Protección contra Universidad Academia de Humanismo Cristiano

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 8 de abril de 2026 comparece nombre reservado, egresada de la carrera de Derecho, quien interpone recurso de protección en contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, persona jurídica de derecho privado e institución de educación superior, por haberle negado la autorización para rendir por tercera vez su examen de grado, decisión comunicada por correo electrónico de 10 de marzo de 2026, en aplicación de normas establecidas con posterioridad a su fecha de egreso.

Considera dicha actuación ilegal, ya que la recurrida aplica una limitación no contemplada al momento de su egreso, vulnerando el principio de juridicidad y las condiciones del vínculo educacional. Asimismo, la estima arbitraria, por cuanto la negativa carece de razonabilidad y establece una restricción desproporcionada que impide de manera absoluta la obtención del título profesional, sin atender a circunstancias particulares ni ofrecer alternativas.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, a no ser juzgada por comisiones especiales, a la educación, a la libertad de trabajo y de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 2, N° 3 inciso tercero, N° 10, N° 16 y N° 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, se ordene a la recurrida permitirle rendir el examen de grado en condiciones normales, se dispongan todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se la condene en costas.

En cuanto a los hechos, expone que se matriculó el año 2002 en la carrera de Derecho de la recurrida, en sistema diurno, y que concretó su egreso el 4 de abril de 2007, tras aprobar todos los ramos de la malla curricular y cumplir los requisitos académicos exigidos para adquirir la calidad de egresada. Añade que, según su fecha de egreso, el reglamento de titulación que la rige es el del año 2007, cuyo artículo 4° exige únicamente inscribirse en alguna de las fechas del calendario establecido por la Dirección y acompañar los antecedentes que conforman el expediente de licenciatura, sin contemplar plazo alguno.

Agrega que rindió su primer y segundo examen de grado en marzo y noviembre de 2012, reprobando ambos, y que durante muchos años la Escuela de Derecho le impuso trabas para solicitar fecha y hora del examen, sea no contestando sus correos, sea señalando que no había fechas disponibles. Así, su solicitud de 18 de marzo de 2015 no obtuvo respuesta; el 8 de mayo de 2018 se le indicó que no era posible por estar todo copado; el 25 de abril de 2019 se le informó que no existía fecha para la oportunidad pedida, debiendo quedar en lista de espera; y el 6 de septiembre de 2021 se le comunicó que, conforme a la Resolución 654 de la Vicerrectoría Académica, el plazo máximo para rendir el examen era de cinco años desde el egreso.

Expresa, enseguida, que solicitó formalmente autorización al rector de la universidad mediante correos de 10 y 16 de febrero y 4 de marzo de 2026, ninguno de los cuales fue contestado, y que aquél confirió la decisión a la directora de la Escuela de Derecho. Ésta, por correo de 10 de marzo de 2026, rechazó la petición señalando que la recurrente egresó el año 2006 y que su solicitud excede con creces el plazo excepcional de 10 años para incorporarse al programa de habilitación conforme a la reglamentación vigente, criterio aplicado a todas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo. Posteriormente, el 6 de abril, la misma autoridad le remitió el reglamento del año 2024 como norma aplicable, sin indicar disposición específica. Sostiene que otros egresados en situación análoga, con más años desde su egreso, sí han sido autorizados a rendir el examen, y que la decisión le impide concluir su proceso formativo, afectando su desarrollo profesional y personal.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 583 del Código Civil, en cuanto sobre las cosas incorporales existe una especie de propiedad, de modo que su calidad de egresada y el derecho a rendir el examen de grado constituyen un bien incorporal incorporado a su patrimonio, amparado por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Añade que cumplió íntegramente las obligaciones del contrato educacional, incluido el pago total de aranceles, por lo que la culminación del proceso formativo es consecuencia natural de dicho vínculo. Funda además la ilegalidad en los artículos 3° y 4° de la Ley N° 20.370, que estructuran el sistema educativo sobre los derechos garantizados por la Constitución y consagran la educación como derecho de todas las personas, y en su artículo 11 inciso octavo, que prohíbe las discriminaciones arbitrarias, norma que debe interpretarse complementariamente con la Ley N° 21.091, cuyo artículo 2 letra i) consagra el respeto y promoción de los derechos humanos como principio rector de las instituciones de educación superior. Cita, asimismo, las sentencias de esta Corte roles N° 21320-2024 y N° 2696-2025, dictadas respecto de la misma recurrida, que acogieron acciones análogas ordenando aplicar el reglamento vigente a la fecha de ingreso.

De este modo, sostiene que la actuación reprochada vulnera la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, al dispensarle un trato desigual e injustificado respecto de otros egresados que sí han podido rendir su examen pese a haber transcurrido más de diez años; el artículo 19 N° 3 inciso tercero, pues nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, aplicándosele una sanción gravosa no regulada en la ley ni en el Acta 47-2020 de la Excma. Corte Suprema; el derecho a la educación del artículo 19 N° 10, al impedirle culminar injustificadamente su proceso formativo y acceder al título profesional; la libertad de trabajo del artículo 19 N° 16, al privarla de optar a empleo calificado alguno en el área jurídica por carecer de grado académico; y el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al desconocer unilateralmente una situación jurídica ya incorporada a su patrimonio, con perjuicio actual, grave y continuo.

SEGUNDO: La Universidad Academia de Humanismo Cristiano evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que se rechace en todas sus partes la acción interpuesta en su contra, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente fue estudiante del Programa Especial de Titulación de la carrera de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, que inició sus estudios el año 2002 y egresó el 4 de abril de 2007 con un promedio acumulado de 4,5. Agrega que rindió su examen de grado en dos oportunidades, el 28 de marzo y el 3 de diciembre de 2012, reprobando ambas veces.

Añade que el plan de estudios asignado a la recurrente el año 2002 se compone de 43 ramos obligatorios, mientras que el plan de estudios vigente, correspondiente al año 2025, contiene 63 ramos obligatorios, diferenciándose ambos en 16 cátedras. En consecuencia, sostiene que la recurrente pretende rendir un examen de grado comprendido dentro del plan de estudios vigente, habiendo cursado únicamente 27 cátedras de las 63 que dicho plan exige, esto es, menos del cincuenta por ciento de los ramos.

Precisa, asimismo, que los documentos acompañados por la recurrente bajo la denominación de reglamentos académicos aplicables corresponden al Reglamento de Licenciatura vigente, aprobado por el Consejo Superior Universitario durante el mes de mayo de 2024.

En cuanto al derecho, opone en primer término la extemporaneidad del recurso. Explica que, conforme a los propios hechos señalados por la recurrente, esta habría sido objeto de la denegación por vez primera de la rendición de su examen de grado en una tercera oportunidad el 25 de abril de 2019. Recuerda que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales contempla un plazo de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos. Como el recurso fue presentado el 8 de abril de 2026, concluye que ha transcurrido con creces dicho plazo, por lo que debe ser rechazado, con costas.

Enseguida, niega la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido. Sostiene que, con independencia de los distintos reglamentos que han normado las exigencias para optar al grado de licenciado desde el ingreso de la recurrente, todos ellos regulan una condición plenamente vigente para esta, consistente en que la rendición del examen de grado forma parte del plan de estudios de la carrera, de manera que, al solicitar la reincorporación para rendir el examen, debe aplicarse la reglamentación vigente en la época en que se realiza dicha solicitud. Por ello, afirma que no es efectivo que la recurrente haya sido objeto de aplicación retroactiva de reglamentación alguna, sino que se le ha aplicado, al igual que al resto de los egresados en su misma condición, la normativa vigente sobre los requisitos para la obtención del respectivo grado académico.

Refuerza lo anterior con el artículo 16 del referido Reglamento de Licenciatura, conforme al cual el plazo máximo para cumplir la totalidad de los requisitos para la obtención del grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales no puede exceder de tres años contados desde el egreso, y quienes excedan dicho plazo tienen una única oportunidad adicional luego de aprobar las materias o cursos que determine la Dirección de Escuela, debiendo ser autorizados especialmente por resolución de Dirección. Destaca que la propia recurrente acompaña como normativa aplicable un reglamento que fija un plazo de tres años, en circunstancias que egresó hace diecinueve.

Descarta, luego, la vulneración de las garantías invocadas. Argumenta que no ha existido acción u omisión arbitraria o ilegal y que su decisión se encuentra debidamente fundamentada y ajustada a derecho, respetando la igualdad ante la ley y otorgando a la recurrente las instancias de un proceso racional y justo.

Respecto de la igualdad ante la ley, señala que la recurrente ha tenido el mismo derecho que sus pares a presentar las solicitudes correspondientes, las que se han tramitado conforme a las mismas exigencias reglamentarias, y que la Universidad ha negado reiteradamente esa opción a estudiantes en condiciones similares, permitiéndola únicamente en situaciones reglamentariamente establecidas o por mandato de esta Corte.

En cuanto al derecho de propiedad y al derecho a la educación, sostiene que esta argumentación excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, por corresponder a una denuncia de conflicto contractual cuyos derechos deben ser debatidos y probados en el procedimiento judicial correspondiente. Agrega que el supuesto derecho a completar los estudios mediante la rendición del examen de grado no emana del contrato de prestación de servicios educacionales, sino que se adquiere en la medida en que se cumplan los requisitos formales que el plan de estudios vigente exige, lo que no ha sido satisfecho.

Sobre la libertad de trabajo, indica que corresponde a la recurrente la iniciativa de rendir el examen de grado y que, habiendo egresado hace diecinueve años, la situación en que se encuentra es de su responsabilidad y no resulta atribuible a la Universidad.

Finalmente, en cuanto al juzgamiento por comisiones especiales, afirma que la recurrente no justifica la pertinencia de dicha causal, toda vez que, como egresada que intenta incorporarse al plan de estudios vigente, se le exigen los mismos requisitos reglamentarios que a sus pares.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, en la especie, el acto impugnado consiste en la negativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano a autorizar a nombre reservado la rendición, por tercera vez, de su examen de grado, comunicada mediante correo electrónico de 10 de marzo de 2026, decisión que la recurrente atribuye a la aplicación de normativa dictada con posterioridad a su egreso, y que estima lesiva de las garantías de los numerales 2, 3 inciso tercero, 10, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La recurrida, por su parte, no desconoce la existencia de la negativa, sino que la justifica en la aplicación de la reglamentación vigente a la época de la solicitud de reincorporación, y alega, como cuestión previa, la extemporaneidad de la acción.

QUINTO: Que, en efecto, conforme al numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, la acción debe interponerse dentro del plazo fatal de 30 días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Dicho término no constituye una mera formalidad. Por el contrario, es consustancial al carácter cautelar y de emergencia de la acción, según se ha razonado en el motivo tercero, pues sólo la urgencia en el restablecimiento del imperio del derecho justifica un procedimiento concentrado y desformalizado como el que la Constitución contempla.

SEXTO: Que, atendido lo expuesto en el motivo primero, la negativa de la recurrida a fijar fecha para la rendición del examen de grado de la recurrente no es un hecho reciente, sino una decisión sostenida en el tiempo, de la que aquélla ha tenido conocimiento cierto a lo menos desde el 25 de abril de 2019, ocasión en que se le comunicó la inexistencia de fechas, y con mayor precisión desde el 6 de septiembre de 2021, cuando se le informó que, conforme a la reglamentación universitaria, el plazo máximo para rendir el examen de grado es de cinco años contados desde el egreso.

Desde esta última data, la recurrente conoce tanto el hecho de la negativa como su fundamento normativo, esto es, la existencia de un límite temporal posterior a su egreso, que es precisamente aquello que ahora reprocha.

SÉPTIMO: Que, habiendo sido interpuesta la presente acción el 8 de abril de 2026, según consta del informe, resulta manifiesto que el plazo de 30 días corridos se encuentra largamente vencido.

A ello no obsta que la recurrente haya reiterado su petición al rector durante los meses de febrero y marzo de 2026, ni que ésta haya sido respondida el 10 de marzo del mismo año. En efecto, las nuevas presentaciones sobre un asunto ya resuelto y la respuesta que se limita a reiterar una decisión previamente adoptada y conocida no renuevan ni reabren el plazo, pues lo contrario permitiría a la parte fijar a su arbitrio el inicio del cómputo, mediante la simple reproducción de solicitudes sucesivas, desnaturalizando el término fatal antes indicado. Tampoco altera el cómputo la circunstancia de que la respuesta de 10 de marzo de 2026 se funde en el plazo de diez años del reglamento del año 2024, y no en el de cinco años que se le informara el 6 de septiembre de 2021, pues lo que la recurrente reprocha no es la extensión concreta de dicho término, sino la aplicación misma de una restricción temporal establecida con posterioridad a su egreso, cuya existencia conoce desde esta última data. Menos aún puede atribuirse ese efecto a la remisión que en su oportunidad se le hiciera a la Dirección de Escuela para formular una solicitud fundada, desde que, según da cuenta el propio correo en que se sustenta el recurso, aquélla fue rechazada el año 2024, sin que conste que la recurrente haya reclamado por esta vía en contra de esa decisión.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-10450-2026.