Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Franco Aldo Brunetti Arredondo, abogado, y deduce acción de protección en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en la falta de pronunciamiento respecto del inicio del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, pese a haber comparecido el 17 de octubre de 2024 a dependencias de dicha institución -previa citación- y formalizado dicha solicitud, lo que, a su juicio, vulnera la garantía constitucional contenida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que la extranjera se vio obligada a abandonar su país debido a las difíciles condiciones socioeconómicas y personales que enfrentaba, en particular, tras el asesinato de su padre, nombre reservado, quien trabajaba en PDVSA y era su principal sostén económico.

Agrega que tras la muerte de su progenitor comenzó a recibir amenazas y hostigamientos de personas desconocidas que la extorsionaban y vigilaban, amenazándola con correr la misma suerte de su padre e indicándole que no podía acudir a las autoridades por estar supuestamente involucradas.

Señala que debido a estos hechos tomó la decisión de salir de Venezuela, ingresando a Chile el 25 de noviembre de 2021 através de paso no habilitado cerca de Colchane. Una vez en territorio chileno, el 17 de octubre de 2024 acudió a las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones en Santiago para iniciar un procedimiento de solicitud de refugio, presentando su formulario y declaración de los hechos. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido respuesta de las autoridades migratorias ni le habían otorgado la visación de residente temporario contemplada en la Ley de Refugio.

Detalla el marco legal que ampara el derecho de solicitud de refugio, destacando múltiples instrumentos normativos nacionales e internacionales que protegen a las personas que buscan asilo e invoca el princpio de no devolución.

Argumenta que los derechos de la recurrente han sido vulnerados ya que a pesar de haber iniciado formalmente su solicitud de refugio, no ha sido contactada nuevamente por las autoridades migratorias ni se le ha otorgado la visación de residente temporario, situación que considera discriminatoria respecto a otros extranjeros en similar situación.

Por lo anterior, pide se acoja el recurso, resolviendo que la autoridad migratoria y administrativa ha actuado de manera arbitraria e ilegal, vulnerando derechos fundamentales de la recurrente y que se concluya el procedimiento cuyo inicio ha sido solicitado, dándole curso y ordenando la concesión de la correspondiente visa temporaria de refugio, prescrita bajo el artículo 32, inciso primero, de la Ley N° 20.430, mientras se espera la evaluación, por parte de una comisión calificada.

SEGUNDO: Que comparece el Servicio Nacional de Migraciones, el que informando al tenor del recurso solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Indica que la extranjera no registra fecha de ingreso al país, de lo que necesariamente se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional. Con fecha 29 de junio de 2023 se inscribió para formar parte del Proceso de Empadronamiento Biométrico de ese periodo, el cual no constituye una vía de regularización migratoria. Por su parte, mediante Oficio Reservado N°NUM000, de 21 de agosto de 2023, del Departamento de Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, se pone en conocimiento de ese servicio denuncia grave en contra de la recurrente por ingreso clandestino.

Relata que, con fecha 13 de junio de 2024, la recurrente manifestó ante esa autoridad migratoria su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiada, formalizando su solicitud.

Mediante Resolución Exenta N° NUM001, 17 de octubre de 2024, se notificó a la extranjera que no fue posible dar curso a su solicitud, toda vez que excedía el plazo de 7 días desde el ingreso al país para presentarseante la autoridad migratoria y mantenía ingreso al país por paso no habilitado, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para acompañar antecedentes que permitiesen subsanar tales situaciones, bajo apercibimiento legal de tener por desistida su solicitud, sin que existiere constancia de que aquella hubiere acompañado documentación alguna a título de subsanación dentro de ese plazo.

Añade que, por ese motivo, mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 13 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones, se dispuso el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la extranjera y hace presente que no se ha dictado sanción migratoria alguna en su contra.

Concluye que no existe actualmente un acto u omisión que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en especial porque esa autoridad migratoria ya se ha pronunciado respecto de la solicitud presentada por la recurrente, y que la acción de protección carece de toda oportunidad y eficacia.

TERCERO: Que, evacuando el traslado conferido respecto de lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, compareció don Franco Aldo Brunetti Arredondo quien los antecedentes del caso, destacando la situación que motivó la salida de la recurrente de Venezuela.

Adiciona que el plazo exigido por la autoridad recurrida para formalizar la solicitud de refugio fue incoporado la Ley N° 21.655, que entró en vigencia el 20 de febrero de 2024, lo que implica la aplicación retroactiva de dicho requisito a la actora, quien ingresó al país con anterioridad a esa fecha, vulnerando el principio de irretroactividad de la ley y de las sanciones, consagrado en el artículo 19 N° 3, inciso séptimo, de la Constitución Política y aplicable en materia de derecho administrativo sancionador.

Argumenta que ello es razón más que suficiente para que la resolución exenta referida sea dejada sin efecto, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones continuar con la correcta tramitación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, de lo informado por la autoridad recurrida, y de los antecedentes acompañados por ésta se desprende que, a la fecha de interposición de esta acción constitucional, a saber, 7 de mayo de 2025, el procedimiento administrativo iniciado por la actora con el objeto de obtener el reconocimiento de la condición de refugiada no se encontraba vigente, por haberse declarado su desistimiento mediante Resolución Exenta N° NUM002, de 13 de noviembre de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones.

De lo anterior cabe concluir que no concurre en la especie la tardanza que se reprocha al Servicio Nacional de Migraciones, ni era factible otorgar a la recurrente la visación de residente temporaria que pretende, por encontrarse aquella vinculada a la calidad de solicitante de refugio que a esa data ya no tenía.

SEXTO: Que, en ese contexto, y al no configurarse uno de los presupuestos esenciales de la presente acción constitucional, como es el acto u omisión que se califica de arbitrario o ilegal, aquella no puede prosperar. Ello, sin perjuicio de la posibilidad que asiste a la extranjera de ejercer los derechos que correspondan respecto de la decisión adoptada por la autoridad migratoria y que es, como se ha dicho, diversa de la conducta que reclama en este arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección 10298-2025.