SHIVSAI SPA con INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE SANTIAGO

Santiago, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece don Jorge Cuevas Mancilla, abogado, en representación convencional y judicial de la sociedad SHIVSAI SpA, interponiendo recurso de protección contra la Inspección Provincial del Trabajo Santiago, por el acto arbitrario e ilegal consistente en aplicar una sanción (multa) en el marco de un proceso de fiscalización y sancionatorio, que ha importado la vulneración de la garantía constitucional establecida en el N° 3 y, como la amenaza real y seria, de la garantía constitucional consagrada en el N° 24, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Detalla que el acto recurrido consiste en haberse aplicado una sanción equivalente a 26,73 IMM (Ingreso Mínimo Mensual) que al mes de mayo de 2023, asciende a la cantidad de $7.064.250, en el marco de un proceso de fiscalización, llevadas a cabo con infracción de las normas del debido proceso, porque no hubo notificación alguna a su respecto, dejando a su parte en la más absoluta y total indefensión.

Señala que el 18 de mayo de 2023, mediante llamado telefónico de cobranza de la Tesorería General de la República, el gerente general de la empresa tomó conocimiento de la existencia de una deuda por la suma de $7.064.250.-, cuyo origen correspondía a una multa aplicada por la Dirección del Trabajo en el año 2022, a través de la oficina operativa IPT Santiago, sin que se le haya notificado un proceso de fiscalización, citación a exhibir documentación y menos resolución de multa.

Precisa que conforme a las últimas modificaciones legales registró como dirección de correo electrónico válido para las notificaciones la casilla correo reservado, perteneciente a la Jefa de Recursos Humanos doña nombre reservado y el error en que se incurriera fue que se remitió la resolución a una casilla incorrecta (se cambió orden de letras “pg”, por “gp”), por lo cual jamás recibieron la citación y multa cursada.

Asevera que la sociedad no ha sido válidamente emplazada del proceso de fiscalización y del requerimiento de documentación, motivo por el cual no pudo incurrir en la “supuesta” falta sancionada, esto es, de no exhibir documentación pretendidamente requerida.

Se apersona la parte recurrida, haciendo presente ciertos planteamientos.

La multa N°8346.22.023-1 fue cursada con fecha 13 de octubre del año 2022 y, de conformidad al inciso 1° del artículo 508 del Código del Trabajo, fue notificada a la recurrente al tercer día hábil, contado desde el martes 24 de enero de 2023, época del envío del correo electrónico respectivo, esto es, el viernes 27 de enero del año en curso.

Adjunta impresión del correo electrónico de fecha 24 de enero de 2023 remitido a casilla correo reservado, en que se informa el término de procedimiento de fiscalización llevado a cabo por el inspector Cristian Cuevas Meier, lo que da cuenta de constatación de infracciones, las cuales fueron sancionadas en Resolución de multa administrativa N°8346/2022/23-1.

Sostiene que no ha existido la vulneración al debido proceso que acusa la reclamante y tampoco se le ha dejado en la indefensión.

Afirma que las alegaciones relativas a irregularidades en el proceso de fiscalización, debieron ejercerse en la acción descrita en el inciso 3° del artículo 503 del Código del Trabajo y no mediante la acción de protección.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar el legítimo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabos por acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. En tal sentido, se ha considerado que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que ese derecho esté señalado como objeto de tutela en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la tramitación del procedimiento de fiscalización N°875 y la dictación de Resolución de Multa N° 8346/22/23, de fecha 26 de octubre de 2022, de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago, por medio de la cual se aplica una multa de 26,73 ingresos mínimos mensuales. En concreto, se aduce por la recurrente que, en su oportunidad, no fue debidamente notificada de los requerimientos de información ni de la resolución administrativa que le impusiera la sanción en actual cobranza;

Tercero: Por lo pronto, es preciso recalcar que esta acción constitucional tiene un carácter marcado y esencialmente cautelar, de tutela de urgencia, de manera que no puede transformarse en un sustituto jurisdiccional porque -de ocurrir ello-, se distorsiona su naturaleza;

Cuarto: Ahora bien, la circunstancia de que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señale que la procedencia de la protección lo es “sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante los tribunales competentes”, solo confirma esa naturaleza cautelar. Lo que se quiere significar con ese enunciado es que el resultado de la acción constitucional no obsta a las posteriores declaraciones que puedan efectuarse por la sede jurisdiccional respectiva. Empero, no implica que puedan superponerse las acciones o que una reemplace a la otra, ni menos quiere decir que puedan efectuarse declaraciones a través de este medio;

Quinto: En cualquier caso, con el propósito de dar algún tipo de respuesta a los planteamientos formulados en esta acción constitucional, baste señalar que según lo que prescribe el artículo 508 del Código del Trabajo, en ese procedimiento especial administrativo se contempla que las notificaciones de rigor se practican por correo electrónico y que, para ese fin, el administrado “deberá registrar un correo electrónico u otro medio digital definido por la ley, donde deberán practicarse las notificaciones, citaciones y comunicaciones, el que se considerará vigente para todos los efectos legales mientras no sea modificado en el portal electrónico de la mencionada Dirección.”. Consecuentemente, es de responsabilidad de la recurrente la designación de la respectiva casilla de correo electrónico. Por ende, cualquier equivocación cometida en ese señalamiento le resulta imputable. Consecuentemente, no puede valerse ahora de ese error propio para alegar falta de emplazamiento e indefensión.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Jorge Cuevas Mancilla en representación de sociedad SHIVSAI SpA.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N° Protección-10326-2023.

Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada, además, por la Ministra (s) señora Paola Díaz Urtubia y el Abogado Integrante señor Joel González Castillo. No firma el Abogado Integrante señor González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

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