ASOCIACION INDÍGENA CONSEJO PUEBLOS ATACAMEÑOS con SQM POTASIO S.A.

Santiago, veinticinco de septiembre de mil novecientos dieciocho.

Vistos:

Se trae a la vista el recurso de protección Rol 10.301-2018, al que se acumuló el Ingreso Corte 10.752-2018.

A.-Recursos de Protección.

Primero: Que comparecen los abogados Carolina Ester Sagredo Guzmán, y don Juan Carlos Cayo Rivera, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado de nombre reservado, en representación de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, RUT Nº RUT reservado, y de la Comunidad Atacameña de Solor, RUT NºRUT reservado, según consta en certificados que se acompañan, todos domiciliados en Ayllu de Solor, comuna de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la nombre reservado de Río Grande, RUT RUT reservado, todos domiciliados en el Pueblo de Rio Grande, s/n°, Comuna de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la nombre reservado, RUT NºRUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña De Catarpe, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Quitor, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña De nombre reservado, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en la comuna de nombre reservado: de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Solcor, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Larache, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Yaye, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en Ayllu de Yaye, comuna de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Sequitor y Checar RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Ayllu de Cucuter, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Toconao, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en el pueblo de Toconao, comuna de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña De Talabre, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña De Peine, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en pueblo de Peine, comuna de nombre reservado; de doña nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Guatin, RUT N° RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado; de don nombre reservado, quien comparece por sí y en representación legal de la Comunidad Atacameña de Coyo, RUT Nº RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado de nombre reservado, a US. Iltma respetuosamente decimos:

Señala que interponen acción constitucional de protección establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de: 1) SQM POTASIO S.A, RUT Nº RUT reservado, Sociedad Química Minera S.A., RUT RUT reservadoy SQM Salar S.A., RUT Nº RUT reservado, todos representados por don nombre reservado, y don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado (en adelante SQM); y en contra de 2) Corporación De Fomento de La Producción, RUT Nº RUT reservado, representada por su nombre reservado don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado (en adelante CORFO); con motivo de la suscripción entre las partes de dos contratos de interés público conexos y relacionados entre sí: 1) Modificación y fijación texto refundido y actualizado del Contrato para proyecto en el Salar de Atacama Corporación de Fomento de la Producción y SQM Potasio S.A. y otras y, 2) Modificación y fijación texto refundido y actualizado del Contrato de Arrendamiento de pertenencias mineras OMA; ambos celebrados con fecha 17 de enero de 2018 (en adelante “el Contrato”), por cuanto dichos actos privan, perturban y amenazan en forma ilegal y arbitraria los derechos constitucionales de los recurrentes, en particular aquellos garantizados en el artículo Nº 2, Nº 8, Nº 21 y Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, y el derecho a la propiedad en sus diversas especies, al autorizar que se aumenten las cuotas para explotar, procesar y vender hasta 349.553 toneladas métricas (Mt) de litio metálico equivalente (LME) en favor de la empresa SQM en las tierras de propiedad ancestral de las recurrentes, específicamente en el Salar de Atacama, sin consulta a las comunidades indígenas afectadas y comprometiendo los recursos hídricos del territorio atacameño.

Los recurrentes solicitan a esta Corte que restablezca el imperio del derecho, y ordene: 1) Que se invalide, anule o prive de efectos la Conciliación, acuerdo público-privado, celebrado con fecha 17 de enero de 2018 entre la estatal Corfo y las empresas que conforman SQM en virtud del cual se modifica el contrato de proyecto en el Salar de Atacama y el contrato de arrendamiento de pertenencias mineras OMA, por haber sido ejecutado en contravención al ordenamiento Jurídico vigente, y vulnerando garantías fundamentales de los recurrentes garantizados en la Constitución Política de la República, en particular, los derechos indígenas a la consulta previa, libre e informada y a la propiedad sobre el territorio y los recursos naturales de uso ancestral, conforme lo establece el Convenio 169; 2) Que se realice una consulta bajo los estándares del Convenio 169 respecto a los contratos recurridos en estos autos; y 3) Que se condene expresamente en costas a las contrapartes, dada la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad en la que han incurrido.

En cuanto a la admisibilidad del recurso, referido a la acción u omisión, señala que el acto recurrido son un conjunto de acciones materiales, administrativos y contractuales que derivaron en la perfección del Contrato entre SQM y la Corfo, por el cual de forma inconsulta a las comunidades atacameñas-lickanantay se aumenta la cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama, que es parte del territorio patrimonial del pueblo atacameño-lickanantay, al cual pertenecen las representadas.

I.-Fundamenta la acción constitucional preliminarmente en antecedentes de la cuenca del Salar de Atacama, territorio y hábitat del pueblo atacameño Lickanantay, pueblo reconocido como uno de los nueve pueblos originarios de Chile por la Ley Indígena N° 19.253, haciendo una extensa reseña de la historia de los antepasados de los habitantes de ese territorio y de su cultura milenaria. Cita a diversos arqueólogos que afirman que sus representadas y sus antepasados han habitado ese territorio por más de 10.000 años y disponen de antecedentes documentales que se remontan a crónicas del Siglo XVI que refleja la continuidad de su poblamiento y colonización española.

El territorio atacameño, es hoy el gran Salar de Atacama y sus zonas de alta puna, en conjunto al Oasis de nombre reservado, es definido el territorio constituido por diversos poblados de comunidades indígenas de acuerdo a la Ley Indígena N° 19.253. Sus representados han mantenido viva su cultura milenaria a través de una estrecha vinculación con su territorio y los recursos naturales que contiene, principalmente el agua. Es por ello que en este territorio se han constituido esferas equilibradas de interacción de larga data entre las comunidades con el fin de aprovechar mejor los recursos que son de propiedad patrimonial de su pueblo.

Agrega, que el Salar de Atacama se localiza en el desierto de Atacama, el más árido del mundo. Dentro de este contexto, el agua es un recurso escaso que requiere de una gestión extremadamente eficiente. Es así que el pueblo atacameño Lickanantay ha comprendido, domesticado, venerado, gestionado y temido al agua desde tiempos inmemoriales II.-En otro acápite refiere a los antecedentes de hecho relacionados con la instalación de la minería no metálica en el Salar de Atacama.

1.- Contratos entre Corfo-SQM para la explotación del Salar de Atacama. La instalación de la minería no metálica en el Salar de Atacama y para la explotación del Salar de Atacama, la que se inicia en el año 1983 con licitaciones que suscribe Corfo, y después de sucesivos contratos con diversas empresas el 12 de noviembre de 1993, inicia su participación SQM y se establece una vigencia hasta el año 2030. Hizo presente un acuerdo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) de octubre de 1995, autoriza a SQM para producir y vender un total de 180.100 toneladas métricas de (Mt) de litio metálico equivalente (LME) por un plazo de treinta años a partir d la primera venta comercial y se establecen obligaciones de velar por la integridad del salar y se limita el uso de las pertenencias mineras. Agrega que las pertenencias mineras que tiene Corfo en el Salar de Atacama abarca un 55% del total de su superficie fueron constituidas antes de 1979, año en que se declara el litio como mineral no concesible y por eso han operado a través de la modalidad de contratos de arrendamiento.

2.- También refiere a la historia ambiental de la Empresa SQM, y a las resoluciones de calificación ambiental que ha tenido desde la entrada en vigencia de la ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, en que el proyecto de extracción de litio y potasio de SQM debió ingresar al sistema de evaluación ambiental. Es así que pormenorizadamente cuenta el contexto en que se dictaron las RCA 403/1995, RCA 381/1996. También refiere a la Evaluación de Impacto Ambiental y a la RCA 226/2006, en que se permite triplicar la extracción de hídricos desde la cuenca, desde el núcleo del Salar donde está la salmuera rica en litio (Sector MOP), se amplía la extracción de 276 l/s hasta una cantidad máxima de 1000 l/s, y desde la parte norte, (sector SOP), desde 302 l/s hasta una cantidad máxima de 700 l/s, es decir, un máximo de 1700 l/s solo de salmuera desde el Salar. También, se aumentó la extracción de agua dulce desde el borde este del salar desde 100 l/s hasta 240 l/s, incorporando los derechos de agua constituidos en los pozos Mullay 1, Allana y Camar 2, adicionales a los de los pozos Socaire 5B y P2 que ya estaban en operación. En definitiva la extracción de agua desde los pozos del borde este del Salar en territorio de las comunidades son: Pozo Mullay 1 por 40 l/s, Pozo Allana por 40l/s, Pozo Camar 2 por 60 l/s, Pozo Socaiire 5B: 65 l/s y Pozo P2 por 35 l/s, además se autorizó el aumento de la superficie de evaporación solar en el núcleo del salar en 21,2 km. de nuevas superficies para pozas de evaporación en sector MOP y 2,6 Km. en sector SOP y el aumento de la superficie de acopio de sales de descarte en el núcleo del salar por 26,2 Km. de superficie para acopios de sales de descarte en sector sur MOP y 11,7 km para sector norte de SOP. También en dicha resolución hizo presente la cláusula de confidencialidad establecida en el 15.8 de la RCA 226/226. Hizo presente la impugnación a la RCA 154/2013 y la acción de protección intentada en su contra ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y luego la Excma. Corte Suprema.

a) Sostiene acerca del proceso sancionatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente, quien luego de una investigación de más de tres años que realizó con la participación de DGA, SAG y CONAF, en noviembre de 2016, se formularon cargos en contra de SQM, por infracción a la RCA 226/2006 calificadas de graves y gravísimas, principalmente por extracciones ilegales de agua en grandes volúmenes. Es así, que las ilicitudes ambientales de la empresa SQM detectadas por la Superintendencia ponen en riesgo la sustentabilidad de toda la Cuenca de Atacama, dejando en evidencia que las observaciones que por décadas han realizado las comunidades son ciertas y que el Estado ha sido irresponsable en garantizar los derechos ambientales elementales del pueblo atacameño. Al efecto, el Consejo de Pueblos Atacameños, la comunidad atacameña de Camar se hicieron parte como terceros interesados en este proceso de conformidad al artículo 21 N°s 2 y 3 de la Ley 19.880, dado que sus resultados afectarán los intereses y derechos del pueblo atacameño, enumera los incumplimiento que ahora son objeto del proceso ambiental sancionatorio. Destaca que la situación crítica en la que hoy se encuentra el Salar de Atacama también es el resultado de una política estatal que busca tratar a la salmuera como insumo y no como un recurso hídrico que es parte de un ecosistema del salar extremadamente complejo, cuestión que las comunidades atacameñas-lickanantay han planteados en todas las instancias. También ha existido una negación sistemática de los organismos públicos que realizan evaluaciones ambientales, como en el caso de la RCA 226/2006 de negar que estos impactos ambientales producen efectos directos en los sistemas de vida del pueblo atacameño lickanantay, o bien se reconocen parcialmente.

b) Señala la falta de consistencia que ha demostrado el recurrido CORFO respecto al comportamiento ambiental de SQM, con fecha 23 de febrero de 2017 el organismo estatal solicitó ser tenido como parte interesada ante la SMA, solicitando expresamente a la autoridad el rechazo del programa de cumplimiento ambiental de SQM, y expresando en su escrito que “tiene un genuino interés en la preservación y resguardo de los ecosistemas de Salares de Chile”. Considera que lo anterior es completamente contradictorio con la negociación que culminó el día 17 de enero de 2018.

3.- También, los recurrentes tratan de la Comisión Nacional del Litio y la creación del Comité de Minería no Metálica, y sustentan que entre los años 2014-2015 el Consejo de Pueblos Atacameños fue parte de la Comisión Asesora Ministerial denominada Comisión Nacional del Litio, la que tuvo por objeto proponer a la Presidenta Bachelet un conjunto de medidas para que el país adopte una Política Nacional del Litio y de Salares. La importancia de este documento es que por primera vez las comunidades atacameñas participan de una instancia pública-privada que tiene por objeto la protección del Salar de Atacama. De este trabajo surge un informe final con una serie de diagnósticos y propuestas para una política pública del litio, entre ellos, se reconoce por primera vez los impactos de las extracciones de salmuera a nivel de la cuenca. Cita el Informe Final de la Comisión Nacional del Litio, página 25 y 26. El Consejo de Pueblos Atacameños comparte la propuesta de la Comisión Nacional del litio, en el sentido de que no toda intervención por parte de las empresas es compensables por mecanismos de valor compartido, especialmente si es que se pone en riesgo el ecosistema de la cuenca, aunque es de toda justicia, de acuerdo al artículo 15 inciso 2 del Convenio 169. Hizo presente que mediante Resolución Afecta N° 19, de 18 de enero de 2016 del Ministerio de Economía se creó el Comité de Minería No Metálica (CMNM) de conformación pública - privada.

4.- En cuanto al juicio arbitral CORFO y SQM, los recurrentes señalan que luego del Informe de Contraloría del año 2013 que detecta incumplimientos graves en el contrato de arrendamiento de las pertenencias OMA celebrado en el año 1993, CORFO por primera vez en veinte años le pide cuentas a SQM del cumplimiento del contrato y detecta la existencia de diferencias de pago. Dado que las recurrentes no llegaron acuerdo, el 15 de mayo del 2014, CORFO interpuso demanda arbitral contra SQM fundamentando que su arrendatario había incurrido en incumplimientos graves al contrato en el Salar de Atacama, las que ameritaban el término anticipado del contrato y el pago de las rentas hasta el 31 de diciembre del 2030 a título de indemnización. En el transcurso del juicio existieron varios llamados a conciliación entre las partes, las que no prosperaron porque CORFO mantuvo su postura de exigir el término del contrato por el carácter grave y reiterado de los incumplimientos.

Sin embargo, como se ha podido, todos estos procesos y actuaciones que hemos relatado, hoy han concluido en una Conciliación entre los recurridos que otorga la extensión de la concesión del litio del Salar de Atacama a una empresa que no ofrece ninguna garantía de confianza en la gestión del patrimonio ambiental perteneciente a las comunidades recurrentes. Ha sido por todos conocidos que todas las faltas de SQM se han desplegado a espaldas de la ciudadanía y especialmente a espaldas de las comunidades atacameñas como legítimos dueños y habitantes de la cuenca del Salar de Atacama.

III.- En otro acápite, los recurrentes se refieren pormenorizadamente a las afectaciones del acuerdo CORFO-SQM, para el pueblo atacameño. Hace referencia a la reunión sostenida el 5 de enero de 2018 del Consejo de Pueblos Atacameños con el nombre reservado de CORFO, el Sr. nombre reservado, en la que éste informa a las comunidades sobre el acuerdo con SQM que pondrían fin al juicio arbitral y que extendería la cuota de litio a la empresa hasta el año 2030, el que se firmaría el 17 de enero de 2018., Además, se les explicó los principales lineamientos de este acuerdo, en que se contemplaban aportes anuales para las comunidades atacameñas Lickanantay. Luego, en la Asamblea de Consejo de Pueblos Atacameños realizada el 15 de enero de 2018, los representantes de las comunidades atacameñas Lickanantay analizaron los principales puntos del acuerdo y se acordó unánimemente su rechazo, por constituir una nueva afectación al territorio de las comunidades atacameñas.

1.- Agrega que con el acuerdo CORFO-SQM se extiende la concesión de litio y aumenta los volúmenes de explotación con instalación de nuevas obras, es el objeto principal de la modificación del contrato, y obras que necesariamente deberían ejecutarse en el Salar de Atacama, con incentivo y autorización del Estado, con lo que se vulnera el artículo 15.2 del Convenio 169. Acompaña un mapa producido a partir de imágenes satelitales Landsat, que muestran el proceso de expansión de superficie que ha ido abarcando la minería no metálica en el Salar de Atacama desde el año 1985 al 2017. Hizo presente que las conversaciones informales sostenidas previas a la firma del Contrato no configuran un proceso de consulta indígena propiamente tal, de conformidad al artículo 15 del Convenio 169, el que transcribe.

2.-Luego, informa acerca de la incertidumbre respecto a la sustentabilidad de la cuenca del salar de atacama, dando a conocer la cláusula 2.1 del contrato, que transcribe, y agrega que es inoficiosa, y está muy lejos de concretarse considerando el historial ambiental de la empresa elegida para continuar siendo socia estratégica del Estado, la que a la fecha está siendo sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente por faltas graves, y gravísimas al ecosistema del Salar de Atacama. Además de la falta de actualización del modelo hidrogeológico de SQM. Luego reproduce la parte inicial y final de la cláusula decima del contrato referido al cumplimiento ambiental, y agrega que en ésta obliga a SQM a contribuir con una de las funciones asignadas al CMNM en el artículo 2 letra a) de la Resolución Afecta N° 19 de 18 de enero de 2016 del Ministerio de Economía y para el cumplimiento de la función asignada, el CMNM requiera trabajar en conjunto con SQM, y permitir que la empresa tenga la prerrogativa de revisar de forma previa los borradores de los estudios ambientales que se elaboren respecto de la cuenca para recibir sus observaciones, lo que limita sus facultades fiscalizadoras y le resta independencia al CMNM dependiente de CORFO y causa perjuicio a sus representados al no garantizar que se ejerza una función pública responsable de la fiscalización. Cita la opinión de un académico, el que en síntesis señala que es inconducente que se autorice un aumento de la cuota de litio sin tener los estudios ambientales mínimos sobre el estado del Salar de Atacama.

3.- En cuanto al aporte anual de SQM a las comunidades atacameñas-lickanantay en la cláusula 16 denominada “Comunidades y Desarrollo Regional”, señala que es impuesta por el Estado en forma unilateral, estableciendo una especie de compensación económica por los daños generados en el territorio, sin el consentimiento del pueblo atacameño. Cabe mencionar que la voluntad de las comunidades agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños consta en Acta de Asamblea de fecha 20 de junio de 2017, en la cual se acordó que como territorio no tendrán nuevos diálogos con empresas mineras, lo que evidentemente incluye a la empresa SQM. Este acuerdo fue ratificado por unanimidad en Asamblea de 15 de enero de 2018, en la que se decidió en base a un fundamento profundamente ético que las comunidades no recibirían ningún tipo de regalía proveniente de la explotación del Salar por una empresa que es infractora ambientalmente. La cláusula 16 letra d) del Contrato impugnado en estos autos, es una vulneración expresa al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, especialmente al derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo consagrado en el artículo 7º del Convenio 169 de la OIT.

4.- Asimismo, se refiere al derecho ancestral del pueblo atacameño-lickanantay al agua (puri), cita las cláusulas 6.4 y 13.1, las que desconocen sus derechos, al tenor del artículo 64 de la Ley Indígena, el artículo 63 del Código de Aguas y las normas del Convenio 169. En este sentido, el contrato desconoce que las comunidades gozan de un derecho preferente, anterior al Estado, y a cualquier particular sobre las aguas que residen en la cuenca, basado en la ocupación colectiva y ancestral dado por los usos para riego, cultivos, bofedales, culturales y espirituales (el que puede constituir incluso un no uso), entre otros. Lo anterior implica que sus representados tienen derecho a la recuperación de sus aguas ancestrales, en manos de terceros ajenos. Por ello, al permitir CORFO que SQM continúe explorando o constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas en territorio de las comunidades con el interés de adquirirlos en el año 2030, se está violando el derecho de propiedad de las comunidades atacameñas-lickanantay sobre el agua y afectando directamente la subsistencia de las comunidades. Hizo presente que existen tres litigios con SQM por la consititucion de derechos de aguas.

5.- En cuanto a las reservas de litio y reinyección de la salmuera, transcribe la cláusula 5.1 del contrato de SQM y señala que es de gran relevancia para los recurrentes puesto que, a diferencia del tratamiento que le ha dado la legislación general para facilitar su explotación, para el pueblo atacameño- lickanantay la salmuera es simplemente agua que cumple una función primordial en el ecosistema de la cuenca y existe una directa relación entre las reservas de litio y la disponibilidad futura del agua en forma de salmuera que reside en el acuífero confinado del Salar de Atacama. Cita una declaración del nombre reservado de Corfo en la Cámara de Diputados el año 2016 y agrega que ninguno de los estudios que allí se señalan se han realizado y existe incertidumbre de cómo SQM está realizando sus procesos, lo que produce un efecto directo en sus representados, ya que el proceso de reinyección puede incluso estar cambiando la composición química de las aguas subterráneas del Salar la que puede ser mayor o menor, pero en cualquier caso una alteración cuya magnitud se desconoce. Agrega, que como ha sido estudiado, la interface salina se fundamenta en que la diferencia en densidad de las aguas del salar con las aguas salobres del borde este, provoca una especie de cuña entre ambos acuíferos, razón por la cual estos espacios son constantemente monitoreados por su densidad ya que un cambio en dicha salinidad o densidad provocaría que la cuña se moviera lo que generaría un impacto de grandes magnitudes en los sistemas lagunares únicos como principal objeto de conservación. Otro elemento que contribuye a la incertidumbre respecto de las reservas de litio y el proceso de reinyección, fueron las ventas de salmuera bruta que realizó SQM sin autorización previa de CCHEN durante los años 2007 a 2015. En consecuencia, la exportación de salmuera calificada como ricas en litio, es incompatible con la obligación de la empresa de reinyectar las salmueras residuales y por ello, al haber comercializado sin autorización de CCHEN, SQM perjudicó los cálculos de reserva de litio que las autoridades tenían.

IV.- En el acápite referido a la ilegalidad y arbitrariedad del acto impugnado.

1.- Señala que las ilegalidades del acto impugnado deben ser analizadas desde la perspectiva de un acto jurídico o material que es contrario al ordenamiento jurídico en su conjunto. En este sentido, el derecho a la consulta indígena, es parte del bloque de derechos constitucionales y por lo mismo su observancia es un deber para los organismos estatales. De este modo, la consulta indígena como institución forjada en el derecho internacional, ingresó al ordenamiento jurídico chileno con la ratificación del Convenio 169 el 15 de septiembre de 2008 y por su carácter de tratado internacional sobre prevención a la discriminación, su naturaleza es de tratado de derechos humanos. Por ende, los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio 169 forman parte de la Constitución, de conformidad al artículo 5° inciso segundo de nuestra Carta Fundamental, lo que se traduce en un límite para la soberanía del Estado y deviene en un deber de los órganos del Estado su respeto y promoción. En aplicación de dicha norma se incorporan en forma automática las normas del derecho internacional de los derechos humanos a nuestro sistema jurídico, desde que están ratificados y se encuentran vigentes. Esto significa que ningún poder estatal constituido (ejecutivo, legislativo y judicial), podrá ejercer sus funciones violentando dichos derechos, pues la soberanía estatal tiene como límite los derechos humanos.

Agrega que en virtud del principio de legalidad contenido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la Republica, los Órganos del Estado están constitucionalmente obligados a aplicar las disposiciones del Convenio 169, de lo contrario se vulneraría el Estado de Derecho. Además, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que existe obligación de los organismos estatales internos de realizar el control d convencionalidad de los tratados internacionales vigentes, citando jurisprudencia al respecto.

Es así que se han incurrido en ilegalidades en los actos recurridos, vulnerando el derecho de consulta previa prevista en el artículo 169 del Convenio, la consulta a los pueblos indígenas es un mecanismo de participación y es un derecho y procede cada vez que se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y según la propia OIT es la piedra angular del Convenio 169, deber que irradia sus normas y supone una forma específica por la que el Estado se debe relacionar con los pueblos indígenas. El deber de realizar consultas se encuentra en los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 y a nivel interno en el artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política y reglamentado en el Decreto Supremo 66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social que regula el procedimiento de consulta indígena, normas que son complementadas por una serie de instrumentos internacionales que establecen la correcta interpretación y aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

a)Sostiene que el acto impugnado es una medida administrativa que puede ser objeto de consulta previa, los contratos de arrendamiento y de operación suscritos entre CORFO y la empresa privada SQM, tienen la naturaleza de medida administrativa para los efectos de la consulta indígena previa y afectan directamente al pueblo atacameño-lickanantay y específicamente a los recurrentes. Agrega que el artículo 6 del Convenio es una norma de derecho internacional de los derechos humanos y al encontrarse ratificada por Chile, también se incorporan todas las normas relativas a su creación, validez, aplicación e interpretación, de este modo el alcance de sus disposiciones se determina por la interpretación auténtica que de ellas hacen los mecanismos de control de la OIT, en especial la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones (CEARC) y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (CANC), en función del principio de interconexión de los derechos humanos consagrada en el artículo 35 del Convenio 169 y en la Convención Americana de Derechos Humanos, resulta determinante la jurisprudencia de los tribunales internacionales a los que Chile ha reconocido competencia, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al efecto cita el “Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2014” y también un pronunciamiento del Comité Tripartito de la OIT, quien se ha pronunciado respecto de la reclamación del pueblo Shuar, cita sus conclusiones y agrega que es homologable a lo que está sucediendo en el presente contrato de concesión de litio respecto del pueblo Atacameño.

En síntesis la interpretación auténtica dada por los propios órganos de la OIT es rotunda en cuanto a que se debe atender al fondo del acto jurídico de que se trate. Para fines del artículo 6, solo es necesario que la decisión o instrumento sea manifestación de voluntad de la administración del Estado, o autorice una actividad específica, razón por la cual los contratos cuestionados son medidas administrativas.

b) Agrega que el acto impugnado, es susceptible de afectar directamente al pueblo atacameño- Lickanantay y específicamente a los recurrentes. Al respecto la “susceptibilidad de afectación directa”, está estrechamente ligado con el concepto de territorio del pueblo indígena, de conformidad al artículo 13 del Convenio 169, independiente de los derechos que formalmente tengan reconocidos en el ordenamiento interno. Al efecto, cita a la Corte Interamericana de derechos Humanos, quien ha dispuesto que se debe consultar a los pueblos indígenas ante “cualquier medida que afecte sus territorios”, tomando en consideración “la especial relación entre los pueblos indígenas y tribales y la tierra y los recursos naturales”. Asimismo, la Comisión en el mismo sentido.

En el plano interno y en el mismo territorio atacameño-Lickanantay han existido pronunciamientos que corroboran que la afectación directa que gatilla un proceso de consulta debe realizarse a la luz del concepto de territorio. En ese sentido cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causa Rol 1356-2017, Corte de Apelaciones de Antofagasta, confirmada por la Excma. Corte Suprema causa Rol 35.629-2017.

Es así que las cláusulas de los contratos impugnados son atentatorias a los derechos colectivos al territorio atacameño-Lickanantay enclavado y alrededor del Salar de Atacama. El territorio atacameño –Lickanantay ha estado en posesión de las comunidades de manera milenaria y hoy en día gran parte de su demanda territorial aún no se encuentra titularizada, y especialmente el Salar de Atacama hoy está inscrito casi totalmente como propiedad de Bienes Nacionales y superpuesto con cientos de concesiones mineras principalmente de SQM, solo existen algunos espacios que han sido regularizados por las comunidades de Peine y Toconao, mientras el resto del espacio continúa siendo reclamado como demanda territorial ancestral.

- Explica que toda la comuna de nombre reservado fue declarado como Área de Desarrollo Indígena (ADI) Atacama La Grande, a través del Decreto 70/1997 del Ministerio de Planificación. Transcribe el Decreto y agrega que tanto las pertenencias OMA como las faenas recurridas se emplazan al interior de la zona declarada oficialmente como ADI Atacama La Grande, lo que da certeza de que se trata de un territorio indígena en los términos del artículo 13 del Convenio 169.

- Hizo presente además, de áreas protegidas bajo administración de las comunidades atacameñas- Lickanantay, la Reserva Nacional Los Flamencos, al interior del territorio atacameño, y está compuesto por siete fragmentados, los que están bajo la administración y cuidado de las comunidades atacameñas, uno de los principales objetos de conservación de esta área natural son los sistemas lagunares emplazados en el borde del Salar de Atacama y que están en constante riesgo por la extracción de salmuera de parte de la recurrida, según lo reconoce la propia RCA 226/2006. También, se cuenta con la declaración de acuíferos protegidos que alimentan vegas y bofedales y derecho ancestral de las aguas indígenas, cita al efecto los artículos 63 inciso segundo y 58 inciso segundo del Código de Aguas y esta protección en el Código citado se materializó a través de la Resolución N° 909/1996 de la DGA que identificó y delimitó dichos acuíferos, la que se actualizó en la Resolución N° 529/2003.

Concluye que el acto impugnado es susceptible de afectar directamente a los recurrentes.

- En cuanto a la vulneración del derecho a la autodeterminación o libre determinación, señala que al haber intentado insertar al pueblo atacameño-lickanantay en el acuerdo CORFO-SQM, los recurridos infringieron este derecho que se encuentra regulado en diversos tratados internacionales. Es así, que la auto determinación tiene una dimensión que va desde la búsqueda del desarrollo propio, tal como se consagra en el artículo 7 del Convenio 169, como también una lógica de autonomía política, al ser consagrado en la Declaración de nombre reservado sobre Pueblos Indígenas en su artículo 3, como también en la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas en el mismo artículo 3, es decir, su contenido se basa en otorgar el derecho a tener instituciones propias.

2.- Al referirse a la arbitrariedad del acto impugnado, sostiene que el contrato entre CORFO-SQM que entrega una nueva concesión de litio no sólo es ilegal, sino que también es arbitraria, toda vez que la decisión de los recurridos de ejecutar un acto de concesión de recursos naturales sin llevar a cabo una consulta indígena previa, carece de toda fundamentación jurídica. Cita jurisprudencia y agrega que no existe ninguna motivación que justifique la falta de análisis por parte del recurrido CORFO como entidad estatal respecto a la procedencia de la consulta indígena previa a nuestras representadas.

V.- En el acápite de derechos constitucionales vulnerados.

1.- Comienza señalando su derecho a igualdad ante la ley establecido en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de República, mandato que se refiere a que la legislación garantice la equidad, lo que es compatible con políticas de discriminación positiva que tengan por objetivo la igualdad de personas o colectividades que históricamente han sido objeto de desigualdades arbitrarias en la sociedad, por ello el principio de igualdad mandata a tratar bien a los iguales y distinto a los diferentes. Cita al efecto un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agrega que esta interpretación es recogida por la Ley Indígena N° 19.253 que establece una normativa especial para las tierras y cultura de los pueblos indígenas. También cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en causas Roles N° 258-2011, N° 10090-2011 y N° 11040-2011. De este modo, los actos inconsultos constituyen una evidente vulneración a la garantía constitucional invocada.

2.- También se ha vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, de acuerdo al numeral 8 del artículo citado de la Constitución Política, de conformidad a la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 que contiene un sistema preventivo de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) al cual deben someterse los proyectos o actividades económicas que generan impactos en los ecosistemas de conformidad a su artículo 10 y 11, a su parecer esta garantía constitucional comprende otros órganos e instituciones que ejercen políticas medio ambientales en diferentes espacios tal es el caso de CMNM, el cual ha sido mandatado a resguardar los Salares en el país. Sin embargo, el contrato entre CORFO y SQM sin tener resultados de estos estudios que deberían ser elaborados por un organismo público e independiente, sumado a la situación de SQM ante la SMA por sus infracciones a la RCA 226/2006, ponen en riego el estado de vitalidad del Salar de Atacama. Es por ello que se ha vulnerado el principio precautorio que orienta a la legislación ambiental y el derecho de los recurrentes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

3.-Asimismo, se ha vulnerado el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Es así, que se han suscrito diversos convenios con las comunidades atacameñas-lickanantay con instituciones del gobierno central para el manejo responsable de verdaderos santuarios de la naturaleza que se encuentran próximos a las faenas extractivas de la empresa recurrida. Agrega que las comunidades atacameñas en ejercicio de su derecho a la autodeterminación has desarrollado áreas de conservación dentro de su territorio, las que se han convertido en una fuente de ingresos económicos constantes para las propias comunidades, además de generar empleos para sus miembros que prestan servicios remunerados como guías y guardaparques en sitios de interés turístico. Lo mismo ocurre con la agricultura y el pastoreo de animales, actividades económicas tradicionales que se ven directamente amenazadas por la extracción del recurso hídrico en el Salar de Atacama, es conocido, que las afluentes superficiales tributarios del Salar de Atacama han disminuido su caudal, razón por la cual sus caudales han sido declarados agotados por parte de la DGA, lo que también ha provocado una disminución progresiva de los turnos para el riego entre los agricultores, y el contrato que impugna agravaría la disponibilidad de agua.

4.-También, se ha infringido el derecho de propiedad en sus diversas especies, derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, los derechos territoriales de los pueblos indígenas han sido concebidos como una dimensión ampliada del dominio que nace de la relación comprensiva que existe entre los pueblos indígenas y su entorno superando la concepción de lo particular para alcanzar sus dimensiones colectivas. Esta concepción particular se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico mediante la recepción de legislación forjada en el derecho internacional de los derechos humanos, de carácter proteccionista y que se funda en la igualdad entre los distintos pueblos. Cita normas de propiedad indígena en el derecho internacional, al efecto el Convenio 169 artículos 4.1, 7.3, 23, 15.1, 15.2, 13.1. De igual modo, se refiere a la Declaración de las nombre reservado sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, en su artículo 26 numerales 1 y 2, es así que la relación de las comunidades indígenas con la tierra que tradicionalmente han ocupado no es solo económica, sino que constituye un elemento material y espiritual fundamental para la supervivencia cultural. También hizo presente el reconocimiento que les ha otorgado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basándose en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

- De igual manera, refiere a la propiedad indígena en la normativa nacional, citando los artículos 12 y 13 la Ley Indígena N° 19.253 y su artículo 3 transitorio que estipula un procedimiento especial para la regularización de las tierras atacameñas. En el mismo sentido, la Dirección General de Aguas, en su artículo 64 establece un convenio para la protección, constitución y restablecimiento de los derechos de agua de propiedad ancestral. Fue suscrito un Convenio marco entre el Ministerio de Bienes Nacionales y la Conadi en el año 1994, el que tenía por fin salvaguardar diferentes tipos de dominio que define la Ley Indígena en su artículo 63.

También, refiere a la propiedad indígena en la jurisprudencia nacional, citando fallos de la Excma. Corte Suprema en causas Rol N°s 986-2003, 2840-2008, 14.003-2013. Por lo tanto, corresponde la protección de este derecho ante el acto vulneratorio impugnado en esta acción cautelar, especialmente ante la falta de consulta indígena.

Finalmente, acompañó diversa documental en que fundamenta su recurso.

Segundo: Que, comparecen don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, y don nombre reservado, abogados, y doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, recurren se protección a nombre de doña nombre reservado, agricultora, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado; y doña nombre reservado, agricultora, Presidenta de la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado, ambas domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado; doña nombre reservado, agricultora, Secretaria de la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado; don nombre reservado, agroecólogo, Director de la organización sin fines de lucro denominada “Fundación Tanti, Educación Ambiental, Agroecología y Sustentabilidad”, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; don nombre reservado, agricultor, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; don nombre reservado, agricultor; don nombre reservado, agricultor; Yoen nombre reservado, agricultora; doña nombre reservado, agricultora; don nombre reservado, agricultor; doña nombre reservado, agricultora; doña nombre reservado, agricultora; don nombre reservado, todos ellos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado. Asimismo, don nombre reservado, agricultor; don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado; y don nombre reservado, agricultor; don nombre reservado; doña nombre reservado, agricultora; don nombre reservado, agricultor; don nombre reservado, artesano; don nombre reservado, artesano; y don nombre reservado, agricultor, todos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado; concurren exponiendo lo siguiente:

Que dentro de plazo interponemos recurso de protección en contra de: Corporación de Fomento de La Producción Rut N° RUT reservado, representada por su nombre reservado don nombre reservado, y en contra de SQM Potasio S.A, RUT Nº RUT reservado; Sociedad Química Minera S.A., RUT Nº RUT reservadoy SQM Salar S.A., RUT Nº RUT reservado, todos representados por don nombre reservado, y don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado (en adelante SQM); por la celebración de dos contratos de interés público conexos y relacionados entre sí, denominados: 1) “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del contrato para proyecto en el Salar de Atacama” (o “contrato de proyecto”) y 2) “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del contrato de arrendamiento de pertenencias mineras OMA” (o “contrato de arrendamiento”), ambos celebrados con fecha 17 de enero de 2018 (en adelante “el Contrato” o “los contratos”), ya que, incurriendo en ilegalidades, dichos contratos amenazan y afectan sus derechos fundamentales contemplados en los siguientes numerales del artículo 19 de nuestra Constitución: a) N°1 en cuanto se ha afectado nuestro derecho a la vida e integridad física y psíquica; b) N° 2 por cuanto se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la ley; y c) N° 8 ya que se ha afectado nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Pide, que esta Corte restaure el imperio del derecho, dejando sin efecto dichos actos y que se ordene a los recurridos proceder conforme al ordenamiento jurídico vigente y en consecuencia que se ordene a la recurrida a realizar una Consulta Indígena bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT respecto a las materias que abordan los contratos recurridos en estos autos.

I.- En cuanto a los hechos.

1.-Trata en primer término como antecedentes generales: la cuenca del Salar de Atacama y el pueblo Lickanantay. Los salares son zonas de descarga de agua subterránea y superficial en cuencas cerradas, donde la evaporación ha formado superficies con alta acumulación de sales. El Salar de Atacama, es una cuenca de 3.000 km. y es el mayor Salar de Chile. Se ubica en la Región de Antofagasta, comuna de nombre reservado, en medio del desierto más árido del mundo. El Salar se encuentra flanqueado al este por el Altiplano y la Cordillera de los Andes (aquí de carácter volcánico), y al oeste por los cordones cordilleranos de barros Arana y la cordillera de Domeyko, que corre desde el sur de Calama hasta la zona de Chaco-Vaquillas.

En dicha cuenca las precipitaciones se concentran en la zona del altiplano y en la Cordillera de Los Andes, dando origen a varios ríos de escurrimiento local, como nombre reservado, Vilama y Puritama, que riegan los Ayllus de nombre reservado, Río Grande y Machuca. Al sur de nombre reservado, pequeños ríos nacen de vertientes, formando oasis de piedemonte, donde se emplazan comunidades como Toconao, Camar, Talabre, Socaire y Peine. Estas son las fuentes que alimentan la cuenca subterránea del Salar de Atacama y que permiten a su vez por capilaridad, la existencia de numerosas vegas y formaciones leñosas en sus costados, así como la de extensas lagunas salobres.

En el núcleo del salar de Atacama, se ubica un acuífero de salmuera que interactúa con los acuíferos de agua dulce que lo recargan desde las partes más altas de la cuenca. Esta interacción produce una interfaz salina que controla el flujo de agua dulce que ingresa al salar. En los bordes del núcleo salino del salar, se ubican una serie de lagunas formadas por el afloramiento del agua subterránea debido a la presencia de la cuña salina y el brusco cambio de pendiente de la superficie del terreno. Dichos cuerpos lacustres constituyen el hábitat de una abundante flora y fauna.

En la cuenca del Salar, habitan las comunidades atacameñas o Lickanantay. Estas comunidades hacen uso de las aguas de los ríos nombre reservado y Vilama, que riegan los oasis de nombre reservado y los pequeños ríos endorreicos que corren más al sur de la cuenca, para sustentar la agricultura, la ganadería y la vida del pueblo en el Salar. De dichos ríos arrancan numerosos canales de riego, algunos prehispánicos, que llevan las aguas hasta los potreros y vegas existentes en los diferentes ayllus del Salar de Atacama. Destacan las formas consuetudinarias de distribución por turnos de las aguas de los ríos y vertientes de la cuenca y la organización social que existe en torno al agua, en la forma de asociación de regantes que detentan dichas aguas en forma colectiva.

De este modo, la sociedad atacameña que habita el Salar, vive principalmente de una agricultura de autoconsumo, de la pequeña ganadería y más recientemente del turismo. La producción agrícola sólo es posible gracias a las existencia de las aguas corrientes de los ríos y vertientes que forman parte de la cuenca del Salar de Atacama. De allí la gran valoración económica, social y cultural del agua o puri, en esta zona.

El Salar de Atacama destaca también por su gran valor ambiental, ya que en él se sitúan, por ejemplo, las lagunas Chaxa y Barros Negros, son importantes sitios de nidificación de flamencos, además de humedales de importancia internación, declarados bajo la Convención Relativas a los Humedales de importancia Internacional especialmente como Hábitat de aves acuáticas o de Convenio de Ramsar, como son el Sistema Hidrológico de Soncor y el Salar de Tala. Por esto el 2 de abril del año 1990 se dictó el Decreto Supremo N° 50 del Ministerio de Agricultura, que creó la Reserva Nacional “Los Flamencos” que protege siete sectores del Salar de Atacama.

Sin embargo, en la actualidad, el mayor peligro que enfrentan tanto las comunidades como el frágil ecosistema del Salar de Atacama, se relaciona con la disminución de la disponibilidad y aprovechamiento del agua de los ríos producto de la escasez hídrica.

En efecto, estas particulares condiciones ecosistémicas de los salares y las consecuencias de la explotación del litio en ellos, han sido corroboradas en el Informe Final la Comisión Nacional del Litio del año 2005. Por último, el informe se refiere más específicamente a los impactos ambientales y a grupos humanos que se generan con la explotación del litio.

2.- En segundo término se refiere al desarrollo de la minería no metálica en el Salar de Atacama y la relación entre las recurridas, en términos similares a lo tratado por el primer recurrente. Describe detalladamente la conformación de las empresas a través del tiempo desde los años 70 con las primeras mediciones, prospecciones e inversiones en la zona por parte de CORFO. Esto explica que las pertenencias mineras que tiene CORFO actualmente en el Salar de Atacama (que abarcan el 55% del total de su superficie), fueron constituidas antes del año 1979, año en que se declara el litio como mineral no concesible.

Explica que en la década de los 80 comienza la entrega de contratos a privados respecto de las pertenencias del Estado a través de CORFO y los diversos contratos que ha suscrito. Por otra parte, en 1986 CORFO con un 25% de participación, formó la Sociedad Minera Salar Ltda. (Minsal), con la minera norteamericana Amax (63,75°A) y la chilena Molymet (11,25%). Posteriormente Amax decidió vender totalmente su participación en Minsal Ltda 1 llegando a un acuerdo en 1992 con la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), al cual posteriormente se adhirió Molymet. No obstante, la CORFO fijó ciertas condiciones para aceptar la incorporación de SQM como nuevo socio de Minsal, lo que condujo a la modificación del contrato para el Proyecto en el Salar de Atacama, de los Estatutos de Minsal Ltda., incluidla la cesión de derechos de Amax (a través de su filial Amsalar) y Molymet a SQM Potasio S.A. (filial creada especialmente para ese objetivo), como igualmente del nuevo Contrato de Arrendamiento entre Minsal Ltda. y la CORFO: Entre otras modificaciones importantes, la Corfo entregaría en arriendo exclusivo a Minsal Ltda. las 16.384 pertenencias OMA seleccionadas por todo el período de vigencia del contrato (hasta el 31 de diciembre de 2030). Asimismo, Minsal pagaría a la Corfo una renta trimestral a todo evento por los derechos de explotación de productos de litio (royalty total de 6,8%) que le confiere el Contrato de Arrendamiento, de acuerdo a un calendario de pagos. Igualmente Minsal pagará las rentas establecidas en el Contrato de Arrendamiento por su derecho a explotar cloruro de potasio, sulfato de potasio y ácido bórico, pero calculadas en base a un presupuesto teórico de ventas. La firma de los tres contratos modificados tuvo lugar en noviembre de 1993, convirtiéndose SQM en el socio mayoritario de Minsal Ltda., con un 75% de su propiedad. En 1994, SQM y la CORFO acuerdan un aumento de capital, quedando SQM con un 81,82% y la CORFO con un 18,18%. Asimismo, Minsal se transforma en sociedad anónima. También en ese año SQM inicia la materialización del proyecto con la construcción de una planta de cloruro de potasio de 300.000 toneladas anuales, la que se pone en marcha a fines de 1995, fecha en que SQM adquiere la totalidad de las acciones preferentes de la Corfo, equivalentes al 18,18% del capital social de Minsal S.A. (hoy denominada SQM Salar). Por último, y conforme lo dispone la Ley N°18.302 de Seguridad Nuclear, el 10 de octubre de 1995, la CCHEN autorizó a SQM a producir y vender un total de 180.100 Mt de litio metálico equivalente (LME) por un plazo de 30 años a partir de su primera venta comercial.

En conclusión, actualmente SQM y Rockwood Lithium, hoy Albemarle (ex SCL), son dos empresas autorizadas para la explotación de salmuera y producción de derivados de litio en el Salar de Atacama por un total de 1700 l/s y 442 l/s, respectivamente, sin perjuicio de que también existen otras empresas a la espera de obtener la aprobación de proyectos de este tipo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, es necesario señalar que, sumado a las extracciones de agua de las empresas anteriormente señaladas, lo hacen las cupríferas Minera Escondida Limitada con 1473 l/s y Zaldívar con 625 l/s, todas en el sector sur del Salar.

3.- El Proyecto “SQM Salar de Atacama”. EI proyecto SQM del Salar Atacama, Cuyo titular es SQM Salar S.A., consiste en la producción de cloruro potasio, sulfato de potasio, ácido bórico y salmuera rica en litio en las instalaciones que actualmente posee SQM en el Salar de Atacama. La salmuera es bombeada desde el Salar de Atacama, debajo de la corteza salina, y es trasladada hasta las piscinas de evaporación. Luego de una serie de evaporaciones, parte de la salmuera bombeada se recupera en forma de solución concentrada de cloruro de litio, subproducto del cloruro de potasio, el cual es transportado a otra planta, en el Salar del nombre reservado, para la producción de carbonato de litio. Las sales depositadas en las pozas de evaporación son cosechadas y transportadas a la planta, donde mediante procesos de molienda, flotación, secado y compactado se obtiene: Cloruro de Potasio, Sulfato de Potasio y Ácido Bórico.

Conforme lo dispone la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley 19.300), dicho proyecto debió ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La primera etapa de extracción fue autorizada a través de la RCA 403/1995 que aprueba el “Proyecto para producción de 300.000 toneladas anuales de cloruro de potasio” y de la RCA 381/1996 que aprueba el proyecto “Producción de Sulfato de Potasio Ácido Bórico con ampliación de la capacidad productiva de Cloruro de Potasio” que autorizó la producción de 17.500 toneladas por año de carbonato de litio. En esta primera etapa a SQM se le autorizó a extraer un total de 578 l/s de salmuera desde el núcleo del Salar y 100 l/s de agua de salobre desde los pozos ubicados en el borde este del Salar de Atacama donde se encuentran los ecosistemas de mayor fragilidad y el hábitat de las recurrentes. Es decir, un total de 678 l/s de agua desde los acuíferos de la cuenca del Salar de Atacama.

En el año 2002 se incluyó un nuevo proceso que consistió en utilizar la sal de Carnalita de Potasio (sal compuesta de Cloruro de Potasio y Cloruro de Magnesio), para aumentar el contenido de Cloruro de Potasio (KCI) en la salmuera no saturada.

Posteriormente, la empresa recurrida fue introduciendo nuevas modificaciones y ampliaciones a sus operaciones en el Salar, obteniendo los resultados que indica en las Resoluciones de Calificación Ambiental. Para ello la empresa recurrida presentó un nuevo Plan de Seguimiento Ambiental (PSA) que involucra principalmente la medición del nivel de los acuíferos y cuerpos de agua superficial y la medición de flujos de recarga superficial y variables climatológicas.

Sin embargo, la empresa recurrida, durante dicho proceso solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental, la confidencialidad respecto de los antecedentes referidos a los volúmenes específicos de extracción y de reinyección de salmuera, lo cual fue acogido por la autoridad, sólo “respecto de aquellas extracciones particulares para cada pozo, o reinyecciones particulares desde los sistemas SOP y MOP.

Cabe señalar, que respecto a estas Declaraciones y Estudios de Impacto Ambiental, como de los contratos de “arriendo” otorgados por CORFO, no se ha realizado consulta indígena alguna, debido a diferentes motivos invocados tanto por la empresa recurrida, como por la autoridad ambiental respectiva.

Sin embargo, conforme lo ha establecido la Corte de Apelaciones de Antofagasta en un fallo de un recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños en contra de la RCA 154/2013 de la DIA Ampliación Planta de Secado y Compactado de Cloruro de Potasio, el proyecto de “SQM Salar S.A.” sí generaría afectaciones directas sobre las comunidades Lickanantay. Más aún cabe recordar que toda la comuna de nombre reservado ha sido declarada Área de Desarrollo indígena, a través del Decreto N° 70 de 1997 del Ministerio de Planificación.

En consecuencia, tanto las empresas OMA de CORFO, como las instalaciones de las empresas recurridas que forman parte del proyecto, se emplazan al interior de la zona declarada oficialmente como ADI “Atacama La Grande”, es decir, de un territorio indígena en los términos del artículo 13 del Convenio 169 de la OIT.

4.-El proceso sancionatorio seguido por la SMA en contra de SQM. El año 2013, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició una investigación de más de tres años, con la participación de DGA, SAG y CONAF, respecto del Proyecto “SQM Salar Atacama”.

Dentro fas principales conclusiones encontradas en los informes de fiscalización publicados por la SMA publicados en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SN1FA), tenemos:

1)Informe DFZ-2013-1006-II-RCA-IA, constató que existe una clara afectación de las condiciones hidrogeológicas del Salar de Atacama, debido a la explotación de salmuera, situación que se demuestra en el deterioro provocado a la flora asociada a pozos y sitios de captación (aumento del número de especies vegetales con baja cobertura de copa verde y estado de vitalidad seco), hallazgo que tiene un vínculo directo con las decisiones arbitrarias tomadas por el titular del proyecto para modificar los umbrales de activación de su Plan de Contingencia (PC) (se disminuyó la cota de la lámina de agua para la activación del PC) falta a la que se suma la no activación del PC, pese a que se presentaron bajas en los niveles de agua en los pozos L2-4. Otro elemento es la notoria disminución de los niveles de agua del Salar, la ausencia de los informes de inyección y reinyección para el período 2012-2013.

2) En el 2014, los principales hallazgos consignados en el informe DFZ-2014-26-II-RCA-IA, se hace referencia a la no activación de las fases I y II del Plan de Contingencia, pese a presentarse bajas significativas de los umbrales para su activación. Nuevamente la empresa SQM no presenta la actualización del PC de acuerdo a los tiempos establecidos por la RCA, sumado a la no presentación de los valores de nivel de los pozos indicadores de activación (Pozo L4-10; L2-27), tampoco se cuenta con la información para el pozo L2-28.

3) Para los años 2015 y 2016, los hallazgos encontrados en las inspecciones hechas por la autoridad ambiental, confirman de manera indiscutible, las sospechas sobre una posible degradación de la variable ambiental Salar, asociada a las actividades de extracción de salmuera del mismo, ya que de acuerdo con el informe DFZ-2015-43-II-RCA-IA del año 2015, se logra constatar la existencia de una disminución del espejo de agua en los sistemas lacustres asociados al sistema vegetativo del Borde Este del Salar, especialmente en la Laguna Interna.

4) Finalmente, el informe de fiscalización ambiental del año 2016 DFZ-2016-2826-II-RCA-IA menciona una serie de irregularidades por parte del titular, de las que destacan cuatro hallazgos relevantes, los que describe en su presentación.

En noviembre de 2016 la SMA formuló cargos en contra de la empresa SQM, por las infracciones detectadas a la RCA 226/2006 calificadas de graves gravísimas, cuyos antecedentes constan en el expediente Rol F-041-2016. Describe los incumplimientos que hoy son objeto del proceso ambiental sancionatorio en contra de SQM Salar S.A. y reitera los argumentos señalados en el primer recurso en el párrafo II 2. Agrega que según la normativa vigente tanto las faltas graves como gravísimas pueden ser objeto de la sanción máxima contemplada en la legislación ambiental que es la Revocación de la respectiva RCA.

En este contexto, las infracciones medioambientales que han sido configuradas en contra de SQM Salar S.A. basadas en las fiscalizaciones realizadas por la SMA, han generado un daño irreparable en el ecosistema del Salar de Atacama. Esto no hace más que demostrar la inviabilidad de su actividad desde un punto de vista ambiental. Razón de peso que imposibilita direccionar el rumbo de dichas operaciones hacia el aumento de la capacidad de explotación del recurso, en la forma en que SQM ha venido explotando la salmuera del Salar de Atacama hasta ahora.

5.-La creación de la CNL y los Informes de la Comisión Especial Investigadora de los Actos de los Organismos Públicos Competentes Encargados de la Fiscalización y Protección de los Glaciares, Cuencas Hidrográficas y Salares de Chile.

En el año 20l4 se creó una Comisión Asesora púbico-privada denominada Comisión Nacional del Litio (CNL), la que tuvo por objeto proponer a la Presidenta Bachelet un conjunto de medidas para la dictación de una Política Nacional del Litio y de los Salares.

El Informe Final de la CNL contiene una serie de diagnósticos y propuestas para la política pública del litio, los que reproduce.

Respecto de las operaciones de SQM y sus operaciones Salar de Atacama, específicamente, transcribe el informe. Además, se reconocen por primera vez los impactos de las extracciones de salmuera a nivel de la cuenca, los que reproduce.

Debido a la relación entre la extracción de salmuera y la subsistencia de los recurrentes, la Comisión Nacional del Litio propone que: ‘Se observa la necesidad de un cambio paradigmático en la relación entre el proyecto productivo y comunidades lo cual supone hacerse cargo del derecho de las comunidades a percibir beneficios tanto por el uso de los bienes públicos-como es el caso del territorio y de los recursos hídricos-, como de que sean mitigadas y compensadas adecuadamente las externalidades negativas que pueden generar los proyectos. Por ello es necesaria la incorporación del concepto de valor compartido como forma de relacionarse con el territorio.” Por último, la CNL recomienda a CORFO “la revisión de los contratos vigentes al día de hoy en el Salar de Atacama, con SQM y Rockwood, entregándole al Estado un rol más activo; así como la no ampliación de autorizaciones de explotación ni renovación futura de los mismos bajo sus términos actuales”.

En la misma línea de las conclusiones de este informe tenemos las conclusiones del Informe Final de la “Comisión Especial investigadora de los actos de los organismos públicos competentes, encargados de la fiscalización y protección de Glaciares, Cuencas Hidrográficas y Salares de Chile”, publicado con fecha 3 de enero de 2017.

Como conclusiones de esta comisión, en cuanto a aquellas zonas donde se ubican los salares del Norte Grande se plantea que se ha producido una competencia por la asignación hídrica que ha favorecido a las empresas mineras priorizando la rentabilidad económica por sobre la comunitaria ecológica y ecoturística, y una precaria incorporación de los costos ambientales en los proyectos mineros, lo que es evidente en el irreparable daño al entorno natural como lo han documentado académicos y organizaciones locales que declararon en la comisión sobre el daño en el salar de Atacama, cita a los autores.

Respecto del daño causado en el Salar de Atacama a causa de la minería no metálica, cita a la Investigadora nombre reservado, ingeniera química y doctora en ciencias de la Universidad de Antofagasta.

La comisión plantea en su informe además, la notable ausencia de participación social de las comunidades locales ancestrales en la asignación de los recursos hídricos como los salares teniendo en cuenta las severas alteraciones de la vida humana, flora y fauna por la indiscriminada explotación de agua en la zona, donde el costo de la priorización minera de agua ha sido costeado por los habitantes locales afectados por la trasformación del paisaje y de sus vidas cotidianas.

Finalmente, la comisión concluye que los salares son frágiles ecosistemas que están siendo explotados sin contar con estudios acabados del comportamiento de ellos, y sin conocer los efectos de la reinyección de salmueras ni de la extracción del agua ha sido irresponsable y antojadiza. Por ello la comisión plantea que el Estado debe destinar recursos a estos estudios y que mientras esos estudios no se realicen las autoridades se deben abstener de otorgar nuevas concesiones de aguas, suscribir contratos para la explotación de recursos naturales y otorgar nuevas RCA o ampliarlas.

6.-El juicio arbitral SQM- CORFO y el nuevo contrato.

Se señaló, el presente recurso de protección se interpone en contra de los contratos celebrados con Fecha 17 de enero de 2018 entre CORFO y las empresas recurridas que conforman SQM, da cuenta del proceso que antecedió a la conciliación.

Es así, que el 17 de enero de 2018, CORFO modifica esta postura, las recurridas llegan a conciliación acordando la modificación y por ende, la extensión de los contratos de arrendamiento y de proyecto del salar. Esta decisión, además de ser gravísima, ilegal y carecer de todo fundamento razonable, se adopta sin consultar previamente a las comunidades directamente afectadas, de las cuales las recurrentes forman parte. Únicamente se informó de las conversaciones en una reunión sostenida el 5 de enero de 2018 con el señor nombre reservado, nombre reservado de CORFO, y solicitada por los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños. Además, el acuerdo se firmó sin tener ninguna consideración de la afectación directa que se genera a las comunidades indígenas aledañas, el riesgo que supone al ecosistema del salar, ni de todos los incumplimientos ambientales en que ha incurrido la empresa.

Los contratos celebrados entre las recurridas establecieron las cláusulas 2.1, 11.3, 2.3, 2.7, 10, 16, 2.7, 5.1, 6.4 Contrato de Proyecto, las que transcribe.

En consecuencia nos encontramos con un contrato que triplica las operaciones de la empresa recurrida, que se acuerda sin consulta a las comunidades afectadas, que asegura implementar medidas que garantizan la protección ambiental del Salar, pero que se decide sin tener garantía ni certeza alguna del estado actual de la cuenca, ni menos de la entidad del daño causado por la empresa con que se contrata.

II.- Ilegalidades y Arbitrariedades.

1.- Infracción a las normas que regulan la Consulta Indígena: Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y el DS 66.

a) Contexto del derecho a la Consulta Indígena del Convenio 169 OIT en Chile. El año 1989 se adoptó por la Conferencia General N° 76 de la OIT el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, entrando en vigencia el año 1991, cerca de veinte años después en el año 2008, este tratado internacional fue ratificado por Chile, pasando desde ese momento a ser parte del derecho interno.

La piedra angular del Convenio, corresponde al principio de participación, con manifestaciones de aplicación práctica a lo largo del texto y cuya expresión más relevante es la Consulta Indígena. Luego transcribe su artículo 6 del Convenio. Agrega, que la Consulta Indígena es, por una parte, un derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en la toma de decisiones relacionadas con medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarles directamente. La contracara de este derecho es la obligación del Estado de realizar la consulta.

En el contexto nacional son dos las normas que regulan la aplicación de la Consulta: el Decreto Supremo N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social del año 2014 que regula el procedimiento de la Consulta Indígena en caso de medidas administrativas o legislativas que afecten a pueblos indígenas; y el Decreto Supremo N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente del año 2013 que establece el reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA) contemplado para los proyectos de inversión que ingresan al SEIA.

Luego transcribe el artículo 2 del DS 66. Agrega que es sin desmedro de la necesaria observancia a lo dispuesto en el Convenio N° 169 principal fuente del derecho a la Consulta y respecto del cual el Tribunal Constitucional ha declarado específicamente sobre la norma de la Consulta, establecida en el artículo 6 N° 1 letra a) del Convenio, su carácter de “autoejecutable o de aplicación directa”.

b) Vulneración del deber de realizar la Consulta Indígena. Transcribe el artículo 6.1. del Convenio 169, lo que a su vez se reafirma en el artículo 7 inciso primero del DS 66. Al efecto, señala que se trata de una medida susceptible de afectar directamente al pueblo lickanantay, lo que hace plenamente exigible la realización de una Consulta Indígena.

-Que se trate de una medida administrativa o legislativa.

Los contratos objeto del recurso tienen naturaleza de medida administrativa para los efectos de la aplicación del derecho a la Consulta Indígena previa.

Cita en este sentido, el Informe Anual de Derechos Humanos en Chile del año 2014, publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Además se refiere que en la aplicación de la Consulta en contratos de este tipo, existe un pronunciamiento del Comité Tripartito de la OIT respecto de una reclamación del pueblo Shuar y transcribe lo pertinente referido al pronunciamiento del Comité. Es así, que a partir de la interpretación dada por los propios órganos de la OIT a lo que dispone el Convenio 169, este tipo de contratos celebrado entre privados y el Estado es consultable y es una medida administrativa para efectos de la consulta. -Que la medida sea “susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas”. Transcribe el artículo 7 del DS 66. Agrega que en autos, parte de las personas en nombre de las cuales se recurre pertenecen al pueblo Lickanantay, así como el 57,6% de la población de la Comuna de nombre reservado que el año 2002 se reconoce perteneciente a este pueblo, según datos del Censo poblacional y Vivienda del año 2002 del INE, por lo que son plenamente sujetos del derecho a la Consulta que se reconoce en el Convenio 169.

En lo que disponen el Reglamento y el Convenio, el hecho de que la medida seba ser simplemente “susceptible” de afectar directamente, supone que lo que se requiere es que “sea posible” que la medida que se adoptará tenga impactos en los pueblos indígenas, sin que se necesite que esa afectación sea cierta ni evidente.

A su vez, para dilucidar que el impacto derivado de la medida en cuestión se trate de una afectación “directa”, más allá de lo destacado previamente, el artículo 7 del DS 66, el Convenio 169 no da luces al respecto. No obstante, el Relator Especial de la ONU, nombre reservado, brinda el criterio de que la Consulta sea obligatoria y cita un párrafo de éste. También cita al autor nombre reservado, quien también sostiene que la Consulta procede cuando haya afectación directa a los pueblos indígenas.

En este caso es claro, que los impactos ambientales y sociales derivados de esta medida, cual es, la celebración de los contratos entre CORFO y SQM, y entre los cuales se encuentra por ejemplo, triplicar el aumento de extracción y producción de litio y el consiguiente aumento en la utilización de agua, producirán una afectación significativa y específica sobre el pueblo lickanantay, del cual se reconocen pertenencias parte de las personas en nombre de quienes se recurre. Hizo presente la forma de vida de este pueblo, sus tradiciones, sus costumbres y sus prácticas culturales y espirituales, las que se encuentran ligadas al agua y al territorio, por lo que se producen estas afectaciones.

No obstante ello, se ha planteado la “susceptibilidad”, supone que la carga de determinar que cierta medida especifica no afecta o no es susceptible de afectar de manera directa, mediante un impacto significativo y directo recae en el Estado. Cita al profesor López y Mohor.

-La Consulta debe realizarse de forma previa a la adopción de la medida, lo que ha sido reafirmado por el Relator Especial de la ONU, nombre reservado.

Por su parte, el DS 66 trata específicamente este requisito en el artículo 11 y reproduce su contenido.

En consecuencia en el caso de autos, que ya habiéndose celebrado los contratos CORFO y SQM se incumple este elemental requisito de la Consulta Indígena, por cuanto se afecta al tantas veces citado pueblo.

Concluye, que esta omisión es arbitraria es un incumplimiento a la obligación del Estado de Chile, que reconocen el derecho a Consulta y regulan su aplicación, por lo que acarrea la ilegalidad y consiguiente nulidad de los actos celebrados y, al mismo tiempo, permite la interposición de la presente acción cautelar.

2.- Infracción de las Normas que regulan el deber del Estado de protección de los recursos naturales en territorios indígenas: Convenio 169 de la OIT y Ley Indígena.

- El carácter vinculante del Convenio N° 169:

Con la ratificación por parte del Estado de Chile del Convenio 169 de la OIT, el año 2008, este instrumento internacional pasó desde ese momento a ser parte del derecho interno y, con ello, su cumplimiento se hizo plenamente exigible a los Estados Parte.

La aplicabilidad de los tratados queda subordinada a su compatibilidad con las normas sustantivas de la Constitución y, a su vez, determina el contenido posible de las normas de inferior jerarquía, como los reglamentos emanados de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Lo que determinaría que la jerarquía del Convenio es al menos de rango legal.

No obstante, aquellas normas que establecen derechos fundamentales contenidas en tratados internacionales, la Constitución Política establece una regla especial, establecida en el artículo 5 inciso segundo. Es así que este tipo de normas, junto a las garantías del artículo 19, forman lo que la doctrina constitucional denomina “EL bloque Constitucional”, el cual actúa como límite a la soberanía, por lo que obligan a todos los poderes del Estado, incluyendo al legislativo.

Comprendiendo entonces que el Convenio N° 169 es un tratado internacional de derechos humanos, y que las normas que contengan tengan tal carácter, serán límite al ejercicio de la soberanía, el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial deberá respetarlo y promoverlo. Existen varias de las normas del convenio como no autoejecutables, por parte del Tribunal Constitucional, no obstante, “la obligatoriedad de estas disposiciones está fuera de toda duda al menos desde la ratificación del tratado internacional que las contiene.

El problema de la auto ejecutabilidad “trata de establecer a quién va dirigido el mandato emanado de la norma internacional: colegislador para que adapte la ley interna o al poder judicial para que la aplique directamente, lo que no se relaciona en caso alguna con su obligatoriedad, o la responsabilidad asociada en caso de incumplimiento.

Este incumplimiento al Convenio N° 169 el que se verifica en el caso en particular, respecte tanto del derecho de Consulta indígena, que fue analizado previamente, como del deber de protección a los recursos naturales existentes en tierras indígenas que será expuesto.

-Vulneración del artículo 15.1. del Convenio N° 169:

Se ha señalado por la doctrina que la protección de los recursos naturales en tierras indígenas es, además, de la Consulta Indígena, uno de los elementos centrales del Convenio 169. Cita al efecto doctrina. Y transcribe el artículo 15.1, norma principal en la materia.

Sostiene que la Cuenca del Salar de Atacama, territorio del Pueblo Lickanantay, más allá de su enorme riqueza ecosistémica y medioambiental, tratándose de un desierto, no son muchos los recursos naturales que pueden ser utilizados por el hombre. El agua, por tanto, es el recurso radicalmente más importante para el desarrollo de la vida, y especialmente para el pueblo.

El Proyecto de la recurrida SQM, emplazado en territorio indígena, extrae y utiliza en el desarrollo de sus faenas productivas este preciado recurso en enormes cantidades.

La modificación del contrato ente CORFO y QM aumenta la cuota de producción y comercialización de litio de SQM, lo que implica que, sujeto a una nueva autorización de la CCHEN, SQM pueda explotar, procesar y vender hasta 349.553 Mt de LMT hasta 20130, adicionales al 180.100 Mt que ya tiene autorizadas (cláusula 11.3). Es decir, casi triplicando la cantidad autorizada explotar por parte de SQM en el Salar. Aumentando de forma consiguiente, la utilización del escaso recurso agua.

Considerando estos elementos particulares de la explotación del litio, la decisión de CORFO y SQM, además de aumentar la producción, autoriza y faculta a SQM a solicitar todos los permisos de explotación y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y/o superficiales que requiera (cláusula 6.4). Esto contradice la restricción que impone el inciso segundo del artículo 64 de la Ley Indígena.

Hizo presente que hoy los 1.157 l/seg inscritos originalmente por la Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado y los regantes de Río Grande, son meramente nominales, pues este caudal corresponde al caudal histórico del Río nombre reservado, el cual fue declarado agotado el año 2016 por la DGA, y donde su verdadera disponibilidad es nada más que de 400 i/seg aproximadamente. Lo mismo ocurre con el nombre reservado, que fue declarado agotado por la DGA- en 2017, esta situación es grave, ya que estos ríos son los principales aportes superficiales al Salar de Atacama.

Es en este contexto y considerando todo esto, es que consideran evidente la infracción por parte del Estado de Chile, a su obligación de proteger especialmente los recursos naturales ubicados en territorios indígenas, que establece el artículo 15.1 del Convenio N° 169, mediante la celebración del contrato entre CORFO y SQM.

-Infracción al artículo 64 de la Ley Indígena.

Íntimamente con la infracción al artículo 15.1 del Convenio 169 se encuentra la infracción a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, conocida como Ley Indígena, aprobada en 1993. Transcribe el inciso primero del artículo 64 en comento, y agrega que es importante señalar que la voz “en terrenos de la comunidad” fue interpretada por la Corte Suprema en un fallo de 2008, en causa Rol 2840-2008. Situación plenamente homologable a lo que puede estar sucediendo con parte de las aguas que la empresa SQM utiliza y que contradice de forma flagrante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 64, el cual transcribe.

En definitiva, con la firma del contrato entre CORFO y SQM, que además de aumentar de forma sustancial la explotación y producción de la empresa, con los consiguientes impactos en el debilitado sistema hídrico de la cuenca, permite solicitar todos los permisos de exploración y derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y/o superficiales que se requieran, y atendiendo a todos los antecedentes previamente mencionados en torno a la infracción del artículo 5.1, el deber de protección que se establece en el artículo 64 de la Ley Indígena, cuyo sujeto obligado es el Estado de Chile, es infringido de forma grave y evidente, transformando el acto en ilegal.

3.-Infraccion a las Normas que regulan el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, en relación con la Reserva Nacional Los Flamencos y con las vegas bofedales protegidos.

El artículo 19 N° 8 de la Constitución Política establece que “Es deber del Estado (…) tutelar la preservación de la naturaleza”. De este modo, el establecimiento y gestión de áreas protegidas una forma de cumplir el deber del Estado de preservarla naturaleza. Esto se conoce como mecanismos de protección in situ para salvaguardar componentes de la diversidad biológica. Cita el artículo 2 del Convenio de las nombre reservado sobre Diversidad Biológica y reproduce lo que entiende por Diversidad Biológica.

Como es sabido en Chile la normativa de áreas protegidas (AP) es dispersa, ya que existen más de 20 leyes y reglamentos sobre regulación de AP y 13 tratados internacionales y se manifiesta en diferentes categorías de protección, administradas por diferentes órganos administrativos dependientes de Ministerios diversos. Es decir, no existe un único cuerpo legal claro y sistemático que consagre las características principales de cada tipo de protección, ya que Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas aún se encuentra en el Congreso. Además, las Convenciones de Washington y Ramsar ratificadas por Chile, consagran directamente otros tipos especiales de áreas protegidas.

En particular, la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países de América de 1940 (entró en vigor el 10 de octubre de 1967), contempla 4 figuras de protección: parques nacionales, reservas naturales, monumentos naturales y reserva de regiones vírgenes. Respecto de las reservas naturales las establece en el artículo 1.2.

Por su parte, la Convención sobre Humedales, Ramsar, 1971, crea la figura de los “humedales de importancia internacional” y establece “deberes y obligaciones para los Estados parte de designar zonas húmedas apropiadas dentro de su territorio para ser incluidas en una lista de zonas húmedas de importancia internacional. El proyecto de la recurrida SQM, se ubica en el sector de Soncor (lagunas Puilar, chaxas, Barros Negros y Burro Muerto) y el sector Aguas de Quelana, las cuales forman parte de la Reserva Nacional Los Flamencos. Adicionalmente, el 2 de diciembre de 1996 fue incorporado el sistema Hidrológico Soncor como sitio protegido por la Convención sobre los Humedales (Ramsar) fundamentalmente por ser un área de nidificación de flamencos y especies migratorias.

Adicionalmente en el sector del Salar de Atacama se reconoce la existencia de zonas delimitadas y demarcadas por la Dirección General de Aguas como acuíferos que alimentan vegas y bofedales localizadas en la I y II Región que pueden ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas, según la Resolución DGA 909, de 28 de noviembre de 1996, (publicada en el Diario Oficial el 1 de febrero de 1997) modificada por la Resolución DGA 529 de 8 de octubre de 2003 (publicada el 26 de noviembre del mismo año). Esto significa que estas zonas, en virtud del artículo 63 del Código de Aguas, se entienden “prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa”.

Los documentos de la DGA en cuestión mencionan las siguientes vegas en el área en estudio: Carvajal, Quelana, Tilopozo, La Punta, Tilocalar, Silolao y Palao. Las dos primeras se localizan en el sector del borde este del salar, inmediatamente al este del sistema hidrológico Soncor. Las cinco vegas restantes se localizan en el extremo sureste del salar, es decir, todos sectores que se ubican en el área de influencia del proyecto de la empresa recurrida y donde desarrollan obras de bombeo en pozos de agua subterránea.

Es así, que CORFO infringe gravemente las normas que regulan el deber del estado de tutelar la preservación de la naturaleza, en relación con la Reserva Nacional Los Flamencos, así como las vegas y bofedales protegidos (cláusula 11.3).

Agrega, que estos antecedentes no se condicen con el deber del Estado, representado en este caso por CORFO, y demuestran las infracción de su obligación constitucional y legal de preservar la naturaleza y conservar la flora y fauna existente en las áreas protegidas del estado, como es la Reserva Nacional de Flamencos y las vegas y bofedales de la cuenca del Salar de Atacama. Más aún, si se toma en cuenta lo señalado por la CNL en 2015 respecto de las operaciones de SQM en el Salar de Atacama, donde se establece que “no existe la capacidad de fiscalizar la reinyección al salar de las salmueras excedentes una vez que se extraen los otros productos, y tampoco el conocimiento adecuado acerca de eventuales daños al ecosistema del salar como resultado de dicha reinyección.

En el mismo sentido, las conclusiones del Informe Final de la “Comisión Especial Investigadora de los actos de los organismos públicos competentes, encargados de la fiscalización y protección de Glaciares, Cuencas Hidrográficas y Salares de Chile” que dan cuenta del irreparable daño al entorno natural documentado por académicos y organizaciones locales que declararon en la comisión sobre el daño en el Salar de Atacama. Es por ello que la Comisión planteó que el Estado debe destinar recursos a estos estudios y que mientras esos estudios nos e realicen las autoridades se deben abstener de otorgar nuevas concesiones de aguas, suscribir contratos para la explotación de recursos naturales y/u otorgar nuevas RCA o ampliarlas.

4.- Infracción al Principio Precautorio. Este principio se encuentra regulado en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y desarrollo de 1992, el que cita. Agrega, que este principio aborda tres elementos característicos, a saber: 1) El peligro o riesgo de la ocurrencia de un daño grave e irreversible; 2) La falta de certeza científica absoluta respecto del riesgo del daño en cuestión; y 3)La eficacia de la medida que se pretende adoptar para impedir la degradación del medio ambiente. El primer elemento que tiene que ver con la contingencia de un tipo de daño, el cual debe ser grave e irreversible. Además, la incertidumbre científica tendría lugar cuando existen opiniones científicas discrepantes o resultados poco concluyentes respecto del riesgo potencial o no comprobado de una actividad y sus impactos en el medio ambiente o la salud humana. Por último la eficacia de la medida a adoptar se refiere a la proporcionalidad entre el costo económico de la medida y del daño que se pretende evitar. En cuanto a la aplicación de este principio, conforme a la formulación del principio 15, éste implicaría que una vez evaluados los riesgos potenciales de daño de una cierta actividad y siendo ellos de carácter grave e irreversible, se deberán adoptar las medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, pese a no contar con evidencia científica absoluta.

El principio precautorio cuenta con una consagración legal expresa en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1 B de la Ley 20.657 que modificó la Ley 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura, el que transcribe. También se encuentra incluido en el artículo 2 del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que actualmente se discute en el Congreso. Además, ha sido reconocido de manera explícita por los Tribunales Superiores de Justicia, a partir de 2009, en el marco de controversias suscitadas durante la evaluación del impacto ambiental de proyectos de inversión, respecto de riesgos inciertos o probables que no se podrían descartar.

También en la Ley 19.300, puede afirmarse que el Principio Precautorio es parte del derecho ambiental chileno. Los Tribunales han dado reconocimiento a este principio en la causa Rol R-22-2014 seguida ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago y cita lo resuelto en esa instancia. Asimismo, cita las causas R-34-2014 y R 93-2016, en que se aplica el principio precautorio. En conclusión el principio precautorio, el cual forma parte del derecho ambiental internacional y chileno, se aplica directamente como un enfoque que debe orientar el desarrollo de la actividad legislativa, ejecutiva y también jurisdiccional del Estado, y que obliga a adoptar las medidas más eficaces para impedir la degradación del medio ambiente, frente a riesgos potenciales de carácter grave o irreversibles, aun cuando exista falta de certidumbre científica al respecto. Por ende, este principio se aplica en todo el ámbito de la actividad ejecutiva, incluyendo los actos y decisiones del Estado de inversión y desarrollo de la actividad minera en el Salar de Atacama. CORFO vulnera este principio precautorio, al decidir ampliar el contrato con la empresa recurrida y aumentar la cuota de producción y comercialización de litio de SQM, permitiendo casi triplicar la cantidad autorizada a explotar por parte de SQM en el salar.

Es decir, existe una información relevante y de público conocimiento tanto respecto de la existencia actual de una clara afectación de las condiciones hidrogeológicas del Salar de Atacama y de una situación de sobre explotación de salmuera por parte de SQM, como la falta de conocimiento íntegro y basal con respecto al estado real y actual de todo el sistema ambiental del Salar y de las implicancias de su eventual afectación por una ampliación de las operaciones, sin embargo se adopta la decisión de continuar y triplicar las operaciones por parte de la empresa recurrida.

5.- Actuar arbitrario de las recurridas. El actuar de las recurridas es arbitrario porque no se ajusta a parámetros mínimos de razonabilidad y coherencia y es ilegal, porque no se atiende a la normativa específica por la que debe regirse, o cuando el órgano correspondiente ejerce atribuciones exclusivas en forma debida, contrariando la ley.

El actuar de CORFO respecto de este Contrato, objeto de este recurso es inconsistente y carece de razonabilidad. En efecto se da en medio de un proceso sancionatorio en contra de la empresa en beneficio de la cual amplía las condiciones del contrato y contra la cual se había hecho parte solicitando sanciones por las graves infracciones a la legislación ambiental.

Sin embargo, luego CORFO se compromete con nuevos contratos, según declara para garantizar la sustentabilidad y triplica el monto de litio que puede explotar la empresa, esto demuestra un desajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener.

También el actuar de la empresa envuelve una situación antijurídica e injusta. En efecto, no es posible aceptar sin más, el hecho que las instituciones públicas y el derecho actualmente no puedan fiscalizar y hacerse cargo correctamente de la explotación de salmuera en el Salar y el uso del bien común como el agua.

En síntesis la empresa recurrida, ha realizado acciones que resultan transgresoras a las normas legales y reglamentarias, además debe tenerse en consideración que cualquier actividad que se ejerza bajo la tutela de la legislación ambiental, debe ser cuidadosa y racional, y por lo tanto tener justificación, ya que efectiva o potencialmente significa una repercusión ambiental y, en consecuencia una merma a los derechos fundamentales a un medio ambiente libre de contaminación.

III.- Derechos Conculcados.

1.- Vulneración al derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política. La igualdad en nuestra constitución tiene una triple dimensión, este es un principio, un valor y un derecho. Como un derecho es una facultad jurídicamente protegida por la Constitución que garantiza que todas las personas, sean naturales y jurídicas, cualquiera sea su naturaleza debe someterse al mandato de la ley, incluyendo a los órganos del Estado. Respecto a estos últimos, especialmente los órganos jurisdiccionales deben someterse ante la ley en su interpretación como en su aplicación sin incurrir en diferencias carentes de fundamentos o injustificadas y tampoco en igualaciones infundadas. En el caso de no haber persona ni grupo privilegiado, esta se trataría de una norma de carácter prohibitivo, salvo que existan razones a través de texto legal expreso que justifique otorgar ventaja o beneficio. Tampoco, la ley ni la autoridad puede establecer diferencias arbitrarias.

Agrega, que en los hechos se han ignorado las diferencias reconocidas y amparadas legítimamente por la Ley Indígena y Tratados Internacionales a los pueblos indígenas vulnerando el artículo 19 N° 2 de la CP, al no efectuar la Consulta Indígena y proteger los derechos de las comunidades Lickannantay directamente afectada por el acto recurrido. Cita un fallo de la Excma. Corte Suprema en causa Rol 35629-2017.

2.- Vulneración del derecho a vivir en el medio libre de contaminación consagrado en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Este derecho en rigor no garantiza a las personas a vivir en un medio totalmente puro, sino que asegura “vivir” en aquel que los contaminantes se encuentren en concentraciones y períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Es evidente que el riesgo a la salud y a la calidad de vida de la población y de las comunidades aledañas en este caso, y también el riesgo referido a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. El contrato recurrido en ningún caso aborda ni presenta argumento técnico que garantice que el eventual aumento de extracción de salmuera producto de la ampliación de las cantidades de litio autorizadas explotar a la empresa, no afectará a la ecología del Salar. Ello porque existen antecedentes públicos que hacen pensar que las condiciones que se habrían establecido en las autorizaciones ambientales de la empresa recurrida (RCA) y que supuestamente permitirían garantizar que la explotación de la salmuera no afectaría los elementos del Salar de Atacama, son insuficientes, al efecto entrega los argumentos.

Por lo anterior, y por los riesgos y daños ya causados es que el Estado tiene un doble deber, primero en cuanto a que la garantía contemplada en el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política no se vea afectada, y además el deber de tutelar la preservación de la naturaleza.

Hizo presente que el concepto de medio ambiente en nuestro ordenamiento jurídico sigue la concepción amplia, incluyendo los elementos culturales y su interacción con los otros componentes. Así también lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa Rol 1773-2008.

De este modo, la forma de vida del pueblo atacameño, sus tradiciones, prácticas culturales, espirituales y ancestrales se encuentran especialmente ligadas al concepto de territorio, a recursos como el agua y en definitiva su medio ambiente, o lo que otros llaman el “entorno adyacente”

3.- Vulneración a el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República. Sostiene que la Constitución no solo protege la vida biológica, esto es, la integridad física y psíquica del individuo, sino que el derecho a la vida comprende también un aspecto subjetivo comprendiendo el proceso de configuración de la persona, es decir, consagra la autonomía de la persona para elegir la forma en la que vive su vida, su realización espiritual y material, lo que se relaciona con el artículo 1 de la Constitución. En el caso de autos, en vista de los antecedentes que aquí se han presentado y del contexto de una severa crisis hídrica de la cuenca del Salar de Atacama, es del todo claro, que la afectación de los recursos hídricos y el aumento de su uso con fines productivos, en desmedro directo de un uso con fines de subsistencia, deviene en una amenaza y un daño para la vida y la integridad de las persona que habitan en la zona, independiente de su calidad o no de indígenas.

Finalmente, acompañó diversa documental en que fundamenta su recurso.

Tercero: Que se tuvo como tercero coadyuvante a doña nombre reservado, abogada con domicilio en domicilio reservado, caratulados: “Asociación Indígena Consejo De Pueblos Atacameños y Otros con SQM Potasio S.A. Sociedad Química Minera S.A., SQM Salar y Corporación de Fomento de la Producción”, recurriendo a nombre de don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, todos miembros de la nombre reservado nombre reservado, con domicilio en la nombre reservado, comuna de Tierra Amarilla; doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, todas integrantes de la nombre reservado, con domicilio en la nombre reservado comuna de Tierra Amarilla; y doña nombre reservado por sí y en representación de la nombre reservado con domicilio en la nombre reservado, comuna de Tierra Amarilla; doña nombre reservado, integrante de la nombre reservado, con domicilio en Estación Paipota, doña nombre reservado, por sí y en representación de la nombre reservado El Torín, con domicilio en la nombre reservado, comuna de Tierra Amarilla; doña nombre reservado, integrante de la nombre reservado, con domicilio en la misma comuna de Tierra Amarilla.

Señalan que se hacen parte del presente recurso en calidad de terceros coadyuvantes, solicitando las recurrentes que se restablezca el imperio del derecho y se tenga presente: Con fecha 15 de febrero de 2018 fue presentado el recurso de protección caratulado “Asociación Indígena Consejo De Pueblos Atacameños y otros con SQM Potasio S.A., Sociedad Química Minera S.A., SQM Salar S.A. y Corporación de Fomento de la Producción”, interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños y las comunidades atacameñas que lo conforman, en contra de las empresas SQM Potasio S.A., SQM S.A., SQM Salar S.A. todos representados por don nombre reservado y en contra de CORFO, representado por don nombre reservado, con motivo de la suscripción de dos contratos conexos y relacionados entre sí: Modificación y Fijación Texto Refundido y Actualizado del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama Corporación de Fomento de la Producción y SQM Potasio S.A. y otras; y 2.- Modificación y Fijación Texto Refundido y Actualizado del Contrato de Arrendamiento de pertenencia Minera OMA.

Al interponer la acción se pidió que esta Corte que ambos actos impugnados se invaliden o anulen hasta que no se realice una Consulta bajo los estándares del Convenio 169 de la OIT respecto a los contratos recurridos en estos autos, ya que éstos contemplan cláusulas que afectan sus derechos fundamentales, en particular, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad.

En cuanto a su legitimación activa, los comparecientes señalan que son indígenas pertenecientes a la etnia Colla que habitan en la III Región de Atacama y así mismo son integrantes de las comunidades indígenas, ya singularizadas, que son afectados sus derechos territoriales y ambientales por la suscripción del contrato de litio y que los legitima para comparecer a estrados como partes del recurso de protección materia de la Litis, según dispone el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, en calidad de terceros coadyuvantes, fundamentado interés actual en el resultado del juicio.

a) Hace referencia al origen del pueblo Colla. Señala que la existencia de la etnia Colla tiene una larga historia y un rico componente cultural, por lo que el pueblo Colla es descrito como “eterno viajero de la puna”, al que suele verse con su vestimenta típica con más frecuencia por el lado argentino. Sin embargo, aparece ocasionalmente en los pueblos chilenos de nombre reservado, El Salvador, y Potrerillos, lugares que frecuenta y sobre los que permanece durante largo tiempo. El pueblo Colla es originario de este territorio, cuyas fronteras les fueron impuestas con la invasión española y luego con la creación de las repúblicas, siempre han sido un pueblo andino. La base de la ocupación de este territorio ha sido la trashumancia, dado el carácter de los recursos de pastoreo y los ciclos de sequía que determinan la escasez o abundancia de pastos. Enuncia muchos circuitos que se logran reconstruir en las familias Colla, es decir, hay una vinculación constante entre los territorios, frente a esto, hoy en día existe una parte de la población Colla en Chile, el resto se ha sometido a procesos de migración, sobre todo al noreste argentino, otros entre la quebrada juncal y la cuenca del río Jorquera, para generar una economía ganadera sustentable.

Refiere al pueblo Colla en la actualidad y señala que la actual ocupación territorial de las comunidades Colla, se sustentan en la ganadería y cultivos en pequeña escala. La ganadería caprina, mular, caballar y ovina, se desarrolla en un sistema de trashumancia que considera el uso de pisos ecológicos diferenciados por la altura, denominadas invernadas y veranadas. Este sistema se rige por las disponibilidades de pastos y aguas para el ganado, y por las condiciones climáticas de temperatura y precipitación. Las invernadas corresponden a las quebradas de precordillera 2.000 a 2.800 m sobre el nivel del mar, cuando en periodos de invierno y dependiendo de las precipitaciones, los suelos se cubren de hierbas y arbustos.

b) Cosmovisión del Pueblo Colla del mundo, su base ideológica y religiosa, los acerca a los indígenas del norte de Chile. Su concepción personal del universo y de la humanidad perdura en la conciencia del pueblo andino. Trata pormenorizadamente de sus prácticas religiosas, y agrega que el mundo colla presenta una relación sagrada con su entorno, levantando en su territorio oratorios y apachetas. A consecuencia de los contratos a que hizo referencia al inicio, establece en una de sus cláusulas la opción Maricunga, la que transcribe, luego refiere que con el contrato referido se pretende la explotación del Salar de Maricunga, área que es parte central del territorio ancestral del pueblo colla en la alta cordillera altiplánica y actualmente se encuentra afectada ambientalmente.

Existe fragilidad ambiental del Salar de Maricunga, de conformidad al estudio “Análisis de la Tendencia Histórica de Vegetación Azonal Hídrica, sector Ciénaga redonda, Barros Negros y Pantillo, Altiplano Región de Atacama”, es caracterizado “Los humedales Ciénaga Redonda, Barros Negros y Pantanillo forman parte de la cuenca del salar Maricunga, siendo a su vez ambos humedales parte de la subcuenca denominada Quebrada Ciénaga Redonda. La cuenca del Salar de Maricunga es la segunda cuenca cerrada más grande de la tercera Región después de Pedernales y corresponde a la cabecera norte del sistema Ciénaga Redonda y representa el término de la misma. Igualmente explica sus principales afluentes y hace presente que en el valle de cuenca Quebrada Ciénaga Redonda se ubican una serie de humedales, la mayoría pajones hídricos. Transcribe un estudio que concluye respecto de la vulnerabilidad de los humedales presentes en el Salar de Maricunga. Es así, que concluye que de los tres humedales estudiados, esto es, el humedal de Pantanillo, Ciénaga Redonda y Barros Negros, tienen una clara tendencia a degradarse y a perder superficie de vegetación activa a tasas cada año mayor, lo que no se explica tan solo en función del cambio climático, sino por la extracción permanente de agua de los acuíferos a través de los pozos existentes en todos los humedales, siendo clara la relación entre el estado del humedal de Pantanillo y la extracción de agua por parte del Proyecto Minero el Refugio. Todo lo anterior, permite inferir en la urgencia de medidas que permitan ajustar los permisos de extracción a los requerimientos ecológicos de los humedales. Los resultados obtenidos responden a los objetivos planteados y resultan ser coherentes con los datos de terreno y los reportes obtenidos de los estudios existentes, validándose las metodologías aplicadas, especialmente el seguimiento y análisis de tendencia realizado en función del índice de humedad de la vegetación.

Lo anterior resulta preocupante y un serio riesgo para el territorio ancestral Colla si se considera que para la producción de litio, se requiere de salmuera líquida la cual es extraída para ser evaporada y precipitar las sales que contienen el litio que se procesa y se exporta al exterior. Por ello, la voluntad de CORFO y SQM de trabajar en conjunto en un proyecto que extraerá productos hídricos desde el Salar de Maricunga cuyos humedales están en serio riesgo de desaparecer, es una medida administrativa que debe ser consultada de acuerdo al Convenio 169.

c) En cuanto a la ilegalidad de los contratos de CORFO y SQM. Señala que los derechos fundamentales reconocidos en el Convenio 169 de la OIT forman parte de la Constitución, de conformidad al artículo 5 inciso segundo de la Carta Fundamental, lo que se traduce en un límite para la soberanía del Estado y deviene en un deber para los órganos del Estado su respeto y promoción. Es por esto, que sostiene que los contratos suscritos por los recurridos fueron adoptados al margen del derecho, sin sujetarse a normas vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, dado que se ha omitido la Consulta Indígena, como derecho fundamental de las comunidades Colla que adhieren al Salar de Maricunga, pero también como trámite esencial de los procedimientos administrativos en los casos que una medida estatal sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. Normativamente, el deber del Estado de realizar consultas previas está consagrado en los artículos 6, 7 y 15 del Convenio 169 a nivel interno el artículo 5 inciso segundo de la CPR y reglamentario en el DS 66/2013 del Ministerio de Desarrollo Social, normas que son complementadas por una serie de instrumentos internacionales que establecen la correcta interpretación y aplicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

d) Arbitrariedad e Ilegalidad de los Contratos entre CORFO y SQM. El contrato que pretende la explotación del Salar de Maricunga para la extracción de litio es arbitrario, toda vez que la decisión de los recurridos de ejecutar un acto de concesión de recursos naturales sin llevar a cabo la consulta indígena previa, carece de toda fundamentación jurídica.

e) Derechos Constitucionales Vulnerados. Menciona el derecho de igualdad ante la ley, de acuerdo al artículo 19 N° 2 de la CPR. Los órganos de derechos humanos internacionales, en relación al principio de igualdad de los pueblos indígenas, reconocen su diferencia con el resto de la sociedad y así se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta interpretación es recogida en nuestro derecho interno por la Ley Indígena N° 19.253 que establece una normativa de protección especial para las tierras y cultura de los pueblos indígenas.

También se ha vulnerado el N° 8 del artículo 19 de la CPR, que asegura a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El contrato suscrito entre CORFO y SQM vulnera su derecho, especialmente en lo que se refiere a su recurso hídrico, que es fundamental para la subsistencia de las comunidades Colla en el futuro. La situación de los humedales en la Cuenca del salar de Maricunga es crítica y las actividades tradicionales de las comunidades como el pastoreo dependen de la disponibilidad de la vegetación en su territorio, lo que el nuevo proyecto que pretenda la extracción de salmuera desde el Salar de Maricunga implica la desaparición de dicho ecosistema y con ello la cultura del pueblo Colla.

Finalmente, se afecta el derecho de propiedad en sus diversas especies, de acuerdo al artículo 19 N° 24 de la CPR. Cita al efecto un fallo del Tribunal Constitucional, recaído en la causa Rol 2552-13. Además, en el contexto internacional se aprecia las normas y estándares de derechos humanos referentes a la propiedad que forman parte del bloque constitucional en Chile y que son atingentes a la presente acción. Cita el Convenio 169, artículos 4.1, 7.3, 13.1, 23, 15.1, 15.2. es así, que la protección del medio ambiente indígena conforme al Convenio 169, impone a los Gobiernos el deber de respetar la importancia especial para que las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con la tierra o territorios, o con ambos y en particular los aspectos colectivos de esa relación. En consecuencia, en nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la propiedad respecto a las tierras indígenas y también respecto a los territorios indígenas que se refiere a aquellos espacios que sin ser regularizados, han sido ocupados o han tenido acceso históricamente las comunidades indígenas, las que en el caso de las Comunidades de Colla de la Región de Atacama comprende la cuenca del Salar de Maricunga.

Cuarto: Que se hace parte nombre reservado, y nombre reservado abogados a nombre de Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado, con personalidad jurídica, inscrita con el N° 8 en el Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas, y con domicilio en el sector rural de la comuna de nombre reservado, a su vez representada por la presidenta doña nombre reservado, agricultora, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado; y de la Fundación Tantí, Educación Ambiental Agroecología y Sustentabilidad, Inscripción N° 239195, con domicilio en la comuna de nombre reservado, a su vez representada por su presidente don nombre reservado, agroecólogo, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado.

Se hacen parte en el presente recurso, en calidad de coadyuvantes. Señalan que el 16 de febrero de 2018 fue presentado un recurso de protección en contra de CORFO y Otros, de SQM Potasio S.A, de Sociedad Química Minera S.A. y de SQM Salar S.A. por la celebración de dos contratos de interés públicos y conexos y relacionados entre sí denominados: 1)”Modificación y fijación de texto refundido y actualizado del contrato para proyectos en el Salar de Atacama” (o Contrato de Proyectos) y 2)”Modificación y fijación de texto refundido y actualizado del Contrato de Arrendamiento de pertenencias mineras OMA” (o “Contrato de Arrendamiento”) ambos celebrados el 17 de enero den 2018, alegando la afectación del derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la garantía de igualdad ante la ley y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En cuanto a la legitimación activa, señala que la Asociación Atacameña de Regantes, como la Fundación Tanti son directamente afectados en sus derechos por los actos impugnados por el recurso de protección, teniendo un evidente interés actual en sus resultados, por lo que cumplen con los requisitos legales.

Las personas que concurren, son personas jurídicas residentes en la Cuenca del Salar de Atacama, en el sector de nombre reservado y ven amenazados sus derechos fundamentales. Se vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°s 2 y 8 de la Constitución Política de la Republica.

Explica que la Sociedad de Regantes y nombre reservado, es una sociedad constituida al alero de la Ley 19.253 que establece Normas Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Sus objetivos están ligados a las aguas, debido a su valor ancestral, económico y de subsistencia que ella tiene para la comunidad Atacameña que representan, ya a la preservación de la cultura Atacameña, valores que son desconocidos en los actos impugnados, los que se han celebrado sin consulta indígena previa de las instituciones más representativas de la comunidad Lickanantay, afectando las garantías constitucionales de todos aquellos que son parte de la Asociación y la existencia misma de la organización.

Por otra parte, la Fundación Tanti es una organización sin fines de lucro, que tiene como objetivo “La Promoción de la Educación Ambiental Intercultural, la Práctica, Estudio y Enseñanza de la Agroecología para la Soberanía Alimentaria, la Economía Solidaria y el Urbanismo Sustentable” en nombre reservado. En el cumplimiento de esto, la Fundación considera el “Estudio, Conservación y Propagación de Prácticas Tradicionales, Variedades Locales y Participación en Proyectos Participativos y Eco-Solidarios”. Por lo que los contratos celebrados entre los recurridos afectan los objetivos de su organización, toda vez que ponen en juego la vida, el medio ambiente y la cultura existente en la zona y el ecos sistema del Salar de Atacama, viéndose especialmente amenazado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

a) Infracción a la normativa ambiental y los derechos constitucionales conculcados. Es así que estos contratos significan infracciones flagrantes a la normativa ambiental, partiendo por las normas que regulan el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza, en relación con la Reserva Nacional Los Flamencos y con las vegas y bofedales protegidos de nombre reservado, y de aplicar el principio preventivo y participativo que permean nuestro sistema jurídico ambiental.

Agregó que se infringe el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política, ya que las consecuencia de la extensión de los contratos con las empresas implican una amenaza a la conservación de la Reserva Nacional Los Flamencos y del Sistema Hidrológico Soncor, éste último reconocido como sitio protegido por la Convención Ramsar desde 1996 debido a su importancia en la nidificación de flamencos y especies migratorias. La autorización de una actividad así de invasiva en el área, pese a la existencia de procedimientos sancionatorios, va en contra de tratados internacionales relevantes, como lo son la Convención de Ramsar y la Convención de Washington.

A lo anterior se agrega que en el sector del Salar de Atacama se reconoce la existencia de zonas delimitadas y demarcadas por la Dirección General de Aguas como acuíferos que alimentas vegas y bofedales localizadas en la I y II Región que pueden ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas, según la Resolución 909, modificada por la Resolución 529. Esto significa que esta zona, en virtud del artículo 63 del Código de Aguas, se entienden “prohibidas para mayores extracciones que las autorizadas, así como nuevas explotaciones, sin necesidad de declaración expresa”.

Tales infracciones reafirmas en la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N°s 1 y 8 de la Constitución.

b) Vulneración a las normas que regulan la Consulta Indígena y de la garantía de igualdad ante la ley en relación con la Asociación Atacameña de Regantes. La Asociación Atacameña de Regantes y nombre reservado se trata de una asociación constituida al alero de la Ley Indígena, por lo que el Estado debe considerar la realización de ciertas condiciones legales al momento de tomar decisiones que puedan afectarla. Es así, que cobra importancia la no realización de la Consulta Indígena para dar lugar a los contratos celebrados, pese a la afectación directa que estos producen en un territorio que es conocidamente indígena, tanto así que se ha declarado Área de Desarrollo Indígena, a través del Decreto 70 (1997) del Ministerio de Planificación. Lo anterior, debido a que este procedimiento es obligatorio, tanto por lo señalado en el Convenio 169 como por lo indicado en el reglamento DS 66/2013. En el presente caso los contratos celebrados, son considerados medidas administrativas por la jurisprudencia de la OIT, debiendo haberse celebrado el proceso de Consulta, sin embargo no se llevó a efecto incurriéndose en una ilegalidad que afecta a la Asociación de Regantes, en especial en lo que se refiere a su derecho de igualdad ante la ley, por no haberse considerado a los afectados. También se vulneró lo establecido en el artículo 15.1 del Convenio 169 de la OIT, los contratos se celebraron en privado sin considerar la escasez de agua de la zona y los usos ancestrales de la misma.

Quinto: Que se hace parte la causa don Ezio Simone Costa Cordella, abogado, actuando a nombre de nombre reservado, miembro y representante del Consejo Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena CONADI, así como miembro del pueblo atacameño.

1.- Fundamentos de hecho. Señala que el 16 de febrero del año en curso se interpuso ante la Ilustrísima Corle el Recurso de Protección Rol 10.752 caratulado “nombre reservado con Sociedad Química y Minera de Chile S A”, el cual ha sido acumulado a la causa Rol 10.3.01- 2018, caratulado “Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños/SQM Potasio S. A”, por la celebración de dos contratos de interés público conexos relacionados entre sí, denominados: 1) “Modificación y fijación texto y actualizado del contrato para proyecto en el Salar de Atacama” (o “contrato de proyecto”) y 2) “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del contrato de arrendamiento de pertenencias mineras OMA” (o “contrato de arrendamiento”), ambos celebrados el 17 enero de 2018 (en adelante el Contrato” o “los contratos”), ya que incurriendo en ilegalidades, dichos contratos amenazan y afectan las garantías fundamentales contempladas en el artículo 19 de nuestra Constitución; numerales 1 (en cuanto se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica), 2 (por cuanto se ha vulnerado el derecho de igualdad ante la lev); y 8 (ya que, se ha afectado el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación).

2.-En cuanto a los requisitos formales y legitimación activa, señala que en materia ambiental, se ha fallado por nuestros tribunales que ésta es amplia, habida atención de que el medio ambiente es uno sólo y en él todos y cada desarrolla su vida terrenal. Ésta es la interpretación correcta y por eso, los recurrentes en la presente acción tienen legitimación.

Lo anterior, en consideración de que el derecho consagrado en el artículo 19 número 8 de nuestra carta fundamental, tiene un doble carácter, derecho colectivo público y derecho subjetivo público y como tal, el accionar en caso de verse vulnerado tiene una legitimación activa amplia. Esto fluye del hecho natural de que el Medio Ambiente es uno sólo y el Patrimonio Ambiental de la Nación también, de tal manera que la afectación que se haga de él en cualquier localización, de igual manera influirá en la totalidad del sistema natural, implicando por lo tanto una conculcación de derechos para todos los habitantes de la nación.

Esto, además, ya ha sido reconocido a estas alturas por diversos fallos de nuestros de Justicia, siendo de entre ellos de especial importancia el referido al Recurso de Protección, de fecha 19-3-1997, de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ratificado por la Excma. Corte Suprema.

En la especie, el Sr. nombre reservado, por quien actúa como tercer-coadyuvante, es miembro y representante del Consejo Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), de modo que detenta un interés legítimo en estos autos, ya que la celebración del contrato entre los recurridos con completa omisión al trámite de Consulta Indígena conforme al Convenio 169 de la OIT, le ha producido una real afectación de sus garantías fundamentales y al pueblo atacameño su conjunto, el cual es representado por él ante la CONADI.

La afectación individual se traduce además en la amenaza a su integridad física y psíquica, garantizada en el artículo 19 N° 1 de nuestra Constitución, de la afectación de igualdad ante la ley, vulnerándose la garantía del articulo 19 N° 2 de nuestra Constitución y la afectación de su medio ambiente libre de contaminación, visto el referido derecho tanto en su faz individual como colectiva, de la manera en que se ha expresado en los recursos de protección incoados ante la Corte.

3.- Ilegalidades y afectación de derechos fundamentales.

1.- Estatuto Jurídico de la CORFO y sus obligaciones especiales en materia ambiental. La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es una agencia dependiente del Ministerio de Economía, Fomentan y Turismo, encargada de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país, para así promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos, contribuyendo directamente al desarrollo económico y combatiendo la desigualdad económica del país.

Respecto a la Ley N° 6.334, transcribe su artículo 22 y agrega que puede relacionarse de manera indirecta con una especial obligación del Estado para preservar el medio ambiente en relación con las funciones de CORFO. Agrega que en ese sentido, y siguiendo su función principal, la Corfo dio fuerte impulso a actividades de extrema relevancia para el crecimiento del país, tales como la minería, la electrificación de la nación en su primer centenario, la agricultura y la industria, entre otras actividades económicas, favoreciendo así el desarrollo de numerosas empresas, tanto públicas como privadas. Se vio transformada a mediados de la década de 1980, época política de privatización, lo que llevó a un fortalecimiento específicamente en el sector privado a la hora de llevar a cabo las inversiones que son necesarias para el progreso y el crecimiento de la nación. Se genera así la razón para una nueva definición de la Corporación, reorientando así su rol de fomento productivo hacia el desarrollo de las capacidades competitivas de las empresas chilenas.

La Corporación de Fomento de la Producción es una persona jurídica, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, razón por la cual depende directamente del Gobierno de Chile y sus decisiones, en virtud de las cuales se sujeta a las obligaciones del Estado, ya sean normas legales, constitucionales, como también normas provenientes del derecho internacional indicándose, por ejemplo, tratados ratificados por Chile a la fecha. Agrega, que CORFO al formar parte de los órganos del Estado de Chile, se ve obligado a adoptar y a adherirse a todas las obligaciones que Chile, como Estado, posee. En ese sentido se ve obligado por diversas normas de orden internacional, siendo de interés en este caso concreto aquellas referidas a Derecho Internacional Ambiental.

Señala en el artículo 25 de la Ley 6440, CORFO debe formular un plan general de fomento destinado a elevar el nivel de vida de la población mediante el aprovechamiento de las condiciones naturales del país y la disminución de los costos de producción y a mejorar la situación de la balanza de pagos internacionales, “al establecer el plan, la debida proporción en el desarrollo de las actividades de la minería, la agricultura, la industria y el comercio, y procurando la satisfacción de las necesidades de las diferentes regiones del país”. Algunos de los tratados internacionales que contienen obligaciones importantes en el caso de autos, menciona: a) La Convención de Washington; b) La Declaración de nombre reservado sobre el Medio Ambiente Humano (1972); c) La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992; d) El Convenio 169 de la OIT; e) El Convenio Marceo de Cambio Climático (y sus acuerdos posteriores, entre ellos el Acuerdo de París).

En relación al cambio climático señala que Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático, esto porque cumple con 7 de las 9 características de acuerdo al artículo 4.8 de la Convención Marco de las nombre reservado sobre el Cambio Climático por sus características propias en materia geográfica. Debido a esto, el país se ve afectado por el cambio de temperaturas en varias regiones del país, afectando por ejemplo aspectos de la vida que son en extremo necesarios pare el medio humano, encontrándose entre ellos la disponibilidad del agua. Chile ha firmado diversos instrumentos internacionales comprometiéndose a abordar el problema del cambio climático, entre ellas, la Convención Marco de las nombre reservado sobre Cambio Climático, que fue ratificada posteriormente y que establecía como órgano supremo de gobierno las Conferencias de las Partes, las cuales se realizarían cada año en una distinta locación. Cita doctrina y transcribe el artículo 4 de la Convención Marco citada.

Agrega que del artículo citado es posible observar que Chile ha actuado en contravención a aquel compromiso adquirido por el Estado, esto en cuanto ha obviado las consecuencias ambientales de su acuerdo con la empresa SQM y la presión hídrica que este significa sobre la cuenca del Salar de Atacama, permitiendo la ampliación de una actividad económica extractiva que posee en cada una de sus áreas diversos impactos ambientales graves.

El artículo citado señala que todas las partes de la Convención están obligadas a cumplir con tal compromiso, pero teniendo en cuenta el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas como también el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, objetivos y circunstancias. El Estado de Chile, ha incumplido con la normativa, debido a que no ha considerado el fenómeno de cambio climático en sus actividades, políticas y medidas.

Por otro lado, el Acuerdo de París, fue promulgado en Chile el 13 de febrero de 2017, incluye medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, siendo su objetivo principal “evitar que el aumento de la temperatura a nivel mundial sobrepase los 2°C”, además de buscar que este umbral pueda reducirse con el paso de los años. Así es que se genera un plan de acción contra el cambio climático, que ataque efectivamente a la emisión de GEI y pueda generar condiciones favorables que permitan capturar tales gases y reducirlos.

Chile también ha promulgado otros Acuerdos Internacionales sobre Cambio Climático, los cuales siguen vigentes, cita: Acuerdo con el programa de las nombre reservado para el desarrollo sobre el proyecto del Gobierno de Chile denominado: “Chile: Actividad habilitante de cambio climático”; por medio del Decreto 262 se estableció memorándum de Entendimiento con el Reino de Dinamarca en materia de iniciativas de cambio climático; Acuerdo de cooperación bilateral en materia de cambio climático con la República Francesa; Acuerdo con el programa de las nombre reservado para el desarrollo de proyecto denominado: “Capacitación de Chile para cumplir sus compromisos con la Convención Marco de las nombre reservado sobre el Cambio Climático”; Acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La normativa interna en Chile en materia ambiental, la cual parte del artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. De esta manera es necesario observar si el actuar cumple con la normativa estipulada, manteniendo un ambiente libre de contaminación, la que está relacionada con el cambio climático y si el Estado cumple su función de tutelar la preservación de la naturaleza.

La Ley 20.417 presenta la novedad de dar reconocimiento expreso al Cambio Climático como un fenómeno central para la gestión ambiental en el futuro próximo. Es así que se define el cambio climático en los artículos 2 a) ter, 70 letra h) y 74.

2.- Afectación del Medio Ambiente libre de contaminación en referencia al factor cambio climático. Las obligaciones del Estado se han visto vulneradas en este caso concreto, ello porque el acuerdo no considera de ninguna manera la fragilidad del ecosistema del Salar de Atacama, en relación con los riesgos que supone para el mismo, el cambio climático. Agrega que el Salar de Atacama es un ecosistema especial y conocidamente frágil, que además es insustituible en su rol de conservador de la vida en un espacio territorial de conocida aridez. La incertidumbre que supone el cambio climático sobre los recursos hídricos de la zona, requiere de un especial cuidado del Estado para asegurar el medio ambiente adecuado y libre de contaminación para los habitantes del sector en cuestión que de ninguna forma se vio reflejado en los actos impugnados.

3.- Afectación a la integridad física y psíquica en relación con la pérdida de territorio y recursos naturales, y la amenaza respecto a una posible migración climática. La escasez hídrica complejiza de manera total la vida de quienes se encuentran en la Cuenca del Salar de Atacama y que dependen de él para sustentarse. El acto impugnado y el hecho de que no se haya sometido a Consulta Indígena, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT supone poner una amenaza considerable sobre la integridad psíquica y física, en cuanto la sobre explotación del salar podría significar una pérdida de tal magnitud para su parte, que además de provocar una serie de enfermedades físicas y mentales derivadas de la falta de agua y el cambio radical en el modo de vida, podría derivar en la necesidad de migrar del territorio en que ancestralmente se ha llevado a cabo la vida del pueblo Lickanantay.

Refiere que una migración forzada de este tipo seria claramente un atentado en contra de los derechos humanos. Cita una declaración del Relator Especial para los derechos humanos y el medio ambiente de la ONU del año 2016.

Es así, que la celebración de los contratos en cuestión implica un grave riesgo para la comunidad atacameña por la vulneración que por este acto generará en la cuenca del Salar de Atacama, que es la principal fuente de recursos hídricos para la comunidad.

Sexto: Que se hace como tercero coadyuvante don Jorge Alvear Castillo, abogado, en representación convencional de la nombre reservado Ote, inscrita con personalidad jurídica vigente, en autos sobre recurso de protección caratulado Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y Otros con SQM Potasio S.A., SQM S.A. y SQM Salar S.A. y Corporación de Fomento de la Producción”.

1.-En cuanto a la nombre reservado, señaló que tiene arraigo territorial en la Región de Atacama de acuerdo a lo establecido en el Estudio “Informe de ocupación territorial de la nombre reservado, Región de Atacama”. Como miembro del pueblo Colla, reconocido por la Ley Indígena 19.253, ellos tienen una forma de vida tradicional y no puede separarse del territorio que habitan por generaciones, nacieron y vivieron ahí, usan y conocen las vegas, bofedales, caminos troperos, la cordillera, los salares y lagunas, entre otros. En ese contexto se dedican a la ganadería y agricultura a menor escala y se ganan la vida vendiendo sus productos dentro de la región. Tienen una forma especial de concebir el mundo, que es indígena, para ellos el agua, no es solo un recurso, también es sagrada, igual que la tierra. Wiracocha, los ancestros, la luna y el sol son sagrados para ellos, y conservan sus usos y costumbres.

2.-En cuanto a los acuerdos celebrados entre CORFO y SQM, acuerdo en el cual no se realizó la Consulta Indígena para el pueblo atacameño. Los Colla de la nombre reservado se enteraron por la prensa, que tal acuerdo no solo incluye el Salar de Atacama, sino que también el Salar de Maricunga, el cual se encuentra en el territorio ancestral de la comunidad de Pai Ote. Transcribe los reportes de prensa y agrega que no se realizó la consulta indígena y por tratarse de una medida administrativa debía realizarse.

3.-Explica cómo El Salar de Maricunga se encuentra íntimamente ligado al territorio de la comunidad de Pai Ote, transcribe para tales efectos textos del estudio, en que se describe el territorio, se describen las cuencas y quebradas.

Se trata de interés de preservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad por la nombre reservado Ote: Salar de Maricunga y Laguna Verde, por lo que se hacen parte solo por el hecho de ser collas.

4.- Se ha dictado una medida administrativa a través de la suscripción de los contratos entre CORFO y SQM, afectando con ello la supervivencia de la Comunidad de Pai Ote, pues ello involucra la extracción de recursos hídricos, sin estudios que anticipen los efectos ambientales que ello acarreará para su forma de vida, sin informar de ello a la Comunidad, sin dialogar acerca de ellos, ni llegar a un acuerdo como lo dispone el Convenio 169 de la OIT. Este acuerdo entre CORFO y SQM, es una medida administrativa, este acuerdo se divide en dos partes: i)Un acuerdo, que realiza CORFO, obligado a cumplir el derecho a la Consulta de acuerdo a la Ley y los Tratados Internacionales; y SQM empresa privada de explotación y exploración minera; ii)La aprobación judicial de tal acuerdo. En relación al primer punto se debió efectuar la Consulta pues se disponen cláusulas que imponen la explotación de litio en el salar de Maricunga, que se encuentran dentro del territorio ancestral y de ocupación actual de la nombre reservado. Considera un argumento poco feliz argumentar que este acuerdo es una medida judicial, en virtud de consistir en una Conciliación. Ninguna gestión del Tribunal Arbitral para poner de acuerdo a las partes, incluida la proposición de Bases de acuerdo, podrá ser exitosa sin la voluntad de las mismas. Absorber las voluntades en la voluntad judicial significaría no sólo confundir dos etapas escindibles y definibles en la constitución del equivalente jurisdiccional, sino que también dar un barniz de impunidad a la ausencia de Consulta, un escape fácil a una norma de orden público de protección. Es por eso que tal como lo señalan los artículos 6, 7 y 15 N° 1 del Convenio 169 de la OIT, debió haber Consulta Indígena.

5.- Afectación directa. El acuerdo pactado implica afectar el territorio y recursos naturales de la nombre reservado, afectará su forma de vida porque implicaría realizar nuevas instalaciones, manejo de materiales, traslado de trabajadores y minerales, extracción de recursos hídricos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Salar de Maricunga se encuentra conectado con la Laguna el Negro, San Francisco y la laguna Santa Rosa, estos dos últimos son sitios de Ramsar, es decir, sitios protegidos a nivel Internacional, en virtud de tratados internacionales, en tanto que humedales con importancia para aves migratorias. Paralelamente en la zona se encuentra emplazado el Parque Nevado Tres Cruces, como señala la página web de CONAF.

6.-Derechos Vulnerados. A) Derecho de Igualdad ante la Ley (artículo 19 N° 2 de la CPR). Los derechos indígenas, a la propiedad, el medio ambiente, al trabajo y la seguridad social, tienen estándares distintos de aplicación a los pueblos y personas indígenas. La no aplicación de estos estándares especiales, vulnera el derecho de igualdad ante la ley, pues con ello se niega esa diferencia y se asimila a los pueblos y personas indígenas a la sociedad mayor, provocando la extinción cultural de los pueblos indígenas. En cuanto a la Consulta Indígena es un mecanismo motivado en el derecho a la igualdad, como medida discriminatoria positiva. El mecanismo de la Consulta restablece en la igualdad de la que carecen materialmente. B) Derecho a la propiedad (artículo 19 N° 24 de la CPR) el Salar de Maricunga es parte de la Comunidad de Pai Ote y la Constitución reconoce el derecho de propiedad en sus distintas especies. Los indígenas, de acuerdo a los artículos 13 y siguientes del Convenio 169 de la OIT, detentan derechos al territorio ancestral y a los territorios ocupados o en uso. La nombre reservado usa de ese territorio, disfruta de los beneficios ecosistémicos del Salar de Maricunga y de las lagunas asociadas, afectar su territorio vulnera su derecho de propiedad indígena amparado por la Constitución. C) Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Señala que el salar de Maricunga es la base de un ecosistema frágil, en la zona hay sitios Ramsar y un Parque Nacional. La extracción de litio implica la extracción de agua y por tanto afectación al medio ambiente, de la Pachamama, de la forma de vida integrada a ella, todos protegidos y amparados por la Ley 19.300 en sus artículos 10 y 11.

7.- Ilegalidades y Arbitrariedades del recurrido. Señala que la ausencia de Consulta es ilegal, evade los artículos 6 y 15 N° 1 del Convenio 169 de la OIT. los Colla de Pai Ote no han decidido nada, se vulnera su derecho a la autodeterminación, a la decisión sobre las prioridades del desarrollo de los Colla de Pai Ote. Asimismo, existe arbitrariedad, pues no hay razón alguna para no acatar la ley y los tratados internacionales. Hizo presente que la comunidad se enteró por la prensa de la Conciliación, es decir, no ha habido consideración a personas protegidas por la Ley.

B.-Informes de los Recurridos.

Séptimo: Que evacúa el informe don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, por la recurrida Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

I.- Señala que las escrituras públicas que los recurrentes solicitan se dejen sin efecto, celebradas entre la Corporación y Sociedad Química y Minera de Chile S.A., SQM Salar S.A. y SQM Potasio S.A. (todas conjuntamente “SQM”, y por separado “SQM S.A.”, “SQM Salar” y SQM Potasio”, respectivamente), fueron la culminación de cuatro años de conflicto judicial, el que llegó a buen término producto de la invitación permanente y seria del juez árbitro señor nombre reservado (“Juez nombre reservado”), a que las partes litigantes llegaran por vía de conciliación, en su calidad de equivalente jurisdiccional, a un entendimiento mutuo favorable que pusiere fin a los arbitrajes seguidos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (“CAM”) bajo los roles N°1954-2014, 1960-2014, 2663-2016 y 2699-2016, todos acumulados al proceso rol N°1954-2014 (“Juicio Arbitral”).

Sostuvo que para CORFO cualquier acuerdo con SQM, aunque fuera en el marco de una Conciliación Judicial, solo era aceptable si suponía el resguardo de los intereses públicos que está llamada a proteger la institución, dentro de los cuales fue primordial los de las personas y comunidades que habitan la cuenca del Salar de Atacama. La conciliación consiguió maximizar dos intereses: La viabilización actual y futura de la producción sustentable de litio en nuestro país como líder en la industria del litio y la minimización de los impactos negativos que esta producción pudiera tener para el medio ambiente del Salar de Atacama y las comunidades que lo habitan.

Expresa que la Conciliación celebrada en el Juicio Arbitral recurrida en autos, no modifica ni permitirá modificar en el futuro la cantidad de salmuera, que es el medio acuoso ubicado en el subsuelo del Salar que contiene distintos minerales, entre ellos el litio, cuyos límites de extracción -por parte de SQM- se encuentran determinados en la Resolución de Calificación Ambiental N° 226 del año 2006 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta que aprobó el proyecto “Cambios y Mejoras de la Operación Minera en el Salar de Atacama”, en tanto reguló las condiciones actuales de operación de SQM en esa zona. Por cuanto, la Conciliación sólo aumenta la cuota de producción y venta del litio que se elabora a partir de la misma salmuera ya autorizada y no -como entienden los recurrentes erradamente- la cuota de extracción de salmuera. A partir de la Conciliación, SQM podrá producir y vender más litio que antes, pero lo deberá hacer desde la misma cantidad de salmuera aprobada en la RCA 226/2006. Explica que la cuota de extracción de salmuera en el salar como los niveles máximos de extracción de agua industrial para la ejecución del proyecto se rigen por lo aprobado RCA 226/2006, en ningún caso de da lugar a la modificación de dichos términos.

Es así que si en el futuro incierto SQM pretendiera modificar los términos en los que mediante la RCA 226/2006 se le autorizó la extracción de la salmuera o constituir mayores derechos de aprovechamiento de aguas, deberá necesariamente obtener la aprobación previa de las autoridades correspondientes.

Otro beneficio que tuvo a la vista Corfo para conciliar con SQM, fue la posibilidad de mejorar la forma de operar de SQM y establecer resguardos de índole ambiental que permitieran el estricto cumplimiento de la normativa vigente en dicha materia, en lo aplicable al desarrollo del Proyecto en el Salar. Es así que se garantizaron mejores y más transparentes procesos operativos que los actuales, estableciendo además futuros beneficios compartidos con las comunidades del Salar, todo ello en miras a dar cumplimiento a lo señalado en la Política Nacional del Litio, en lo relativo a incorporar el concepto de valor compartido como forma de relación con el territorio y las comunidades.

De este modo, a partir de la Conciliación y gracias a los acuerdos en ella pactados en calidad de equivalente jurisdiccional (esto es, con acción y excepción de cosa juzgada), CORFO dispondrá de (i) comités de fiscalización del cumplimiento de los contratos que mantiene con SQM, que funcionarán a nivel del Directorio de SQM Salar; (ii) auditores externos ambientales y contractuales; y, (iii) un sistema de información en línea de los niveles freáticos del Salar que permita anticipar desbalances hídricos. Todas estas exigencias, pactadas en el marco de la Conciliación, constituyen, un importante avance en fiscalización y transparencia que, de no haberse arribado a los instrumentos cuestionados por los recurrentes, simplemente no existirían.

También, sostuvo que la Conciliación consiguió transformar a la contraparte, modificando de manera radical su gobierno interno, excluyendo derechamente al señor nombre reservado y a cualquier miembro de su familia del control de SQM, lo que, a juicio de CORFO -unido a las demás exigencias de la Corporación-, dará lugar a un beneficio no sólo para la decisión independiente y más eficiente y competitiva en relación con la producción de litio, sino que para otras esferas del quehacer nacional que, de no haberse arribado a esta Conciliación, no se hubieran producido.

En su informe, señala que la suscripción de los contratos celebrados con Corfo en el año 1993 y que se encuentran regulados por diversas RCAs, la primera de ellas data de 1995, revistiendo importancia la RCA/2006. Señala que los recurrentes tienen otras vías de acción y de lato conocimiento que les permitirán reprochar a SQM, tanto su forma de producción actual, como les autorizarán a futuro cuestionar la forma de producción que SQM pueda decidir, de conformidad con la RCA/2006.

Manifiesta que la Conciliación es un acto procesal, con ello basta para concluir la inaplicabilidad de la consulta indígena, como actuación procesal se encuentra regulada en el Código de Procedimiento Civil, un proceso jurisdiccional, que supone una secuencia de actuaciones sometidas a la resolución de un tercero, lo que hace imposible que las partes actúen discrecionalmente.

II.- 1.-Juicio Arbitral entre Corfo y S.Q.M.

A.-Trata de la relación contractual entre CORFO y SQM, la que data del año 1993, cuando SQM Potasio ingresó a la propiedad de Sociedad Minera Salar de Atacama Limitada (Minsal Ltda) sociedad que a dicha tenía el arrendamiento del derecho de usufructo de una cantidad determinada de las pertenencias mineras constituidas por CORFO en el Salar de Atacama, denominadas pertenencias OMA. Precisó que estas pertenencias fueron constituidas por Corfo en el año 1977, con anterioridad a que el litio fuera declarado como sustancia no susceptible de concesión minera, por lo que se encuentran excluidas de gran parte de la normativa que rige para las pertenencias mineras constituidas después del 1 d enero de 1979.

El Decreto Ley 2886 de 1979 creo la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) y estableció la reserva del Estado sobre el litio por así exigirlo el interés nacional, pero exceptuó de esta disposición al litio existente en pertenencias mineras constituidas o en trámite antes del 1 de enero de 1979. Es así, que las pertenencias mineras OMA se encuentran excluidas de la declaración de la declaración de no concesibilidad del litio existente en ella, según lo señala el artículo 3 de la Ley 18.097, Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras y el artículo 7 del Código de Minería, por lo que CORFO puede celebrar todo tipo de actos y contratos relativos a la propiedad minera.

Luego hizo referencia a que en el año 1985 CORFO adjudicó a las empresas Amax Inc. (Amax) y Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) la licitación pública para enajenar los estudios, pertenencias mineras y demás derechos de CORFO en el Salar de Atacama, con el objeto de hacer posible la producción de sales potásicas, ácido bórico y sales de litio y otros productos de valor comercial desde la salmuera existente en el Salar de Atacama. En 1986 CORFO, Amax y Molymet suscribieron un contrato denominado “Contrato para proyectos en el Salar de Atacama” y constituyeron la sociedad Minsal Ltda., sociedad a la que luego CORFO entregó en arrendamiento el derecho de usufructo de una cantidad determinada de las Pertenencias Mineras OMA, necesarias para el desarrollo del Proyecto en el Salar de Atacama.

Posteriormente, el 12 de noviembre de 1993, CORFO celebró dos contratos: a) Un contrato de arrendamiento con Minsal Ltda., dejando sin efecto el contrato suscrito en 1986, en virtud de este nuevo contrato CORFO entregó en arrendamiento a Minsal Ltda. las Pertenencias Mineras Oma, ubicadas en el Salar de Atacama, destinando la cantidad de 16.384 de ellas al desarrollo del proyecto en el Salar de Atacama. Además CORFO entregó a Minsal Ltda., un mandato para que asumiera la defensa judicial y extrajudicial y resguardare la subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente de todas y cada una de las 28.054 Pertenencias OMA de que es propietaria CORFO. En cuanto a la duración, se estipuló hasta el 31 de diciembre de 2030. El contrato de arrendamiento también fue suscrito por SQM S.A. en calidad de fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones asumidas por SQM Potasio y Minsal Ltda.; b) Un contrato denominado “Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama” con SQM Potasio (contrato para Proyecto en el Salar de Atacama) dejando sin efecto el contrato con el mismo nombre celebrado en 1986, con el objeto de que SQM Potasio desarrollara el “Proyecto de Sales Potásicas y Ácido Bórico Salar de Atacama”. En materia de litio y atendida las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico a su explotación, la cláusula décimo cuarta estableció las cantidades de litio metálico equivalente (LME) que la CCHEN autorizaba producir y vender durante la vida del Proyecto en el Salar de Atacama, todo ello de conformidad al calendario establecido. En relación a la duración de este contrato, se estableció que duraría hasta el 31 de diciembre de 20130. Finalmente, el Contrato para Proyecto en el salar de Atacama también fue suscrito por SQM S.A. en calidad de fiadora y codeudora solidaria de las obligaciones asumidas por SQM Potasio.

A fines de 1995 algunas disposiciones del Contrato de Arrendamiento y del Contrato para Proyectos en el Salar de Atacama fueron modificadas, para efectos de reflejar todos y cada uno de los derechos y obligaciones existentes en forma continua e ininterrumpida entre CORFO y SQM en relación con el Proyecto en el Salar de Atacama, independientemente de que CORFO dejara de tener la calidad de accionista de MINSAL S.A. –sucesora de MINSAL Ltda.- cuestión que se concretó el 26 de diciembre de 1995. Desde 1998, esta sociedad se denomina SQM Salar S.A. por lo que desde esa fecha el Contrato de Arrendamiento tiene como contratantes principales a CORFO y SQM Salar.

B.-Referido a la activación de la cláusula arbitral del Contrato de Arrendamiento y el conflicto entre CORFO y SQM en relación a dicho contrato sostiene que en el año 2013, en cumplimiento de las obligaciones de control y supervisión CORFO solicitó a SQM Salar rendir cuenta del mandato conferido en el Contrato de Arrendamiento, en el cual la referida sociedad debía resguardar la subsistencia, integridad y dominio exclusivo y excluyente de todas y cada una de las 28.054 Pertenencias Mineras OMA de propiedad de su representada. Revisada la cuenta presentada por SQM Salar, además de información adicional de carácter legal, técnico y económico, CORFO arribó a la conclusión de que SQM Salar había incurrido en dos grupos de incumplimientos al Contrato de Arrendamiento. En virtud de estos incumplimientos y habiéndose pactado en el Contrato de Arrendamiento que cualquier duda o dificultad entre las partes se resolvería mediante arbitraje conforme al Reglamento de CAM, el 31 de diciembre de 2013 CORFO solicitó al Consejo Directivo de CAM la designación del árbitro -arbitrador en cuanto a la forma y de derecho en cuanto al fondo- a fin de resolver las controversias y dificultades existentes con SQM Salar, deudora principal, y SQM S.A., fiadora y codeudora solidaria. El 27 de enero de 2014 el Consejo Directivo del CAM designó como árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo al señor nombre reservado, quien aceptó el cargo, celebrándose la audiencia de bases del procedimiento el 16 de abril de 2014. Casi un mes después, el 16 de mayo de 2014, CORFO presentó ante el Juez nombre reservado una demanda de terminación anticipada de Contrato de Arrendamiento con indemnización de perjuicios (Causa Rol N° 1.954-2014), enumera las peticiones que realizó; a su vez en la misma sede arbitral SQM Salar presentó en contra de CORFO una demanda de mera certeza o declarativa.

C.-Detalla las distintas instancias de conciliación dirigidas por el Juez nombre reservado en relación con el conflicto relativo al Contrato de Arrendamiento. XXXX D.-Luego, refiere que el 13 de junio de 2016, se produce la activación de la cláusula arbitral del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama y conflicto entre CORFO y SQM en relación a dicho contrato, en la que CORFO solicitó al Consejo Directivo del CAM, la designación de un árbitro -arbitrador en cuanto a la forma y de derecho en cuanto al fondo- a fin de resolver las controversias existentes con SQM Potasio, SQM Salar y SQM S.A. en relación con el Contrato para Proyectos en el Salar de Atacama, para el conocimiento y fallo de este conflicto el Consejo Directivo de CAM designó nuevamente como árbitro al Sr. nombre reservado, quien aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente. El 10 de agosto de 2016 CORFO presentó ante el Juez nombre reservado una demanda en contra de SQM Potasio, deudora principal y SQM S.A., en calidad de fiadora y codeudora solidaria, señalando el contenido de su acción. Por su parte, el 28 de septiembre de 2016 y en la misma sede arbitral, SQM Salar dedujo demanda declarativa de mera certeza en contra de CORFO.

Por resolución del Juez nombre reservado de 24 de enero de 2017, los autos Rol N° 2663-2016 y 2699-2016, fueron acumuladas al juicio arbitral ya existente sobre terminación anticipada de Contrato de Arrendamiento, Rol N° 1954-2014., de manera que todas pasaron a constituir un solo juicio para terminar por un solo laudo arbitral o conciliación en calidad de equivalente jurisdiccional.

E.- Se refiere a las distintas instancias de conciliación del juicio arbitral en que las partes intentaron abordar sus diferencias y efectuaron planteamientos relacionados con sus pretensiones, las que detalla en su presentación.

F.-Es así, como finalmente se lleva a cabo la audiencia de conciliación celebrada el 17 de enero de 2018 en el Juicio Arbitral, a la que asistieron los representantes de CORFO y SQM, asistidos por sus respectivos abogados patrocinantes y apoderados. En esta oportunidad, CORFO y SQM decidieron “aceptar las bases de conciliación, y de esta manera, conciliar y avenir la presente controversia y poner término definitivo a la totalidad de los arbitrajes seguidos entre ellas ante el Señor nombre reservado don nombre reservado”, para lo cual suscribieron, en el mismo acto y ante la presencia de doña nombre reservado, Notario Público de Santiago suplente de la titular doña nombre reservado, dos escrituras públicas: (i) escritura pública repertorio número 706-2018 de “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama”43; y, (ii) escritura pública repertorio número 707-2018 de “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del Contrato de Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA”. Como podrá apreciar, son estas escrituras públicas las que los recurrentes solicitan dejar sin efecto.

Por su parte, los accionistas de SQM Salar modificaron los estatutos de dicha sociedad mediante acuerdo adoptado en junta extraordinaria de accionistas celebrada ante la Notario Público de Santiago doña nombre reservado, acta reducida a escritura pública repertorio número 732-2018 y que se agregó al expediente del Juicio Arbitral.

Según se señaló expresamente en el Acta de Conciliación, las escrituras públicas repertorios números 706-2018, 707-2018 y 732-2018, forman parte integrante de la referida audiencia y constituyen los términos y condiciones de la Conciliación que puso término definitivo al Juicio Arbitral. De esta manera, en consideración a los acuerdos alcanzados, CORFO y SQM pactaron mediante la Conciliación: “poner término, avenir y transigir todas sus disputas, incluyendo todas y cada una de las materias controvertidas discutidas en y relacionados con los arbitrajes seguidos entre ellas ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago bajo los roles 1954-2014, 1960-2014, 2663-2016 y 2699-2016, así como toda otra cuestión de orden contractual existente a la fecha entre las partes, y que fue materia de los juicios señalados, renunciando y extinguiendo todas sus respectivas peticiones y pretensiones, y declarando que al afecto nada se adeudan a la fecha entre sí, por lo que se otorgan recíprocamente la más amplia y total liberación y finiquito respecto de todas estas disputas, materias controvertidas y peticiones”. La Conciliación también contó con la aprobación del Consejo de Defensa del Estado, mediante la aceptación de sus términos por sus Consejeros señores nombre reservado y nombre reservado, quienes comparecieron en su calidad de apoderados de CORFO.

De esta manera, la Conciliación que consta en el acta judicial de fecha 17 de enero de 2018, suscrita por las partes y el Juez nombre reservado, se encuentra totalmente ejecutada, al haberse suscrito también los acuerdos que son el objeto de ese equivalente jurisdiccional. La Conciliación puso fin a cuatro años de intenso litigio entre CORFO y SQM, resultado que, como lo ilustran los antecedentes acompañados en el otrosí de su informe y reseñados, fue posible gracias a la iniciativa y dirección del Juez nombre reservado, que propuso por iniciativa propia las Bases de Conciliación, las que fueron aceptadas por las partes del Juicio Arbitral como resultado de un diálogo intenso y muy friccionado pero que llegó a buen término e implicó la suscripción de las escrituras públicas -en calidad de acuerdo conciliatorio- que los recurrentes solicitan dejar sin efecto.

2.- Hizo presente que a través de la Conciliación CORFO consiguió viabilizar la explotación sustentable del litio, explica las razones de interés público que se tuvo en vista.

A.-La Conciliación mejoró sustancialmente la renta que recibirá CORFO por el arrendamiento de las Pertenencias Mineras OMA, establecida en la cláusula séptima, y CORFO recibirá como renta por el arrendamiento de las Pertenencias Minera OMA, un valor que se calculará aplicando determinados porcentajes con escalas progresivas y marginales sobre el precio de venta promedio ponderado indicados en el anexo 6 del referido contrato. Entre ellos, se encuentran el valor del precio de venta final del producto y los niveles de producción que se mantengan al momento de concretarse la venta, todas estas variables disponibles para CORFO gracias a la creación de un sistema de información que se pactó al efecto. Además, se consagra un procedimiento de impugnación posterior al pago de la renta, en caso de que la Corporación no esté de acuerdo en la forma en que se haya determinado la misma.

B.- Además, la Conciliación mejoró la posición del Estado de Chile en relación con la explotación del litio hasta el año 2030, de lo contrario se daba la circunstancia totalmente ineficiente de que SQM tuviera el control de la explotación de la salmuera del Salar, pero no pudiera explotar litio, desperdiciándose para el país el producto, para tales efecto transcribe las cláusulas 11.2 y 11.3 del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama. A partir de estas cláusulas queda claro que el objetivo de la Conciliación fue el aumento de la cuota de producción y venta de productos de litio, y no un inexistente incremento en la cuota de extracción de salmuera como lo señalan los recurrentes.

De este modo, la función principal de CORFO fue mejorar la competitividad y la diversificación productiva del país, a través del fomento a la inversión, la innovación, la competitividad y el emprendimiento, fortaleciendo el capital humano y las capacidades tecnológicas para alcanzar el desarrollo sostenible y territorialmente equilibrado, así como propender al desarrollo productivo de Chile y el aumento de la producción nacional, por lo que la Conciliación fue una decisión razonada y ajustada al fin público.

En consecuencia, el agotamiento de la cuota de litio en caso alguno impediría a SQM la extracción de los mismos volúmenes de salmuera que ya tenían autorizados mediante la RCA 226/2006, a fin de producir todos los demás productos y sales que ésta contiene, con la sola excepción del litio, lo cual traería como consecuencia la disminución de la participación de Chile en el mercado mundial del litio, afectando al mismo tiempo el desarrollo de áreas de la economía que se vinculan con dicha industria y las rentas que CORFO como arrendadora y el Fisco de Chile como recaudador percibirían como consecuencia de la explotación de la referida sustancia.

C.- Además, la Conciliación mejoró adicionalmente la posición del Estado de Chile en relación con la explotación del litio a partir de 2030, ello porque a través de la Conciliación CORFO adquirió para una vez que terminen los contratos con SQM, derechos con los que ésta no contaba con anterioridad. Transcribe la cláusula 13 del texto refundido del Contrato para proyecto en el Salar de Atacama y refiere que una vez finalizados los contratos con SQM, CORFO puede decidir la mejor forma de garantizar la continuidad operacional del Proyecto en el Salar. En suma, estos nuevos derechos, viabilizarán de manera evidente la producción de litio con posterioridad al 2030, otorgando a CORFO la posibilidad de asignar su explotación a quien más beneficios ofrezca al Estado de Chile y a la comunidad.

D.- También hizo presente que la Conciliación modificó de manera relevante el Directorio de SQM S.A. y su gobierno corporativo, al igual que el de SQM Salar. Las modificaciones introducidas permiten establecer para CORFO una relación de largo plazo con su contraparte, basada en principios de transparencia y apego a las disposiciones legales y normas mínimas de ética en los negocios. Ello, porque además de permitir la creación de un Comité de Directores con funciones y facultades suficientes para conocer y examinar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Arrendamiento y en el Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, supuso el ingreso de directores independientes al control de SQM y la salida definitiva de nombre reservado del directorio de la misma, asegurando una gestión independiente de la compañía de acuerdo con los mejores intereses en materia de eficiencia y competitividad.

E.- Asimismo, se garantizó la forma de administrar el valor compartido que generará la actividad en el Salar. Es así que CORFO buscó garantizar que en un futuro se siguieran a su respecto lineamientos respetuosos de los estándares internacionales a la hora de administrar los beneficios pactados. Transcribe la cláusula 16.5 de la Conciliación y agrega que ésta propone una forma de compartir el valor que generará la actividad en el Salar, que asegure el cumplimiento de los compromisos con las comunidades cuando haya de compartir beneficios con las mismas, CORFO instó por esta cláusula teniendo presente que los pueblos atacameños suscribieron acuerdos de valor compartido con otras empresas que realizan actividades en el Salar.

En síntesis, señala que sin esta Conciliación se hubiese perdido: i) La oportunidad de mejorar los contratos vigentes; ii) establecer resguardos ambientales adicionales; iii) cambiar la estructura de control y gobierno corporativo de SQM; iv) establecer rentas de arrendamiento que serán las más altas del mundo a favor del Estado de Chile; y v) continuar con la producción de litio en forma ininterrumpida.

III.- La Conciliación es un acto jurídico procesal, lícito y razonable.

A.- Señala que los actos objeto del recuso son parte de la Conciliación celebrada en el juicio arbitral. Cita doctrina acerca de la Conciliación y un fallo de la Excma. Corte Suprema. Por su parte en el ordenamiento jurídico se encuentra reglada en el Título II del Libro Segundo del Juicio Ordinario en el Código de Procedimiento Civil. En este contexto, el artículo 434 N° 3 del Código citado, confiere al acta en que consta el avenimiento, la conciliación, la fuerza de un título ejecutivo, produce acción de cosa juzgada y el artículo 267 del mismo Código, le reconoce la condición de sentencia ejecutoriada, para todos los efectos legales, de donde aparece la inmutabilidad que asegura la excepción de cosa juzgada. Un elemento de la Conciliación es el acuerdo de las partes litigantes y ese acuerdo corrientemente adopta la forma de una o más convenciones entre ellas, y las convenciones entre CORFO y SQM fueron propuestas por el Juez nombre reservado que conocía del juicio arbitral, en sus bases de Conciliación. El Acta de Conciliación fue suscrita de conformidad a lo dispuesto en el artículo 267 del C.P.C., se estima como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, con efecto de cosa juzgada.

B.- De este modo, la Conciliación se ajusta a derecho y es razonable. Se ajusta a derecho porque de conformidad a lo dispuesto en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, la Conciliación es posible en todo juicio civil en que legalmente sea admisible la transacción. También, la Conciliación cumplió con las formas y ritualidades establecidas tanto en las bases de procedimiento del juicio arbitral como en el Reglamento Procesal de Arbitraje CAM. Además es razonable, porque tiene un fundamento serio e inobjetable poner término a las controversias objeto del juicio arbitral, de resultado incierto, mediante una composición justa, que responde a la propuesta hecha por el juez árbitro en su carácter legal de amigable componedor y en atención a su razonable y estudiada proyección acerca de las resultas probables del juicio.

Explica, algunas de las razones, que tuvo en consideración CORFO para aceptar las bases de Conciliación propuestas por el Juez: i) Se permite a CORFO ejercer medios idóneos de fiscalización y control en el cumplimiento de los contratos en cuestión, además de realizar los cambios necesarios para poder establecer una relación contractual de largo plazo basada en principios de transparencia y apego a las disposiciones legales y normas mínimas de ética en los negocios; ii)Los términos de la Conciliación son convenientes para los intereses de CORFO, toda vez que reparan los daños patrimoniales causados por las diferencias pasadas habidas en el cálculo de las rentas adeudadas a la Corporación, y permite optimizar los beneficios económicos a su favor, otorgando certeza jurídica a sus derechos, en su calidad de propietaria y arrendadora de las Pertenencias Mineras OMA; iii)En cuanto al aumento de la cuota de producción de litio a SQM Salar, CORFO tuvo presente que éste sería la única forma de hacer posible que a partir de 2023 y hasta el 2030, se pudiera producir y comercializar litio en las 16.384 Pertenencias Mineras OMA en cantidades suficientes para cubrir la creciente demanda mundial; iv)A través de los contratos se incorporan una serie de estipulaciones tendientes a proteger y preservar el medio ambiente donde se desarrolla el Proyecto en el Salar de Atacama, así como a incrementar la investigación y desarrollo asociado a los productos que se exploten en el Salar, lo que no se consagraba en los contratos originales de 1993. Además, hizo presente que la Conciliación también fue aceptada por el Consejo de Defensa del Estado representante de los intereses superiores de la nación.

C.- Explica las razones de por qué la Conciliación es inapta para afectar las garantías constitucionales que el recurso pide amparar, ello porque equivocadamente se confunden los efectos jurídicos de un acto, que consisten en la resolución de un conflicto de relevancia jurídica; en la adquisición o pérdida de derechos; en el contraer, enmendar y extinguir obligaciones, que son los causados por sentencias y convenciones, los que difieren de los efectos materiales, como son por ejemplo, las faenas de explotación minera. Los efectos de la Conciliación, son los efectos de cosa juzgada propios de una sentencia ejecutoriada, con los efectos de la eventual actuación de la sociedad exploradora de litio en el Salar de Atacama, si ella en su actuar concreto, afectare el medio ambiente y/o infringiese los términos de la RCA 226/2006. Los recurrentes se refieren a actividades materiales que eventualmente podría llevar a cabo la sociedad exploradora SQM Salar, respecto de la cual CORFO en la Conciliación adoptó una serie de medidas que se realicen con estricto apego a la ley, en resguardo del medio ambiente y en beneficio de la comunidad del Salar de Atacama; y de llegar a afectarse el medio ambiente por medio de estas actividades materiales o ponerse en riesgo estarían disponibles las acciones jurídicas del caso en el marco de la institucionalidad ambiental vigente.

2.- De esta manera, la Conciliación, por su calidad de acto jurídico procesal, no es recurrible por la vía del recurso de protección, por tratarse de un acto de naturaleza jurisdiccional o un acto judicial, un equivalente a la sentencia definitiva, con efecto de cosa juzgada. Además, el recurso tiene un contenido eminentemente técnico y complejo, que más se asemeja a una presentación de un juicio de lato conocimiento, que permita sopesar adecuadamente los distintos elementos del caso.

IV.- En la Conciliación, adicionalmente, no procede la consulta indígena previa.

1.- No procede porque no es una de aquellas medidas legislativas o administrativas que conforme con el Convenio 169 requiera consulta indígena previa.

A.-Refiere que los gobiernos que han ratificado el Convenio 169, asumieron “la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”. De este modo, el Convenio 169 reconoce a los pueblos indígenas una serie de derechos, dentro de los cuales se encuentran, (i) decidir sus propias prioridades en procesos de desarrollo que los involucren; (ii) conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que sean compatibles con el ordenamiento jurídico nacional; (iii) participar libremente o al menos en la misma medida que otros sectores de la población en la adopción de decisiones tanto en instituciones electivas, organismos administrativos o de otra índole responsables de políticas y programas que les importen; y, (iv) ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Por su parte, el artículo 6º, Nº1, letra a) del Convenio 169 establece la obligación de realizar consulta indígena en los siguientes términos: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Así las cosas, de la disposición transcrita se desprende que, en lo que dice relación con la consulta indígena, y en lo que nos interesa: (i) lo que se consulta son medidas legislativas o administrativas; y, (ii) la consulta procede sólo en caso de que tales medidas sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas.

Dado que, como se señaló, el Convenio 169 obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos interesados las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectar directamente, cada vez que ellas se prevean, fue necesario que el Gobierno de Chile estableciera un mecanismo de consulta indígena acorde. A través de un trabajo conjunto entre el Gobierno de Chile y todos los pueblos indígenas del país junto con sus instituciones representativas, se logró desarrollar y precisar aquellos conceptos que el Convenio 169 utilizaba en forma genérica y que requerían adaptarse a la realidad nacional. Como resultado de dicho proceso se dictó el Decreto 66 y se aplica, de conformidad a su artículo 4, a los ministerios, las intendencias, los gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, precisando que las referencias que este reglamento haga a los órganos de la Administración, órgano responsable, Administración, Administración del Estado o Estado, se entenderán efectuadas a los órganos y organismos señalados en el inciso 1 del mismo artículo. Precisa lo que debe entenderse por medidas legislativas, y en específico a medidas administrativas susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas, aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permite a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.

B.- Es así, que la Conciliación no es una medida susceptible de consulta, ello porque no constituye una medida legislativa, ni administrativa susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. La Conciliación emana de un procedimiento sometido a la resolución de un tercero para dar solución a una controversia respecto de la cual las partes carecen de disposición. El proceso jurisdiccional es reglado por su propia naturaleza, ello porque se trata de una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de autoridad, el conflicto sometido a su decisión, actuaciones que implicaron el respeto en las formas como en el fondo de las exigencias del proceso judicial, la sujeción a las Bases de Conciliación fijadas por el juez árbitro autónomamente y las precisas instrucciones de éste en ellas contenidas, es que se adoptó el referido acuerdo, en el cual no pudo caber discrecionalidad alguna de CORFO. En así, que no existe en la ley la obligación de consultar a terceros en procesos jurisdiccionales como el presente, razón por la cual su no intervención no constituye violación a derecho alguno.

C.- Expuso, que la Conciliación no afecta directamente a los recurrentes, ello porque el Convenio 169 exige para la Consulta, no solo estar en presencia de medidas legislativas y administrativas, sino que, además, producto de estas medidas exista una susceptibilidad de afectación directa de los pueblos indígenas y dotando de contenidos a ésta medidas existirá afectación directa en aquellos casos en que las medidas incidan o se relacionen directamente con los pueblos indígenas y que éstos sean capaces de percibir de formas no advertidas por la sociedad. Cita al efecto la jurisprudencia judicial, en la que se sostiene que en proyectos evaluados en el marco del Sistema de Evaluación Ambiental, lo que determina la procedencia de la consulta indígena es que la medida a adoptar pueda producir una susceptibilidad de afectación, concepto definido en el artículo 11 de la Ley 19.300 sobre “Bases Generales del Medio Ambiente”. De este modo, una medida sería susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena y, por lo tanto, haría procedente la consulta, cada vez que, como consecuencia de ella, se genere o presente reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

Además, los recurrentes nada señalan respecto de cómo la Conciliación podría ser susceptible de afectarles directamente en términos que la hicieran exigible. Además, la Conciliación en nada afecta los volúmenes de salmuera que SQM está autorizada a extraer desde el año 2006 en virtud de la RCA 226/2006, con lo que se reafirma la falta de susceptibilidad de afectación directa en este caso, por lo que este requisito tampoco concurre. A lo que se suma, que debe existir un riesgo de afectación concreta para que proceda la Consulta en los términos del Convenio 169.

2.- En el caso de aplicar la Consulta Indígena implicaría desnaturalizar la función jurisdiccional, implica, además, sostener que para decidir un conflicto entre particulares, puede ser necesario ir más allá del caso concreto y tener en consideración argumentos externos al conflicto, o bien, buscar la consecución de finalidades propias de otras instituciones, lo que desvirtúa la esencia misma de la función jurisdiccional.

V.- El recurrido analiza la Conciliación.

1.- La Conciliación no modifica la evaluación ambiental vigente del Proyecto Salar de Atacama, ni amenaza los derechos de los recurrentes.

A.- Refiere que la RCA 2006 autorizó a SQM a bombardear un total de 1.700 litros desde el sector MOP como promedio anual; y 700 l/s desde el sector SOP como promedio anual. Asimismo autorizó la cantidad de salmuera que SQM puede extraer actualmente desde el Salar de Atacama, conforme a la legislación vigente en esa época. Aclara que con posterioridad a la RCA 226/2006, SQM sometió a evaluación ambiental otros proyectos relacionados, éstos no modificaron la cantidad de extracción de salmuera, la que se mantiene conforme con los términos en los que se otorgó en el año 2006.

B.- Referido especialmente al caso concreto, dilucidó que la Conciliación en sí misma, no tiene y jamás tendrá la entidad para modificar las autorizaciones administrativas ambientales, o de otra índole, con que cuenta SQM (como la RCA 226/2006, así como tampoco implica conceder alguna autorización administrativa que eventualmente pudiese requerir en el futuro la sociedad explotadora del salar, y ello solo podrá hacerse a través de las autorizaciones e instituciones que nuestro ordenamiento jurídico contempla para tales fines. Es más, la Conciliación incorporó una serie de estipulaciones tendientes a proteger y preservar el medio ambiente que no estaban contempladas en los contratos originales de 1993, entendiendo, a su vez, que la sede específica para hacer efectivo tales resguardos era la institucionalidad ambiental, cita para tales efectos la cláusula cuarta del Contrato para Proyectos en el salar de Atacama. Es así que la Conciliación supone e incluso requiere que en todo momento se dé cumplimiento a las RCAs existentes y a la legislación ambiental vigente.

El caso de que SQM requiera modificar de manera relevante las obras y actividades del Proyecto en el Salar de Atacama, se iniciará una nueva evaluación de impacto ambiental, en la cual los recurrentes podrán participar y serán consultados previamente.

C.-Asimismo, razonó en orden a establecer que la Conciliación no amenaza los derechos de los recurrentes, ello porque:

i) No altera la extracción de salmuera autorizada ambientalmente a SQM, por lo que el aumento en la cuota de producción y comercialización de litio no afecta a los recurrentes. Precisa que el aumento en la cuota de producción y comercialización de litio –el cual es producido desde la salmuera fresca- no modifica de modo alguno la cantidad de salmuera que SQM puede extraer desde el Salar y que fuese autorizada ambientalmente por la RCA 226/2006, lo único que se refiere la Conciliación, es la cantidad de litio a producir y comercializar a partir del mismo volumen de salmuera que hoy en día se extrae por SQM y que ha sido evaluado y autorizado ambientalmente. Es así que en nada se modifica lo aprobado ambientalmente por la RCA 226/2006, manteniéndose la extracción de 1.700 l/s de salmuera como promedio anual.

ii) Además, la Conciliación no aumenta el agua que se utiliza en el proyecto en el Salar de Atacama, de acuerdo a la cláusula 6.4 del texto refundido del Contrato para proyecto en el Salar de Atacama, la cláusula cuestionada no es nueva, sino que es una cláusula de estilo para este tipo de contratos, contenida en el texto original del Contrato celebrado entre CORFO y SQM Salar en el año 1993, que recoge la Conciliación para efectos de sistematización. Esta Conciliación no modifica la RCA u otorga nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, por lo que las condiciones bajo las cuales se autorizó la extracción de aguas, así como los derechos de aprovechamiento de aguas de SQM, serán las mismas con las que actualmente cuenta, todo ello mientras no se modifiquen las RCA que correspondan o se soliciten ante la DGA los derechos correspondientes siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación. Estos mismos argumentos son aplicables para el caso de la cláusula 5.1 del texto refundido del Contrato para proyecto en el Salar de Atacama y lo único que se agregó al texto de 1995 fue la posibilidad de realizar los estudios para verificar tal declaración. En cuanto al proceso de reinyección de salmuera, se encuentra regulada en el RCA 226/2006 y no se modificó mediante la Conciliación.

iii)La producción de litio no se desarrolla dentro del salar, y de requerirse el desarrollo de nuevas plantas para la producción de litio, éstas se llevarán a cabo en la planta Salar del nombre reservado, la que se encuentra a 25 kilómetros al este de la ciudad de Antofagasta y a más de 250 kilómetros del Salar.

iv) El esquema de valor compartido derivado de la Conciliación, la que se encuentra en la cláusula 16 del texto refundido del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, no vulnera los derechos de los recurrentes, en la cual se establece un aporte anual a las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama, que se encuentran inscritas en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, así como al Gobierno Regional de Antofagasta y a diversos municipios de la Región y su finalidad es que las comunidades habitantes en una zona de explotación obtengan parte de los beneficios de dicha explotación, de manera que las ventajas de la misma persistan, aunque fuera en parte, en el área de las faenas y en beneficio de los habitantes. Es así que se estipuló en las Bases de Conciliación, estos mecanismos de aporte a las instituciones regionales así como a las comunidades indígenas, lo que fue recogido en el texto refundido. También, se tuvo presente el Informe Final de 2015 de la Comisión Nacional del Litio que estableció la necesidad del desarrollo de una explotación de litio sustentable e inclusiva, así como el establecimiento de esquemas de valor compartido. Igualmente, se tuvo como antecedente de que los mismos recurrentes suscribieron en el 2016 un convenio con la empresa Albemarle, que explota litio en el mismo salar, en el cual se fijó la entrega de un aporte anual a ciertas comunidades atacameñas. Es así, que la cláusula de valor compartido en la Conciliación tuvo por objeto dar cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales recomendados en materia de relacionamiento comunitario y de un actuar en consonancia con lo que se estimó era favorable para los propios recurrentes. Asimismo, señala que la afectación alegada por los recurrentes a este respecto es claramente contraria a los actos propios, vulnerando además el principio de buena fe, pues alegan una supuesta afectación de sus derechos producto del aporte anual establecido a su favor en la Conciliación, siendo que las mismas comunidades atacameñas han aceptado iniciativas de valor compartido en el pasado reciente.

2.- Precisa que en el caso de que SQM requiera modificar de manera relevante las obras y actividades del Proyecto en el Salar de Atacama, se iniciará una nueva evaluación de impacto ambiental, en la que los recurrentes podrán participar y serán consultados previamente. Así este eventual proceso de evaluación ambiental contará con una instancia de consulta indígena en el caso de que las comunidades indígenas sean susceptibles de ser afectadas directamente, escenario en el cual los intereses y derechos de dichas comunidades estarán debidamente resguardados.

3.- De este modo, en el caso de que los acuerdos adoptados en la Conciliación fuesen ejecutados por SQM apartándose de la legalidad, existen vías idóneas para que los recurrentes puedan reprochar la forma en que SQM explote el Salar.

A.-Es así que la institucionalidad ambiental tiene la capacidad de procesar todas las preocupaciones ambientales de los recurrentes frente a eventuales afectaciones derivadas del actuar de SQM. La legislación ambiental otorga vías jurídicas precisas que permiten que permiten velar tanto por la legalidad de un proyecto desde sus inicios, como por el resguardo de las variables ambientales durante su ejecución. Así, mientras existen ciertos recursos que atacan los vicios cometidos en la dictación de una resolución de calificación ambiental, también contempla procedimientos que permiten sancionar las infracciones cometidas en la operación misma del proyecto e, incluso, autorizan a revisar una resolución de calificación ambiental cuando, a pesar de darse cumplimiento a la misma, se generan efectos ambientales distintos a los evaluados originalmente. Cita el régimen de recursos que contemplan las Leyes 20.600, complementada por la Ley 20.417 y la LBGMA.

B.-De igual modo, sostuvo que los recurrentes han participado activamente en los procedimientos sancionatorios iniciados por la SMA en contra de SQM, es así que se iniciaron dos procedimientos sancionatorios en contra SQM por infracciones ambientales que ésta había cometido durante la operación de sus proyectos, vulnerando el tenor de sus RCA, Roles D-027-2016 y F-041-2016, ambos procesos se encuentran en curso.

i) La intervención de Corfo en el procedimiento sancionatorio. En el proceso F-041-2016, CORFO solicitó a SMA que se le tuviera como parte interesada del procedimiento sancionatorio y se acogió su solicitud permitiéndole hacer presente sus alegaciones y observaciones, y sus intervenciones constituyen prueba fehaciente de que su representada vela en la medida de sus posibilidades, no solo por los intereses económicos del desarrollo de Chile, sino que también por la sustentabilidad del Salar de Atacama. Ii)Consigna además, que en el proceso sancionatorio rol F-041-2016 dirigido contra SQM son parte interesada los recurrentes, en representación de todas las comunidades territoriales de “Atacama La Grande”, también se hizo parte la Comunidad Atacameña de Peine y la Comunidad Atacameña de Toconao, y se refleja su plena conciencia de que es en el seno del procedimiento sancionatorio ante la SMA donde válidamente cabe discutir acerca de las posibles infracciones en la operación de SQM y sobre eventuales infracciones a la normativa aplicable de tipo ambiental.

C.- Sostuvo que el programa de cumplimiento de SQM, aún pendiente de aprobación, es prueba de que institucionalidad ambiental está funcionando, es a consecuencia del procedimiento sancionatorio actualmente en curso que SQM dará inicio a la evaluación ambiental de las modificaciones a su Proyecto relativas a las infracciones, lo que permitirá, tanto a las comunidades indígenas como a los demás sujetos que deseen participar, realizar sus observaciones en torno al Proyecto Salar de Atacama. En este sentido, la SMA y el procedimiento por ella encabezado es la vía idónea para hacerse cargo de las preocupaciones de los recurrentes, ningún otro instrumento tiene la idoneidad de permitir llevar a cabo actividades que pudiesen llegar a generar efectos dañinos para el medio ambiente y para los grupos humanos.

D.- Acerca de la improcedencia de los argumentos de los recurrentes relativos a supuestas incompatibilidades entre la Conciliación y los procesos sancionatorios ante la SMA, señala que el objeto de ambos procesos es diverso y en ningún momento se han confundido. Por una parte, CORFO mejoró la posición del Estado de Chile en relación a la explotación del litio a partir de 2030 y se acordaron medidas que tienen por finalidad garantizar en lo sucesivo por parte de SQM una explotación sustentable del Salar y además se refuerza la necesidad de que SQM actúe a futuro en plena concordancia con la legislación ambiental. Además el procedimiento sancionatorio incoado en contra de SQM se funda en un actuar mantenido por la sociedad con anterioridad a la Conciliación. Agrega, que en ningún caso CORFO ha dado a SQM la oportunidad de dañar la cuenca y a las comunidades aledañas, tampoco es correcto señalar que las instituciones públicas no pueden fiscalizar correctamente que se efectúe una explotación del Salar ajustada a derecho y, en particular a la normativa ambiental, prueba de ello es que a la fecha se encuentra en curso el procedimiento de cargo de la SMA, siendo la entidad responsable de determinar si SQM infringió su RCA 226-2006.

IV.- En otro punto la recurrida concluye que no se reúnen los requisitos para accionar de protección.

1.- A.- Ello porque la Conciliación es legal, razonable y no afecta a garantías constitucionales que invocan los recurrentes. Precisa que la Conciliación, es legal, fue alcanzada de conformidad al ordenamiento jurídico, y tienen el carácter de jurisdiccionales no verificándose los requisitos del artículo 6 del Convenio 169.

B.-Tampoco la Conciliación es arbitraria, debe descartarse por dos razones: en primer lugar, porque la no realización de un proceso de consulta indígena, obedece a la circunstancia de que no se trata de aquellas medidas respecto de las cuales resulta procedente la realización de dichos procesos, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el Convenio 169; y, en segundo lugar, por cuanto de modo alguno se trata de una facultad ejercida por CORFO de manera irracional, caprichosa o basada en el simple antojo, sino que teniendo a la vista las siguientes razones: Primero, la Conciliación se alcanzó sobre lo establecido en las Bases de Conciliación propuestas por el Juez nombre reservado después de cuatro largos años en que éste tuvo la oportunidad de conocer a fondo el expediente del Juicio Arbitral, a partir de lo cual estimó ajustado a derecho que las partes alcanzaran una solución autocompositiva equilibrada como sustituto razonable de la sentencia judicial, a lo que CORFO, representada por el Consejo de Defensa del Estado, accedió. En segundo término, CORFO tuvo en vista la necesidad de reformular las obligaciones contenidas en contratos suscritos hace más de 30 años, de modo de actualizar la cuota de producción y comercialización del litio -siempre bajo normas que aseguren una explotación eficiente y sustentable sujeta a Derecho y a las mejores prácticas ambientales y de responsabilidad social empresarial-, de regular un nuevo mecanismo de cálculo de la renta, que se corresponda con la nueva cuota de producción y comercialización y, en general, de crear mejores condiciones para favorecer el desarrollo en Chile de una industria de productos de litio con mayor valor agregado. Se trata, así, de un medio idóneo para alcanzar fines públicos y que en ningún caso resulta carente de razón, lo que descarta la realización en este caso de actuaciones arbitrarias. En tercer lugar, en el caso de autos no cabe duda que la Conciliación alcanzada no se deriva de un mero capricho o porque sí, sino que se han alcanzado en el marco del Juicio Arbitral compromisos que tienen en miras las rentas del Fisco, el interés general del país, y en virtud de los cuales se permitirá el desarrollo de la industria del litio en Chile, con los subsecuentes beneficios económicos e ingresos que su explotación sustentable implica. En cuarto lugar, tampoco se trata de la adopción de una decisión desproporcionada entre los motivos y el fin a alcanzar. Muy por el contrario, la Conciliación establece obligaciones recíprocas y equilibradas en virtud de las cuales ambas partes se comprometen a adoptar acciones que permitirán realizar un aprovechamiento sustentable del Salar y, en definitiva, alcanzar los fines públicos que a CORFO le corresponde cautelar. En quinto lugar, la Conciliación alcanzada contiene sendas disposiciones en virtud de las cuales SQM se obliga a cumplir a futuro con lo que resuelva o instruya la autoridad ambiental o, en su caso, los tribunales ambientales u ordinarios; así como a cumplir con la legislación ambiental vigente, las respectivas RCA y los programas de cumplimiento que se aprueben en el marco de procedimientos administrativos sancionadores por parte de la SMA.

C.- Tampoco, se afectan con la conciliación ninguna de las garantías supuestamente vulneradas. En cuanto a la garantía de igualdad ante la ley. Explica que la sujeción del juez a la ley implica que éste debe resolver los casos que se le presentan en atención al derecho aplicable al caso concreto y no a consideraciones diferentes. Hacer aplicable la Consulta Indígena al procedimiento judicial, tal como lo pretenden los recurrentes, implicaría exigir a los jueces que deciden los casos no solo sobre la base del derecho aplicable al mismo y a sus circunstancias específicas, sino que decidan teniendo en consideración objetivos de política pública.

D.-Agrega, que tampoco se afecta la garantía constitucional consistente, en vivir en un medio ambiente libre de contaminación, se trata de asegurarle a las personas una protección razonable de éste y confunden los recurrentes una afectación a una garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación con los términos en que se celebraron los contratos originales entre CORFO y SQM hace ya más de treinta años. Las medidas y la Conciliación buscan actualizar y mejorar las condiciones bajo las cuales se celebraron originalmente el contrato. Tender a la explotación eficiente y sustentable de los recursos naturales involucrados, mejorar las rentas para el Fisco de Chile, mejorar la supervisión de las obligaciones de SQM, a mejorar las prácticas ambientales; y perfeccionar el gobierno corporativo de la contraparte.

E.-Tampoco se afecta la garantía constitucional a desarrollar actividad económica, señala que la Conciliación no tiene la aptitud para modificar las circunstancias bajo las cuales las comunidades desarrollan hoy en día sus actividades económicas.

F.-De la misma manera, la Conciliación no afecta el derecho de propiedad, es así porque no se ha acreditado ninguna afectación concreta de su territorio ancestral que emane directamente de la Conciliación.

2.- Sostuvo, que el recurso es extemporáneo, ello porque CORFO mantiene vigentes contratos para la explotación del Salar desde 1986, y los tiene con las sociedades del grupo SQM desde el año 1993, esto, así como la explotación misma son hechos públicos y notorios, conocidos por todos desde hace varios años.

Por lo expuesto, pidió el rechazo de la acción cautelar, con costas.

Finalmente, acompañó diversa documental en que fundamenta su rechazo al recurso.

Octavo: Que, don Miguel Ángel Fernández, abogado en representación de Sociedad Química Minera de Chile S.A., SQM Potasio S.A. y SQM Salar S.A., señaló que la cuestión radica en que las modificaciones introducidas a los dos contratos suscritos por sus representados con CORFO, el contrato para Proyecto en el Salar de Atacama; y el Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA, suscrito el 17 de enero de 2018, y que dieron origen a textos refundidos de ambas convenciones, en virtud de la conciliación propuesta por el Juez nombre reservado don nombre reservado, privarían, perturbarían y al mismo tiempo amenazarían, en forma ilegal y arbitrarias los derechos constitucionales de los recurrentes garantizados en el artículo 19 N°s 1, 2, 8, 21 y 24 de la Constitución, al autorizar mediante dichas modificaciones que se aumente la cuota para explotar, procesar y vender 349.553 Mt de litio metálico equivalente (LME) en el Salar de Atacama.

I.-Respecto de las causales de improcedencia.

1.-En primer término señala que las acciones no pueden prosperar, porque han sido interpuestas fuera de plazo, los recurrentes señalan que ya el 5 de enero de 2018 tuvieron claro conocimiento porque se los informó CORFO, -parte del juicio- cuál era el tenor de las negociaciones y el resultado de las mismas, así lo ratifican quienes interponen el segundo recurso Rol 10.752-2018. Luego, señala que el 15 de enero de 2018 los representantes de las comunidades atacameñas-Lickanantay analizaron los principales puntos del acuerdo CORFO-SQM que extiende la concesión de litio y en esa instancia se acordó en forma unánime su rechazo. De esta manera, los recursos debieron intentarse hasta el 4 de febrero de 2018 y recién ingresan a tramitación el 15 y 16 de febrero de 2018, por lo que deben ser desestimados por extemporáneos.

2.- Señala que se trata de un asunto de lato conocimiento porque exige interpretar y determinar el alcance de cláusulas contractuales, ni siquiera configura una amenaza a los derechos invocados por las recurrentes, atendido que existen procedimientos especiales para cautelar el medio ambiente.

A.- Existe un procedimiento especial y preferente. De la jurisprudencia emanada de los tribunales superiores se verifica el apego al principio de deferencia que rige para la determinación del conocimiento de una acción de protección en materia ambiental, quedando reservado el recurso de protección, en esta materia, para situaciones de grave afectación y extrema urgencia, hipótesis que no se presenta de modo alguno.

B.-Además no existe privación, perturbación ni amenaza, el planteamiento de los recursos radica en que la modificación contractual que autoriza a aumentar la cuota de extracción de litio, adoptada en virtud de una Conciliación judicial, afectaría los derechos constitucionales de los recurrentes desde que requería consulta previa e importaría afectar el medio ambiente, más específicamente, el acceso y uso del recurso hídrico en la zona. Se trataría de una situación potencial que, a juicio tendría esas características, lo que es inefectivo, sus representados tienen derecho a explotar las pertenencias no solo respecto del litio, sino que de muchos otras sustancias minerales, es así que el aumento de cuota, no cambia ni aumenta el derecho de extraer salmuera del Salar de Atacama, ya que este derecho viene reconocido por la RCA y el plazo del contrato se mantendría igual. Además, se encuentra consolidado en la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia en el sentido que una amenaza, para ser susceptible de un recurso de protección, requiere que los hechos constitutivos sean graves, precisos y determinantes en la potencial afectación de derechos constitucionales, de lo contrario deben acudir a los procedimientos generales o especiales, que permitan dilucidar, primero tal afectación y luego, entrar al fondo del asunto. En el caso de autos, las modificaciones contractuales acordadas están lejos de causar los efectos negativos denunciados en los dos recursos de protección.

II.- Modificaciones Contractuales e Ilegalidad y Arbitrariedad.

1.- Sostiene que con el aumento de la cuota de extracción de litio se incurriría en una ilegalidad al haber se omitido la consulta indígena de acuerdo lo previsto en el artículo sexto del convenio 169 de la OIT, que exige cada vez que se prevén medidas legislativas u administrativa susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas. En el caso del recurso Rol 10.301, lo anterior se vincula, además, con una presunta vulneración del derecho a la autodeterminación o libre determinación previsto en el artículo 7 de aquel Convenio, también plantea que las modificaciones contractuales incurren en arbitrariedad, aunque la hacen consistir en la misma hipótesis de ilegalidad, al no llevar a cabo la consulta indígena. Por su parte el recurso Rol 10.752 agrega a la arbitrariedad planteada que CORFO incurriría en una actuación carente de razonabilidad al adoptar las modificaciones contractuales. Este segundo recurso también imputa una actuación arbitraria a sus representadas, consistente en que “no es posible aceptar sin más de que el hecho que las instituciones públicas y el derecho actualmente no puedan fiscalizar y hacerse cargo correctamente de la explotación de salmueras en el Salar y del uso de un bien común como el agua en el sentido que no sea perjudicial para el ecosistema de la cuenca…”

2.- Realiza una síntesis en relación a cómo los recurrentes plantean la forma en que se vulnerarían los derechos constitucionales que invocan. Al efecto, señala que la Conciliación propuesta por el nombre reservado de que da cuenta el Acta de 17 de enero de 2018, en el punto 2 se acordó tanto la modificación del Contrato para proyecto en el Salar de Atacama, celebrado entre CORFO y SQM Potasio S.A., como del Contrato de Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA. El primero da cuenta de las consideraciones esenciales que tuvieron en cuenta las partes para su suscripción, incluyendo la explotación sustentable del litio, estableciendo normas que aseguren su explotación eficiente y –de nuevo- sustentable, de acuerdo a lo que señala la cláusula segunda punto 2.3. También este contrato da cuenta que se regulan mecanismo de valor compartido con las comunidades locales vecinas del Salar de Atacama. Transcribe la cláusula décima de la Conciliación, y de acuerdo a ella se puede constatar cómo las modificaciones reprochadas por los recurrentes, lejos de incurrir en ilegalidad y/o arbitrariedad, son respetuosas del ordenamiento jurídico incluso imponiendo obligaciones, vinculadas con la protección del medio ambiente y más particularmente con los recursos hídricos. Además, la cláusula undécima le impone la obligación de respetar la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile que regula la extracción, producción, comercialización y venta de litio y de sus productos derivados.

De acuerdo a la cláusula décimo octava, se instaura la figura de los auditores externos que velarán por el cumplimiento de las obligaciones ambientales, por parte de la empresa, reportando a CORFO.

Reitera, que las modificaciones adoptadas en virtud de la transacción judicial, suponen que se respete el ordenamiento jurídico vigente en Chile, y, es más, especialmente en el ámbito que preocupa a los recurrentes, se han insertados nuevas obligaciones que aumentan aquellas cargas que, desde ya, impone ese ordenamiento jurídico, incluso, añadiendo a las autoridades fiscalizadoras existentes, a la propia contraparte y creando otros que verifiquen y acrediten, especialmente, el cumplimiento de los deberes ambientales.

III.- Analiza las razones por las cuales no se configura la obligación de consultar y al efecto se incurre en una impropiedad cuando los recurrentes estiman por su sola opinión y sin mayor fundamento que las modificaciones contractuales adoptadas en virtud de una transacción judicial constituirían “medidas administrativas” susceptibles de ser sometidas, por ende, al procedimiento de consulta contemplado en el Convenio 169, pues ciertamente esos acuerdo no tienen tal naturaleza requerida por el instrumento internacional. No existe duda, que esos cambios podrán requerir, en el futuro, la dictación de medidas administrativas que, en su mérito, deberá examinarse si han de cumplir con aquella norma internacional o con cualquiera otra prevista en nuestro ordenamiento jurídico, pero es claro que los cambios introducidos a contratos vigentes por más de tres décadas, no poseen la cualidad que requiere el Convenio 169, de acuerdo al artículo 6, para gatillar el trámite de Consulta, ya que no cumple ninguno de los requisitos copulativos que exige esta norma.

A.-Explica las razones de por qué la Conciliación no constituye una medida administrativa. En cuanto al sentido y alcance del deber de consulta, transcribe el artículo 6 del Convenio 169 y refiere que la Consulta debe realizarse en forma previa a la adopción de la medida administrativa, que ésta debe afectar directamente a los pueblos indígenas y que tiene que ser realizada por el Estado, pues, como lo decidió el Tribunal Constitucional, junto al artículo 7 del Convenio, son las dos únicas normas auto aplicativas de ese tratado internacional, lo que lleva a descartar, in limine, cualquier otra disposición de ese Convenio que invoquen los recurrentes.

Luego, la voz “medidas administrativas” conforme a lo dispuesto en el artículo 7 incisos 3 y 5 del Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social que aprueba el Reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena, transcribe el citado artículo y agrega que “medidas administrativas” no son sinónimo ni alcanzan toda forma de actuación estatal, sino aquellas que contienen una declaración de voluntad formal que se realiza, como señala el artículo 3 de la Ley 19.880, de ahí su naturaleza discrecional y no reglada, en el “ejercicio de una potestad pública” y precisamente por esto, el deber de llevar a cabo la consulta pesa sobre el gobierno, puesto que se encuentra actuando en el ámbito de las atribuciones públicas que le confiere el ordenamiento jurídico. Esto es alejado de estas características que la suscripción de una modificación a un contrato adoptado a raíz de una Conciliación producida ante un Juez nombre reservado. En síntesis el acto recurrido no constituye una medida administrativa por cuanto: 1) Se trata de la ejecución de un Acuerdo de Conciliación, equivalente jurisdiccional con fuerza de sentencia de cosa juzgada, propuesto por el Juez nombre reservado; y 2) Corresponden a contratos regidos por el derecho privado, sin que sea disponible para CORFO adoptar otro vehículo jurídico para la explotación de las concesiones, de manera que su suscripción no se realiza en ejercicio de atribuciones propias de un órgano estatal.

B.- Además, el acto recurrido no es medida administrativa, cumple un acuerdo de Conciliación que equivale a sentencia firme o ejecutoriada. Se transcriben los Acápites IV, numeral 2 y V del Acta de Conciliación. Luego, precisa que las modificaciones incorporadas a los dos contratos en las bases de Conciliación propuestas por el Tribunal Arbitral. La naturaleza del arbitraje oscila entre lo puramente contractual y una naturaleza más cercana a la jurisdicción, pero en ningún caso a una naturaleza asimilable a la de un acto o medida administrativa. De manera, que la suscripción de los referidos textos refundidos de los Contratos obedece a una orden judicial, emanada del Acta de Conciliación que tiene el carácter de equivalente jurisdiccional con la fuerza de cosa juzgada y al efecto cabe aplicar lo dispuesto en los artículos 267 y 175 del Código de Procedimiento Civil. Es así, que las modificaciones introducidas en los textos refundidos de los Contratos en cuestión, obedecen a la ejecución de las obligaciones recíprocas incluidas en el Acta de Conciliación.

Además, los Tribunales Superiores de Justicia han sido categóricos para señalar que la acción de protección es improcedente respecto de sentencias o resoluciones judiciales, en este caso, el acuerdo conciliatorio, que es un equivalente jurisdiccional y, como tal, hace las veces de sentencia definitiva, siendo, por tanto, improcedente impugnarla vía recurso de protección.

C.-El acto recurrido, son contratos de derecho privado, no siendo disponible para CORFO adoptar otro vínculo jurídico, que se sitúa en el ámbito del derecho común y en general en materia de contratos, esto es, contratos de arrendamiento regidos por el derecho privado. De ahí que en la suscripción de estos contratos hace décadas, en un régimen de igualdad entre las partes, sin que CORFO ejerza ni pueda ejercer potestades exorbitantes en las tratativas preliminares, negociación, celebración, ejecución, interpretación e integración del contrato, al punto que surgido un conflicto entre las partes, se ha sometido al arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio.

Por lo mismo, los contratos celebrados con CORFO se encuentran regidos por la autonomía de la voluntad de las partes y por las normas del Código Civil y del Código de Minería, en lo que sean aplicables. A raíz de ello, CORFO se ha conducido siempre al amparo del Derecho Privado.

D.-El acto recurrido no es una medida administrativa: Las modificaciones contractuales se celebraron entre privados y sobre un objeto privado. Se trata de acuerdos contractuales celebrados y ejecutados por dos agentes que actúan como particulares, sobre bienes particulares (concesiones mineras) y con un objeto privado, esto es, arrendamiento de dichas concesiones por un plazo determinado, expresándose, de esta manera, la relación entre quien desea explotar el mineral y su titular.

E.- En cualquier caso, sostiene que las modificaciones contractuales no son susceptibles de afectar a los recurrentes, ello porque tampoco concurre el segundo requisito copulativo que exige el artículo 6 del Convenio 169 para que proceda la Consulta, pues los acuerdos suscritos no son susceptibles de afectar, en modo alguno, a los recurrentes ni a ningún grupo humano indígena. Serán los actos administrativos que se dicten en ese proceso que desarrollará SQM los que podrán ser autorizados bajo la óptica del Convenio 169, en cuanto a la procedencia de la Consulta y, en relación con la susceptibilidad de afectar a grupos humanos indígenas. Es así, que se deja expresamente establecido en el acuerdo, que no existirá alteración alguna en los límites máximos de extracción regulados por la RCA 226/2006.

IV.- Explica que no se afecta el medio ambiente ni el recurso hídrico.

1.- Señala que la operación minera en el Salar de Atacama no ha generado afectación del ecosistema del Salar. A pesar que las argumentaciones vinculadas con el medio ambiente no son pertinentes en un recurso de protección, se ha hecho referencia al procedimiento sancionatorio instruido por la Superintendencia del Medio Ambiente en causa rol F041-2016 actualmente pendiente y en el cual su representada ha propuesto un completo programa de cumplimientos. Sus representados cuentan con numerosos estudios e informes, suscritos por equipos de profesionales del más alto nivel, nacionales e internacionales, que aportan antecedentes sólidos en el sentido que no existe tal daño, tales estudios han sido y serán presentados en la instancia administrativa llamada por ley a valorarlos, existiendo respecto de los actos administrativos que a su respecto se emitan, la impugnación en sede judicial.

Observa que el texto refundido del Contrato Proyecto considera una serie de provisiones asociadas al seguimiento de su operación, tanto desde el punto de vista operacional y económico como ambiental. Apunta que esas cláusulas se encuentran en plena armonía con el programa de cumplimiento que SQM Salar S.A. ha propuesto a la SMA, cuya última versión fue ingresada a pronunciamiento de la autoridad el pasado mes de octubre de 2017. A partir de los estándares que asume SQM Salar S.A., en base a lo indicado en el texto refundido del Contrato Proyecto y en el programa de cumplimiento sometido a aprobación de la autoridad ambiental, la gestión ambiental de la operación minera en el Salar de Atacama, adopta los caracteres que señala y estos ajustes en el seguimiento ambiental de la operación de SQM Salar S.A. se encuentran en implementación y no importan modificaciones sustanciales de las autorizaciones ambientales bajo cuyo amparo realiza su actividad en el Salar de Atacama. Esta actualización de las herramientas e instrumentos de seguimientos permitirá caracterizar de mejor manera las dinámicas entre los distintos componentes, variables y parámetros que configuran el sistema del Salar de Atacama y su interacción con la actividad desarrollada por la compañía.

2.-Refiere que la extracción de la nueva cuota requiere calificación ambiental, como se desprende de la cláusula octava y más concretamente de la cláusula undécima, acerca de Normas Especiales sobre el litio, en la Subsección 11.3. De este modo, el procesamiento del total de las nuevas cuotas otorgadas bajo el Contrato de proyecto, requerirá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a las reglas generales de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y al Decreto Supremo N° 40, Ministerio del Medio Ambiente, de 2012 que contiene el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3.- La evaluación ambiental podría requerir Consulta, en caso de generar efectos significativos de medio humano. Consistente con ellos, la evaluación ambiental que en derecho se inicie, instruya y culmine con la emisión de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental ponderará en su mérito los efectos del proyecto en evaluación respecto de cada componente del medio ambiente, para todas sus fases, dando cumplimiento a las normas y principios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en los términos del artículo 85 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con relación al artículo 6.1. letra a) y 6.2 del Convenio 169.

4.- Asimismo, señala que el acto recurrido no afecta el recurso hídrico, la extracción de agua desde el Salar no es ilegítima ni arbitraria, sino en virtud del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos conforme a derecho, todos los cuales se ejercen contando con la debida autorización ambiental. Agrega que el procedimiento de otorgamiento de derecho de aprovechamiento de aguas permite a la autoridad resguardar la existencia del recurso hídrico y su permanencia, así como la protección de otras variables que exceden lo puramente sectorial vinculado a las aguas.

V.- Refiere que no se lesionan Derechos Constitucionales, ello porque no existe ilegalidad ni arbitrariedad, por lo que procede rechazar los recursos interpuestos, por lo que no existe vulneración a los Derechos Constitucionales invocados. El derecho establecido en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad, porque las comunidades indígena no han sido discriminadas al no afectar se la consulta previa porque ésta no es procedente. El N° 8 del mismo artículo y cuerpo legal citado, Número ocho pues no es necesario contar con un estudio Hidro geológico de la cuenca, que garantice un eventual aumento de extracción de salmuera. Tampoco hay infracción al derecho de las comunidades a desarrollar actividades económicas, desde que el acto recurrido no tendrá impacto ni existe siquiera un peligro futuro de que ello vaya ocurrir ni está probado en estos autos. Asimismo, no se afecta el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica surgida de la Conciliación, pues no afectará los recursos hídricos ni aumentarán su uso en desmedro de los recurrentes como ha sido latamente explicado En mérito de lo expuesto pidió el rechazo de los recursos con costas.

Finalmente, acompañó diversa documental en que fundamenta su rechazo al recurso.

Considerando:

Noveno: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales constituye una acción constitucional de urgencia destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante medidas de resguardo que deben adoptarse ante un acto u omisión arbitrario e ilegal que impida, amague o perturbe dicho ejercicio; de acuerdo a ello constituyen requisitos indispensables para la procedencia de esta acción cautelar la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario, lo que implica que su fundamento provenga del puro capricho; que el acto o la omisión denunciada prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de derechos y garantías cautelados por esta acción; que esa privación, perturbación o amenaza resulte manifiesta, ostensible, esto es, que sea posible de ser constatada o establecida con el mero examen de los antecedentes aportados por el recurrente y así pueda concluirse con el informe del recurrido; se requiere también que exista una relación causal entre el acto u omisión que se denuncia y la transgresión de derechos del recurrente; y, finalmente, que exista la posibilidad material, actual, del órgano jurisdiccional, ante el cual se plantea la acción, de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

Concurriendo tales circunstancias en la presentación del recurrente el acogimiento del recurso será motivado y deberá accederse a lo pedido en resguardo de sus legítimos derechos, por lo que debe procederse al examen de los antecedentes que han sido acompañados.

Décimo: Que deberá examinarse la extemporaneidad alegada por las recurridas. En primer término, Corfo argumenta que mantiene vigentes los contratos para la explotación del salar desde 1986, hecho público y notorio y conocido por todos desde hace varios años. Por su parte, la Sociedad Química Minera sostiene que la presente acción ha sido interpuesta fuera de plazo, porque los recurrentes señalan que el 5 de enero de 2018 tuvieron claro el procedimiento porque Corfo les informó el tenor de las negociaciones y el resultado de las mismas.

Undécimo: Que, aun cuando la defensa del recurrido sostiene que se trata de contratos celebrados en época pretérita, lo cierto es que en definitiva hubo un acto jurídico de fecha posterior, debiendo respetarse la fecha del nuevo acuerdo.

El acuerdo de conciliación se celebró el 17 de enero de 2018, sin que se haya desvirtuado por parte de los recurrentes la alegación de la recurrida en el sentido que tuvieron un conocimiento anterior a la fecha señalada, esto es el 5 de enero del mismo año, y que situarían la presentación de este recurso en una fecha anterior al plazo que el Auto Acordado establece para recurrir de protección.

No habiendo suscitado controversia esta alegación de la recurrida, y no existiendo antecedentes que permitan establecer que la fecha en que los recurrentes tuvieron conocimiento de estos actos jurídicos sea diferente a lo que aquellos han sostenido, ineludiblemente ha de concluirse que a la fecha en que el recurso fue presentado había transcurrido el término de 30 días corridos al interponer el recurso que establece el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección sobre Garantías Constitucionales, por estas razones la acción interpuesta deberá ser rechazada en razón de su extemporaneidad.

Duodécimo: Que sin perjuicio de ello, en cuanto al fondo, debe considerarse que en el conocimiento del recurso de estos autos, debe dirimirse la materia concerniente a la Conciliación acordada el 17 de enero de 2018 entre Corfo y Sociedad Química Minera, que incide en los contratos relacionados entre sí: “Modificación y fijación texto refundado y actualizado del Contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, Corporación de Fomento de la Producción y SQM Potasio S.A. y otras” y “Modificación y fijación texto refundido y actualizado del Contrato de Arrendamiento de pertenencias mineras OMA”. En lo relativo a la ausencia de consultas ordenadas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ya que aquella explotación infringiría derechos de pueblos originarios y, especialmente, que en dichos contratos se extiende la concesión de litio y aumenta los volúmenes de explotación con instalación de nuevas obras lo que acarrea incertidumbre respecto de la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama, a la vez que se permite que SQM continúe explorando y constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas en territorios de las comunidades recurrentes.

Se planteó, además, que la empresa Soquimich a esta fecha mantiene la existencia de dos procesos administrativos instruidos por la autoridad ambiental por infracción de RCA 226/2006.

Décimo Tercero: Que debe tenerse presente que la Conciliación que dio origen a la modificación de los contratos objetos de este recurso, se llevó a efecto en el marco de un proceso arbitral seguida ante un árbitro arbitrador designado para tales efectos por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM), en la cual el Juez designado, sobre la base de las cuestiones expuestas por cada parte y los intercambios de posiciones hechos valer por éstas, en la etapa respectiva, llevada a cabo durante los meses de mayo a octubre de 2017, de las cuestiones abordadas en los procesos de conciliación previos y de sus resultados, el 18 de diciembre de 2017 propuso formalmente a las partes las Bases de Conciliación para poner término definitivo a los arbitrajes y disputas existente entre las partes.

Décimo Cuarto: Que, debe señalarse que la doctrina mayoritaria estima que el tribunal arbitral es una clase de tribunal establecido en la ley y contemplado como tal para la organización judicial en cumplimiento de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Política. De este modo, la calidad de juez, atendido, además del tenor de lo dispuesto en el artículo 222 del Código Orgánico de Tribunales, y de su incorporación al “sistema de jurisdicción nacional“ según se desprende del artículo 5 del citado código y como tales, cuentan con todas las prerrogativas que les proporciona el “poder” de la jurisdicción y tienen todas las obligaciones y cargas que les impone su deber. La reglamentación de la institución de los jueces árbitros efectuada tanto en el Código Orgánico de Tribunales, como en el Código de Procedimiento Civil concuerda con el carácter público de su función que los convierte en Tribunales de la República sometidos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, de conformidad al artículo 82 de la Constitución Política.

En ese orden de ideas, tratándose en el presente caso de una Conciliación celebrada en el marco de un proceso arbitral, es imperativo tener en cuenta que para todos los efectos, una vez aprobado lo convenido por el respectivo Tribunal, es un equivalente jurisdiccional, que produce el desasimiento del tribunal y si no fue materia de impugnaciones por la vía de los recursos que son procedentes, esa convención tiene el mérito de una sentencia, por lo que no es posible por la vía de este recurso derrumbar lo que allí fue aprobado. En consecuencia, de conformidad al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el acta en que se deja constancia de los términos de la Conciliación, debe estimarse como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, con efecto de acción y excepción de cosa juzgada. Por lo demás, así ha sido resuelto por los tribunales superiores de justicia que han conocido la materia.

Si bien eventualmente se admite que decisiones judiciales puedan ser cuestionadas por la vía de este recuso, en tales casos se requiere que la arbitrariedad sea evidente, manifiesta, que pueda constatarse con tan solo un examen somero de los respectivos antecedentes, lo que no es posible constatar en este caso.

Décimo Quinto: Que por su parte, en cuanto se ha señalado que esas convenciones son una modificación de contratos anteriormente celebrados, debe tenerse en consideración entonces que desde el mismo instante en que se produce un acuerdo de voluntades se generan nuevos actos jurídicos, que para efectos meramente formales pueden ser reputados una modificación del anterior, pero que desde la perspectiva sustantiva debe ser reputados contratos.

Establecido entonces, que por la vía de la acción de protección se pretende cuestionar la validez de los contratos, que en apariencia se presentan otorgados con las formalidades legales, ineludiblemente deberá decidirse que en el ámbito del conocimiento y la decisión de esta acción cautelar urgente solamente es posible emitir pronunciamientos sobre derechos indubitados, esto es, de aquellos cuya existencia formal se presenta en términos incontrovertibles y por cuya privación perturbación o amenaza una parte denuncia a otra, pidiendo la adopción de medidas cautelares en su resguardo.

Lo anterior importa resolver que no es posible en este estadio procesal conocer y decidir materias concernientes a derechos y obligaciones que eventualmente emanaren de contratos, ya que en el Estado de Derecho su cuestionamiento necesariamente requiere de un juicio de lato conocimiento, de manera que cada parte pueda formular alegaciones sobre el fondo de la materia debatida, rendir las pruebas que estime pertinentes, y objetar las que la parte contraria hubiere rendido.

Atendidas esas circunstancias, en cuanto se ha denunciado la existencia de contrataciones celebradas y que son calificadas de irregular, no es posible emitir pronunciamiento alguno.

Décimo Sexto: Que en cuanto se denuncia la existencia de infracciones al Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que con fecha 27 de junio de 1989 aprobó la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, y que fue ratificado por el Congreso Nacional, por lo que desde el 15 de septiembre de 2009 forma parte de la legislación chilena. Es preciso tener presente el Convenio en su artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 dispone que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.” “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o para lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.”

Por su parte el Decreto Supremo 66, de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social, aprobó el reglamento que regula el procedimiento de Consulta Indígena en virtud del artículo 6 N° 1 letra a) y N° 2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, disponiendo que la consulta es un deber de los órganos de la Administración del Estado y un derecho de los pueblos indígenas susceptibles de ser afectados directamente por la adopción de medidas legislativas o administrativas. Es así, que en su artículo 7 prescribe: “Medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Los Órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 4 de este Reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarlas directamente.”

“Son medidas Legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas los anteproyectos de ley y anteproyectos de reforma constitucional, ambos iniciados por el Presidente de la República, o la parte de éstos cuando sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierras indígenas.…”

“Son medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la Administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad, cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, y cuando tales medidas sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierra indígenas”.

“Las medidas dictadas en situación de excepción o emergencia, incluyendo terremotos, catástrofes naturales, no requerirán consulta por su carácter de urgente”.

“Los actos de mero trámite y las medidas de ejecución material o jurídica se entenderán comprendidas en la consulta del acto terminal o decisorio al que han servido de fundamento o que deban aplicar”.

“Las medidas administrativas que no producen una afectación directa respecto de los pueblos indígenas no estarán sujetas a consulta, como sucede con aquellos actos que no producen un efecto material o jurídico directo respecto de terceros, como ocurre con los dictámenes, actos de juicio, constancia o conocimiento, así como los actos que dicen relación con la actividad interna de la Administración, como los nombramientos de las autoridades y del personal, el ejercicio de la potestad jerárquica o las medidas de gestión presupuestaria”.

Por su parte, el artículo 4 prescribe: “Órganos a los que se aplica el presente reglamento. El presente reglamento se aplica a los ministerios, las intendencias, los gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Para los efectos de cumplir con la obligación de consulta, los órganos constitucionalmente autónomos podrán sujetarse a las disposiciones del presente reglamento. Sin embargo, no se entenderán exentos del deber de consultar a los pueblos indígenas, cuando ello sea procedente en conformidad a la legislación vigente”.

Décimo Séptimo: Que, al tenor del D.S 66, antes transcrito, debemos circunscribirnos al análisis de los Órganos de la Administración del Estado, que tengan la potestad de dictar medidas administrativas, y que a su vez éstas reúnan las condiciones para que sea procedente el trámite de la consulta.

1.- En orden a definir los Órganos de la Administración del Estado, la Ley N° 18.575 de bases de la Administración del Estado, en su artículo 1 inciso segundo dispone: “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley”.

2.-Luego indica la disposición las características que deben reunir las medidas administrativas dictadas por los Órganos que forman parte de la Administración del Estado: a) actos formales; b) que contengan una declaración de voluntad, requisitos que se igualan a un acto administrativo de aquellos definidos en la Ley N° 19.880 de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos Administrativos, en su artículo 3 y; c) cuya propia naturaleza no reglada permita a dichos órganos el ejercicio de un margen de discrecionalidad que los habilite para llegar a acuerdos u obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en su adopción, es decir, se excluyen los actos reglados y se restringe a aquellos actos en que la autoridad actúe con un “margen de discrecionalidad”, concepto este último que admiten una interpretación amplia o restringida, ya que la ley puede dejar a la Administración espacios de apreciación y decisión más o menos amplios en lo que respecta a la oportunidad, la conveniencia, diversos intereses públicos presentes en el ordenamiento jurídico que requieren ser convenidos y en cuanto al objeto.

3.- También se exige que las medidas sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, esto es, que sea: a) causa directa de un b) impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, c) afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierra indígenas.

Décimo Octavo: Que teniendo a la vista las exigencias antes mencionadas contenidas en el D.S 66, artículo 7, es posible inferir que lo que se pretende impugnar por esta vía es una Conciliación, cuyas Bases fueron propuestas por un Juez nombre reservado, que como se ha venido razonando se corresponde con un equivalente jurisdiccional, de lo que se sigue en primer término que si bien Corfo es un Órgano de la Administración del Estado, es capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones y puede actuar con particulares, caso en el cual indudablemente se sujetará a las disposiciones de sus propios estatutos y a las que regulan las respectivas contrataciones, como acontece en este caso. De este modo, al celebrar un acto jurídico con un particular este contrato se rige por las normas generales de los contratos, de manera que en lo concerniente a las obligaciones impuestas por las normas de derecho público, ellas tendrán que seguirse en las distintas etapas de cumplimiento del contrato si así fuera procedente. En consecuencia, podemos sostener que la Conciliación acordada, no reúne los caracteres de un acto administrativo y tampoco admite el ejercicio de un margen de discrecionalidad por parte de Corfo, como lo exige el reglamento en cuestión, para que de ese modo sea aplicable el trámite de la Consulta.

Décimo Noveno: Que, además, el Decreto que regula el procedimiento de consulta indígena, expresa que “la susceptibilidad de afectación directa” se presenta en el caso que las medidas administrativas, sean causa directa de un impacto significativo y específico sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o la relación con sus tierra indígenas.

Presupuesto que tampoco concurre en la especie, por cuanto la consulta previa debe aplicarse siempre que exista afectación directa a las comunidades indígenas, y no cuando la posibilidad de afectarles sea remota. En el caso traído a juicio la posibilidad que en su ejecución pueda causarse un daño este es eventual, esto es, meramente hipotético.

Consintiendo en la celebración de dos contratos y que en su otorgamiento se procedió en todo con estricta sujeción a las reglas y disposiciones legales que regulan la formación del consentimiento, su mero otorgamiento no es suficiente para decidir anticipadamente que por esa sola circunstancia se ha incurrido en una ilegalidad y/o arbitrariedad.

En efecto, se exige tener en cuenta que las actividades que en virtud de esas contrataciones se hubiere acordado realizar, podrán ser desarrolladas solamente en la medida que sea observado un riguroso y estricto cumplimiento de los procedimientos que la ley establece sobre la explotación y utilización de los recursos naturales, existiendo una frondosa legislación para impedir su abusivo uso y la trasgresión de derechos de las personas, estableciéndose en esas mismas normas las formas, procedimientos y acciones que en tal caso deben ser ejercidas.

Asimismo, cabe tener en consideración que en los contratos tenidos a la vista, Modificación y Fijación texto refundido y actualizado del Contrato de Arrendamiento de Pertenencias mineras OMA y Modificación y fijación texto refundido y actualizado del contrato para Proyecto en el Salar de Atacama, Corporación de Fomento de la Producción y SQM Potasio y otras, se establecen cláusulas tituladas “Cumplimiento Ambiental”, en los números décimo segundo y décimo, respectivamente, en orden a que la sociedad se obliga a cumplir lo que resuelva o construya de manera definitiva la autoridad ambiental o, en su caso, los tribunales ambientales u ordinarios, según corresponda, así como cumplir con la legislación ambiental vigente y las respectivas RCAs en especial cumplir con el o los programas de cumplimiento que acuerden la Sociedad y SMA con sus respectivos mecanismos de control, que den garantías en el manejo sustentable del Salar. Además en las cláusulas décimo novena y décimo octava se acordó establecer “Dos Auditores Externos”, quienes le reportaran a Corfo y al Comité de directores de la sociedad respecto al correcto, completo y oportuno cumplimiento, entre otras, I) de las obligaciones ambientales de la sociedad (el auditor ambiental…). Por su parte en la cláusula undécima del segundo contrato, titulado “Normas Especiales”, se establece la obligación que contrajo la sociedad, en que deberán dar cumplimiento de toda la normativa legal y reglamentaria de Chile que regule la extracción, producción, comercialización y venta de litio y sus productos derivados.

Vigésimo: Que, respecto de la existencia de procesos infraccionales en contra de la Sociedad Química Minera, en caso alguno puede constituir un antecedente para decidir anticipadamente y como hecho cierto que en lo sucesivo procederá en términos desajustados a la norma, no solo porque esos procesos se encuentran en tramitación sino, además, porque tal decisión importaría un prejuzgamiento o un juicio anticipado que la Constitución Política rechaza al garantizar a las personas el derecho a un juicio racional y justo. Adicionalmente, distorsionaría la presunción de buena fe que establece el artículo 707 del Código Civil y que ampara a todo sujeto de derecho, impidiendo que prematuramente y sin prueba alguna pueda acogerse un reclamo en su contra por vulnerar ese principio.

En general, la presunción de buena fe obliga a entender que las partes contratantes actuarán rectamente, de forma honrada, sin intención de dañar las cláusulas acordadas, obligándose a una actitud de respeto y lealtad en el tráfico jurídico, ya sea que se actúe en el ejercicio de un derecho como de una obligación, haciendo distinción de valores tradicionales y esenciales sobre los que se edifica el ordenamiento jurídico como son la confianza, la lealtad, la honradez o la rectitud, y que es esperable que impida a las partes actuar motivadas sólo por intereses particulares o exclusivos, que haga perder el sentido de utilidad común que debe informar a los actos jurídicos de modo que tales expectativas sean cumplidas no solo entre los otorgantes sino que respecto de la comunidad toda.

Vigésimo Primero: Que de lo que se viene señalando resulta que es posible constatar que el recurso de protección de estos autos es expresivo de un temor, de una amenaza eventual o de un riesgo que inciertamente pudiere tal vez consumarse respecto de derechos de los recurrentes.

Sin embargo, ante esas expresiones, que con mayor o menor razón pueden interferir la voluntad de los recurrentes, debe considerarse que las actividades de que dan cuenta los contratos, en ningún caso podrán ser realizadas al margen de los procedimientos y sin los estudios, autorizaciones y demás requisitos que son requeridas por los distintos cuerpos legales y reglamentarios y cuyo estricto cumplimiento esas mismas disposiciones imponen fiscalizar a diferentes organismos de la Administración del Estado.

Si bien el recurso de protección tiene un propósito cautelar, no es posible anticipadamente establecer que los actos que serán realizados en el futuro, sean arbitraros i/o ilegales.

En los procedimientos administrativos especiales a los que aquellas actividades deberán someterse, y que deberán ser rigurosamente atendidos, se establecerá la rectitud e idoneidad del cumplimiento de los contratantes, de manera que ante las transgresiones que se constaten, o las nuevas autorizaciones que se requieran, podrán ejercerse las medidas u recursos de oposición que los afectados estimen que son procedentes, en particular a las instancias de participación indígena que contempla la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 sobre “Las Bases Generales del Medio Ambiente” artículos 26 a 31 de la primera ley citada. Asimismo, la Ley 20.017 que modificó el Código de Aguas, el que entre otras materias, establece mecanismos de reclamación para el evento de que la constitución o ejercicio del derecho de aprovechamiento agua colisione con los derechos de tercero, regula las organizaciones de usuarios a quienes les corresponde distribuir las aguas y cautelar el ejercicio equitativo de los derechos y establece mecanismos de resolución para el caso de conflictos en materia de agua.

Si en tal caso fueren infringidas las disposiciones legales y reglamentarias a las que debe someterse la actividad que será desarrollada por la recurrida y fueren desatendidas las medidas que se impusieren, entonces se configurará una infracción de ley, emergiendo el derecho de los recurrentes para realizar las reclamaciones y ejercer recursos que en tal caso sean procedentes.

Vigésimo Segundo: Que, en consecuencia del examen de los antecedentes incorporados por las partes, los que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana critica, no se ha constatado la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que provoque privación, perturbación o amenaza cierta a los derechos que los recurrentes denuncian amagados, y adicionalmente una vulneración efectiva al proceso de Consulta ordenada en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que esta Corte decidirá rechazar el recurso.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por diversas comunidades atacameñas, representadas por doña Carolina Ester Sagredo Guzmán, y don Juan Carlos Cayo Rivera, -Recurso Protección N° 10.301-2018- por don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado y doña nombre reservado- Recurso de Protección acumulado N° 10.752-2018- y por los terceros coadyuvantes, doña nombre reservado; doña nombre reservado y don nombre reservado; don Ezio Simone Costa Cordella; y don Jorge Alvear Castillo; en contra de Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y de la Sociedad Química Minera S.A. (SQM).

Se previene que la Ministra (S) Ana María Hernández Medina, estuvo por rechazar la alegación de extemporaneidad del recurso, considerando que las conversaciones que precedieron entre los recurrentes y el Vicepresidente de Corfo, tuvieron un carácter informal y no existe ningún antecedente del que pueda inferirse que tuvieron un conocimiento acabado del acuerdo alcanzado y en cuya virtud sea posible establecer una época anterior a la que señalan en su recurso como aquella en la que tuvieron un cabal conocimiento de los hechos, en consecuencia no es posible rechazar el recurso en razón de su extemporaneidad.

Regístrese y Archívese.

Redacción de la Ministra (S) señora Ana María Ingreso Corte N° 10301-2018 acumulada Ingreso Corte 10.752-2018.

No firma la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia en esta Corte.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y por la Ministra (S) señora Ana María Hernández Medina.