Protección contra Subsecretaría del Interior

Se anunció y alegó previa relación pública por el recurso el abogado Daniel Ortega Cadena, durante 12 minutos. Luis Zambra, relatora En Santiago, a veintiséis de junio del año dos mil veintiséis.

Al escrito folio 12: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, respecto de la Resolución Exenta NUM000, de 4 de marzo de 2026, mediante la cual se rechazó su solicitud de “permiso de residencia temporal” excepcional presentada al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325, la que califica de ilegal y arbitraria. Expone que es ciudadana venezolana, madre de nombre reservado, niño de nacionalidad chilena, nacido el NUM001 de 2023, cuyo padre también es chileno, encontrándose su núcleo familiar directo radicado en el país.

Señala que no registra antecedentes penales en su país de origen y que, con fecha 2 de abril de 2025, solicitó ante la autoridad administrativa la regularización de su situación migratoria mediante el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional, invocando la concurrencia de circunstancias calificadas y humanitarias derivadas de su condición de madre de un niño chileno y de su arraigo familiar en Chile. Refiere que la autoridad rechazó dicha solicitud al estimar que los antecedentes aportados no permitían configurar un caso excepcional o humanitario, considerando además que su ingreso al territorio nacional se efectuó por paso no habilitado.

Sostiene que la resolución recurrida es ilegal y arbitraria, por cuanto prescinde de una adecuada ponderación de sus circunstancias personales y familiares, desconoce el interés superior de su hijo, la protección constitucional de la familia y la finalidad de la facultad excepcional contemplada en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. Agrega que la decisión impugnada la mantiene en una condición de irregularidad migratoria, afectando su permanencia en el país junto a su hijo chileno y exponiéndola a la adopción de medidas migratorias más gravosas. Estima vulneradas las garantías constitucionales cuya protección invoca, solicitando que se deje sin efecto la resolución impugnada y se ordene a la autoridad emitir un nuevo pronunciamiento que considere debidamente sus antecedentes personales, familiares y humanitarios.

Segundo: Que informó el Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo íntegro de la acción. Expone que la recurrente ingresó al territorio nacional por paso no habilitado, circunstancia constatada mediante antecedentes proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile. Señala que, con fecha 2 de abril de 2025, aquella solicitó la regularización de su situación migratoria al amparo de la facultad contemplada en el artículo 91 N°8 del D.L. N°1.094, antecedentes que fueron remitidos a la Subsecretaría del Interior, por ser el órgano legalmente competente para resolver este tipo de solicitudes.

Agrega que, mediante Resolución Exenta NUM000, de 4 de marzo de 2026, dicha autoridad rechazó la solicitud de permiso de residencia temporal excepcional. Hace presente que no existe medida de abandono ni resolución de expulsión vigente respecto de la recurrente y sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo de la solicitud de regularización o sobre el acto administrativo impugnado, por cuanto la facultad para disponer mecanismos de regularización migratoria y otorgar permisos de residencia temporal excepcional corresponde exclusivamente a la Subsecretaría del Interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 numerales 8 y 9 de la Ley N°21.325. En razón de ello, solicita el rechazo del recurso respecto de dicho Servicio, por no haber incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno.

Tercero: Que informó la Subsecretaría del Interior solicitando el rechazo íntegro de la acción. Expone que la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente debe resolverse conforme a la Ley N°21.325, por ser la normativa actualmente vigente en materia de migración y extranjería, la cual contempla mecanismos de regularización de carácter general y excepcional.

Señala que la facultad prevista en el artículo 155 N°9 de dicho cuerpo legal constituye una potestad excepcional, de carácter discrecional e indelegable, reservada para casos calificados o por motivos humanitarios, cuyo otorgamiento no constituye un derecho para quien la solicita. Sostiene que la acción de protección no constituye la vía idónea para impugnar el rechazo de una solicitud de regularización migratoria, por existir mecanismos administrativos especialmente contemplados para dicho efecto y por exceder la presente acción cautelar el conocimiento de materias que requieren un análisis de lato conocimiento.

Agrega que la resolución impugnada fue dictada por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones legales y debidamente fundada, luego de ponderar los antecedentes aportados por la recurrente, concluyendo que éstos no permitían configurar un caso excepcional, calificado o humanitario que justificara el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional, aun cuando se consideró su calidad de madre de un hijo chileno.

Refiere, además, que el matrimonio contraído por la recurrente con un ciudadano chileno constituye un antecedente posterior a la presentación de la solicitud administrativa, por lo que no pudo ser ponderado al momento de dictarse la resolución recurrida.

Afirma que el acto impugnado no vulnera garantía constitucional alguna, por cuanto la decisión corresponde al ejercicio de una facultad discrecional entregada por la ley a la autoridad administrativa y solicita, en consecuencia, el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Sexto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta NUM000, de 4 de marzo de 2026, mediante la cual se rechazó la solicitud de permiso de residencia temporal excepcional presentada por la recurrente al amparo del artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325. Dicha decisión se funda en que, ponderados los antecedentes aportados, la autoridad estimó que éstos no permitían configurar un caso excepcional, calificado o humanitario que justificara el otorgamiento de un permiso de residencia temporal excepcional, que las circunstancias invocadas respecto de la situación de su país de origen y su arraigo familiar y laboral no resultaban suficientes para acceder a la regularización solicitada.

Séptimo: Que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 dispone que corresponde a la Subsecretaría del Interior otorgar, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de su condición migratoria. Dicha potestad es de carácter excepcional, corresponde privativamente a la autoridad administrativa competente y exige la ponderación de los antecedentes particulares de cada solicitante para determinar la concurrencia de circunstancias calificadas o humanitarias que justifiquen su otorgamiento.

Octavo: Que, en la especie, la Resolución Exenta NUM000, de 4 de marzo de 2026, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio de la facultad que el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325 confiere a la Subsecretaría del Interior, correspondiendo a dicha autoridad ponderar los antecedentes aportados por el solicitante para determinar la concurrencia de tales circunstancias. En efecto, aquellas circunstancias invocadas por la solicitante, referidas a que ella es la madre de un niño y que las circunstancias sociopolíticas de su país de origen ameritaban el reconocimiento de esta particular condición a los fines de obtener la residencia temporal a la que aspira, no pueden considerarse constitutivas de la hipótesis legal descrita, toda vez que no dan cuenta de aquella excepcionalidad que se invoca, sino que, por el contrario, se trata situaciones que son comunes a muchas o gran parte de los nacionales de Venezuela que llegan a nuestro país.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto ha sido dictado por la autoridad competente, dentro de sus atribuciones y con estricto apego a las normas de la Ley N°21.325, su Reglamento y la Ley N°19.880 de bases de los procedimientos administrativos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°10332-2026-Protección