ACTIONLINE CHILE S.A con JORGE MELENDEZ CORDOVA , JEFE DE LA INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA - INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO PRODENCIA

Foja: 110 Ciento Diez Santiago, veintitrés de abril de dos mil catorce.

A fs.108 y 109: téngase presente.

Vistos Primero: Que a fojas 15 comparece la sociedad Actionline Chile S.A. y deduce recurso de protección en contra de la resolución N° 8050/14/2014, de 27 de febrero de 2014, emitida por la Inspección Comunal de Trabajo de Providencia, acto que le conculcaría las garantías constitucionales comprendidas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Expresa que la empresa desarrolla el giro de Call Center y que el día 21 de enero del presente año fue objeto de fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, fiscalización que importó se le cursara una multa de 60 UTM por una supuesta infracción a los artículos 55 inciso primero, 7 y 506 del Código de Trabajo, fijándose como hecho el “No pagar las remuneraciones compuestas por comisiones conjuntamente con las remuneraciones comisiones ordinarias, respecto del período en que se efectuaron las operaciones u ocurrieron los hechos que dieron origen, sin que existan razones técnicas, las que se encuentran devengadas e incorporadas al patrimonio de los trabajadores nombre reservado noviembre y diciembre 2013; nombre reservado noviembre y diciembre 2013; nombre reservado noviembre y diciembre 2013; nombre reservado noviembre y diciembre 2013; nombre reservado diciembre 2013; y nombre reservado diciembre 2013”, multa que se cursó por medio de la Resolución N° 3374/14/5, de 29 de enero de 2014.

Refiere que la resolución reseñada en el párrafo precedente fue objeto de una reconsideración administrativa, la cual al momento de interponerse el presente recurso se encuentra pendiente de decisión.

Agrega que con fecha 4 de febrero de 2014 nuevamente se constituyó un fiscalizador de la Inspección del Trabajo en la empresa, proceso que terminó con la emisión de la Resolución N° 8050/14/12, que es justamente la que motiva la presente acción, que impone una multa de 60 UTM por una supuesta infracción a los artículos 55 inciso primero, 7 y 506 del Código de Trabajo, fijándose como hecho el “No pagar las remuneraciones compuestas por comisiones conjuntamente con las remuneraciones mensuales, respecto del período en que se efectuaron las operaciones u ocurrieron los hechos que dieron origen; sin que para ello existan razones técnicas las que se encontrarían devengadas e incorporadas al patrimonio de los trabajadores y períodos Octubre, Noviembre, Diciembre 2013 y Enero 2014: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado”.

Plantea el recurrente que como consta de lo anterior su parte fue sancionada nuevamente por los mismos hechos que ya habían sido constatados en la primera fiscalización 14 días antes.

Expone que lo obrado por la recurrida importa una infracción al principio denominado “non bis in ídem”, principio que se encuentra íntimamente vinculado a los de legalidad y tipicidad, y que en definitiva no hacen sino prohibir que una persona pueda ser sancionada dos veces por un mismo hecho. En este contexto, agrega, lo obrado por la Inspección del Trabajo constituye una manifestación clara del ejercicio abusivo de las facultades sancionatorias, generando en su parte un estado de indefensión a consecuencia de una infracción a sus propias normas internas, las cuales en la Circular N° 18 de la Dirección de Trabajo, Anexo 6, establece que no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho.

Reitera la recurrente que ha sido sancionada dos veces por los mismos hechos, pudiendo llegarse al absurdo de que siendo 1800 trabajadores, se le cursaran esa misma cantidad de infracciones, circunstancias que por lo demás ya ha sido rechazada por los tribunales de justicia, citando al efecto fallos de las Cortes de Apelaciones de Copiapó y Puerto Montt.

Termina reseñando que el actuar de la Inspección Comunal del Trabajo le conculca los derechos ya referidos, solicitando se deje sin efecto a resolución recurrida.

Segundo: Que informando la Inspección del Trabajo ésta solicita el rechazo de la acción constitucional intentada, petición que funda en el hecho de ser la misma improcedente, dada la existencia de un recurso especial contenido en la legislación procesal laboral; y en subsidio de ello, en razón de no haber cometido ilegalidad o arbitrariedad alguna.

Respecto de la alegación de carácter procesal plantea que el artículo 20 de la Constitución Política de la República consagra la acción constitucional y lo hace “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer la autoridad o los tribunales”, lo que se traduce en que su ejercicio no puede reemplazar procedimientos precisos y urgentes contemplados en la ley, circunstancia que adquiere relevancia desde que la propia recurrente reclamó de la primera de las multas que le fuera impuesta, reclamo que formuló de conformidad con lo dispuesto en el artículo 420 letra e) del Código de Trabajo.

En subsidio de lo anterior refiere la recurrida que la fiscalización de 7 e febrero de 2014 se realizó a instancia de una denuncia formulada por trabajadores de la sociedad recurrente, constatándose la ocurrencia de una grave infracción a la legislación laboral, consistente en “No pagar las remuneraciones compuestas por comisiones conjuntamente con las remuneraciones mensuales, respecto del período en que se efectuaron las operaciones u ocurrieron los hechos que dieron origen; sin que para ello existan razones técnicas las que se encontrarían devengadas e incorporadas al patrimonio de los trabajadores y períodos Octubre, Noviembre, Diciembre 2013 y Enero 2014: nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado”, hecho que no es otro que el no pago de las remuneraciones a los trabajadores.

Expone que la descripción de los hechos que motivaron la multa permite constatar que ésta ha sido impuesta en razón de incumplimiento laborales distintos, pues se trata de otros trabajadores y por períodos disímiles, lo que se traduce en que no se configura la infracción al principio non bis in idem, pues para que éste concurra es necesario una identidad que en el caso de autos no se presenta, tratándose, todas, de infracciones distintas.

Termina señalando que su parte no ha incurrido en un actuar arbitrario o ilegal, desde que su acción se encuentra plenamente motivado y ha obrado dentro del ámbito que la ley le reconoce.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que según se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o consecuencias que se han indicado afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que la señorita abogado de la recurrente expresó en estrado que la Inspección del Trabajo acogió la reconsideración interpuesta en contra de la Resolución N° 3374/14/5, de 29 de enero de 2014, en atención a haberse acreditado que las remuneraciones habían sido pagadas íntegramente; información que fue refrendada por la señorita abogada de la Inspección el Trabajo, precisando que la fecha de dicha resolución es de 12 de abril del presente año.

De igual modo la recurrente afirmó, en estrado, que la multa reclamada también adolecía de un error de hecho por estar pagadas las comisiones, pero que dicha circunstancia no la alegó en su recurso ni lo hizo presente en el curso de su tramitación.

Sexto: Que siendo las bases de la alegación formulada el que las resoluciones N° 3374/14/5 y N° 8050/14/12 son idénticas en su formulación y que ambas se encuentran vigentes, el presente recurso no podrá prosperar, toda vez que la primera de ellas fue dejada sin efecto por la autoridad administrativa, por lo que no concurre el segundo de los requisitos sobre los cuales se construyó la acción constitucional materia de autos.

Séptimo: Que por lo argumentado anteriormente, el recurso interpuesto en estos autos ha de ser rechazado.

De conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso intentado a fojas 15 por la empresa Actionline Chile S.A., con costas del recurso.

Regístrese y archívese.

N°Protección-10527-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro Señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Enrique Durán Branchi.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, a veintitres de abril de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.