Protección contra Tesorería General de la República

C.A. de Santiago Santiago, dos de enero de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 27 y 28: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 07 de mayo de 2025, comparece la abogada Ana Eugenia Fullerton Castro, en representación de nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución TRA NUM000, de fecha 27 de enero de 2025 y notificada el 08 de abril de 2025, mediante la cual se procede a declarar la vacancia del cargo del recurrente por salud incompatible, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso que el señor nombre reservado es un funcionario de planta con más de 40 años de servicio, desempeñándose como administrativo grado 15 EUR. Expone que el recurrente padece una condición cardíaca grave que motivó el uso de licencias médicas, situación que culminó con una exitosa cirugía de trasplante de corazón el 25 de febrero de 2025. Precisa que, con anterioridad a la resolución de vacancia, la Subcomisión Sur de la COMPIN determinó, mediante Resolución Exenta NUM001 de 21 de agosto de 2024, que el estado de salud del funcionario es "recuperable".

Argumenta que el acto impugnado carece de fundamentación suficiente, limitándose a enumerar los días de licencia médica (496 días entre octubre de 2022 y noviembre de 2024) sin explicar por qué la salud sería incompatible con las funciones, ignorando el dictamen técnico de la COMPIN. Sostiene que la autoridad ejerció una potestad discrecional de forma arbitraria y antojadiza, sin permitir que el funcionario fuera oído ni considerar que la intención del legislador en la Ley N°21.050 es que el informe de recuperabilidad sea vinculante para impedir la vacancia por esta causal.

Previas citas legales, pide que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo, ordenando su invalidación, el reintegro inmediato del funcionario a sus labores y el pago de todos los emolumentos devengados desde su desvinculación hasta su reincorporación efectiva, con costas.

Segundo: Que, con fecha 24 de septiembre de 2025, comparece el abogado Pablo Javier Guzmán Navarro, en representación de la Tesorería General de la República, quien evacúa el informe respectivo, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el recurrente acumuló 496 días de licencias médicas en el periodo analizado, con un promedio de 20,6 días por mes, superando con creces el umbral legal. Menciona que la decisión se adoptó tras un riguroso procedimiento interno regulado por la Circular Normativa N°107, que incluyó el análisis de un Comité Técnico Asesor y una ficha sociolaboral. Indica que la jefatura directa informó un desempeño deficiente en los periodos de asistencia, reportando desinterés, somnolencia y un hecho relevante en agosto de 2023, cuando el funcionario fue sorprendido durmiendo en una bodega en horario laboral, lo que generaba un fuerte estrés y sobrecarga en su equipo de trabajo.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario o ilegal puesto que se configuraron los presupuestos objetivos del artículo 151 del Estatuto Administrativo. Sostiene que, conforme a la doctrina de la Contraloría General de la República, el informe de la COMPIN que declara la salud como "recuperable" no impide a la autoridad declarar la incompatibilidad funcional, ya que el organismo técnico se pronuncia sobre el estado médico, pero el Jefe de Servicio es quien califica si esa condición permite o no satisfacer las necesidades públicas de forma continua y eficaz.

Estima que la decisión se fundó en la necesidad de asegurar la continuidad operativa del servicio, conforme al principio de servicialidad. Descarta la vulneración del derecho de propiedad, argumentando que la relación funcionaria es de naturaleza estatutaria y no genera dominio sobre el empleo, y rechaza la infracción a la igualdad ante la ley, al aplicarse criterios objetivos y procedimientos generales.

Solicita, en definitiva, el rechazo íntegro del recurso de protección, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que en síntesis, la acción cautelar interpuesta se deduce en contra de la decisión contenida en la Resolución TRA NUM000, de fecha 27 de enero de 2025, que declara vacante el cargo que servía el actor motivada en la causal de salud incompatible por el tiempo de licencia médica que presentó durante los últimos dos años, en circunstancias que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez – COMPIN- informó que su salud es recuperable; dictamen que, en su opinión, haría improcedente la causal de vacancia cuestionada.

A su vez, la recurrida alega que el acto materia del recurso se dictó en ejercicio de una facultad legal, ejercida en conformidad con la preceptiva que la rige y con el fundamento de rigor, referido tanto al período de licencias médicas que ha presentado la exfuncionaria, como la necesidad de propender a un buen servicio.

Quinto: Que atendida la naturaleza y finalidad de la acción tutelar ejercida, para su procedencia se precisa de la confluencia de los siguientes elementos: a) existencia de la acción u omisión reprochada; b) ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; c) directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; d) posibilidad material y jurídica de la Corte de brindar la protección debida mediante la adopción de medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Sexto: Que conforme a lo que se ha señalado, se desprende que la controversia en que se funda el recurso en estudio gira en torno al ejercicio que, en el caso del recurrente, hizo la recurrida de conformidad con lo dispuesto el artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo.

El artículo citado expone que: “El Jefe superior servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”.

Séptimo: Que como se ha visto, el recurrente cuestiona la determinación materia del recurso en atención a que, requerido el informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a que se refiere el inciso final de la disposición legal recién citada, este concluyó que su salud es “recuperable”, razón que, a su juicio, haría ilegal la declaración de salud incompatible efectuada por la recurrida, dejándola sin sustento, toda vez que no se basó en otra cosa más allá de la cantidad de días de licencia médica acumulados en el lapso de dos años, reposo que estaría precisamente en la línea de la recuperación de su salud.

Octavo: Que, sobre el particular, es útil recordar que con arreglo al artículo 146 del Estatuto Administrativo, el funcionario cesará en el cargo, entre otras causales, por “c) Declaración de vacancia (…)”.

A su turno, el artículo 150 del ordenamiento referido, prescribe de manera armónica: “La declaración de vacancia procederá por las siguientes causales: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; (…)”.

Noveno: Que, a la luz de lo antedicho, a partir de esa regulación formulada de modo alternativo por el legislador, queda de manifiesto la existencia de dos constructos distintos entre sí: la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable. La primera, supeditada a un tiempo de licencias médicas continuas o discontinuas del funcionario y entregada a una facultad depositada en el jefe superior del servicio; la segunda, en cambio, entregada a la evaluación que de la salud del funcionario realice la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente y a la que sigue un procedimiento administrativo en que se encauza la persona cuya salud se califique de “irrecuperable” y que, dentro de un determinado margen de tiempo, prepara el momento del cese definitivo de funciones.

Lo anotado recién queda patente, no solo en la conjunción disyuntiva –“o”- que se contiene en los citados artículos 150, 147 y 72 de los estatutos en referencia, denotando diferencia o alternativa entre la salud incompatible y la salud irrecuperable, sino que en la propia reglamentación independiente que de las mismas se prevé en los artículos 151 y 152 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834.

Décimo: Que, ahora bien, igualmente es oportuno considerar que el artículo 151 de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en los que se preceptúa la declaración de salud incompatible con el cargo, fueron modificados por la Ley N°21.050, publicada el 7 de diciembre de 2017, en cuyo Mensaje se lee que la iniciativa de ley tuvo por objeto reajustar las remuneraciones del Sector Público, conceder aguinaldos de Navidad del año 2017 y de Fiestas Patrias del año 2018 para el sector activo y pasivo, otorgar otros beneficios que indica y modernizar la gestión del Estado en las materias la señala.

En lo que ahora interesa, el referido proyecto expresó: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la Ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la Ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

En principio, podría inferirse que lo perseguido con esa modificación legal de 2017 fue uniformar la declaración de salud incompatible y la declaración de salud irrecuperable bajo el único, idéntico e insoslayable fundamento de la condición no recuperable de la salud del funcionario informada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez. Sin embargo, un objetivo como ese habría ameritado que se reformasen, también, esos otros artículos aludidos en el motivo inmediatamente anterior, en cuanto por ellos se contemplan y regulan de manera distintiva ambas figuras, con independencia la una respecto de la otra.

Undécimo: Que por lo referido es posible entonces anotar que el sentido o entendimiento del artículo 151 de la Ley N°18.834, tras la reforma introducida por la Ley N°21.050, se encuentra en el condicionamiento al que pasó a estar sujeta la jefatura a la hora de ejercer la facultad de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible, quien solo podrá proceder de ese modo si previamente ha recabado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación sobre la condición de irrecuperable de la salud que pudiera presentar el funcionario y que no le permite desempeñar el cargo. En caso que lo irrecuperable de la salud del funcionario resulte constatado a raíz de dicho informe, será esta la figura que cobre vigencia, con la normativa que le es propia.

Dicho con otras palabras, del informe sobre el resultado de la evaluación que debe de obtenerse en forma previa de la mencionada entidad técnica dependerá cuál de las figuras en referencia cobra vigor y habrá de recibir aplicación en el caso que se trate. Si la conclusión es que la salud del funcionario es irrecuperable, esta preferirá y será conforme a sus reglas que procederá la declaración de vacancia. Si en cambio, la conclusión es que la salud del funcionario es evaluada como recuperable, y además se reúne el lapso de licencia médica exigido por la ley, entonces procederá la eventual declaración de vacancia por salud incompatible con el cargo.

Junto con ello, es menester resaltar que tal declaración se presenta como una facultad discrecional que la ley ha entregado a la jefatura del Servicio respectivo, en la medida que concurran los requisitos que autorizan su ejercicio, como se ha visto: que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años y que su salud sea recuperable.

Duodécimo: Que el contexto descrito en el motivo inmediatamente anterior refuerza el entendimiento que se ha venido haciendo sobre el sentido de la reforma introducida mediante Ley N°21.050 a la Ley N°18.834, esto es, que la exigencia de contar con el informe previo de la COMPIN que habilita el ejercicio de la facultad de declarar la salud incompatible con el cargo, efectivamente mira por la mejora en el estatuto y condiciones que rigen a los servidores públicos, toda vez que está dirigida a esclarecer a priori, y con ello a excluir, la posibilidad de que sea el empleador quien ejerza su facultad de separar a un funcionario afectado en un caso que –de no mediar ese informe técnico-médico- podría verse claramente perjudicado si su salud no es simplemente incompatible con el cargo para el que ha sido designado, sino que es irrecuperable y, por consiguiente, conducirá a una declaración de invalidez en conformidad con el procedimiento administrativo correspondiente.

Décimo tercero: Que así también lo ha entendido la Contraloría General de la República en su Dictamen N°527522 de 14 de agosto de 2024, al señalar que “Asimismo, conviene reiterar que la circunstancia de que la COMPIN determine que la salud del funcionario es recuperable no impide al alcalde ejercer su facultad de declarar la salud incompatible, pues dicho pronunciamiento técnico acerca de la recuperabilidad constituye un requisito adicional que el legislador impone a la máxima autoridad comunal cuando esta pretenda ejercer la atribución de declarar la salud incompatible de un determinado servidor, a fin de resguardar que, si existe irrecuperabilidad, no resulte posible efectuar la aludida declaración, evitando de esta forma que, en ese caso, se configure la vacancia del cargo por la causal de salud incompatible, sino que sea la comisión médica pertinente la que pondere la declaración de salud irrecuperable y así el funcionario pueda retirarse en los términos del citado artículo 149 de la ley N°18.883.

Como puede advertirse, la conclusión anotada permite dar sentido a la modificación legal introducida por la Ley Nº 21.050 al artículo 151 de la Ley Nº18.834, toda vez que, entender que una declaración de salud recuperable que haga la COMPIN impediría al jefe de servicio declarar la salud incompatible de los funcionarios que se encuentren en los supuestos que esas normas indican, importaría una interpretación que dejaría sin aplicación la causal de vacancia del cargo por salud incompatible.

Décimo cuarto: Que volviendo al caso de autos, es pertinente poner de relieve que la recurrente no refuta el fundamento que, en consonancia con el inciso primero del artículo 151 del Estatuto Administrativo Ley N°18.834, encamina la declaración de vacancia contenida en la Resolución que se impugna en el presente arbitrio, esto es, que en el lapso de dos años, hizo uso de licencias médicas por 496 días, vale decir más por más de seis meses, razón por la cual solicitó un pronunciamiento a la COMPIN que era de rigor, y sin que corresponda aplicar el estatuto previsto para la declaración de salud irrecuperable, hizo confluir en la especie los requisitos objetivos que admitían la declaración de salud incompatible por medio de la facultad que tiene autorizada el Jefe del Servicio recurrido y que, en definitiva, ejerció en la especie.

Décimo quinto: Que en las circunstancias que se han descrito en las motivaciones anteriores, no es dable afirmar que exista ilegalidad en la Resolución TRA NUM000, en los términos pretendidos por el recurrente, como tampoco es posible advertir arbitrariedad en su dictación, desde que se apoya en las normas antes descritas, con una base fáctica razonable y proporcional, no una simple voluntad vacía de contenido o el mero capricho de su emisor.

Consecuentemente, no ha podido tener lugar la conculcación de las garantías constitucionales invocadas en el recurso de la manera que este propone.

Décimo sexto: Que por de todas las reflexiones que han sido anotadas en los párrafos que anteceden, no queda más que concluir que el arbitrio constitucional en estudio tendrá que ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10385-2025.