nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES

Santiago, trece de diciembre de dos mil dieciséis.

Vistos:

A fojas 3 comparece doña nombre reservado, pensionada, domiciliada en domicilio reservado, Región Metropolitana, recurre de protección en contra de la Caja de Compensación Los Andes, representada por don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; por el acto ilegal y arbitrario consistente en solicitar a la actual empleadora de la actora que descontara de sus remuneraciones mensuales, las cuotas de un supuesto crédito social que data del año 1994, y que se encontraría extinguido por prescripción, vulnerando, así, los Nros. 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Funda su acción esgrimiendo que con fecha 29 de agosto de 2016, la recurrida mediante un simple papel, y verbalmente a través de una funcionaria, le informó que solicitó a su actual empleadora que le descuente de sus remuneraciones mensuales, desde el mes de agosto último, la suma de $42.280, por cuotas de un crédito otorgado por la Caja de Compensación 18 de Septiembre, por un total de $718.760 que presuntamente dicha institución le otorgó en el año 1994. Agrega que la recurrida no solo se ha negado a darle más antecedentes sobre tan grave hecho, que la afecta económicamente, sino que además se le aplica una sanción sin que haya sido notificada, o sentencia que la condene a tal pago, refiere que simplemente y de forma arbitraria e ilegal, la recurrida ha pedido a su empleadora que le efectúe este descuento ilegal y perjudicial.

Señala que la Caja de Compensación Los Andes, le está cobrando un crédito social que evidentemente está extinguido por prescripción y que, no obstante, no ha tenido siquiera derecho a defenderse. Añade que durante 22 años jamás ha sido demandada o notificada en alguna forma por esta presunta deuda que la recurrida arbitrariamente ha ordenado que se le descuente.

Solicita que por esta vía se disponga: a) que la Caja de Compensación Los Andes deje sin efecto toda orden, resolución o solicitud de descontar de sus remuneraciones “deuda de Caja 18 de Septiembre” por la suma de $718.760 y b) que deje sin efecto toda inclusión de sus datos y nombre en la signada nómina mensual de retenciones previsionales.

A fojas 27, al informar el recurrido, solicita el rechazo del recurso. Sostiene, en resumen, que la legislación vigente previene expresamente la facultad de las Cajas de Compensación para informar a la entidad afiliada, la existencia de créditos impagos, a fin que éstas procedan a retener y remesar los fondos respectivos a la Caja informante. Este mandato, dice, es irrenunciable para la institución de seguridad social y su aplicación es fiscalizada por la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de La República.

Afirma que no existe ilegalidad alguna y, luego de invocar los artículos 58 del Código del Trabajo y 22 de la Ley Nro. 17.322, hace presente que no se consulta al afiliado para proceder a los descuentos respectivos y que, a mayor abundamiento, al momento de concederle el crédito se le informó de esta facultad contenida en la ley a la recurrente quien suscribió una autorización de descuento con el objeto que su actual o futuro empleador descontara de sus remuneraciones los dividendos correspondientes al crédito.

Adiciona que no existe vulneración a las garantías constitucionales alegadas por la recurrente e indica que el recurso de protección es una acción específica de emergencia, con un procedimiento rápido y formal, y que requiere como cuestión primordial que el derecho que se dice conculcado sea legítimo, que se funde en claras situaciones de facto que permitan por este especial procedimiento restablecer el imperio del derecho.

Finalmente arguye que el fundamento último de la recurrente se sostiene en el pronunciamiento acerca de una eventual prescripción de la acción de cobro, cuestión que ha de ser ventilada al amparo de un procedimiento de lato conocimiento.

A fojas 55 se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan realizado actos u ocurrido omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que realmente priven, perturben o amenacen el debido ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre garantizado y amparado en el texto constitucional;

Segundo: Que del examen de la acción de protección deducida, según se adelantó, aparece que la parte recurrente ataca la actuación de la Caja de Compensación Los Andes por la cual solicitó a la actual empleadora de la actora que descontara de sus remuneraciones mensuales, desde el mes de agosto de 2016, las cuotas de un supuesto crédito social otorgado por la Caja de Compensación 18 de Septiembre a la recurrente, que data del año 1994;

Tercero: Que de cara a las argumentaciones expresadas en el motivo que precede corresponde anotar que los postulados de la parte impugnante obligarían a esta Corte a resolver sobre el fondo del asunto, declarando que la deuda que invoca la recurrida, y que justificaría el descuento que dispuso se hiciera en sus remuneraciones a la trabajadora, se encuentra prescrita, o que, en todo caso no procede el cobro de la misma, situación ésta que importaría un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una omisión arbitraria o ilegal según quedó consignado en el razonamiento primero de este fallo;

Cuarto: Que a la conclusión precedente se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “La Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sinnúmero de fallos;

Quinto: Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso debe ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “El recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo.” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terrae Nro. 6, 2002, p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “[…] si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de las garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39);

Sexto: Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que encuentra los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar sobre la validez del título invocado por la recurrida para justificar el descuento y consecuente cobro del crédito social que invoca ni lo es para decidir sobre la exigibilidad actual del mismo.

En este sentido nombre reservado señala que “[…] si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericanas es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal.” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211);

Séptimo: Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de las fronteras del recurso de protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, solo por ese motivo –y aun consciente este Tribunal que el cobro que se pretende hacer a la trabajadora corresponde a un supuesto crédito que fuera otorgado hace ya 22 años atrás, hecho evidente que ha debido considerar la Caja de Compensación recurrida al actuar como lo ha hecho y que debe ser revisado por la vía legal pertinente– no puede prosperar;

Octavo: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que la recurrente posea un derecho indubitado que la habilite para reclamar por el presente medio, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a fojas 3 por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti.

N° Protección-105.396-2016.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora nombre reservado, e integrada por la Ministra señorita Romy Grace Rutherford Parentti y el Abogado Integrante señor Mauricio Decap Fernández.

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