nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veinticinco.

Al folio 9; téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado mediante acto de fecha 24 de abril de 2025 su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y propiedad privada garantizados por la Constitución Política de la República.

Expone que con fecha 22 de abril de 2025 solicitó ante la AFP Modelo S.A., mediante el portal web correspondiente la devolución de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. Agrega que la solicitud fue identificada con el número 23782 y se acompañaron los documentos requeridos por la normativa, a saber: contrato de trabajo con cláusula de exención de cotizaciones, título profesional apostillado, cédula de identidad para extranjeros vigente y constancia del seguro social venezolano.

Explica que mediante correo electrónico de fecha 24 de abril de 2025, la AFP comunicó el rechazo de la solicitud, argumentando que la documentación presentada para acreditar la afiliación a un régimen previsional fuera de Chile no cumplía con los requisitos establecidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Precisa que la recurrida objetó que la declaración jurada aportada no constituía un certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera ni por la embajada o consulado correspondiente.

Alega que la AFP recurrida ha realizado una interpretación excesivamente formalista de la normativa, desatendiendo la finalidad del legislador. Destaca como hecho público y notorio que, a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, la Embajada de Venezuela en Chile suspendió indefinidamente todos sus trámites, y el gobierno chileno informó sobre la salida del personal diplomático y la suspensión de atención al público en el Consulado chileno en Caracas. Añade que esta situación configura un caso de fuerza mayor conforme al artículo 45 del Código Civil, que hace imposible cumplir con los requisitos consulares exigidos por la recurrida.

Argumenta que el certificado emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es verificable electrónicamente a través del portal oficial www.ivss.gob.ve, utilizando la cédula de identidad venezolana N°RUT reservado o el código de verificación d27400517-2025309. Sostiene que la Ley N°18.156, en sus artículos 1° y 7°, establece como únicos requisitos que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, sin exigir formalidades adicionales de apostillado o legalización.

Según el recurso, la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, al aplicar criterios desiguales respecto de otros solicitantes en iguales circunstancias, como lo demuestra la carta de aprobación de AFP Cuprum (sic) que se acompaña. Asimismo, señala se conculca el derecho de propiedad, al retener arbitrariamente fondos previsionales que constituyen bienes incorporales de propiedad de la recurrente, exigiendo requisitos no contemplados en la ley y creando hipótesis no previstas por el legislador.

En definitiva, solicita que se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, proceder a realizar un nuevo pronunciamiento conforme a derecho sobre la solicitud planteada y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por el abogado Rodrigo Montero Atria, evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso fundado en que la negativa de la solicitud de devolución de fondos previsionales se ajustó estrictamente a la normativa vigente y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que con fecha 22 de abril de 2025 recibió la solicitud N°23782 de devolución de fondos previsionales bajo el amparo de la Ley N°18.156, correspondiente a cotizaciones enteradas por el empleador Entel PCS Telecomunicaciones S.A., entre septiembre de 2019 y marzo de 2025. Aduce que tras analizar la documentación aportada, que incluía título profesional, declaración jurada ante notario de fecha 9 de abril de 2025, y contratos de trabajo, la AFP determinó que no se cumplían los requisitos establecidos en la normativa especial.

Afirma que el rechazo se fundamentó principalmente en que la declaración jurada presentada no constituye el certificado requerido por la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, según lo establece el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en su Libro II, Título XI. Asimismo, señala que tampoco se logró acreditar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral presentada, solicitándose que dichos documentos fueran presentados en formato original y físico.

Fundamenta su actuar en las disposiciones de la Ley N°18.156, particularmente en los artículos 1° y 7°, que establecen requisitos copulativos para proceder a la devolución de fondos. Destaca que el artículo 1° letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisito que debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

Invoca el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones que especifica expresamente la forma de acreditar este requisito, señalando que el cumplimiento debe verificarse "mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada". Excepcionalmente, hace presente que la Superintendencia ha señalado que puede cumplirse con certificado emitido por embajada o consulado respectivo, actuando en representación legal de la institución de seguridad social.

Sostiene que las exigencias de legalización o apostillado derivan de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que regulan el valor probatorio de instrumentos públicos otorgados en el extranjero. Cita jurisprudencia de diversas Cortes de Apelaciones, incluyendo sentencias de Santiago (Rol Libro Protección 22142-2024) y Valparaíso (Rol Libro Protección 2023-2025), que han rechazado recursos similares por no cumplir con los requisitos de legalización o apostillado.

Expresa que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción que establece requisitos copulativos específicos, y que las Administradoras de Fondos de Pensiones están sujetas a la supervigilancia de la Superintendencia de Pensiones conforme al D.L. 3.500. En virtud del artículo 94 del mencionado decreto ley, corresponde a la Superintendencia fijar la interpretación de la legislación del sistema con carácter obligatorio para las Administradoras.

Manifiesta que no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal, sino que ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a las instrucciones vinculantes de la Superintendencia de Pensiones. Asevera que exigir el cumplimiento de estándares normativos para el reconocimiento de documentos emitidos en el extranjero no constituye conducta ilegal ni arbitraria, especialmente cuando se trata de antecedentes que inciden directamente en el cumplimiento sustancial de los requisitos para acceder al beneficio solicitado.

En definitiva, solicita que se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas, por no configurarse los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad requeridos para su procedencia.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de emergencia para resguardar o restablecer el imperio del derecho ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su legítimo ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar auxilio.

Cuarto: Que para resolver el litigio debe revisarse las normas aplicables al caso.

Al efecto, el artículo 1° de la Ley N° 18.156 dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

Quinto: Que a su turno, el artículo 7° de la misma ley señala que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que así las cosas, las exigencias que fundan la negativa de la A.F.P. Modelo S.A., encuentran sustento en la ley, y en los criterios entregados por la Superintendencia de Pensiones, a cuya fiscalización se encuentra sujeta la recurrida, lo que descarta que su actuación se haya apartado de la legalidad vigente o que constituya una discriminación arbitraria.

Por el contrario, su decisión se ajusta al procedimiento fijado en la Ley N° 18.156, para atender solicitudes de la naturaleza efectuada por la recurrente, motivo bastante para desestimar el recurso de protección que se examina, al no existir actuación alguna que deba ser corregida por este medio.

Séptimo: Que a mayor abundamiento, la presente vía no resulta idónea para la discusión planteada en el recurso, no sólo por existir los procedimientos específicos correspondientes, a los que debe sujetarse la recurrente; sino también porque lo relevante, en definitiva, es que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ampararse a través del ejercicio de esta acción de protección, la que busca la tutela inmediata y objetiva frente a vulneraciones ostensibles de los derechos establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental, los que no deben merecer duda alguna en cuanto a su existencia y ejercicio por el afectado.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 10457-2025.