nombre reservado con SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado y deduce acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por los actos que estima ilegales y arbitrarios, y que afectan la garantía constitucional consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, consistentes en negarle el pago de la bonificación adicional establecida en el artículo 8° de la ley N° 21.135, -que otorga beneficios de incentivo al retiro para los funcionarios municipales que indica- pese a haberle reconocido tal derecho mediante resolución exenta N° 6.956, de 1° de septiembre de 2021, de esta Cartera de Estado.

Expone que fue funcionaria de la I. Municipalidad de Puerto Varas desde marzo de 2001 a febrero de 2022, desempeñándose en los cargos y en los periodos que detalla en su presentación.

Indica que con fecha 12 de marzo de 2019 expresó su voluntad de postular a la bonificación de retiro voluntario y a los beneficios que establece la ley N° 21.135, específicamente la bonificación adicional que contempla el artículo 8° de dicho texto legal, dado que contaba con más de 12 años de servicios en la entidad edilicia. Por resolución exenta N° 6.956, de 2021, de la repartición de Estado recurrida, se incluyo su nombre como beneficiaria de los cupos previstos para el año 2020, acto administrativo que, a su juicio, le reconoce el derecho al beneficio impetrado.

Comenta que, no obstante, lo anterior, con fecha 2 de septiembre de 2021 recibió un correo electrónico de parte de la Jefa de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de Puerto Varas, en el que expresa que la recurrida no pretende realizar el pago, por contar con menos de 10 años de antigüedad laboral al momento de la postulación.

Advierte que la resolución exenta N° 6.956, de 2021, sigue vigente, sin que sea factible dejarla sin efecto mediante la aludida comunicación, sin embargo, al no haber ejercido la recurrida su función revocatoria como en derecho corresponde, le ha privado de la posibilidad de ejercer otros derechos, con la salvedad de la presente acción constitucional, siendo la única vía para reestablecer el imperio del derecho.

Hace presente que a la fecha se le han pagado los 11 meses de remuneraciones que corresponden a la bonificación por retiro voluntario que prevé la misma preceptiva en su artículo 1°, en circunstancias que lo que correspondía que ambos beneficios le fueran enterados de manera simultánea, lo que no ha acontecido.

Alega que la actuación de la Subsecretaría es ilegal y arbitraria toda vez que mediante un simple correo electrónico pretende desconocer la resolución dictada por ella misma, arguyendo que a recurrente no cuenta con los 10 años de servicio que exige la norma, ya que entre los periodos de 6 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2010 se habría desempeñado sujeta a contrato de trabajo, ello pese a que, aún descontado ese periodo, cuenta con más años de servicio para la institución municipal.

Observa que la recurrida reconoció expresamente su antigüedad, al contemplarla como beneficiaria de la bonificación adicional, por lo que ha infringido el principio de confianza legítima y la ha dejado en posición de no poder volver a impetrar el beneficio, pues dejó de ser funcionaria, lo que le genera un perjuicio patrimonial.

Por lo anterior solicita se ordene a la recurrida que le realice el pago de la bonificación adicional establecida en el artículo 8° de la ley N°21.135, reconocido por la resolución exenta N° 6.956 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, con costas.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso comparece don nombre reservado, nombre reservado Regional y Administrativo, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional, con costas.

Señala que conforme lo preceptuado por los artículos 8° de la ley N°21.135 y 2° letra i de su Reglamento, aprobado por el decreto N° 193, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y al amparo de lo dictaminado por Contraloría General de la República, no corresponde contabilizar para efectos de la bonificación adicional que impetra la recurrente los años servidos bajo las normas del Código del Trabajo.

Por ese motivo con fecha 1° de junio de 2022 se informó a la I. Municipalidad de Puerto Varas, en relación a los documentos de la señora nombre reservado que fueron cargados en el sistema y a través de los cuales solicitaba el pago de la bonificación adicional de cargo fiscal, que el Certificado del Secretario Municipal indicaba que, a la fecha de cese de funciones, la recurrente contaba con 16 años y 8 meses, agregando para ello el tiempo que correspondía a su contratación bajo el código del trabajo, tiempo que no es posible computar para obtener beneficios de ese cuerpo normativo.

Precisa que de acuerdo a los nuevos antecedentes aportados a través de este recurso se pudo constatar que la recurrente contaba con 9 años y 88 días al momento de la postulación, esto es, el 2 de febrero de 2019, no cumpliendo con el tiempo requerido.

Destaca que la resolución exenta N° 6.956, de esa Subsecretaría establece únicamente la nómina de candidatos cuyas postulaciones cumplían las exigencias previstas en la ley para acceder a la bonificación señalada en el artículo 1° de la ley N°21.135, no de aquellas requeridas para acceder a la prevista por su artículo 8°, por lo que posteriormente, cuando se verificó el cumplimiento de los requisitos para acceder a ésta última, se pudo constatar que la Sra. nombre reservado no reunía los requisitos para ser beneficiaria de ella.

Tercero: Que, como se ha dicho reiteradamente, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que la recurrente nombre reservado, en cuanto a las circunstancias de hecho y de derecho que invoca, no puede ser desconocido por esta Corte que, con fecha 01 de septiembre de 2021, según Resolución Exenta Nº 6956 de la Subsecretaria Regional y Administrativo, la incorporó nominalmente como beneficiaria de los cupos previstos para el año 2020 por la Ley Nº 21.135, que otorga beneficios de incentivo al retiro a los funcionarios que indica, precisando dicha Resolución que se determinó a doña nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, como uno de los beneficios de los cupos de la bonificación por retiro voluntario a que se refiere el artículo 1º de la citada ley. Asimismo, según el certificado de la Secretaría Municipal de la Municipalidad de Puerto Varas, la autoridad acreditó que la antigüedad laboral de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, durante las fechas indicadas en el certificado, equivalente a 16 años. Además, que doña nombre reservado, tiene derecho a percibir una bonificación adicional de cargo fiscal ascendente a 400 Unidades de Fomento.

Quinto: Que en tales circunstancias se dicta el Decreto Municipal Nº 1232, de 11 de marzo de 2022, que dispone: 1.- Acéptase a contar del 01 de marzo del año 2022, la renuncia voluntaria presentada por doña nombre reservado, R.U.T. RUT reservado al cargo de Contrata, Profesionales grado 10º E.S.M. 2.- Dejase establecido que la Sra. nombre reservado no se encuentra sometida a investigación o sumario administrativo. 3.- Hágase presente que a la fecha de su renuncia la Sra. nombre reservado tiene una antigüedad laboral en la Municipalidad de Puerto Varas de 16 años, lo cual hace procedente que ella perciba una bonificación adicional de cargo fiscal equivalente a 400 UF, de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº 08 de la ley 21.135/2019. 4.- Establécese que la Sra. nombre reservado no tiene derecho a percibir el bono de antigüedad laboral previsto en el artículo 10 de la ley 21.135/2019, en atención a que la antigüedad laboral que ella tiene a la fecha de su renuncia es inferior a 35 años de servicios. 5.- Concédase a doña nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado, el siguiente beneficio de incentivo al retiro de la ley 21.135/2019 “Bonificación adicional de cargo fiscal ascendente a 400 UF. 6.- páguese a doña, nombre reservado, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, la bonificación por retiro voluntario indicada en el Nº 5 de la presente resolución municipal, una vez ingresados en arcas municipales los recursos fiscales correspondientes, transferidos por SUBDERE.”

Sexto: Que tal Decreto Municipal Nº 1232, de 11 de marzo de 2022, se verificó dentro del ámbito de la competencia del órgano en el marco de la Ley Nº 21.135/2019, que otorga beneficios de incentivo para funcionarios municipales y el reglamento que regula el procedimiento para otorgar los beneficios previstos en la referida ley, y las disposiciones contenidas en el Título VI, Art. Nº 144, letra a) de la ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

Séptimo: Que, por consiguiente, no puede desconocer la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo la actuación de otro órgano de la administración pública que se ha verificado dentro del ámbito de su competencia y su propia actuación, ni aún a pretexto que la facultad ha sido ejercida equivocadamente o que los actos administrativos trataban “...únicamente la nómina de candidatos…" y conforme a ello entienda, que por medio de un simple correo electrónico, pueda desconocer su propia Resolución 6956, ante singularizada, fundándose el mail, en una supuesta aplicación errónea de la ley donde se establece el beneficio de incentivo al retiro de que se trata, o por erróneo cómputo de la antigüedad laboral de la recurrente, lo que no puede ser admitido porque el acto administrativo ya había originado derechos para la recurrente, y además, estos habían ya ingresado a su patrimonio.

Asimismo, tal como lo hace notar el arbitrio constitucional, al haber la Municipalidad y la recurrida Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, reconocido expresamente a la recurrente la antigüedad de servicio que establece la norma, al haber sido contemplada tanto por la Municipalidad como por aquella, como beneficiaria de la bonificación adicional al retiro, ha sido infringido el principio de la confianza legítima, al dejarla en una situación de no poder volver impetrar el beneficio, a haber dejado de ser funcionaria municipal, lo que le genera el perjuicio patrimonial antes anotado.

Octavo: Que, en consecuencia, conforme a lo analizado y ponderado precedentemente, los actos de la recurrida Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, resultan ilegales y arbitrarios, y afectan la garantía constitucional de la recurrente nombre reservado, reconocida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, consistentes en negarle el pago de la bonificación adicional, establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 21.135.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y, en consecuencia, se ordena a la recurrida Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, realizar a la recurrente el pago de la bonificación adicional establecida en el artículo 8º de la Ley Nº 21.135, dentro de tercero día.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Peralta, quien fue de opinión de rechazar el recurso de protección, atendido que por medio de la presente vía, eminentemente cautelar y de urgencia, se solicita que se emita un pronunciamiento que significa declarar un derecho de la recurrente que es controvertido por la recurrida, el que debe determinarse mediante un juicio jurisdiccional, en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, sin que pueda ser dilucidado a través del ejercicio de la presente acción cautelar extraordinaria.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

N°Protección-104792-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón. No firma el Abogado Integrante señor Peralta por haber cesado sus funciones.