nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

Se anunció y alegó previa relación pública contra el recurso la abogada doña Judith Urzúa Arriaza, durante 7 minutos. Santiago, 22 de septiembre de 2026. Luis Manuel Zambra Alliu, relator.

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil veintiséis.

Al escrito folio 16: Téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Matías Andrés Reinoso Miranda, abogado, interpone acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, mediante la cual dicho organismo rechazó su solicitud de residencia definitiva y, en su lugar, le otorgó un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas por el plazo de dos años, actuación que califica de ilegal y arbitraria y que, a su juicio, vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Expone que la afectada ha residido en Chile al amparo de un permiso de residencia temporal, desarrollando en el país su vida personal, familiar y laboral, y que el 11 de octubre de 2024 presentó una solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el N°71542418, acompañando los documentos requeridos por el Servicio, la que fue admitida a tramitación.

Señala que el 19 de enero de 2026 fue notificada de un requerimiento previo, mediante el cual se le concedió un plazo de diez días hábiles para acompañar un certificado de viajes emitido por Policía Internacional, el contrato de trabajo y un certificado de vigencia de dicho contrato, legalizado ante notario y autorizado mediante firma electrónica. Añade que solicitó el certificado de viajes por correo electrónico el 22 de enero de 2026, dentro del plazo conferido, pero que, debido a la demora de Policía de Investigaciones de Chile, este le fue remitido recién el 20 de marzo del mismo año, por lo que su presentación oportuna habría resultado materialmente imposible.

En cuanto a los antecedentes laborales, expresa que el certificado de vigencia laboral fue emitido el 21 de enero de 2026 y autorizado ante notario mediante firma electrónica avanzada el 6 de febrero siguiente. Afirma que tales actuaciones dan cuenta de una conducta diligente dirigida a satisfacer el requerimiento de la autoridad y que la falta de presentación oportuna de los documentos no obedeció a su negligencia o inactividad, sino a circunstancias que no dependían enteramente de su voluntad.

Refiere que, no obstante lo anterior, el Servicio Nacional de Migraciones dictó la Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, rechazando su solicitud por no haber remitido el certificado de viajes expedido por Policía Internacional, el contrato de trabajo y el certificado de vigencia laboral legalizado ante notario y autorizado mediante firma electrónica. Sostiene que la autoridad hizo recaer sobre la afectada las consecuencias perjudiciales de la demora de otro organismo público y equiparó una imposibilidad material de acompañar oportunamente los antecedentes con un incumplimiento culpable de su parte.

Añade que la propia resolución recurrida, en aplicación del artículo 91 inciso quinto de la Ley N°21.325, otorgó a la afectada un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas por dos años, en sustitución de una orden de abandono. A su juicio, ello demostraría que no existía un impedimento sustantivo para su permanencia regular en Chile y que la denegación de la residencia definitiva se fundó exclusivamente en exigencias formales, aplicadas de manera rígida y desproporcionada.

Alega que la resolución carece de motivación suficiente, pues se limita a constatar que determinados documentos no fueron acompañados, sin ponderar la diligencia desplegada por la interesada, la imposibilidad de obtener oportunamente el certificado de viajes ni las circunstancias concretas del caso. Estima que dicha actuación infringe el deber de fundamentación previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, además de los principios establecidos en los artículos 3, 5, 7 y 12 de la Ley N°21.325.

Reprocha, asimismo, que el acto impugnado se limitara a reservar genéricamente a la afectada los recursos contemplados en la Ley N°19.880, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley N°21.325, sin individualizar los medios de impugnación procedentes, la autoridad ante la cual debían interponerse ni el plazo previsto para su ejercicio. Sostiene que tal omisión contraviene el artículo 41 de la Ley N°19.880 y el principio de procedimiento migratorio informado, afectando su derecho de defensa en sede administrativa.

Afirma que la actuación recurrida vulnera la igualdad ante la ley, al tratar de la misma manera a quien omite acompañar antecedentes por su propia inactividad y a quien los solicita oportunamente, pero no logra presentarlos dentro de plazo debido a la tardanza del órgano encargado de emitirlos. Agrega que el otorgamiento subsidiario de una residencia temporal no elimina el agravio, por cuanto dicho permiso no resulta equivalente a la residencia definitiva, la que confiere una estabilidad jurídica superior y permite residir indefinidamente en el país y desarrollar cualquier actividad lícita.

En definitiva, solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, en cuanto rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por nombre reservado, y se ordene retrotraer el procedimiento administrativo al estado anterior a su dictación, concediéndole un nuevo plazo razonable para acompañar los documentos requeridos y disponiendo que, una vez incorporados, el Servicio emita un nuevo pronunciamiento debidamente fundado y ajustado a derecho. Subsidiariamente, pide que se adopten las medidas que esta Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de la garantía invocada.

Segundo: Que, al informar, el Servicio Nacional de Migraciones solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes, sosteniendo que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías protegidas por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y que su actuación se ajustó a las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le han sido conferidas.

Expone que nombre reservado, nacida en Venezuela y de nacionalidad colombiana, ingresó por primera vez al territorio nacional el 2 de julio de 2019, a través del paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. Añade que, mediante Resolución Exenta N°172, de 30 de abril de 2021, de la Gobernación Regional de Palena, se le otorgó una visa temporaria para profesionales o técnicos, por el período de un año y en calidad de titular, vigente hasta el 18 de mayo de 2022.

Señala que, mediante Resolución Exenta N°82.652, de 20 de septiembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones, se le concedió una prórroga de residencia temporal por un año, en calidad de titular, permiso que se mantuvo vigente hasta el 6 de enero de 2025. Agrega que el 11 de octubre de 2024 presentó, a través de la plataforma electrónica, una solicitud de residencia definitiva, registrada bajo el ID N°71542418.

Indica que, mediante comunicación electrónica folio N°70583441, de 2 de enero de 2025, remitida al correo electrónico informado por la propia solicitante, se le concedió un plazo de sesenta días para acompañar un certificado de antecedentes penales de Venezuela, apostillado y susceptible de verificación mediante código QR o enlace electrónico, y acreditar el pago de los derechos asociados a su solicitud. Precisa que la afectada acompañó inicialmente un certificado de antecedentes penales de Colombia y, posteriormente, el correspondiente a Venezuela.

Refiere que, mediante notificación previa al rechazo folio N°92281192, de 19 de enero de 2026, se informó a la solicitante que su petición se encontraba incursa en una causal de rechazo y se le otorgó un plazo de diez días hábiles para acompañar un certificado de viajes emitido por Policía Internacional, que acreditara sus entradas y salidas entre el 6 de enero de 2023 y el 6 de enero de 2025; el contrato de trabajo y sus anexos, legalizados ante notario y autorizados mediante firma electrónica avanzada; y un certificado de vigencia del contrato de trabajo, igualmente legalizado ante notario y autorizado mediante firma electrónica avanzada.

Explica que, una vez analizados los antecedentes, mediante Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, se rechazó la solicitud de residencia definitiva, debido a que la interesada no remitió el certificado de viajes expedido por Policía Internacional, el contrato de trabajo ni el certificado de vigencia laboral en la forma requerida. Sin perjuicio de ello, la autoridad le otorgó un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas, por el período de dos años y en calidad de titular, vigente hasta el 25 de marzo de 2028, según consta en el estampado electrónico N°50158378.

Añade que en la resolución impugnada se reservaron a la afectada los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880, los que no fueron interpuestos. Hace presente, además, que no se ha dictado sanción alguna en su contra y que actualmente mantiene una situación migratoria regular en el país.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones era competente para dictar la resolución recurrida, de conformidad con los artículos 37 y 157 N°5 de la Ley N°21.325 y 42 del Decreto Supremo N°296, que le atribuyen la facultad de otorgar, prorrogar, rechazar y revocar los permisos de residencia y permanencia, así como determinar su vigencia.

Expresa que el artículo 78 de la Ley N°21.325 define la residencia definitiva como el permiso para radicarse indefinidamente en Chile y desarrollar cualquier actividad lícita, mientras que el artículo 88 N°1 del mismo cuerpo legal ordena rechazar, mediante resolución fundada, las solicitudes de residencia de quienes no cumplan los requisitos correspondientes a la respectiva categoría o subcategoría migratoria.

Afirma que la afectada no cumplió suficientemente los requisitos exigidos para obtener el beneficio solicitado, al no presentar el contrato de trabajo ni el certificado de vigencia laboral legalizados ante notario y autorizados mediante firma electrónica avanzada. Invoca, al efecto, el artículo 17 del Decreto Supremo N°177, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, relativo al permiso para extranjeros que desarrollan actividades lícitas remuneradas bajo vínculo de subordinación o dependencia.

Agrega que el artículo 2 del referido Decreto Supremo N°177 ordena rechazar mediante resolución fundada las solicitudes que no cumplan los requisitos de la respectiva subcategoría migratoria y establece que, si el interesado acompaña documentación manifiestamente errónea o insuficiente, debe procederse conforme al artículo 88 del Reglamento de la Ley N°21.325. Esta última disposición contempla la comunicación previa de las razones y fundamentos de la eventual decisión desfavorable y concede al afectado un plazo de diez días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal invocada.

Sobre esa base, sostiene que la solicitante debía acompañar la documentación requerida, debidamente autorizada mediante firma electrónica avanzada, ya fuera al presentar su solicitud o dentro del plazo otorgado en la comunicación previa al rechazo. Al no hacerlo, se configuró la causal prevista en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325.

Expone que, sin perjuicio del rechazo de la residencia definitiva, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo séptimo transitorio y en el artículo 91 inciso quinto de la Ley N°21.325, la autoridad sustituyó la orden de abandono por el otorgamiento de un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas. Precisa que dicho permiso se encuentra regulado en el artículo 68 de la citada ley y permite a los extranjeros establecerse en Chile durante un tiempo limitado.

Concluye que la resolución fue dictada por la autoridad competente, dentro de la esfera de sus atribuciones y con estricta sujeción a la Ley N°21.325, al Decreto Supremo N°296, al Decreto Supremo N°177 y, supletoriamente, a la Ley N°19.880. En consecuencia, afirma que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías invocadas, por lo que solicita el rechazo del recurso.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos constitucionales que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.

Por consiguiente, constituye presupuesto indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal -contrario a la ley o arbitrario -producto del mero capricho de quienes incurren en él-, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el referido artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se recurre en contra de una decisión administrativa, adoptada por un órgano estatal, por lo que el control que puede efectuarse a través del presente arbitrio exige revisar que dicha actuación se ajuste a derecho, en términos que emane de autoridad competente, facultada para ello, en un caso previsto por la normativa pertinente y con sujeción a ella; y, además, que esté provista de fundamento o que los motivos que se aduzcan tengan un carácter razonable, excluyéndose así la existencia de una actuación arbitraria e ilegal de la autoridad recurrida.

Quinto: Que el acto recurrido consiste en la Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, mediante la cual el Servicio Nacional de Migraciones rechazó la solicitud de residencia definitiva presentada por nombre reservado el 11 de octubre de 2024, registrada bajo el ID N°71542418. Dicha decisión se fundó en que, conforme a los antecedentes analizados por la autoridad, la solicitante no acompañó el certificado de viajes emitido por Policía Internacional, el contrato de trabajo ni el certificado de vigencia laboral legalizados ante notario y autorizados mediante firma electrónica avanzada, exigencias cuyo incumplimiento determinó la aplicación de la causal de rechazo prevista en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325. Sin perjuicio de ello, la autoridad le otorgó un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas, en calidad de titular y por el plazo de dos años, de manera sustitutiva a la orden de abandono, conforme al artículo 91 inciso quinto del mismo cuerpo legal.

Sexto: Que los artículos 78, 79 y 88 N°1 de la Ley N°21.325 sobre Migración y Extranjería establecen que la residencia definitiva es el permiso que autoriza a su titular para radicarse indefinidamente en Chile, que podrán postular a ella los residentes temporales que cumplan los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, y que deberán rechazarse, mediante resolución fundada, las solicitudes de quienes no satisfagan las exigencias correspondientes a la categoría o subcategoría migratoria solicitada. Por su parte, el artículo 88 del Decreto Supremo N°296, que aprueba el Reglamento de la citada ley, dispone que, antes de dictarse una resolución de rechazo, deberán comunicarse al interesado las razones y fundamentos de la decisión, otorgándole un plazo de diez días hábiles para presentar antecedentes respecto de la causal invocada, luego de lo cual el Servicio resolverá conforme al mérito del procedimiento. Tales exigencias documentales y procedimentales constituyen presupuestos objetivos cuya verificación corresponde al Servicio Nacional de Migraciones en el ejercicio de sus atribuciones legales.

Séptimo: Que, conforme a lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones y a los documentos acompañados, mediante notificación previa al rechazo folio N°92281192, de 19 de enero de 2026, se comunicó a nombre reservado que debía remitir el certificado de viajes emitido por Policía Internacional, correspondiente al período comprendido entre el 6 de enero de 2023 y el 6 de enero de 2025, además del contrato de trabajo, sus anexos y el certificado de vigencia laboral, legalizados ante notario y autorizados mediante firma electrónica avanzada. Para tales efectos, se le concedió un plazo de diez días hábiles para formular descargos y acompañar los antecedentes destinados a desvirtuar la causal de rechazo, bajo apercibimiento de resolverse su solicitud con los documentos que obraran en poder del Servicio.

De los antecedentes aparece que la afectada solicitó el certificado de viajes el 22 de enero de 2026, pero este fue emitido por la Policía de Investigaciones de Chile el 20 de marzo del mismo año, con posterioridad a la dictación de la resolución recurrida. Asimismo, el certificado de vigencia laboral, extendido el 21 de enero de 2026, y el contrato de trabajo fueron autorizados notarialmente mediante firma electrónica avanzada el 6 de febrero siguiente. Sin embargo, no consta que la solicitante hubiera incorporado dichos documentos al procedimiento administrativo, presentado una carta explicativa o comunicado al Servicio las gestiones efectuadas para obtenerlos dentro del plazo concedido para formular descargos.

Octavo: Que, en la especie, la Resolución Exenta N°2600100144081, de 9 de marzo de 2026, no constituye un acto ilegal ni arbitrario, sino el ejercicio legítimo de las facultades que los artículos 37 y 157 N°5 de la Ley N°21.325 confieren al Servicio Nacional de Migraciones para resolver las solicitudes de residencia definitiva. En efecto, la autoridad fundó su decisión en que nombre reservado no acompañó el certificado de viajes emitido por Policía Internacional, el contrato de trabajo ni el certificado de vigencia laboral legalizados ante notario y autorizados mediante firma electrónica avanzada, pese a haber sido requerida para ello mediante la notificación previa al rechazo de 19 de enero de 2026 y habérsele otorgado un plazo de diez días hábiles para formular descargos.

En tales circunstancias, la autoridad estimó configurada la causal contemplada en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, por no haberse acreditado suficientemente el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al permiso solicitado. Sin perjuicio de ello, y conforme al artículo 91 inciso quinto del mismo cuerpo legal, sustituyó la orden de abandono por el otorgamiento de un permiso de residencia temporal de la subcategoría Actividades Lícitas Remuneradas, en calidad de titular y por dos años, actualmente vigente hasta el 25 de marzo de 2028.

Noveno: Que, por consiguiente, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto fue dictado por la autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción al procedimiento previsto en la Ley N°21.325 y en el Decreto Supremo N°296. En particular, la afectada fue informada previamente de la causal de rechazo, de los documentos que debía presentar y del plazo de diez días hábiles para formular descargos, sin que conste que hubiese acompañado oportunamente los antecedentes requeridos o puesto en conocimiento del Servicio la imposibilidad de obtenerlos dentro de dicho término.

La circunstancia de que el certificado de viajes haya sido emitido con posterioridad a la resolución recurrida, así como la presentación de los antecedentes laborales en esta sede cautelar, no permite calificar de ilegal o arbitraria una decisión adoptada conforme a los documentos que obraban en poder de la autoridad al momento de resolver.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°10.302-2026-Protección.