechos fundamentales, la que fue rechazada tanto en primera instancia, como ante esta Corte, en recurso de nulidad que fuera interpuesto por la actora.

Décimo cuarto: Que, la Contraloría General de la República como organismo autónomo, tiene la facultad de ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, a través de la toma de razón de los mismos, o representando la ilegalidad de que puedan adolecer.

A su vez, la ley N° 10.336 y sus modificaciones, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, previene que corresponde a ésta, el control de todos los Servicios Públicos creados por ley, tomando razón de las resoluciones de los Jefes de Servicio o representando su ilegalidad, reglando la formalidad y plazos que deben observar en dichos trámites, velando además por el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo.

Sin embargo, el artículo 6° de su Ley Orgánica, en su inciso tercero, dispone que: “La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor.”

Décimo quinto: Que consecuentemente, la recurrida al pronunciarse, a través de la Resolución N° NUM000, absteniéndose de conocer del reclamo de ilegalidad, ha obrado conforme a lo dispuesto por la Ley, como resultado de haber considerado y analizado la sentencia dictada en el procedimiento laboral de tutela de derechos fundamentales iniciado por la recurrente, concluyendo que los mismos antecedentes fácticos sometidos a su pronunciamiento, fueron previamente sometidos al conocimiento y decisión de la justicia ordinaria.

Décimo sexto: Que de acuerdo lo reseñado precedentemente, resulta dable concluir que la Contraloría, no ha incurrido en una actuación arbitraria, esto es, antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, como lo representa la recurrente, así como tampoco ilegal.

Décimo séptimo: Que, asimismo, y como se advirtió anteriormente, lo que en el fondo se solicita por la recurrente, implica pronunciarse respecto de una situación en la que se encuentran involucrados derechos que fueron objeto de un proceso administrativo, legalmente tramitado, lo que resulta del todo inconducente por esta vía cautelar, la que por su naturaleza, no constituye una instancia declarativa, sino que requiere que el derecho que se estima amagado y cuya protección se reclama, tenga el carácter de indubitado, lo que, en la especie, no concurre, excediendo, por lo tanto, el ámbito de esta especial acción constitucional.

Décimo octavo: Que, en cuanto al actuar de la I. Municipalidad de La Florida, y tal como se ha dicho precedentemente, atendida la finalidad de la recurrente en orden a impugnar una medida disciplinaria adoptada en un proceso sumarial que se encuentra afinado, lleva necesariamente a concluir que la acción de autos no es la vía idónea para tales efectos, por cuanto, no ha sido creada para la solución de conflictos que se encuentran sometidos a normas y procedimientos establecidos por ley.

Décimo noveno: Que, consecuentemente, y como se ha venido relacionando, no habiéndose producido la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional por las recurridas, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria como lo sostiene la actora, y no habiéndose incurrido en actuación arbitraria, esto es, de manera antojadiza, caprichosa o contraria a la razón, ni en ilegalidad, como se reprocha, sino que por el contrario, las decisiones han sido emitidas conforme a las legítimas atribuciones tanto del ente contralor, como de la I. Municipalidad recurridos, por lo que, resulta entonces dable concluir que no se han conculcado las garantías constitucionales por las que se ha recurrido de protección.

Vigésimo: Que, sin perjuicio de la conclusión a que se ha arribado, en lo tocante a la alegación de la actora, relativa al decaimiento del acto administrativo municipal, es preciso destacar que el criterio básico para asentar el decaimiento del procedimiento administrativo no sólo se relaciona con el transcurso del tiempo, sino que el eje esencial se relaciona con la falta de eficacia del acto que en virtud de la demora en la decisión, afecta el contenido jurídico del procedimiento administrativo transformándolo abiertamente en ilegítimo, determinando que éste se torne inútil, cuyo no es el caso, toda vez que, además que la teoría del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, no posee consagración normativa en nuestro derecho, la misma no puede configurar una causal de extinción de los actos administrativos, toda vez, que éstas se encuentran taxativamente indicadas en el artículo 40 de la Ley N° 19.880; y a mayor abundamiento, el plazo de seis meses que estatuye el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no es un plazo de caducidad, sino una regla de celeridad, cuyo incumplimiento, solo trae consigo consecuencias de orden interno disciplinario, y no de tipo sancionatorio, como la nulidad o invalidación del acto.

Consecuentemente, esta alegación será desestimada.

Vigésimo primero: Que, así las cosas, el recurso en estudio, no puede prosperar, debiendo desecharse.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma.

Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana y de la Ilustre Municipalidad de La Florida.

Se previene que la Ministra (S) Sra. Zúñiga estuvo por imponerle a la recurrente el pago de las costas de la causa, por haber litigado sin motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina Protección N° 1056-2023.- No firma la ministra señora Durán Madina, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Inelie Duran Madina, e integrada, además, por la Ministra (S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.