Protección contra recurridos

C.A. de Santiago Santiago, dos de julio de dos mil veinticuatro.

Al escrito folio 61, estése a lo que se resolverá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 16 de febrero de 2024, comparece nombre reservado, publicista, interponiendo acción constitucional en contra de 1) nombre reservado, psicóloga; 2) nombre reservado, terapeuta ocupacional; 3) nombre reservado, trabajador social COSAM Quinta Normal; 4) nombre reservado, psiquiatra; 5) Clínica Las Condes; 6) Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Oriente, en adelante COMPIN; 7) 9° Juzgado Civil de Santiago; y 8) 2° Juzgado Civil de Santiago, por las acciones y omisiones ilegales y arbitrarias que permitieron la maquinación y elaboración de solicitudes de certificación de discapacidad viciadas, mediante la apropiación ilegal de su cédula de identidad y clave única para hacer solicitudes sin su consentimiento, manteniéndolo ilegal y arbitrariamente, mal y sobre medicado, impidiéndole recuperarse, finalizando con una interdicción viciada y designación de curador definitivo, influyendo a su vez en la designación de nombramiento de partidor y juez árbitro, actos que tienen por fin último la apropiación y dilapidación ilegal de su patrimonio por parte de su curadora y hermana, nombre reservado, privando, perturbando y amenazando sus derechos de propiedad, integridad física y psíquica, prohibición de apremios ilegítimos, igualdad ante la ley, igual protección en el ejercicio de sus derechos, el respeto y la protección a la vida privada y la honra, protección de sus datos personales, y protección de la salud, tutelados en el artículo 19 N° 1; 2; 3 incisos 4° y 5°; 4; 9 y 24 de la Carta Fundamental, con el fin que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y su protección, prohibiendo el acercamiento a su persona de los recurridos.

Indica que está ilegal y arbitrariamente declarado interdicto en causa Rol N° V-393-2021 del 9° Juzgado Civil de Santiago, ad portas de perder su patrimonio, por la liquidación de la herencia testada que dejó su padre, seguida en causa Rol N° C-9563-2021, ante el 2° Juzgado Civil de esta ciudad y la juez árbitro Gladys Apara Riadi, la dilapidación y apropiación de su parte de la herencia por su curadora de bienes, sin tener actualmente ninguna discapacidad, por cancelación de anotaciones en el Registro Nacional de Discapacidad, según Orden de Servicio N° 129 de 2023 y N° 02 de 2024 del Registro Civil e Identificación, y solicitud de rehabilitación de interdicción en causa Rol N° V-20-2024, tramitada en el 27° Juzgado Civil de Santiago, unido a la ilegalidad de vivir en un hogar clandestino que restringe sus salidas diarias a dos horas en el día la tarde, sin derecho a reclamo por amedrentamiento de los trabajadores.

Explica que el estado en que se encuentra, de interdicción, se debe al aprovechamiento de su hermana nombre reservado de su estado mental por bipolaridad, y sus ambiciones de apropiarse de su parte en la herencia testada de un 25%, por sobre un 12,5% de ella, dispuesto en el testamento abierto dejado por su padre antes de morir, el profesor y médico urólogo de la Clínica Las Condes, doctor nombre reservado, que incluía acreencias bancarias, especialmente 15.000 acciones de la Clínica Las Condes.

Indica que las maquinaciones de su hermana se dieron en dos momentos: primero, aprovechando un estado depresivo por la muerte de su padre, el 22 de junio de 2021, y el segundo, aprovechando un accidente domiciliario, en complicidad con sus amigos y subordinados, el terapeuta ocupacional nombre reservado y el trabajador social nombre reservado, iniciando los mencionados las solicitudes de certificación de discapacidad en la COMPIN Oriente.

Da cuenta que la primera solicitud viciada se realizó a 7 días de la muerte de su padre, el 29 de junio de 2021, resultando con un 50% de discapacidad en agosto de ese año, solicitada por los referidos nombre reservado y nombre reservado, a quienes no conoce, llenando sus respectivos informes con datos a su conveniencia, utilizando su cédula de identidad y datos personales sin su autorización, con los datos de contacto de su hermana. Destaca que a esa fecha él vivía en Lo Barnechea y el trabajador social en Quinta Normal.

En la segunda solicitud, de octubre de 2021, se resolvió una discapacidad de 87,5%, oportunidad en que su hermana Constanza aprovechó el accidente domiciliario, que provocó su ingreso en la UTI de la Clínica Las Condes por un mes, entre el 23 de septiembre y el 28 de octubre. Su hermana solicitó, sin su autorización, una segunda evaluación de discapacidad, con su clave única, a su nombre y con su cédula de identidad, con los mismos informes viciados de la primera vez, usando su hermana sus datos de contacto, “-antecedentes dados por el actual presidente COMPIN Oriente” a principios de octubre de 2023, incorporando informes realizados durante su estadía en la clínica, mientras era tratado por las heridas infectadas y las supuestas descompensaciones y antecedentes que informó su hermana a su ingreso, con la ayuda de la recurrida y psiquiatra nombre reservado, cuyas prescripciones duraron meses después de egresar.

Cuestiona que, en su caso, la COMPIN Oriente resolvió las dos solicitudes que él no solicitó ni autorizó, a pesar de existir una ley que resguarda los derechos de las personas con enfermedades mentales, una ley que regula el trato para la solicitud de valoración de discapacidad independiente de sus patologías, y un protocolo del Ministerio de Salud (MINSAL), que establece el procedimiento a seguir para las evaluaciones y posterior resolución para las personas que lo soliciten. Entiende que la COMPIN, en su actuar ilegal y arbitrario, omitió procedimientos administrativos fundamentales para la valoración de su discapacidad, además de haber tenido un actuar poco coherente en su función preventiva y fiscalizadora, siendo tan absurdo su actuar que no cuestionó que teniendo porcentajes supuestamente altos, no estando en su sano juicio mental y físico, o mantener una conversación o razonar debidamente, haya pedid su propia solicitud de certificación.

Además, el 9° Juzgado Civil de Santiago en la Causa Rol N° V-393-2021, resolvió en forma ilegal y arbitraria su interdicción, con omisión de actos procesales, no fue notificado ni buscado, no se trabó la litis, no fue citado ante el juez de la causa para que tomara conocimiento real y efectivo de su patología, de acuerdo a la ley, ni por curador ad litem o defensor público para cumplir su deber, tampoco fue notificado de la certificación de la sentencia. No supo de las 3 publicaciones de la sentencia en el diario “El Libero”, ni conocimiento de la anotación en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, no tuvo conocimiento del inventario solemne que ofensivamente se refiere a que es por fallecimiento. El Tribunal resolvió el 23 de febrero de 2022 su interdicción, nombró curadora definitiva a su hermana nombre reservado.

Reitera que los actos los realizó su hermana falseando antecedentes de su patología mental, desde el ingreso a la Clínica Las Condes hasta su ingreso a la Clínica del Carmen, y luego al Hogar “Gabriela Mistral”, donde vive hasta hoy, invocando una supuesta esquizofrenia descompensada por alcohol y drogas, episodios convulsivos sin tratamiento crónico, unido a supuesta Esquizofrenia según la doctora nombre reservado, que milagrosamente detectó luego de los antecedentes que aportó su hermana psicóloga, estando meses con medicamentos para ese diagnóstico, evitando su mejoría y rehabilitación al no tener medicamentos para su verdadera patología, habiendo sido diagnosticado y tratado desde los 20 años por bipolaridad.

Luego, a fines del año 2022, tomó conocimiento de la causa Rol N° C-9563-2021 ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, para nombramiento de partidor, tampoco notificada al actor, en la que repentinamente apareció nombrado por el abogado Jorge Cerda Godoy, representante de su hermana, como su representado, aludiendo la interdicción. Se designó partidora, quien designó en octubre de 2023 un curador ad litem para él, amigo de su hermana. Le solicitó que dejara el cargo, por tener intereses creados con su hermana. Informó todo a la juez partidora, quien indicó que sólo sin la interdicción podría ingresar a la comunidad hereditaria y tomar conocimiento de la liquidación de la herencia.

Califica de acto ilegal y arbitrario lo obrado por el 9° Juzgado Civil de Santiago, existiendo dos procedimientos para la declaración de la interdicción, uno contencioso y otro voluntario. Por su parte, la Ley N° 19.954 dispuso que el juez debe citar al discapacitado a su presencia para realizar una audiencia personal y, en el caso del procedimiento voluntario, conforme a la Ley N° 18.600, el juez debe proceder previa citación personal y audiencia del discapacitado, diligencia esencial.

En el caso, el proceso estuvo viciado desde su inicio, no se cumplió con la Ley N° 18.600 y sus modificaciones, por los motivos ya referidos, destacando que no tuvo conocimiento de la causa ni fue citado, ni fueron notificados sus hermanos de simple conjunción, vulnerando su derecho al debido proceso. Si lo hubiera hecho y tomado conocimiento real de su estado no podría haber dictado sentencia sobre la base de no tener convicción sobre la naturaleza y existencia de su discapacidad.

Considera vulnerados, por las razones que detalla las garantías constitucionales reconocidas en el artículo 19 N° 24, 1, 2, 3 incisos cuarto y quinto, 4, 7 letras a) y b), y 9 de la Constitución Política de la República.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, declarando que debe restablecerse el imperio del derecho, sobre la base de anular las resoluciones y juicios expuestos, eliminar sus antecedentes del registro de prohibiciones y gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, la realización de 3 publicaciones en extracto de la sentencia de este recurso en el Diario “El Libero”, con las excusas pertinentes de parte de su hermana; la dictación de su salida inmediata del Hogar Clandestino Gabriela Mistral, permitiendo su retorno al departamento de su padre, con la entrega de las llaves por parte de la jueza árbitro Glady Apara, y "las medidas cautelares más gravosas” en contra de los recurridos, con el fin de evitar cualquier acto que amanece su integridad física y psíquica, cesando en forma inmediata la ejecución de cualquier acto material o psicológico que implique afectación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas, sin perjuicio de establecer su obligación inmediata de reparar, a su propio costo y entera satisfacción del actor los graves daños por los perjuicios ocasionados y por los que vive hasta hoy, todo con expresa condena en costas.

Segundo: Que, informando Clínica Las Condes S.A., acompaña informe médico de 10 de abril de 2024, suscrito por el nombre reservado, doctor nombre reservado, con la información clínica del recurrente, en forma reservada, y solicita el rechazo de la acción.

Destaca que ese prestador institucional no tiene participación alguna conforme a la acción, ni clínica en que se haya declarado la interdicción del paciente.

Considera que el recurso es inadmisible por extemporáneo, en tanto el actor señala que los hechos ocurridos en esa clínica sucedieron en su hospitalización entre el 23 de septiembre y el 28 de octubre de 2021, hace casi tres años y, si bien indica que los hechos se siguen dando en la actualidad, no consta que sea efectivo, lo que deriva en la imposibilidad de determinar si la acción fue presentad dentro de plazo, por lo que no cabe sino desestimarla.

Alega falta de legitimación pasiva, atendido que supuestamente la causante del acto sería la doctora nombre reservado y, la responsabilidad del médico tratante por el diagnóstico y su tratamiento es personal. Entre esa informante y la doctora nunca existió relación laboral, sólo contrato de arrendamiento de instalaciones, vigente hasta el 13 de octubre de 2022, sin subordinación.

Estima, además, que no existe infracción a la ley de derechos y deberes ni las garantías constitucionales del actor. En efecto, no hay alegaciones respecto al contenido del artículo 5° letra c) de la Ley N° 20.584, y el artículo 24 no es aplicable, no consta que se le haya otorgado un tratamiento invasivo.

Sobre las garantías fundamentales no se refiere en ninguna parte una participación que haya tenido esa Clínica.

Observa, igualmente, que las pretensiones del actor escapan de la competencia de esta acción, atendido su petitorio, incompatible con esta acción de naturaleza cautelar y de urgencia, en que no se pueden hacer disquisiciones declarativas, como se pretende al buscar dejar sin efecto resoluciones de tribunales de primera instancia.

Tercero: Que, la recurrida nombre reservado, psicóloga, por sí, y en su calidad de representante legal de su hermano interdicto y recurrente, informa al tenor de la acción constitucional presentada por su pupilo, solicitando que sea declarado improcedente o rechazado en todas sus partes.

Refiere antecedentes que motivaron la solicitud de interdicción, basada en hechos anteriores al 23 de septiembre de 2021. El año 2003 se le diagnosticó tratamiento bipolar tipo I, teniendo síntomas de abstinencia por sus internaciones. El año 2013 dejó de consumir los medicamentos recetados y comenzaron episodios maniacos con sintomatología psicótica, presentando delirios y alucinaciones, siendo internado en varias ocasiones en la Clínica del Carmen.

Su padre asumió su cuidado y, entre otros, lo llevó al terapeuta ocupacional nombre reservado, recurrido, para que lo asesore desde su especialidad a realizar las gestiones del cuidado, recuperación y asistencia por el estado de salud del recurrente. Ante las gestiones iniciadas por su padre y conforme las opiniones de los médicos consultados por él, la COMPIN decretó por primera vez que posee un porcentaje de discapacidad mental psíquica de un 50 %, asociado a diagnóstico de trastorno de bipolaridad mixta, trastorno delirante paranoide, y daño orgánico cerebral.

Su padre falleció el 22 de junio de 2021, y hasta ese momento, los asuntos de salud de su hermano fueron tratados directamente por él, asumiendo ella el cuidado luego de eso.

A los tres meses del fallecimiento de su padre, el 23 de septiembre de 2021, recibió un llamado de la administración del edificio donde vivía, señalando que salía mucha agua. Al ingresar, encontró a su hermano inconsciente, con una herida en la espalda. Lo llevó a la Urgencia de Clínica Las Condes, donde le diagnosticaron úlcera sacra con osteomielitis, debiendo ser operado y quedó hospitaliza hasta el 28 de octubre del mismo año.

Durante la hospitalización, su hermano comenzó a presentar convulsiones y alucinaciones visuales, por lo que fue atendido por la psiquiatra doctora nombre reservado, quien tras evaluarlo y consultar su ficha clínica, que la informante entonces desconocía, le diagnosticó esquizofrenia descompensada sumado a la bipolaridad tipo 1, con importante sintomatología psicótica y poli consumo de sustancias, indicando que no podía vivir solo y que una vez dado de alta sugirió que fuera trasladado a una clínica especializada en trastornos mentales.

Recién ahí y luego de hablar con el terapeuta ocupacional, teniendo un real conocimiento de su estado de salud, unido a lo observado por ella, comprendió la necesidad de protegerlo en su persona y su patrimonio.

En ese contexto, el terapeuta ocupacional acompañó a la COMPIN los nuevos antecedentes médicos originados por esta atención y, esa institución, decretó el 16 de diciembre de 2021 un porcentaje de discapacidad mental del 87,5% conforme al informe biomédico funcional y, ella, inició una acción voluntaria de interdicción por demencia en favor de su hermano, la que fue decretada el 23 de febrero de 2022 por el 9° Juzgado Civil de Santiago, quedando ella como curadora definitiva de sus bienes.

Afirma que desde que su hermano fue dado de alta de la Clínica Las Condes, ha residido en un hogar, al cuidado de profesionales quienes le suministran sus medicamentos, lo limpian y mantienen el aseo de su dormitorio. Ella lo visita regularmente, conversan telefónicamente y lo lleva a actividades con sus hijos pequeños, si está estable.

Sin embargo, Andrés muestra constantemente un comportamiento obsesivo, solicitándole dinero para comprar artículos cuantiosos e irrisorios en su condición, enviándole un listado de requerimiento de artículos tecnológicos de última generación, mesadas, ropa de lujo, consolas de videojuegos -a la que accedió para su entretención y por no haber objeción del médico tratante-, viajes a Miami con estadía en crucero, automóvil BMW, arriendo de departamento con trabajadora de casa particular, etc., lo que ratifica que no tiene consciencia de su enfermedad, vive bajo negación y no tiene noción de manejo de dineros. Ante su negativa, se descompensa y comienza con cuadros psicóticos y obsesivos.

Hace presente que según informa la directora del Centro Diferencial Hogar Protegido, se evidencian las conductas que justifican la necesidad y su deber como hermana y curadora de mantener su interdicción. Su hermano tiene actitudes violentas, falta de higiene personal y su entorno, falta de control de necesidades básicas, lo que le consta personalmente. Tiene libertad para salir diariamente, lo que ella autoriza frecuentemente y, muchas veces consume alcohol llegando inestable al hogar, información que es corroborada por diversos profesionales del área de la salud.

Destaca luego el petitorio del recurso, propios de una acción de lato conocimiento, y que las medidas que solicita no pueden ser adoptadas prescindiendo de la visión de peritos médicos, testigos, sus cuidadores, etc.

Adicionalmente, indica que es efectivo que actualmente se tramita su eventual rehabilitación ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, fundada en los mismos hechos, en que compareció como opositora y pidió que se le diera tramitación contenciosa, solicitud a la que el actor se allanó. Así, la situación ventilada en estos autos ya está sometida al imperio del derecho, en que se conoce su rendición de cuentas además, razones por las que el recurso ha perdido su real objetivo atendida su naturaleza cautelar, sin perjuicio de no ser ciertas las imputaciones que se le hacen sobre la administración de su patrimonio.

Cuarto: Que, informó el recurrido nombre reservado, trabajador social, indicando que el único contacto que tuvo con el recurrente fue a raíz de la solicitud de nombre reservado, de elaborar un informe de rede de apoyo para gestión de carnet de discapacidad en COMPIN.

El informe le fue solicitado por su vasta experiencia en pacientes psiquiátricos en dispositivos de alta complejidad (COSAM). Hubo un encuentro con nombre reservado el 29 de junio de 2021, se elaboró en conjunto el informe solicitado, visualizando escasas redes de apoyo, mayormente la indicada, hermana del paciente.

La descripción de la situación familiar en el informe es que el grupo familiar estaba compuesto por el padre, que falleció hace pocos días, su madre que falleció hace tres años, y los hermanos Constanza y Andrés.

Andrés a esa fecha se encontraba viviendo solo en el departamento que compartía con su padre. Desde la adolescencia se le diagnosticó trastorno bipolar y trastorno delirante paranoide, provocándose en los últimos años deterioro orgánico cerebral, teniendo que realizar internaciones administrativas por urgencias psiquiátricas que detonan una discapacidad psíquica importante y un deterioro cognitivo leve a moderado, si bien destaca que mantiene un buen vínculo con su hermana, quien se presenta como red significativa, pero se puede visualizar el estrés y agotamiento que ha generado la relación.

Entiende que por la sola evacuación de ese informe es imposible que haya vulnerado los derechos que el actor entiende conculcados.

Destaca igualmente que el recurso indica que el asunto ya está siendo conocido por el 27° Juzgado Civil de Santiago, por la solicitud de rehabilitación del recurrente, razón por la cual los derechos que se pretenden proteger por esta vía no son indubitados.

Quinto: Que, el también recurrido nombre reservado, terapeuta ocupacional, informa que se realizó visita al domicilio del paciente, ubicado en domicilio reservado, haciendo primera entrevista con su padre y el usuario.

Se inició intervención de terapia ocupacional en el domicilio, domicilio reservado visitas, dos veces por semana, explicando al paciente y el padre y red de apoyo el acceso a gestión de carnet de discapacidad, se solicitó el consentimiento de ambos, que fue otorgado, se le educó en cuanto a los beneficios del carnet y la pensión de invalidez, estando ambos de acuerdo con la gestión. No fue posible avanzar en ese proceso por descompensación del padre.

Retomó el contacto tres meses después, cuando el paciente lo llamó desde la Clínica Las Condes, área de psiquiatría, donde era atendido por descompensación psiquiátrica y estabilizado por cuadro de base, asociado a caída, comentando el paciente la necesidad de salir pronto de esa clínica y retomar su vida, mostrándose con alto nivel de ansiedad y angustia, que se logra estabilizar a través de los días, siendo observado por la psiquiatra tratante doctora Iribarne.

Estando estabilizado, se analizó en conjunto con paciente la posibilidad de gestionar carnet de discapacidad y pensión de invalidez, para favorecer un sistema de protección social. Se conversó con la hermana y el paciente ya lúcido y consciente, entregando su consentimiento verbal y se retomaron las gestiones.

Luego de tener toda la documentación, se ingresó a la plataforma de COMPIN con clave única del profesional informante, con la que se establece monitoreo y seguimiento del caso, sin solicitar en ningún momento su clave única, siendo él con su propia clave quien inicia la tramitación de valoración de la documentación.

Destaca que el carnet de discapacidad le permite acceder a beneficios económicos por el Estado, depositados en la cuenta del paciente, y se inicia la tramitación de pensión de invalidez por fondos de AFP, proceso en que fue citado a Comisión Médica de COMPIN y se define la pensión definitiva.

Coincide en que esta no es la vía para abordar disputas de carácter declarativo, especialmente cuando están en proceso y fueron iniciadas por la misma parte que presenta el recurso.

Sexto: Que, por escrito de 30 de abril de 2024, el recurrente se “opone” a las expresiones del abogado de su hermana y recurrida, haciendo presente que fue el propio recurrente quien ante el Notario señor Pablo Alberto González, otorgó de manera voluntaria mandato judicial de 5 de febrero de 2024 a la abogada que lo representa en estos autos, nombre reservado, por lo que cuestiona las expresiones del abogado de su hermana que hace creer que representa al actor, lo que no es efectivo, por lo que pide que el abogado Jorge Cerda exponga cuáles son sus intenciones.

Séptimo: Que, informa el 9° Juzgado Civil de Santiago, dando cuenta que con fecha 24 de diciembre de 2021 compareció nombre reservado, solicitando en procedimiento voluntario que se declarar la interdicción definitiva de su hermano, por padecer discapacidad mental intelectual severa de un 87,5%, según dictamen de la COMPIN Oriente y, que se le designare como curadora definitiva de sus bienes.

La causa se tramitó con el Rol N° V-393-2021, y se tuvo a la vista el certificado de nacimiento de los mencionados, la resolución de la COMPIN de 16 de diciembre de 2021, que aprobó la solicitud y declaró la discapacidad referida, y la credencial de discapacidad, que da cuenta de información contenida en el Registro Nacional de Discapacidad.

Indica que atendido que en esa época regía el estado de alerta sanitaria, el grado de parentesco entre la solicitante y el afectado, y lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.422, los artículos 461 y siguientes del Código Civil, y el artículo 4° de la Ley N° 18.600, el 23 de febrero de 2022 se dictó sentencia definitiva, declarando la interdicción definitiva del recurrente y designando curadora definitiva de sus bienes a su hermana, eximiéndola de la necesidad de rendir caución y reducir la sentencia a escritura pública, debiendo realizar inventario solemne.

La sentencia se publicó en el diario digital El Libero, los días 8, 9 y 10 de marzo de 2022 y se inscribió en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar a fs. 7.087, N° 10.849 de 2022 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

De lo anterior, entiende que ese tribunal cumplió con la normativa legal vigente, por lo que no ha incurrido en actos ilegales o arbitrarios que conculquen garantías constitucionales del actor, especialmente porque la COMPIN, en uso de sus facultades exclusivas, certifico la discapacidad que le afectaba.

Octavo: Que, por su parte, igualmente la recurrida doctora nombre reservado solicita el rechazo de la acción, con expresa condena en costas.

Da cuenta que desde octubre de 2022 no trabaja en la Clínica Las Condes, por razones personales. Solicitó una copia de la ficha clínica del paciente a la clínica, pero fue denegada debido a la Ley de derechos y deberes del paciente.

Indica que si bien actuó como médico interconsultor en atenciones determinadas y dentro del ámbito de su especialidad, no participó directamente en todas las atenciones a lo largo de su historial médico.

Por lo anterior, no le es posible informar respecto de las atenciones médicas brindadas al paciente, ni sus antecedentes médicos previos a la atención, el diagnóstico ni los medicamentos prescritos, menos la evolución del cuadro clínico.

Lo que sí puede señalar, es que no realizó la epicrisis del paciente, confeccionada por el doctor nombre reservado.

En cuanto al fondo, razona que esta no es la vía idónea para resolver el conflicto, y que esa parte no realizó ninguna de las acciones u omisiones que se denuncian habrían afectado las garantías fundamentales del paciente.

Igualmente, respecto a sus actuaciones médicas, considera que el recurso es extemporáneo, por las mismas razones citadas por la Clínica Las Condes, y también considera que debe ser desestimado por exceder las materias que deben ser conocidas por esta acción, atendida su naturaleza cautelar.

Noveno: Por su parte, el 2° Juzgado Civil de Santiago, expone que en causa Rol N° C-9563-2021, sobre designación de juez partidor y administrador proindiviso, el 3 de diciembre de 2021 compareció nombre reservado, solicitando lo indicado, en contra de los comuneros nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, a la que se dio curso el 11 de enero de 2022.

Habiendo comparecido el abogado Jorge Cerda Godoy, por la demandada nombre reservado, expuso que esta última a su vez detenta la representación del demandado nombre reservado, según sentencia de interdicción dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, de fecha 23 de febrero de 2022, lo que acreditó acompañando copia de la sentencia y su inscripción.

El abogado, en consecuencia, asumió el patrocinio y poder en representación de nombre reservado y de su pupilo.

Así, por resolución de 30 de mayo de 2022, se tuvo por notificado tácitamente de la demanda y su proveído al demandado nombre reservado, con motivo de la presentación referida.

Citada la audiencia respectiva, el 26 de octubre de 2022 se realizó, compareciendo los abogados de las partes, en que compareció el abogado Jorge Cerda Godoy por la demandada nombre reservado y de su pupilo, el demandado nombre reservado.

Por escrito de 31 de marzo de 2023, comparecen todos los abogados de los comuneros, y de común acuerdo designaron como juez partidor a la abogada Gladys Apara Riadi, quien se notificó de su designación y prestó el fiel juramento de desempeño de cargo el 17 de abril de 2023.

Observa que del relato del recurso, la eventual afectación a sus derechos derivan de habérsele declarado interdicto en procedimiento previamente tramitado ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, estando tramitando su rehabilitación como el propio recurrente indica.

La declaración de interdicción está vigente en tanto no sea dejada sin efecto, y consta de sentencia judicial emanada de tribunal competente, produce efectos respecto a terceros por estar debidamente inscrita.

La representación del recurrente fue conferida a su hermana y, por haber acompañado en su momento los antecedentes indicados, en la causa seguida ante ese Tribunal, se tuvo presente el patrocinio y poder que asumió el abogado Jorge Cerda Godoy por la demandada nombre reservado y su pupilo.

Por todo lo anterior, en su concepto, la designación de juez partidora se hizo por ese tribunal en un procedimiento legalmente tramitado y no ha podido incurrirse en los actos ilegales y arbitrarios que se reclaman.

Décimo: Que, por escrito de 11 de mayo de 2024, la abogada del recurrente, hace presente que desde el 27 de marzo a la fecha, la recurrida y hermana del actor, ejerció y sigue ejerciendo hechos represivos en su contra por haber iniciado acciones judiciales, “sin dejar de lado que hoy no tiene discapacidad”, acreditado a folio 1 por Resolución N° 31198786 de la COMPIN Oriente, que informa con el fin de que se desista de su ejecución.

Undécimo: Que, comparece nombre reservado, por la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, a su vez en representación de la COMPIN de esta región, informando.

Da cuenta que el 2 de julio de 2021 se ingresó mediante la clave única de nombre reservado solicitud de ingreso para la obtención del Certificado de Discapacidad, respecto del recurrente.

Como consta de la bitácora respectiva, el actor presenta múltiples hospitalizaciones psiquiátricas y tratamientos ambulatorios, presentando desde hace 5 años delirio paranoide y trastorno delirante.

EL actor fue entrevistado por funcionario de la COMPIN, respondiendo las preguntas junto a su terapeuta ocupacional, quien refiere que supervisa diariamente las rutinas del actor, desde hace 6 meses, además de mencionar que padece de crisis con desorientación, fatiga e inestabilidad, además de presentar problemas con motricidad fina.

Conforme a los antecedentes mencionados, y teniendo en consideración el resultado de los informes e instrumentos, da carácter obligatorio, estimó en un 50% el porcentaje de discapacidad.

Posteriormente, el 13 de octubre de 2021 se ingresó una nueva solicitud, nuevamente suscrita por la hermana del actor con su clave única. En ella y con sus respectivas evaluaciones, igual que la primera, fue referida al diagnóstico de bipolaridad mixta, no al de esquizofrenia descompensada.

Resalta que conforme a la Ley, se creó el “Manual de Procedimiento para la Calificación y Certificación de la Discapacidad”, que indica que para la obtención del certificado, se contemplan una serie de informes e instrumentos obligatorios que deben acompañar los solicitantes: informe biomédico funcional, informe social y de redes de apoyo e instrumento de valoración de desempeño en comunidad.

Refiere que como consta en la presentación del actor a folio 1, para proceder a la dictación de las resoluciones, esa institución solicitó todos los documentos mencionados.

Por su parte, la segunda solicitud ingresada por la hermana del recurrente, fue acompañada de los documentos requeridos, siendo realizados por personal de la red salud, debidamente acreditados en el registro del MINSAL.

En el caso el informe fue realizado por terapeuta ocupacional de la red de salud, debidamente acreditado, doña nombre reservado, quien sugirió la propuesta de un 87,5% de discapacidad, confirmada por la COMPIN en base, además, a los resultados del informe biomédico funcional y el informe social y de redes de apoyo.

Por último, el 6 de diciembre de 2023, se ingresó una solicitud de recalificación, por el que una persona puede solicitar una nueva calificación, contando con nuevos antecedentes de evaluación, valoración y calificación de su condición, la que fue suscrita con la clave única del actor nombre reservado.

Conforme a los antecedentes del usuario, que presenta dos calificaciones previas de porcentaje relevante de discapacidad, se realizó peritaje médico por la Subcomisión Poniente de la COMPIN, que concluyó que el usuario presenta las condiciones psicológicas cognitivas normales para recoger un testimonio factible, agregando que “La exploración médica y psicológica descarta que sea portados de una morbilidad psiquiátrica severa (…) Posee capacidad adecuada de comprensión y capacidad volitiva con conciencia de sus actuaciones, por lo que posee una conducta adecuada asociada, por poseer el juicio y discernimiento por lo que posee un nivel adecuado en su juicio y discernimiento que nos permite asumir que no posee en estos momentos una discapacidad mental psíquica severa, por lo que propone: Discapacidad Mental Física: 0%”.

Así, conforme a los antecedentes aportados, y el peritaje médico realizado, se revalorizó su situación, estimando que posee un 0% de discapacidad.

De esa forma, conforme al Decreto N° 47 de 2012, Reglamento de Calificación y Certificación de Discapacidad, artículo 10 letra a), el recurrente se constituye como una persona sin discapacidad, es decir, aquella que no presenta limitaciones para realizar actividades propias de su edad y/o no presenta restricciones a la participación, o bien, estas limitaciones y/o restricciones se presentan en un rango entre 0% y 4% a causa de su condición de salud.

Concluye que las actuaciones realizadas por la COMPIN, en las tres oportunidades, al establecer el grado de discapacidad de nombre reservado, se enmarcaron dentro de los parámetros objetivos dispuesto por el Ministerio de Salud, al tenor de la Ley N° 20.422.

Duodécimo: Que, por escrito de 22 de junio de 2024, la abogada del recurrente, hace presente que el 5 de junio del presente año, a las 9:30 horas, no habiendo concurrido su representado a la cita de trabajo concertado ni respondiendo los llamados, fue a buscarlo al hogar donde vive. Lo encontró en su pieza, cerrada igual que la ventana, en su cama, con temblores, ido y en medio de sus excrementos. Le explicó que amaneció enfermo desde el martes en la mañana. Fue trasladado al SAR de Ñuñoa, donde fue atendido de urgencia y luego llevado en ambulancia al Hospital El Salvador, de donde egresó el 10 de junio, con diagnóstico de gastroenteritis aguda, sepsis de foco abdominal resuelta, deshidratación severa resuelta, AKI KDIGO I etiología perenal resuelta, hiponatremia moderada resuelta y sus antecedentes de trastorno afectivo bipolar, hipotiroidismo.

Al preguntar a la dueña del hogar si habían avisado al terapeuta ocupacional y la hermana y curadora, le dijo que los recurridos estaban trabajando ocupados y que no podían llevarlo.

Ante la ausencia total de los encargados, esa abogada se hizo cargo del actor como su representante legal.

Decimotercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Decimocuarto: Como cuestión previa, cabe consignar lo pertinente a la extemporaneidad del recurso interpuesto. Por lo pronto, respecto de las recurridas Clínica Las Condes y la Dra. nombre reservado, los hechos que se reprochan en el arbitrio datan de los meses de septiembre y octubre del año 2021, cuando el recurrente fue internado en ese centro asistencial, oportunidad en que fue atendido por la psiquiatra Iribarne. Por ende, respecto de ambas recurridas el recurso es manifiestamente extemporáneo.

Otro tanto ocurre con el terapeuta ocupacional nombre reservado y el asistente social nombre reservado. Este último se limitó a extender un informe el 21 de julio del año 2021 y es la única intervención que se menciona en el recurso, por lo que obviamente también es del todo extemporáneo a su respecto. En cuanto a nombre reservado, aunque tuvo mayor contacto con el actor, esto cesó en el año 2022, fecha en que es internado en la Clínica El Carmen y luego en el Centro Diferencial “Hogar Protegido”, sin aclarar la abogada recurrente en qué consistieron los actos que vulnerarían los derechos de su representado.

En lo que respecta al 9° y al 2° Juzgados Civiles de Santiago, todo reproche que se formule a ambos tribunales también es extemporáneo. En efecto, en el 9° Juzgado Civil de Santiago se tramitó la solicitud de interdicción y con fecha 23 de febrero de 2022 se dictó la sentencia, acogiendo esa petición y decretando la interdicción del recurrente, lo que posteriormente fue publicado en un periódico e inscrito en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2022. A su vez, la intervención del 2° Juzgado Civil de Santiago se vincula a una designación de juez partidor y administrador pro-indiviso, en que la recurrida nombre reservado actuó como su representante legal, lo que culminó el 31 de marzo de 2023, en que por acuerdo de todos los involucrados se designó a la juez árbitro Gladys Apara Riadi, quien prestó juramento el 17 de abril de ese año.

En relación a la COMPIN Oriente, los hechos que se reprochan, en principio, son las declaraciones de invalidez parcial, efectuadas por ese organismo en julio y octubre de 2021, oportunidad en que la recurrida indicó que el recurrente presentaba, respectivamente, un 50 % y un 87,5 % de discapacidad, lo que evidencia nuevamente que el recurso es extemporáneo en lo que al COMPIN se refiere.

Por último, en lo que concierne a la recurrida nombre reservado, las distintas actuaciones vulneratorias que le atribuye ocurrieron entre los años 2021 y 2023, por lo que tampoco el recurso puede prosperar en lo que a ella se refiere, ya que es del todo extemporáneo.

En suma, el recurso debe rechazarse, por ser manifiestamente extemporáneo, en lo que se refiere a todos los recurridos, esto es nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Clínica Las Condes, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Oriente, 9° Juzgado Civil de Santiago y 2° Juzgado Civil de Santiago.

Decimoquinto: No obstante lo anterior, que basta para desechar el recurso respecto de todos los recurridos, cabe agregar, en cuanto al fondo del recurso, que este tampoco puede prosperar, por las siguientes razones:

1.- Porque las peticiones concretas que se formulan en el recurso no son propias o idóneas en una acción cautelar de esta naturaleza. En efecto, no corresponde que por esta vía constitucional, la Corte de Apelaciones de Santiago invalide resoluciones judiciales o anule procedimientos ventilados ante otros tribunales, en la órbita de sus respectivas atribuciones y competencias.

En efecto, tanto el procedimiento de interdicción del recurrente como la designación de juez partidor fueron tramitados en un debido proceso, existiendo antecedentes que permitían demostrar la incapacidad mental del recurrente -en la interdicción- como su representación legal -en el nombramiento de juez partidor- de modo tal que esas peticiones carecen de todo fundamento.

2.- Menos aún podría esta Corte alzar las inscripciones sobre la interdicción del recurrente en el Registro de Prohibiciones y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de esta ciudad y dejar sin efecto las publicaciones de ese antecedente en el diario que indica el recurso, pues aquello es resultado de una decisión jurisdiccional adoptada en un juicio de lato conocimiento y no de una acción cautelar como esta.

3.- Tampoco podría este Tribunal de Alzada decretar la salida inmediata del Hogar “Gabriela Mistral”, permitiendo su retorno al departamento de su padre, toda vez que se encuentra vigente aun el decreto que determina la interdicción del recurrente y no ha sido modificada esa resolución. Por lo mismo, es del todo improcedente, además, requerir a la juez partidora que le entregue las llaves del departamento para retornar a su hogar, si esa circunstancia no ha sido aún modificada e importaría desconocer la competencia de la juez partidora en el procedimiento que ella tiene a su cargo.

En suma, las peticiones del recurso son del todo improcedentes y no se condicen con un recurso de protección, pues la letrada que lo representa olvida, además, que su representado -en la actualidad- sigue manteniendo la condición de interdicto, lo que le imposibilita formular solicitudes como las que ha hecho valer, siendo dudosa, incluso, la legitimación activa que detenta para comparecer en juicio, a la luz del artículo 465 del Código Civil.

Decimosexto: A mayor abundamiento, las alegaciones contenidas en el recurso están actualmente sometidas bajo el imperio del derecho, pues tanto el recurrente como los recurridos han reconocido que ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, se tramita la eventual rehabilitación del compareciente, en que su hermana nombre reservado compareció como opositora y pidió que se le diera tramitación contenciosa, solicitud a la que el recurrente se allanó. En consecuencia, es en esa sede jurisdiccional -y no aquí- donde deben discutirse los hechos que da cuenta el recurso.

Decimoséptimo: Por último, obviamente tanto los hechos como los derechos fundamentales que el recurrente esgrime son claramente dubitados, pues están contradichos, motivo también relevante para desestimar la acción de protección entablada, estimándose innecesario ponderar las garantías fundamentales eventualmente infringidas.

Al carecer, por ende, el recurso de todo fundamento, tanto en los hechos expuestos, como en el derecho, el recurrente será condenado expresamente al pago de las costas.

Por estas consideraciones y con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y artículo 465 del Código Civil, se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Clínica Las Condes, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Oriente, 9° Juzgado Civil de Santiago y 2° Juzgado Civil de Santiago, con costas del recurso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro Tomás Gray.

N°Protección-1031-2024.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por el abogado integrante señor Waldo Parra Pizarro. No firma el abogado integrante señor Parra por encontrarse ausente.