Protección contra Corporación de Derecho Privado "Caja de Compensación de Asignación Familiar de L
- Fecha
- 6 de febrero de 2018
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 1027-2018, sentencia de 6 de febrero de 2018
Resumen
Se acoge el recurso de protección y se dejan sin efecto los descuentos de remuneraciones efectuados al recurrente, ordenando su restitución y prohibiendo requerir nuevos descuentos, por vulnerarse la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
Texto íntegro
Santiago, seis de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos y teniendo presente:
1°) Que con fecha ocho de enero del año en curso, don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, deduce acción de protección en contra de la Corporación de Derecho Privado "Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado" representada por su gerente general, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por la infracción a las garantías constitucionales del N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, a objeto de que esta Corte restablezca el imperio del derecho, en consideración a los siguientes hechos.
Señala que, en el mes de julio de 2016 ingresó a trabajar a la Empresa de Servicios Financieros Avanza S.A., como ejecutivo de cobranza y en el mes de julio del año 2017 le fue pagada su remuneración, momento en que advierte que en su liquidación de remuneraciones se había efectuado un descuento por la suma de $138.771 por concepto de préstamo nombre reservado Los nombre reservado. Al preguntar se le indica que la recurrida había enviado una planilla a su empleador con nombres y montos a descontar, manifestando que como empleador estaban obligados a efectuar el descuento.
Concurre a la oficina de la recurrida donde fue informado que el descuento se efectuaba por tener la calidad de aval en los créditos N°RUT reservado y N°RUT reservado otorgados con fecha 28 de diciembre de 2001 y 06 de marzo de 2002, respectivamente, cuyo beneficiario es doña nombre reservado, en esos años compañera de trabajo, el primero por un monto de $1.000.000 en que se adeudan 14 cuotas y el segundo por $200.000 adeudándose 15 cuotas. Ante esta situación decide renunciar al trabajo y se asesora por un abogado.
Puede informar que, en relación al primer crédito, se encuentra asociada la causa C-5389-2003, y respecto del segundo la causa C-5390-2003, ambas del 8° Juzgado Civil de Santiago. En esta segunda causa, cuya copia autorizada se acompaña, el ultimo movimiento efectuado fue una notificación fallida de 29 de diciembre de 2003 y consta que el recurrente no fue demandado ni requerido de pago en su condición de aval. En consecuencia, envió la documentación a la recurrida a fin de que no efectuaran más descuentos pues no fue requerido y la deuda se encontraba prescrita. Sin embargo, la situación se repite el 27 de diciembre de 2017 en su nuevo trabajo en la empresa Servifactoring.
En cuanto al derecho, invoca lo dispuesto en el artículo 20 y 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República, explicando en cuanto a la arbitrariedad, que de manera caprichosa la caja recurrida le está imponiendo el pago forzoso de una obligación extinguida, pues el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 no está concebido para autorizar el cobro de deudas que han perdido su vigencia. Respecto a la ilegalidad, indica que los cobros a través de las remuneraciones son ilegales y así lo ha sostenido la jurisprudencia, pues se le ha privado de su legítimo derecho de defensa y a oponer excepciones, entre ellas la prescripción, como lo prescribe el artículo 5 de la ley 17.322. Menciona la prevención del Ministro señor Pierry en sentencia Rol 12.646-2011 en cuanto a que en el caso del aval, la caja de compensación siempre debe iniciar procedimiento judicial de cobro de acuerdo a las reglas generales.
Solicita en definitiva, se deje sin efecto el descuento de remuneración del mes de diciembre de 2017, se disponga que la recurrida debe restituir el importe del descuento de julio de 2017 y le ordene abstenerse de informar y requerir a su empleador actual o futuro el descuento de sus remuneraciones por este concepto, con costas;
2°) Que con fecha 19 de enero de los corrientes informa la recurrida, quien coincide en cuanto a los antecedentes de hecho del recurso.
En forma previa alega la caducidad de la acción ya que según lo señalado el primer descuento efectuado al recurrente fue en el mes de agosto de 2017, tomando conocimiento el mismo día en que fueron pagadas sus remuneraciones por lo que excedió con creces el plazo fatal de treinta días que establece el numeral 1° del Autoacordado sobre la materia.
En cuanto al fondo, hace presente el carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación, siendo la ley la que determina las funciones de estas corporaciones en el artículo 19 de la ley 18.833 específicamente en el n°3 en relación al artículo 21 del mismo cuerpo legal, por consiguiente, mediante el procedimiento de descuentos ejerce los derechos que la propia ley establece, cautelando el fondo social de la caja acreedora, siendo esta una obligación irrenunciable.
Por último esgrime que la prescripción debe ser declarada judicialmente y no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer la actora, y así lo señala expresamente el artículo 2493 del Código Civil y en el mismo sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Seguridad Social mediante Ordinario N°034440 de 22 de julio de 2009. En cuanto a la supuesta vulneración al artículo 19 n°24 de la Constitución Política de la República no hay traspaso ilegal ni expropiación de parte de su remuneración ya que la propia ley permite a la recurrida solicitar el descuento impugnado.
Concluye solicitando en definitiva el rechazo del recurso de protección intentado, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado;
3°) Que la acción de protección de derechos constitucionales es de naturaleza cautelar o de emergencia, cuyo fin es restablecer el imperio del derecho cuando por actos arbitrarios o ilegales se perturbe, prive o amenace aquellos que se encuentran amparados por la citada acción en el Art. 20 de la Carta Fundamental, en relación con su Art. 19, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos;
4°) Que es un hecho del recurso, por no haber sido objeto de controversia, que en a la remuneración del actor correspondiente al mes de julio del año 2017 se le efectuó un descuento por la suma de $138.771 por concepto de préstamo nombre reservado Los nombre reservado; descuento que se vuelve a efectuar en sus remuneraciones el 27 de diciembre de 2017.
Asimismo, es un hecho pacífico que dichos descuentos se efectuaron por tener la calidad de aval en los créditos N°RUT reservado y N°RUT reservado, otorgados con fecha 28 de diciembre de 2001 y 6 de marzo de 2002, respectivamente, cuyo beneficiario es doña nombre reservado, ex compañera de trabajo del recurrente, el primero por un monto de $1.014.266, adeudándose 14 de las 18 cuotas en que fue pactado; y el segundo por $206.548, adeudándose 15 cuotas de las 18 a que se obligó la deudora.
Finalmente, es también un hecho no discutido que el primer crédito, se encuentra asociada la causa C-5389-2003, y el segundo a la causa C-5390-2003, ambas del 8° Juzgado Civil de Santiago;
5°) Que la actuación atacada por el recurso reviste caracteres de arbitrariedad o ilegalidad, como denuncia el actor.
En efecto, carece de racionalidad y es por tanto arbitrario pretender descontar de sus remuneraciones al actor las cuotas de créditos en que no es deudor directo, sino aval, y que fueron contraídos en los años 2001 y 2002, al no considerar que el requerimiento al empleador del actor para efectuar dichos descuentos se hizo no obstante ser manifiesto que ha trascurrido un excesivo lapso de tiempo en que se dejó de pagar la deuda. Por otro lado, la circunstancia que ambos créditos dieron origen a sendos juicios ejecutivos, que no obstante no han seguido siendo tramitados por el acreedor, significa que abandonó la vía naturalmente apta para obtener el pago de sus acreencias, prefiriendo hacerlo por una vía que priva al deudor indirecto de la posibilidad de ejercer su derecho de defensa para impugnar la obligación oponiendo las excepciones correspondientes.
Asimismo, dicha actuación deviene en ilegal, del momento que si bien el Art. 22 de la ley N° 18.833 permite a las Cajas de Compensación que se deduzca de la remuneración por el empleador afiliado los créditos contraídos por un trabajador con dichas Cajas, también señala que se dichas deudas se regirán por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, previstas en el Art. 4° y siguientes de la ley N° 17.322, cuyo Art. 4 bis dispone que la institución de previsión o seguridad social actúa negligentemente en el cobro judicial cuando, entre otros caso, no entabla demanda ejecutiva dentro del plazo de prescripción;
6°) Que cabe desestimar, por otro lado, la alegación de caducidad de la acción de protección que alega la recurrida, toda vez que aparece de los antecedentes que la actuación que por este acto se impugna se reitera en el tiempo por aquella, al requerir a los sucesivos empleadores del recurrente que se efectúen los descuentos de sus remuneraciones; situación que no ha cesado y por tanto imposibilita, mientras ello no acontezca, determinar el cómputo del plazo para ejercer el presente arbitrio constitucional;
7°) Que la actuación arbitraria e ilegal que se denuncia efectivamente conculca los derechos constitucionales que se invocan por el recurrente.
En primer término, se vulnera la garantía consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, la igualdad ante la ley, en el sentido que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. En la especie, se priva al actor de la posibilidad (al optar la recurrida por la vía de cobro de su crédito antes descrita) de ejercer un adecuado derecho de defensa en un procedimiento que otorgue las garantías para ello, derecho que se reconoce a toda persona que es objeto del cobro de un crédito. La garantía constitucional de la igualdad supone que todas las personas deben ser tratadas igualitariamente, y que un trato diferenciado es concebible únicamente ante razones valederas porque de no existir éstas o no ser razonables (como acontece en la especie), se está en presencia de discriminación.
Asimismo, se vulnera por el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, en este caso, de la parte de las remuneraciones del actor que fueron directamente descontadas por sus empleadores de sus remuneraciones, ante el requerimiento arbitrario de la recurrida (Art. 19 N° 24 de la Carta Política).
Y visto, además, lo dispuesto en los Arts. 19 Nº 2 y N° 24, y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se declara que HA LUGAR al deducido por don nombre reservado en contra de "Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los nombre reservado", y en consecuencia se dejan sin efecto los descuentos de remuneraciones efectuados al recurrente durante los años de 2017 y se dispone que la recurrida debe restituir los importes respectivos, debiendo abstenerse de informar y requerir a los empleadores actuales o futuros del actor el descuento de sus remuneraciones por este concepto; sin perjuicio del ejercicio de otros derechos a fin de obtener el pago de su acreencia.- Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.- Redactada por el Ministro señor Llanos.- Rol Nº 1027-2018.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Carlos Gajardo Galdames e integrada, además, por el ministro señor Leopoldo Andrés Llanos Sagristá y el ministro (S) Sergio Guillermo Córdova Alarcón.