nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña Carla Nicole Cañón Rubio, abogada e interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Plan Vital, por el acto que niega la solicitud de retiros de fondos para extranjero, notificado con fecha 21 de abril de 2025.

Explica que la recurrente hizo la solicitud de retiro de fondos previsionales para técnicos extranjeros, conforme a la Ley N° 18.156, la que fue rechazada el 2 de abril de 2025, por falta de acreditación de que la trabajadora se encuentre afiliada a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; y debido a que no resulta aplicable la devolución al personal contratado por organismos públicos, mediante decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales, no sujeto a las normas generales del Código del Trabajo.

Agrega que la recurrente acompañó, en lo que interesa al recurso, el certificado que acredita el vínculo laboral como funcionaria pública y el certificado de constancia de afiliación al Instituto Venezolano de Seguridad Social, dándose íntegro cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 18.156, resultando procedente el retiro de fondos, el que se ve obstaculizado por la recurrida, quien realiza una interpretación formalista, afectándose los derechos establecidos en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Luego de referirse a la admisibilidad del recurso de protección y los prepuestos del mismo, en definitiva, solicita que se reconozca la documentación suministrada y se ordene a la recurrida emitir nuevo pronunciamiento sobre la solicitud, conforme a derecho, y dentro de plazo razonable.

Segundo: Que la recurrida evacúa informe del recurso.

Señala que la recurrente, doña nombre reservado, adjuntó a su solicitud de devolución de fondos previsionales, una constancia electrónica de cotizaciones de Venezuela, que estaría vencida, ya que fue otorgada el 21 de marzo de 2023, siendo la vigencia del documento sólo de 120 días.

Sin perjuicio de ello, el rechazo se ajustaría a derecho, porque no es posible otorgar la devolución al no haberse acreditado el cumplimiento del requisito relativo a demostrar que se cuenta con cobertura previsional por todos los riesgos; enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante el tiempo trabajado en Chile, toda vez que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de Seguridad Social, no especifica la cobertura.

Por otro lado, en el número 6, del Libro II “Cotizaciones Previsionales”, Título XI “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales” del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones se establece expresamente que: “No tendrán acceso a la devolución de fondos en virtud de la Ley N°18.156 el personal contratado por Organismos Públicos mediante un decreto de nombramiento, sometidos a estatutos especiales y no sujeto a las normas generales sobre contratación establecidas en el Código del Trabajo".

En tal sentido, agrega, que consta en el documento que ha sido acompañado por la recurrente, que su contrato con el Hospital de San Javier, no está sujeto a las normas generales de contratación del Código del Trabajo, sino a estatutos especiales, por lo que normativamente no procede la devolución pedida por la actora.

Añade que de conformidad con las facultades de la Superintendencia de Pensiones, el artículo 94 del Decreto Ley N° 3500, establece que corresponde a dicha Superintendencia fijar la interpretación de la legislación y reglamentación, con carácter obligatorio para las administradoras, por lo que no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente y solicita el rechazo del recurso interpuesto.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de dicha ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como esos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente el cumplimiento de la certificación, tanto de la administradora de fondos de pensiones de su país de origen como de una entidad promotora de salud, no habiéndose cumplido este último requisito por parte de la protegida mediante la aportación del certificado respectivo, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición de la actora.

Séptimo: Que examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación, además de exceder su periodo de vigencia, no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por doña Carla Nicole Cañón Rubio en favor de doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese y archívese.

Redactado por la ministra suplente Paula Rodríguez Fondón.

Protección N°10541-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, por la ministra (S) señora Paula Rodríguez Fondón y la abogada integrante señora Bárbara Vidaurre Miller. No firma la abogada integrante señora Vidaurre, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.