nombre reservado con BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE

Santiago, diez de enero de dos mil diecisiete.

Vistos:

En estos autos ha comparecido, a fs.19, don nombre reservado, por si y en representación de Inversiones Cerro Los Domínicos interponiendo recurso de protección en contra del BANCO Bilbao Vizcaya Argentaria Chile, persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general don nombre reservado, ignora profesión, por lo que denomina el acto ilegal y arbitrario consistente en comunicarle el cierre de las cuentas corrientes que se mantienen con dicha institución, la línea de crédito para sobregiro, afiliación al sistema y uso de tarjeta de crédito, apertura de línea de crédito y operaciones a distancia.

Este acto de la recurrida, denuncia, constituye una privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que el artículo 19 de la Constitución Política le asegura en sus números 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, y 24, referido al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase bienes corporales e incorporales.

Expresa que según abusivamente lo ha impuesto la recurrida, se cerrarían las cuentas corrientes y productos indicados, en el plazo de 15 días.

Aduce que esta acción de protección es el mecanismo cautelar de emergencia para poner pronto fin a privaciones y amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales, y es procedente, añade, contra actos u omisiones ilegales y arbitrarias de las más variadas autoridades, personas o entidades, que causen agravio a los derechos constitucionales señalados en el inciso 1° del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tocante a los hechos, informa que recibió en su domicilio carta fechada el 29 y 31 de agosto de 2016, en que el banco recurrido le comunicó el cierre de su cuenta corriente y diversos productos bancarios ya singularizados, expresando como único fundamento la circunstancia de permitírselo el contrato de cuenta corriente celebrado con ellos.

Dice que entiende, porque no tiene copia, que en el contrato de cuenta corriente celebrado con el banco recurrido se ha establecido que éste podrá cerrar o poner fin a la cuenta corriente en cualquier tiempo a “su arbitrio”, sin perjuicio de hacerlo, especialmente, también cuando el banco estime que su parte ha incurrido en determinados actos que se señalan.

El recurso aduce que el artículo 1° de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques refiere que del contrato nacen derechos y obligaciones, que pueden ser modificados o suprimidos por mutuo acuerdo o causa legal. En este sentido, el artículo 17 b de la ley N°19.496 establece que en los contratos de adhesión de tipo financiero, no pueden existir términos anticipados o unilaterales sin expresión de causa, por lo que toda cláusula que lo permita debe tenerse por no escrita, por lo que los derechos de que es titular el recurrente y que emanan del contrato de cuenta corriente, conforme al artículo 1545 del Código Civil, son de su propiedad y no pueden ser modificados unilateralmente por el recurrido.

Expresa que el Banco, al comunicar el término del contrato que los vincula, “sin expresión de causa”, modificó unilateral y arbitrariamente la vigencia de la relación contractual pactada, y ello ha significado que se vulneren sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 21 Y 24 de la Carta Fundamental.

Agrega que ha mantenido dichas cuentas corrientes y productos bancarios con el Banco hace más de 5 años, sin que jamás haya tenido inconveniente alguno que el banco recurrido pudiera esgrimir como justificación de su decisión. Su comportamiento comercial con el banco ha sido impecable.

Acusa que el banco pretende vulnerar su derecho de propiedad, en la forma señalada, para lo cual le han dicho que ello podría deberse a informaciones de prensa y televisión que se han efectuado, así como denuncias de un competidor que se han formulado imputándole supuestas conductas ilícitas, todo lo cual es falso.

El recurrente afirma que el cierre de las cuentas implica una vulneración a sus garantías fundamentales, puesto que no existe justificación alguna para la actuación del banco, salvo la arbitrariedad de quien tiene el poder económico de hacerlo.

Explica que el actuar del banco perturba su actividad comercial y personal, lo que se encuentra resguardado en el artículo 19, números 21 y 24 de la Constitución Política.

Este precedente significará, como indican las máximas de la experiencia, que cada vez que una persona se vea cuestionada, se pueda proceder al cierre de sus cuentas corrientes, lo que trae como consecuencia, además de esta vulneración en particular, que el resto de los bancos de la plaza realicen la misma conducta.

El banco ha reaccionado frente a la imputación unilateral de un competidor y denunciante irresponsable que sólo busca causar daño a su imagen y de su empresa. Dichas imputaciones son falsas y sin ningún fundamento.

Añade que el Banco se ha hecho eco de publicaciones de prensa o de televisión falsas, que se hacen en ejercicio del más burdo periodismo de escándalo, cuyo único objetivo es, mediante el alboroto y la mentira, tratar de obtener audiencia.

Dichas imputaciones falsas han sido motivadas por competidores que, de manera desleal, han buscado construir una imagen distorsionada de su persona y su compañía, motivado en gran parte por el éxito que han tenido, lo cual solo es fruto de su trabajo a lo largo de los años, que se ha traducido en ser representantes de importantes compañías extranjeras.

Indica que sin perjuicio de los cuestionamientos de que ha sido objeto, su desempeño como proveedor del sector público durante más de veinticinco años ha sido impecable, sin haber tenido en todo este tiempo algún reproche o sanción de ninguna naturaleza. Jamás le ha sido ejecutada alguna Boleta de Garantía a su empresa.

El 28 de julio de 2016, dice, esta Corte acogió un recurso de protección en causa ROL N°21.920, en donde se alegaba la misma infracción a la garantía Constitucional, ordenando la reapertura de las cuentas corrientes referidas, en base a los argumentos que reproduce, contenidos en las motivaciones 4, 5° y 6º de la respectiva sentencia.

Finalmente, el recurrente pide tener por interpuesto recurso de protección por los actos arbitrarios e ilegales en que ha incurrido, admitirlo a tramitación, y acogerlo en todas sus partes, declarando que se deje sin efecto la arbitraria medida de cierre de las cuentas corrientes indicadas, declarando que el actuar del Banco recurrido ha sido arbitrario e ilegal, y que le ha privado del legítimo ejercicio de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 números 21 y 24 de la Constitución Política, debiendo adoptarse las medidas necesarias para poner fin a las arbitrariedades denunciadas, y disponer la restitución de sus derechos como cuentacorrentista, ordenando que quede sin efecto el cierre y ordenar la reapertura de las cuentas, con expresa condenación en costas.

Se acumuló, a fojas 73, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, cónyuge del Sr. nombre reservado, en contra de Banco BBVA por el cierre de su cuenta corriente y productos asociados. Las razones que invoca son similares a las que señaló el actor Sr. nombre reservado.

Comparece don Benjamín Vidal Inda, abogado, en representación de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile.-, evacuando los informes decretados a fojas 42 y 94 y solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expresa que la comunicación del cierre de las cuentas de don nombre reservado no fue producto de un mero capricho. Dicha decisión se adoptó luego de un cuidadoso proceso de análisis de su situación al interior del Banco.

Las razones del cierre se deben a depósitos en las cuentas corrientes tanto en pesos, dólares y euros por montos sustancialmente superiores a los ingresos declarados. Además hay transferencias desde el extranjero que proceden de empresas acusadas de cometer delitos de soborno y lavado de activos. Se han recibido órdenes de pago al exterior carentes de justificación. El negocio de los recurrentes es la venta armamentos que están sujetos a investigación.

Expresa que no ha incurrido en una actuación ilegal o arbitraria por cuanto:

a) el Capítulo 2-2 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que regula el cierre del contrato de cuenta corriente dispone que ésta podrá ser cerrada unilateralmente por el respectivo Banco o a petición del cliente tomando los resguardos en cuanto a provisión de fondos para la cobertura de los cheques no cobrados.

b) el contrato suscrito por las partes, contempla la facultad para que cualquiera de las partes, en forma unilateral, ponga término al contrato en cualquier tiempo.

c) la indeterminación del origen de los ingresos en la cuenta corriente del recurrente, los obliga al cierre de las cuentas y aquello, incluso podría dar origen a alguna de las infracciones contempladas en la ley 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activo.

Por último, para solicitar el rechazo del recurso, el recurrente hace referencia a la jurisprudencia sobre la materia agregando que no se aportan antecedentes por parte del recurrente en cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales que se dicen violentadas.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero.- Que, como se ha venido sostenido en forma reiterada por esta Corte, el Recurso de Protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, es una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. En consecuencia, es requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o bien, arbitrario o sea, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo.- Que, el acto que motiva el recurso en examen, está representado por la terminación unilateral por parte del Banco recurrido del “Contrato de Operaciones Bancarias “ suscrito con los recurrentes, que involucró el cierre de sus cuentas corrientes, línea de crédito para sobregiro en cuenta corriente, línea de sobregiro pactado, afiliación al sistema y uso de tarjeta de crédito y apertura de línea de crédito y de operaciones a distancia, lo que carecería de la fundamentación correspondiente atendido que el recurrido adoptó tal medida de conformidad con lo dispuesto en los literales b) d) y k) de la letra B) de la cláusula 5.2.3 del respectivo contrato, lo que constituiría un acto ilegal y arbitrario atendido que el recurrente ha tenido un comportamiento de pago irreprochable.

Tercero.- Que, no estando discutida la oportunidad en que se produjo el término del contrato bancario de los recurrentes y por ende, de los productos bancarios antes referidos, cabe determinar si lo actuado por el Banco constituye un acto ilegal y arbitrario y sobre el particular, en concreto, el recurrido apoya su determinación sosteniendo que está habilitado para poner término en forma unilateral y en cualquier tiempo a lo pactado, aduciendo en este caso, que los recurrentes no ha proporcionado antecedentes que se ajusten a la realidad en cuanto dice relación con el monto de los depósitos de su cuenta corriente muy superiores a sus ingresos mensuales que registra el Banco, sin que haya aportado los necesarios para desvirtuar la inconsistencia estando obligada la entidad bancaria, conforme a la normativa de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, a velar por la transparencia de las operaciones bancarias de sus clientes evitando sanciones o incurriendo en infracciones a las disposiciones de la ley 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero.

Cuarto.- Que, consecuente con lo indicado anteriormente, tratándose de un “ Contrato de Operaciones bancarias”, el recurrente debe cumplir con la legislación existente en cuanto al origen de los dineros que registre tanto su cuenta corriente como en inversiones representadas por depósitos a plazo o fondos mutuos, haciendo constar que lo pactado en las letras b) c) d) y k) del numeral 5.2.3 del contrato, busca prevenir el lavado de activos sin que sea desdoroso el que se haga referencia directa o indirecta a la legislación respectiva. Sin perjuicio de ello, lo pactado habilitaba a la recurrida para adoptar la medida atendido lo dispuesto en las letras b) y k) del numeral 5.1 B) por no ajustarse a la realidad los antecedentes declarados como ingresos mensuales de los recurrentes y el monto total de los depósitos en cuenta corriente en el período cuestionado y, disponer con los antecedentes para determinar la razonabilidad y coherencia entre sus ingresos y la actividad que desarrolla.

Quinto.- Que, por otra parte, es dable señalar que el “Contrato de Operaciones Bancarias” y entre estas, el de cuenta corriente bancaria es intuito personae, en el que la confianza entre los contratantes resulta esencial en la continuidad del mismo, tanto para el cliente como para el Banco. En el presente caso, el recurrido ha señalado las razones por las cuales no desea continuar con la cuenta del recurrente y por ello, su actuación no puede ser tildada de arbitraria, caprichosa o que ello, no obedece a una razón, sin perjuicio que el hecho de ser los recurrentes clientes antiguos de la entidad bancaria, no impide que variando las circunstancias en cuanto a la transparencia de la relación comercial, se adopte la determinación que se reprocha por inconsistencias entre los ingresos mensuales del cliente según datos por él aportados y el monto de los depósitos registrados.

Sexto.- Que, dicho lo precedente, puede concluirse entonces que en la especie, ninguna de las garantías que se señalan conculcadas o amenazadas, tiene lugar, tanto la referida a la propiedad en todas sus especies, como la referida a la actividad económica que pueda realizar el recurrente, sin que, asimismo se vea afectada su honra ya que no hay violación en el campo de sus afectos y patrimonio moral que es lo que protege la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se rechazan los recursos deducidos a fojas 19 por don nombre reservado y fojas 73 por doña nombre reservado contra el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA).

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro señor Muñoz Pardo.

Rol N° Protección 104748 – 2016.- Pronunciada por la Quinta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Manuel Muñoz Pardo e integrada por el Ministro señor Miguel Vázquez Plaza y el Abogado Integrante señor David Peralta Anabalón.

En Santiago, diez de enero de dos mil diecisiete, autoriza la resolución que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.

Autorizada por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.