nombre reservado con A.F.P. PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.

Al escrito folio 192259: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 12 de febrero de 2019, comparece doña nombre reservado, agente de ventas, quien interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por el acto arbitrario e ilegal consistente en que mediante carta fechada el 14 de enero de 2019, se le informó que se le había incluido en un registro de agentes irregulares, dado que la recurrente habría incurrido en acciones calificadas de prácticas irregulares o ilícitas y en virtud de lo anterior, se procedió a la suspensión de su código de ventas, con lo cual se le ha impedido unilateralmente realizar ventas, parte esencial de su contrato de trabajo, y se le ha privado de las comisiones generadas por ese concepto y que es fuente principal de sus remuneraciones, agregando que se le notificó personalmente mediante carta simple con fecha 16 de enero de 2019.

Expone que dicha sanción tiene su origen en una persecución laboral en su contra, toda vez que ostenta el cargo de dirigente sindical de un Sindicato.

Sostiene que la carta entregada nada dice de cuál o cuáles serían las conductas irregulares o ilícitas en las cuales habría incurrido, por lo que la aplicación de la sanción carece de sustento de hecho y de derecho, ya que no se puede sancionar por una conducta no tipificada en nuestro ordenamiento jurídico y por ello la medida aplicada carece de sustento legal.

Afirma que la recurrida con la sanción descrita ha infringido el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política, que protege la igualdad ante la ley, toda vez que se le sancionó por una conducta no tipificada en el ordenamiento jurídico, estableciendo con ello una diferencia arbitraria, que el Constituyente trata de evitar mediante la consagración de estos derechos.

Agrega, que la medida recurrida vulnera su derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política, por cuanto al aplicar la sanción de prohibición de realizar ventas por las que la recurrente genera comisiones, no recibirá sus remuneraciones, exponiéndose a un daño patrimonial.

Indica que además, que la recurrida, conforme al artículo 19 Nº3 de la Constitución Política, aplicó una sanción sin un debido proceso, agregando que si la recurrida estimaba que se cometió alguna práctica irregular o ilícita, debió jurídicamente solicitar su desafuero ante los tribunales competentes o entablas las acciones penales que se estimaren pertinentes.

Previas citas legales y constitucionales, solicita que se tenga por interpuesto el recurso de protección en contra de la recurrida y en definitiva se le ordene que se deje sin efecto la sanción mediante la cual se sanciona a la recurrente con la medida de enviar sus datos personales a un registro de agentes irregulares y que además cese en ese acto la suspensión de su código de vendedora, con la finalidad de cumplir cabalmente su contrato de trabajo, con costas.

Segundo: Que, con fecha 23 de abril de 2019, comparece don Eric Rees Prat, abogado, en representación, recurrida, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

En primer término alega que el recurso de protección interpuesto no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio, afirmando que, en la especie, la acción de protección, atendido su carácter cautelar, no fue concebida para conocer asuntos de lato conocimiento, en donde exista un carácter contradictorio, citando jurisprudencia en apoyo de su posición, agregando que en este caso no existe un derecho indubitado, sino que existe un derecho controvertido, motivo por el cual, no puede solucionarse vía recurso de protección.

En cuanto a los hechos, señala que la recurrente se desempeñaba como agente de ventas de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y que con fecha 11 de enero de 2019, se emitió por parte del Comité de Disciplina de la AFP, informe cumplimiento N° 2219-2019, respecto de la recurrente de autos, producto que, del análisis de su actividad comercial se consideraba número de órdenes de traspaso ingresados y una tasa de fuga asociadas a un determinado ejecutivo, detectándose que la producción de la agente de ventas referida presentaba un comportamiento inusual e irregular.

Señala que por ello que el Comité de Disciplina de AFP Provida determinó incorporar a la recurrente de autos, en su calidad de agente de ventas, al Archivo de Agentes Irregulares y Otros, establecido en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, libro V, Titulo IX, N° 7, 23 y siguientes, junto con poner término a su contrato de trabajo por las consideraciones que se detallaban en el mismo informe.

Afirma que por lo anterior, con fecha 14 de enero de 2019, fue puesta en conocimiento del ingreso al archivo de Agentes Irregulares y Otros, por cuanto habiendo analizado la producción de ventas que la recurrente tenía en su calidad de agente de ventas, se pudo constatar de manera fundada que se habían verificado ciertos patrones que constituían, acciones que la propia Superintendencia de Pensiones ha calificado como prácticas irregulares e ilícitas.

Indica que todo ello, fue de acuerdo con las propias definiciones del regulador, esto es, la Superintendencia de Pensiones, establecidas en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, libro V, Titulo IX, N° 7, 23 y siguientes y a lo declarado por el propio regulador, mediante resolución N° 68 de fecha 24 de diciembre de 2018.

Sostiene que yerra la recurrente de autos al señalar que la sanción impuesta por parte de su representada carece de sustento legal y/o que no se encuentra tipificada, por cuanto es la propia Superintendencia de Pensiones quien establece el mecanismo que las Administradoras deben aplicar para los casos que se detecten prácticas comerciales indebidas, agregando que existe un procedimiento para que los trabajadores incluidos en el archivo puedan solicitar en forma explícita y por escrito que se reconsidere su situación con el objeto de ser eliminados de dicho archivo, concluyendo que la recurrente debía accionar ante la Superintendencia de Pensiones, autoridad técnica que ejerce la supervigilancia y control de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Manifiesta que con fecha 14 de abril de 2019, su representada demandó en juicio ordinario laboral a la recurrente de autos, solicitando su desafuero sindical en causa Rit O- 2726-2019, tramitada ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y en dicha causa se decretó fecha de audiencia preparatoria de juicio para el día 10 de junio de 2019.

Finalmente afirma que el recurso de protección materia de estos autos no cumple con ninguno de los requisitos de procedencia, por lo que deberá ser rechazado de plano, no ha existido un actuar ilegal o arbitrario de su representada y no se ha causado ningún agravio a la recurrente de autos y además su parte no ha privado, perturbado ni amenazado ninguna de las garantías constitucionales consagradas en la constitución Política de la República de Chile.

Tercero: Que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal. Por consiguiente, en primer lugar, ha de determinarse si el actuar del recurrido puede calificarse -para estos efectos- como ilegal y/o arbitrario y si tal proceder afectó las garantías que el recurrente estima conculcadas.

Cuarto: Que como en el caso de autos lo cuestionado por esta vía radica en que la A.F.P. recurrida dispuso la inclusión de la actora en el denominado Archivo de Agentes Irregulares y Otros, al imputarle acciones calificadas de prácticas contrarias a la normativa vigente, suspendiendo el uso del Código de Ventas. La anterior es expresamente reconocido por la recurrida, quien explica que su conducta se ajusta a lo ordenado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, emanado de la autoridad de control, como consecuencia de una revisión del trabajo de los agentes de ventas, agregando igualmente que interpuso contra la recurrente la correspondiente solicitud de desafuero –ante tribunal competente- la que se encuentra en actual tramitación en los autos RIT O-2726-19 del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago..

Quinto: Que se hace necesario tener presente que el Estatuto Orgánico de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, su Organización y Atribuciones, establece que la Superintendencia de Pensiones es el organismo encargado de la supervigilancia y control de las A.F.P., de lo que se sigue que las normas dictadas por ella en esa calidad resultan vinculantes para la recurrida, en tanto que una de las funciones que el legislador radicó en la mencionada Superintendencia se refiere a la dictación de preceptos generales y obligatorios para los entes sometidos a su control, esto es, para las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre los que se incluyen, sin duda, aquellos contenidos en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Al respecto, cabe mencionar que la acción deducida en autos se ha dirigido contra de los actos realizados por A.F.P. Provida, sin que en momento alguno se haya puesto en entredicho la validez, legalidad o regularidad del citado Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, constando en autos que la acción de que se trata no fue dirigida en contra del órgano del que emanó el señalado conjunto de disposiciones, vale decir, de la Superintendencia de Pensiones, de manera que el acatamiento de las normas, en especial, los criterios que la AFP debe fiscalizar en su actividad comercial y el procedimiento que debe seguir en caso de detectar prácticas indebidas vigente, mal puede configurar un acto ilegal o carente de fundamento o de razón.

Sexto: Que en consecuencia, la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. no ha cometido acto ilegal ni arbitrario alguno al incluir a la actora en el Archivo de Agentes Irregulares y Otros. En efecto, la recurrida se limitó a obrar de conformidad con la referida normativa general y obligatoria emanada de la autoridad estatal encargada de su supervigilancia y control. Así, al adoptar las decisiones que del mérito de la investigación efectuada en su oportunidad se derivan, incluyendo a la actora en el registro de que se trata, la recurrida sólo dio estricta y cabal aplicación a la normativa contenida en el Compendio de Normas, que es de obligatoria aplicación para su parte, sin que por su parte la recurrente haya ejercido los derechos que esa normativa le confiere para impugnar lo dictaminado por el Comité de Disciplina al revisar su actividad comercial, en este caso, por el número de traspasos de afiliados y la tasa de fuga asociada a ellos.

Séptimo: Que de lo que se viene razonando, frente a la inexistencia de un actuar antijurídico o arbitrario, no se verifica el presupuesto esencial de este arbitrio de orden constitucional, lo que conduce necesariamente a desestimarlo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-10398-2019.