nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Jaime Andrés Valck Heimpell, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el actuar que estima arbitrario e ilegal consistente en haber revocado su permiso de residencia temporal y, a su vez, decretado el abandono del país, a través de la Resolución Exenta N° 24177968, de 17 de abril de 2024, vulnerando con ello la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Explica que su representada, contando con un permiso para extranjeros que realizan actividades lícitas remuneradas por 90 días, presentó una solicitud de residencia temporal, de la sub categoría actividades lícitas remuneradas.

Agrega que el 17 de abril del presente año fue notificada de la Resolución Exenta N° 24177968, que revoca el permiso de residencia temporal con que contaba y dispone su abandono del país en un plazo de 10 días.

Sostiene que su representada cumplió con acompañar toda la documentación que le fue requerida en tiempo y forma, por lo que el Servicio no debió revocar el permiso de residencia temporal.

En definitiva, previas citas legales, solicita que se suspendan los efectos de la resolución impugnada, dar curso a su solicitud de residencia temporal, con costas.

SEGUNDO: Que, el Servicio Nacional de Migraciones, evacua el informe requerido, solicitando que el recurso de protección intentado en su contra sea rechazado, por cuanto en su parecer, no existe o ha existido de parte de dicho servicio, acto u omisión alguna que vulnere las garantías constitucionales establecidas en nuestra Constitución Política de la República y que se tutelan a través de esta acción constitucional.

Refiere que el 26 de febrero de 2023 la actora solicitó un permiso de residencia temporal por “motivos económicos – desarrollo actividades remuneradas cuenta propia o contrato”, acompañando una oferta de trabajo, como asesora en materia de salud, y la respectiva aceptación de aquella.

Indica que, el 27 de febrero de 2023, se le comunicó que la carta de aceptación relativa a la oferta de trabajo era insuficiente, indicándosele que la oferta de trabajo debía estar firmada ante el Consulado Chileno del país en que se encuentre.

Agrega que el 10 de mayo de 2023 la actora acompañó documentación a modo de subsanación, y que el 2 de noviembre de 2023 se le otorgó un permiso de residencia temporal, en la subcategoría de permiso para extranjeros que realizan actividades lícitas remuneradas con una oferta formal de trabajo, en calidad de titular, por el plazo de 90 días corridos.

Explica que, una vez otorgado el antes referido permiso, se le notificó que, de acuerdo al artículo 18 del Decreto N° 177/2022, una vez que ingresara al país contaba con un plazo de 45 días corridos para presentar una copia del contrato de trabajo con el mismo empleador que presentó la oferta laboral, y que consta en sus registros que la actora ingresó al territorio nacional el 26 de enero de 2024.

Precisa que el 12 de marzo de 2024 se le informó que su solicitud no cumple con los requisitos para conservar el permiso de residencia otorgado, razón por la cual su permiso sería revocado, habida consideración que no presentó dentro del plazo de 45 días corridos copia autorizada del contrato de trabajo y constancia del registro electrónico del mismo ante la Dirección del Trabajo, otorgándosele un plazo de 10 días hábiles para presentar documentos adicionales respecto a dicha causal de revocación, sin que existan registros de que se haya remitido la documentación solicitada.

Puntualiza que, mediante Resolución Exenta N°24177968, de fecha de 17 de abril de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se resolvió revocar el permiso de residencia temporal otorgado, por no cumplir con los requisitos que la habilitan para obtener la subcategoría solicitada, al no haber dado cumplimiento a lo exigido en el artículo 18 del Decreto N°177/2022, que dispone el plazo de 45 días corridos para presentar al Servicio, copia autorizada ante notario del contrato de trabajo y constancia del registro electrónico del contrato ante la Dirección del Trabajo, de acuerdo al artículo 9 bis del Código del Trabajo, disponiéndose su abandono del territorio nacional en un plazo de 10 días.

Añade que no consta que la actora haya hecho abandono voluntario del país, manteniendo una orden de abandono vigente.

Respecto a los fundamentos de derecho, argumenta que la solicitud de residencia temporal fue rechazada por no cumplir con sus requisitos, de conformidad al artículo 18 del Decreto N° 177/2022. De otra parte, en cuanto a la revocación del permiso de residencia que le había sido otorgado, sostiene que, de conformidad al artículo 90 N°2 de la Ley 21.325, es procedente la revocación del permiso de residencia si no se cumplen con los requisitos para obtener la subcategoría de residencia temporal solicitada.

Finalmente, hace presente que, la dictación de la orden de abandono es imperativa para el Servicio ante la revocación de un permiso, pero que, a diferencia de una orden de expulsión, la orden de abandono es de carácter voluntaria para la actora.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que según consta de los antecedentes de convicción acompañados es posible tener por establecidos los siguientes hechos:

a.- Con fecha 2 de noviembre de 2023, se otorgó a la actora un permiso de residencia temporal, en la subcategoría de permiso para extranjeros que realizan actividades lícitas remuneradas con oferta formal de trabajo, por 90 días, indicándosele que contaba con 45 días para presentar una copia del contrato de trabajo.

b.- El 12 de marzo de 2024, mediante Comunicación Electrónica de folio N° 54978032, el Servicio de Migración informó a la actora que su permiso sería revocado, por no presentar, dentro del plazo indicado, los documentos que le fueron requeridos, otorgándosele un término de 10 días para presentar documentos adicionales respecto de la causal de revocación.

c.- Con fecha 17 de abril de 2024, mediante Resolución Exenta N° 24177968, el Servicio Nacional de Migraciones resolvió revocar el permiso de residencia temporal otorgado a la actora, por no cumplir con los requisitos para obtener la subcategoría solicitada, al haber adjuntado la documentación que cumpliera con lo exigido en el artículo 18 del Decreto N° 177/2022, ordenándole, además, el abandono del territorio nacional en un plazo de 10 días. En la misma resolución se le comunicó que se le reservaban todos los recursos administrativos contemplados en la Ley 19.880, para impugnar el acto administrativo, los que jamás formalizó, por lo que el citado acto administrativo se encuentra actualmente firme y vigente;

QUINTO: Que de conformidad con los antecedentes acompañados se advierte que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria, se basa en que la actora no cumplió con los requisitos que le exigían el artículo 18 inciso tercero del Decreto N° 177/2022, que señala: “Desde el momento en que ingresa al territorio nacional, el extranjero tendrá un plazo de 45 días corridos para presentar al Servicio Nacional de Migraciones una copia autorizada ante notario del contrato de trabajo y de la constancia del registro electrónico del mismo en los términos del artículo 9º bis del Código del Trabajo. Este contrato deberá haberse celebrado con el empleador que haya remitido la oferta formal señalada en el inciso primero del presente artículo. Con el mérito de estos antecedentes, se otorgará al interesado el permiso de residencia temporal regulado en el artículo anterior”.

Por su parte, el inciso cuarto del mismo artículo indica: “En caso de no cumplirse con lo exigido en el inciso anterior, el Servicio junto con dejar sin efecto el permiso de 90 días, dispondrá el abandono del extranjero del territorio nacional. Ello, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que según corresponda, pudiera imputarse a la persona natural o jurídica que haya emitido la oferta de trabajo que finalmente no prosperó”.

En el mismo sentido, el artículo 91 de la Ley 21.325 refiere: “Orden de abandono. Los rechazos y revocaciones se dispondrán por resolución fundada del Director Nacional del Servicio, exenta del trámite de toma de razón.

Previamente a la dictación del rechazo de un permiso de residencia se notificará al interesado, en conformidad al artículo 146, las razones en que se fundará su rechazo. El interesado tendrá diez días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo invocada por la autoridad.

En el caso de que se dé inicio al procedimiento de revocación de un permiso de residencia o permanencia, el afectado será notificado en conformidad al artículo 146 y tendrá un plazo de diez días para presentar sus descargos respecto de la causal de revocación invocada.

Toda resolución que rechace o revoque un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para que abandone el país, que no podrá ser menor a cinco días, sin perjuicio de que se aplique alguna sanción de conformidad a la ley o se resuelva su expulsión del país. Dicha resolución podrá señalar un plazo en el cual el afectado no estará habilitado para ingresar al país, conforme al artículo 136.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Director Nacional del Servicio, mediante resolución fundada, podrá sustituir la medida de abandono por el otorgamiento de una autorización de residencia o permanencia de vigencia restringida, según se determine en cada caso.

A los extranjeros que hicieren abandono del país dentro del plazo fijado por el Servicio se les reducirá a la mitad el plazo de prohibición de ingreso que se hubiere establecido en la resolución correspondiente”;

SEXTO: Que como ha quedado demostrado, al momento de requerir su solicitud de residencia temporal por motivos económicos y, con posterioridad, dado que en varias oportunidades -dos- se le dio plazo para ello, no acompañó la actora la documental requerida, referida precedentemente. Tampoco dedujo recurso administrativo alguno en contra de la decisión que ahora impugna y, en este sentido, aparece prudente reflexionar que no es esta la vía para enderezar un procedimiento administrativo concluido, que fue tramitado con estricto apego a la ley, en razón de situaciones fácticas posteriores al mismo o cuando su resultado no fue favorable a la pretensión del administrado, por no haberse apegado él al procedimiento reglado respectivo, dado que entender lo contrario determina, en la práctica, que el órgano jurisdiccional asuma ilegítimamente funciones y adopte decisiones fuera del ámbito de su competencia, transgrediendo con ello lo preceptuado en el artículo 7 de la Carta Fundamental, cuyo inciso segundo expresamente señala: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”;

SÉPTIMO: Que luego de lo dicho sólo cabe concluir que la autoridad recurrida actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho que invoca la recurrente, por lo que la presente acción constitucional debe ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que: se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, dirigido en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10387-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte dse Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y la Abogada Integrante señora Sara Moreno Fernández.