Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S

Santiago, veintiocho de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 15 de abril de 2025, comparece don nombre reservado

nombre reservado, en favor y representación de don nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada por don nombre reservado, por haber rechazado arbitraria e ilegalmente su solicitud de retiro de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida exige requisitos adicionales no contemplados en la normativa vigente, específicamente la apostilla de documentos venezolanos en circunstancias de imposibilidad material debido al quiebre de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en sus artículos 19 N°2 y N°24, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento favorable sobre la solicitud planteada.

Expone que el día 5 de abril de 2025, el recurrente realizó la solicitud ante la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., de retiro de fondos mediante el formulario dispuesto para ello, adjuntando toda la documentación requerida y cumpliendo con lo solicitado por la administradora.

No obstante lo anterior, posteriormente, mediante correo electrónico de fecha 15 de abril de 2025, fue informado por la administradora de fondos acerca de las razones del rechazo de su solicitud. En dicha comunicación, la recurrida indicó que la solicitud no podía prosperar debido a que, para acreditar la cobertura previsional otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), se presentó una certificación electrónica del IVSS sin apostilla y una declaración jurada personal del interesado respecto al hecho de pertenecer a este organismo previsional. Al respecto, la administradora informó que no era posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional, requiriendo que se acompañase la certificación del IVSS debidamente apostillada.

Frente a esta exigencia, el recurrente sostiene que se encuentra ante una situación de imposibilidad material para cumplir con el requisito de apostilla exigido por la recurrida. Ello, en razón del contexto actual caracterizado por la imposibilidad de obtener la legalización consular de la declaración jurada de dicho certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS, como se hacía anteriormente.

En este orden de ideas, el recurrente invoca las disposiciones del Código Civil en su artículo 45, que define la fuerza mayor o caso fortuito como "el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Sostiene que la ausencia de representación diplomática por parte de Venezuela constituye una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos obtener la declaración jurada de inscripción en el IVSS que se obtenía anteriormente y que a posterior era convalidada por el Ministerio correspondiente.

Aun considerando esta situación excepcional, el recurrente destaca que presentó el documento debidamente legalizado y una declaración jurada ante notario público chileno, lo que reviste al documento de la debida formalidad.

Argumenta que, al ser emitido en territorio nacional, debe tener la misma naturaleza probatoria que la declaración jurada que anteriormente se obtenía desde la embajada venezolana.

Para reforzar su posición, el recurrente acompaña un certificado de aprobación de retiro de fondos de un administrado por AFP CUPRUM, junto a la declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos.

Enfatiza que dicha declaración jurada cumplía con las mismas formalidades que las del recurrente de autos, por lo que, al estar todas las AFP regidas por las mismas leyes y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde a cada AFP aplicar de forma desigual y arbitraria la aplicación de las normas que rigen la materia.

Asimismo, el recurrente argumenta que el certificado presentado cuenta con mecanismos de verificación que permiten corroborar su autenticidad. En este sentido, señala que cualquier interesado puede verificar la existencia de dicha afiliación, puesto que la misma planilla ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto Venezolano de Seguridad Social (IVSS) en la plataforma http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss. De esta manera, demuestra que el objetivo de verificar la afiliación al sistema previsional venezolano puede cumplirse sin necesidad de exigir formalismos adicionales que resultan materialmente imposibles de obtener.

En cuanto a los fundamentos jurídicos del recurso, el recurrente invoca las disposiciones de la Ley N°18.156, específicamente sus artículos 1° y 7°, sostiene que ha dado íntegro cumplimiento con los requisitos establecidos en la Ley N°18.156, habiendo acompañado los siguientes documentos: contrato de trabajo; anexo de contrato individual de trabajo; certificado de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), debidamente legalizado ante notario público; declaración jurada debidamente autorizada ante notario público; y título profesional, debidamente apostillado.

En este contexto, argumenta que la administradora de fondos pretende desconocer un documento por la falta de verificación y/o vigencia de la declaración de afiliación en el Instituto Venezolano de Seguro Social, la cual es legítima por cuanto fue efectuada ante la embajada durante el período en que se encontraba operativa, siendo esta legalizada posteriormente por Chile. Sostiene que no puede desconocerse la protección que en el país de origen del recurrente le brinda en caso de vejez, sobrevivencia, enfermedad, invalidez, muerte, entre otros.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe ordenado por esta Corte, comparece doña nombre reservado, abogado, por la recurrida AFP Habitat S.A., formulando diversas excepciones y defensas tendientes al rechazo del recurso de protección interpuesto, desarrollando sus alegaciones en los siguientes términos:

En primer lugar, la recurrida plantea como excepción de fondo la inaplicabilidad del recurso de protección en este caso. Sostiene que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio. Argumenta que el recurrente no ha sufrido privación, perturbación o amenaza alguna de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio, sino que pretende ejercer por esta vía un derecho cuyo ejercicio y características está claramente definido en el ordenamiento jurídico de manera distinta a lo que se pretende, imponiéndole el cumplimiento de requisitos claros y objetivos que no acredita haber cumplido.

En este contexto, la recurrida enfatiza que para interponer legítimamente la acción de protección es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado, conforme lo ha establecido la Excelentísima Corte Suprema.

Añade que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, en casos similares, ha rechazado los recursos al considerar que no existe vulneración de garantías que requieran el amparo constitucional, teniendo especial consideración que la afiliación y obligación de cotizar en una AFP tiene como fundamento el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República que dispone expresamente que en materias de seguridad social "la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias", siendo el Estado quien ha establecido la forma de administrar dichos dineros.

La recurrida cita abundante jurisprudencia que respalda su posición, mencionando fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago en las causas de Protección Nos. 62688-2019, 62673-2019, 77494-2019, 77501-2019, 77517-2019, 55152-2020 y 57193-2020; la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, Protección N°15957-2019; y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, Protección N°314-2019, CA Valdivia 1801-2019, entre varias otras, que han estimado que los hechos descritos en recursos similares sobrepasan los márgenes del recurso de protección y deben ser probados en un pronunciamiento judicial declarativo.

En cuanto a los hechos que fundamentan el recurso, la recurrida reconoce que el señor nombre reservado presentó el día 5 de abril de 2025 una solicitud de retiro de fondos previsionales de acuerdo a la Ley N°18.156, la cual fue rechazada mediante correo electrónico del 15 de abril de 2025. Sin embargo, controvierte la versión del recurrente respecto a los motivos del rechazo y la documentación efectivamente presentada.

La recurrida precisa que el rechazo se fundamentó en que para acreditar la cobertura previsional otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se presentó una certificación electrónica del IVSS sin apostilla y una declaración jurada personal del interesado respecto al hecho de pertenecer a este organismo previsional. Explica que no es posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional, debiendo acompañarse la certificación del IVSS debidamente apostillada.

Particularmente relevante es la aclaración que efectúa la recurrida respecto a la documentación presentada. Contrariamente a lo afirmado en el recurso, sostiene enfáticamente que nunca se presentó la constancia electrónica debidamente legalizada, sino que se acompañó una fotocopia notarial del documento SIN APOSTILLAR, por lo que éste carece de todo valor probatorio, siendo un medio de prueba que no puede conseguirse por una mera declaración jurada del propio interesado.

En relación con el argumento del recurrente sobre la situación política de Venezuela y el cierre de la Embajada de Venezuela en Chile, la recurrida sostiene que esta circunstancia no constituye una imposibilidad absoluta para conseguir la legalización del documento objetado y obtener la documentación necesaria para acreditar la cobertura previsional. Argumenta que aun en este escenario político, estima que presentar el documento rechazado "debidamente legalizado" junto a una declaración jurada ante notario público chileno, no revestirían la debida formalidad ni la naturaleza probatoria requerida en Chile.

Respecto al argumento de que otra AFP anteriormente le habría devuelto fondos previsionales al señor nombre reservado, la recurrida sostiene que esto no importaría una obligación de uniformidad o igualdad que exigiría un accionar en el mismo sentido para AFP Habitat. Explica que los requisitos legales para obtener la devolución de fondos previsionales deben cumplirse copulativamente por cada cotización que se solicita sea devuelta con documentación vigente para cada una de ellas, de manera que el transcurso del tiempo exige acreditar para cada relación laboral la doble cobertura previsional, que es lo que no ocurre en este caso.

En cuanto a los fundamentos jurídicos de su defensa, la recurrida desarrolla extensamente el marco normativo aplicable. Señala que la Ley N°18.156, de 25 de agosto de 1982, modificada por Ley N°18.726, contiene disposiciones especiales y de excepción que regulan la exención tanto para las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en organismos de previsión chilenos.

Aduce que los requisitos para acogerse a esta ley, según el artículo 1°, son: a) Haber celebrado un contrato de trabajo entre una empresa y personal técnico extranjero; b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Para fundamentar esta exigencia, la recurrida cita el Oficio N°24472 de 26 de octubre de 2015 de la Superintendencia de Pensiones, que señaló que todo trabajador, independiente de su nacionalidad, debe enterar cotizaciones para su cobertura previsional y por lo tanto, el entero de cotizaciones debe realizarse en ese entendido y no como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios. Además, precisa que la Ley N°18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de sus fondos previsionales, siendo una norma excepcional y como tal, debe ser interpretada restrictivamente y procediendo el beneficio siempre que se cumplan copulativamente todos los requisitos legales.

Enfatiza que el no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales por parte de una persona que desea acogerse a la Ley N°18.156 no implica una arbitrariedad, ni la pérdida de sus fondos ni la desafiliación, sino solamente que no tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros, improcedencia de derecho que deja indemne el ejercicio de la totalidad de los derechos previsionales establecidos en el Decreto Ley N°3.500.

Concluye que resulta del todo improcedente la interposición de la presente acción de protección, considerando que ésta constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes mediante la adopción de medidas de resguardo que se deban tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de ese derecho. Sostiene que para que el recurso de protección sea acogido, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con éstos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura.

Por estas razones, solicita rechazar en todas sus partes el recurso deducido en contra de AFP Habitat, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el art culo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado/a ante un acto u omisión arbitraria o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que el artículo 1 de la Ley N° 18.156 dispone que: “[l]as empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnen las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprender los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley N°16.744.”

A su turno, el artículo 7 agrega: “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieran depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1 de esta ley”.

Quinto: Que, en la especie, el acto recurrido consiste en el correo electrónico de 15 de abril de 2025, mediante el cual la entidad recurrida denegó la solicitud de devolución de fondos previsionales del actor, señalando como motivaciones lo siguiente: “Puedo informar a usted que no procede que sea aceptada por la Administradora su solicitud de devolución de fondos previsionales de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 18.156 y la normativa previsional de la Superintendencia de pensiones.

En efecto, para acreditar la cobertura previsional otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se presenta una certificación electrónica del IVSS sin apostilla y una declaración jurada personal de usted respecto al hecho de pertenecer al este organismo previsional. Al respecto informo que no es posible recibir declaraciones de los mismos interesados para acreditar la cobertura previsional. Debe acompañarse la certificación del IVSS debidamente apostillada.

Respecto al título profesional como Licenciado en relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo, apostillado (verificado) y la manifestación de voluntad del trabajador de mantener la previsión social del país de origen efectuada con en el contrato de trabajo (anexo) celebrado con el empleador AutofinS.A., Rut RUT reservado, se encuentran conformes.

Cabe destacar que la Ley 18.156, de 25 de agosto de 1982, modificada por Ley 18.726, publicada en Diario Oficial el 23 de julio de 1988, contiene disposiciones especiales y de excepción, que regulan la exención, tanto para las empresas que celebren contratos con personal técnico extranjero como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en organismos de previsión chilenos.

Los requisitos para acogerse a esta ley de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 1 de la Ley 18.156, son: a) Haber celebrado un contrato de trabajo entre una empresa y personal técnico extranjero. b) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y c) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

Para la suscripción de la solicitud respectiva, la Administradora debe exigir la presentación de la documentación pertinente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio. La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada o apostillada, en caso contrario, la Administradora no podrá dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Finalmente, destacamos que la Superintendencia de Pensiones a través de su Oficio N°24472 de 26.10.2015 señaló que todo trabajador, independiente de su nacionalidad, debe enterar cotizaciones para su cobertura previsional y, por lo tanto, el entero de cotizaciones debe realizarse en ese entendido y no como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios. Además, la Ley 18.156 faculta a ciertos extranjeros para eximirse de la obligación de cotizar o para obtener la devolución de sus fondos previsionales, siendo una norma excepcional y como tal, debe ser interpretada restrictivamente y procediendo el beneficio siempre que se cumplan copulativamente todos los requisitos legales”.

Sexto: Que, en relación a la objeción expresada por la recurrida, que se vincula directamente con las exigencias del artículo 1 de la Ley nro. 18.156, cabe referir que AFP Habitat S.A. se ha limitado a verificar, con el debido celo, el cumplimiento de las exigencias que impone a la petición del recurrente la norma legal referida, dando para ello cumplimiento a la normativa -vinculante a su respecto- que ha emitido la Superintendencia de Pensiones; la que, en el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, relativo a la “Exención de pago de cotizaciones previsionales a técnicos extranjeros y las empresas que los contraten. Devolución de fondos previsionales”, estableció que el cumplimiento del requisito de la letra b) del artículo 1 de la Ley nro. 18156, “debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte”; y que “[p]ara la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156".

Séptimo: Que, de esta manera, atendido el carácter imperativo y excepcional de las exigencias establecidas en el artículo 1 de la Ley nro. 18.156, de interpretación, por ende, restrictiva, no puede sino concluirse que la entidad recurrida, al limitarse a velar por su cumplimiento y, en concreto, a exigir que el peticionario acredite suficientemente, mediante documentación legalizada, que se encuentra “afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”, ciñéndose para estos efectos a la normativa de la Superintendencia del ramo; ajustó su actuar a la normativa legal y reglamentaria que gobierna la materia, por lo que el mismo no puede ser tildado de arbitrario o ilegal, máxime considerando que la respuesta dada al actor contiene una adecuada fundamentación que le permitió a éste conocer a cabalidad lo decidido y sus fundamentos; conclusión que no se desvirtúa por las dificultades que ha aducido para obtener la documentación que la AFP echa en falta, toda vez que tal circunstancia no puede justificar el incumplimiento por su parte de una exigencia imperativa que la ley especialmente establece para la procedencia de su solicitud de devolución de fondos previsionales, los que, en su condición de tales, no pueden ser entendidos meramente como un fondo de ahorro a ser retirado al término de los servicios, sino como un especial resguardo legalmente obligatorio para asegurar la cobertura previsional del cotizante, sea nacional o extranjero.

En estas circunstancias, no encontrándonos ante un acto arbitrario o ilegal que vulnere garantías constitucionales del recurrente, la presente acción cautelar no se encuentra en condiciones de prosperar.

En consecuencia y visto además dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección y lo dispuesto en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado contra AFP Habitat S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministro Dobra Lusic.

Rol nro. Protección N°10293-2025.-