nombre reservado con A.F.P. UNO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección contra Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de la recurrente de retiro de fondos de pensión para extranjeros.

Señala que la recurrente, nombre reservado, solicitó la devolución de fondos previsionales a la Administradora de Fondos de Pensiones UNO a través de su portal web. La solicitud se realizó de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros.

Expresa que la recurrente fue notificada por correo electrónico el 16 de abril de 2025, informándole que su solicitud de retiro de fondos había sido rechazada. El rechazo se justificó señalando que los documentos presentados “no cumplen con los criterios de aceptación” y que no se podía seguir avanzando con el proceso. El documento específico que se debía corregir era el "Certificado de Seguridad Social".

Indica que, según la Ley N°18.156, en su artículo N°1, las empresas que contraten personal técnico extranjero, dicho personal estará exento de realizar imposiciones en organismos de previsión chilenos. Esto se cumple siempre que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo se exprese su voluntad de mantener dicha afiliación. Además, el artículo N°7 de la misma ley establece que los trabajadores extranjeros que registren cotizaciones en una AFP podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales si cumplen con los requisitos del artículo 1. El recurrente argumenta que ha cumplido íntegramente con los requisitos de la Ley N° 18.156.

Sostiene que la AFP recurrida realizó una interpretación “formalista” de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador, que es permitir a los trabajadores disponer de sus ahorros previsionales. El rechazo de la AFP indica que el "Certificado de Seguridad Social" no cumple con los criterios de aceptación, sin especificar cuáles son esos criterios. Destaca el recurso que la ley solo exige que el solicitante esté afiliado, sin hacer distinciones de oportunidad o época.

Afirma que el certificado de cotizaciones, que fue acompañado, puede ser verificado y validado en el enlace http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss. Se adjuntan imágenes que muestran la página de verificación y una constancia de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) con un código de verificación. El documento señala que el código alfanumérico se encuentra en la parte inferior de la constancia.

Alega la recurrente que había acompañado un certificado de afiliación legalizado ante el Consulado de Venezuela y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La recurrida argumentó que el certificado expedido por el Consulado de Venezuela y legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile "no se encuentra vigente". Por su parte la recurrente alega que esto desconoce el hecho de que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, lo que hace imposible cumplir con este requisito.

Menciona el recurso que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cupum, han verificado el código de validación de la constancia electrónica y han concluido que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley. Reitera que la recurrida insiste en que los documentos no se pueden comprobar e incorpora requisitos no establecidos en la ley. Agrega que la recurrida tenía a su disposición medios para verificar la autenticidad de la constancia, pero tomó una decisión que es "contraria a derecho".

Asegura el recurso que la conducta ilegal y arbitraria de la recurrida vulnera el derecho a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) y el derecho a la propiedad privada (artículo 19 N°24) de la Constitución Política de la República. La AFP ha actuado de forma "caprichosa" al rechazar el retiro de fondos. Añade que la recurrente se encuentra fuera del país.

Asevera el recurso que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, una interpretación excesivamente literal y formalista de la Ley N°18.156 desatiende la finalidad del legislador, que es evitar que los técnicos extranjeros coticen en dos sistemas previsionales distintos. Cita la sentencia Rol N° 28881-2022 de la Corte Suprema. También hace referencia a la sentencia Rol N° 7254-2025 de la Corte Suprema, que señala que no se puede rechazar una solicitud por no acompañar un certificado legalizado y/o apostillado cuando el país de origen del solicitante atraviesa una crisis que dificulta la obtención de documentos oficiales.

Reitera que la recurrida argumenta que el certificado de afiliación no se encuentra vigente y no puede ser verificado, a pesar de que la normativa especial no exige la vigencia del documento. La ley solo se limita a señalar que el técnico profesional extranjero se encuentre afiliado, que sea al menos técnico y que manifieste su voluntad de mantenerse afiliado a la seguridad social de su país de origen, requisitos que la recurrente cumple en su totalidad.

Se invoca el artículo 45 del Código Civil, referente al caso fortuito o fuerza mayor, ya que es imposible para el recurrente cumplir con un requisito que no está dentro de su esfera de acción, como la existencia de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Señala que la AFP ha violado el artículo 19 N°26 de la Constitución Política, que establece que no se pueden imponer requisitos que impidan el libre ejercicio de los derechos en su esencia. El rechazo de la solicitud afecta el derecho de propiedad del recurrente, ya que los fondos son de su "exclusiva propiedad". La AFP ha inobservado la normativa especial e incorporado requisitos que no están expresamente señalados. La recurrente ha cumplido con lo establecido en la Ley N°18.156 y la Circular N°553, que otorga la facultad de solicitar la devolución de fondos a extranjeros.

Finaliza solicitante se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente; y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando informe, Administradora de Fondos de Pensiones Uno S.A. solicita el rechazo del recurso con costas.

Expresa que el recurso de protección es una acción cautelar que busca amparar el libre ejercicio de derechos preexistentes e indubitados ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amenace su ejercicio. El informe indica que el recurrente no ha sufrido ninguna privación, perturbación o amenaza de un derecho de carácter arbitrario o ilegal. En este caso, el recurso busca ejercer un derecho de una manera diferente a la establecida por la ley. Para interponer esta acción, la recurrente debe acreditar ser titular de un derecho indudable, y la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros es excepcional y requiere cumplir con los requisitos de la Ley N°18.156, modificada por la Ley N°18.726, y la circular N°553, lo cual no se cumple en este caso.

Indica que la presentación de este recurso no cumple con las características requeridas para su admisibilidad, ya que no se evidencia un acto arbitrario o ilegal ni una vulneración del derecho de propiedad, dado que las Administradoras de Fondos de Pensiones no pueden realizar actos que la ley no les permite.

Reitera que los hechos descritos no permiten acoger el recurso de protección, ya que no cumplen con los requisitos de emergencia o urgencia, ni se ha privado, desconocido o vulnerado el derecho a la igualdad o a la propiedad de la Sra. nombre reservado, a quien la Administradora nunca ha negado la titularidad de sus fondos previsionales.

Menciona que, el 15 de abril de 2025, nombre reservado inició un trámite de devolución de fondos previsionales como técnico extranjero ante AFP UNO S.A. Para su solicitud, la recurrente adjuntó una copia del Contrato de Trabajo y su Anexo con IPLACEX S.A., su título de Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Santa María con su apostilla, y una Declaración Jurada ante Notario Público. Refiere que el 16 de abril de 2025, se le comunicó a la recurrente que su solicitud requería ser subsanada porque se detectaron documentos que no cumplían con los criterios de aceptación. El documento que debía corregirse era el "Certificado Institución de Seguridad Social" y se le indicó que se contactara con ellos para más detalles. Se le otorgó un plazo de 4 días para actualizar el documento, advirtiéndole que, de no hacerlo, la solicitud sería rechazada y tendría que iniciar el trámite nuevamente.

Explica el informe que, en Chile, el principio de territorialidad rige en materia laboral y previsional para trabajadores chilenos y extranjeros, con dos excepciones. La primera es que el trabajador esté cubierto por un Convenio Bilateral de Seguridad Social como desplazado, lo que le permite mantener sus cotizaciones en su país de origen. La segunda es que el trabajador esté exento de cotizar o pueda retirar los fondos acumulados si cumple con los requisitos de la Ley N°18.156. Los trabajadores extranjeros que cumplan con ciertos requisitos legales pueden estar exentos de cotizar en Chile.

Los requisitos para la exención de cotizaciones previsionales a trabajadores extranjeros son: ser un técnico, lo que se acredita con documentos de estudios especializados o profesionales legalizados y, si es necesario, traducidos oficialmente; estar afiliado a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte (esta afiliación debe ser anterior a la fecha del contrato en Chile y se debe acreditar con una certificación legalizada de la institución de seguridad social correspondiente); y manifestar expresamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener la afiliación al sistema de seguridad social del país de origen.

Asevera que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados. La autenticidad de las firmas y el carácter de los funcionarios puede comprobarse en Chile mediante el atestado de un agente diplomático o consular chileno o de una nación amiga, o de un agente diplomático acreditado en Chile por el gobierno del país donde se otorgó el instrumento. Un oficio reservado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó a la Superintendencia de Pensiones sobre la autenticidad de los documentos apostillados y la cadena de legalización de antecedentes. La cadena de legalización puede provenir del Consulado chileno en el país emisor o del Consulado extranjero acreditado en Chile, y en ambos casos, la legalización finaliza en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. La autenticidad del timbre solo se puede cotejar en el documento original.

Sostiene la recurrida que no ha obstaculizado el ejercicio de los derechos de la recurrente ni ha hecho una interpretación formalista de la normativa aplicable. Por el contrario, ha actuado conforme a las disposiciones legales vigentes, como el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Oficio Reservado N° 2966. La recurrente indica que al sostener la recurrida que se rechazó su solicitud bajo la fórmula de que "el documento no cumple criterios de aceptación para esta solicitud," constituye una premisa equivocada. La comunicación enviada no fue un rechazo definitivo, sino una notificación para que la recurrente se pusiera en contacto para obtener más detalles sobre el Certificado de Seguridad Social. La observación tenía como objetivo permitir la subsanación de la solicitud, y que no hubo arbitrariedad o ilegalidad, ya que se ofreció una instancia de corrección dentro del plazo, conforme a un procedimiento transparente.

En relación con la afirmación respecto a que el certificado de cotizaciones puede ser verificado y validado mediante un enlace web genérico, precisar que la simple remisión a un portal de internet para validar documentos no cumple con los requisitos formales de la legislación chilena para acreditar la validez de documentos extranjeros. Por lo tanto, un enlace web no sustituye la exigencia de presentar un documento formal, legalizado y apostillado, que acredite de manera fehaciente la afiliación a un sistema previsional extranjero que cumpla con las prestaciones mínimas exigidas por la ley chilena.

Se alega en el informe que el argumento de que el pasaje aéreo y el timbre de salida del pasaporte de la recurrente eximen del cumplimiento de los requisitos no resulta válido. El rechazo de la solicitud se fundamenta exclusivamente en la ausencia de cumplimiento de los requisitos legales, no en la situación migratoria o la ubicación física de la solicitante.

Destaca que la exigencia de un certificado de afiliación debidamente legalizado no es un requisito adicional, sino una garantía de legalidad y autenticidad documental. En este caso, el documento presentado carece de legalización válida, lo que impide su reconocimiento en Chile.

Asegura la recurrida que su comportamiento no ha sido ni ilegal ni arbitrario, sino que ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales en virtud de la Ley N° 18.156. Añade que acceder a lo solicitado por la recurrente sería arbitrario, ya que implicaría apartarse del principio de igualdad ante la ley y otorgar un trato diferenciado sin respaldo legal. Actuar de acuerdo con lo solicitado vulneraría la confianza de los afiliados en la aplicación uniforme de las disposiciones legales.

Manifiesta que, al no existir un acto u omisión ilegal o arbitraria, la recurrente no ha sufrido ningún agravio.

Reitera que su parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile. En síntesis, el informe señala que la acción de protección no cumple con los requisitos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio. Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que la Ley N° 18.156 consagra una excepción en materia previsional para trabajadores técnicos extranjeros, eximiéndolos de la obligación de cotizar en Chile para pensión y salud, sin perjuicio de que el empleador deba continuar cotizando en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado por la Ley N° 16.744. El artículo 1° de esta ley dispone que las empresas que contraten personal técnico extranjero, así como dichos trabajadores, estarán exentos de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en Chile, siempre que se cumplan dos condiciones: a) que el trabajador acredite afiliación a un sistema previsional extranjero que cubra, al menos, enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) que en su contrato de trabajo conste expresamente su voluntad de mantener dicha afiliación.

Quinto: Que, en relación con la afirmación del recurrente de haber acreditado su afiliación a un sistema previsional extranjero, se debe considerar que la Superintendencia de Pensiones ha emitido diversas directrices al respecto. En particular, mediante el Oficio Ord. N° 13.661, de 18 de junio de 2019, se instruyó a las AFP reforzar los procedimientos de verificación para la devolución de cotizaciones a técnicos extranjeros. Estas instrucciones, complementadas por otros oficios, establecen los criterios aplicables para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

Sexto: Que consta del mérito de autos que la institución previsional recurrida solicitó a la recurrente el cumplimiento de la certificación, tanto de la administradora de fondos de pensiones de su país de origen como de una entidad promotora de salud, no habiéndose cumplido este último requisito por parte de la protegida mediante la aportación del certificado respectivo, siendo dicha razón en la que se funda el rechazo de la petición de la actora.

Séptimo: Que examinados los antecedentes presentados por la recurrente, se concluye que la documentación aportada no cumple con las exigencias legales establecidas, por lo que no se advierte por esta Corte la existencia de un acto ilegal o arbitrario atribuible al proceder de la recurrida, puesto que la negativa a acceder a la devolución de los fondos previsionales responde a la aplicación de la legislación vigente, cuyo cumplimiento no ha sido acreditado por la recurrente.

En tales condiciones, la acción de protección interpuesta debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones UNO S.A.

Regístrese y archívese.

N°Protección-10451-2025.