Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana

C.A. de Santiago Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, médico cirujano, y deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de una fiscalización en la que se le ha requerido informe acerca de la emisión de licencias médicas.

Expone que debido a las licencias médicas cursadas durante el período entre el 28 de agosto de 2023 y 29 de agosto de 2024, en el marco de la Ley N° 20.585, se acompañó una lista de cincuenta pacientes y se le confirió un plazo de siete días para responder, lo que estima es físicamente imposible, pues se le ha solicitado informe médico, ficha clínica de cada uno de los pacientes, copia del bono o boleta de la atención médica y si se trata de formato papel o digital.

Indica que con esta determinación se ha amenazado el principio fundamental de guardar reserva y secreto profesional médico-paciente, salvaguardado tanto en el Código Sanitario como el Código Penal en caso de faltar a dicho secreto profesional, que sólo podría otorgar información de sus pacientes autorizados formalmente por cada uno de ellos, cuestión que, afirma, no tiene.

Refiere que su método de trabajo es telemático, por lo tanto no posee el medio de pago de cada uno de ellos como pretende la COMPIN que le acompañe, ya que quien cobra la consulta es la empresa Salud Moderna de Chile SpA, para la cual trabaja. Asevera que ha atendido un total de 5.571 pacientes y emitido un total de 1.148 licencias durante el período comprendido entre agosto de 2023 y agosto de 2024, por lo que estime que dicha cantidad no excede de los estándares y estadísticas correspondientes al número de pacientes efectivamente atendidos.

Refiere que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados por la actuación arbitraria e ilegal por parte de la recurrida son el derecho a la honra y protección de vida privada y a la salud, consagrados en el artículo 19 N° 4 y 9 de la Constitución Política de la República.

Segundo: Que evacuando informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M) pide el rechazo del recurso y, al efecto, señala que no existe falta de oportunidad, motivación o derecho en el requerimiento de los antecedentes que respalden las licencias médicas fiscalizadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, ni tampoco en la eventual aplicación de una multa y suspensión. En cambio, la negativa reiterada del recurrente a entregar los antecedentes solicitados dentro del plazo fijado al efecto por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez -en el ejercicio de su facultad legal de fiscalización- resulta infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo, contraviniendo la naturaleza misma del procedimiento administrativo, a saber, fiscalizar que la emisión de licencias médicas se ajuste a derecho.

Refiere que se trataría de una materia que escapa de la tutela de urgencia propia de este arbitrio y que, incluso más, lo que solicita el recurrente mediante la acción de protección es que la Corte se inmiscuya en facultades propias de la autoridad administrativa, excediendo los fines propios de esta excepcional acción cautelar. Sostiene que la vía idónea para resolver sobre la legalidad de un acto administrativo es el régimen recursivo previsto en los artículos 59 y siguientes de la Ley N° 19.880, pudiendo entablarse los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración, solicitar la invalidación administrativa o recurrir directamente ante la Contraloría General de la República.

Afirma que la fiscalización que el recurrente impugna se contextualiza en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico, y precisa que de acuerdo con los antecedentes que posee esa institución el recurrente es un profesional no especialista que en el último año previo a la fiscalización emitió 1.148 licencias médicas entre los días 28 de agosto de 2023 y 29 de agosto de 2024, lo que justifica que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración del recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas emitidas por él, expedidas y fiscalizadas.

Por otra parte, advierte que el plazo concedido para la remisión de la información encuentra su sustento estricto en el inciso segundo del artículo 2° de la ley N° 20.585, que fija un procedimiento de control y fiscalización para el correcto otorgamiento y uso de las licencias médicas sometidas a conocimiento de la COMPIN, estableciendo que los plazos fijados al efecto “no podrán exceder de siete días corridos.” En consecuencia, el término de siete días corridos fijado por la COMPIN corresponde al plazo máximo dispuesto por el legislador.

Añade que por expresa indicación legal el actor debe mantener un registro de los pacientes a los que ha otorgado licencias médicas y de los antecedentes que las fundamentaron, resultando forzoso concluir que la negativa del actor de entregar los antecedentes solicitados dentro del término fijado al efecto por la COMPIN es infundada, inexcusable y obstruye el ejercicio de la labor fiscalizadora del ente administrativo.

Concluye que ha quedado de manifiesto que la acción constitucional de protección de autos debe ser rechazada, en consideración a que la naturaleza del conflicto y lo solicitado por el recurrente excede con creces la finalidad que persigue la acción de protección.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el hecho que motiva la presente acción constitucional es la solicitud de la recurrida para que el actor informe sobre las licencias médicas cursadas durante el período entre el día 28 de agosto de 2023 y 29 de agosto de 2024, en el marco de la Ley N° 20.585, dentro del plazo de siete días.

Pues bien, el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N° 20.585 señala que las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales habilitados para emitir licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden dentro del plazo de diez días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el inciso siguiente. En casos excepcionales, y por razones fundadas, sigue la norma, las Comisiones podrán citar a los profesionales a una audiencia para aclarar aspectos del otorgamiento de la o las licencias, y podrán ampliar el plazo para entregar los antecedentes o informes complementarios, si corresponde, hasta el máximo de siete días hábiles adicionales.

Quinto: Que como es posible advertir, la solicitud y el plazo fijado por la recurrida para la entrega de los antecedentes solicitados lo ha sido en ejercicio de su facultad legal de fiscalización y dentro de los límites temporales que la propia ley prevé, de manera tal que, en tales condiciones, no puede estimarse abusiva o arbitraria la actuación que se reclama.

Lo anterior, en primer término, considerando la investidura regular del titular del órgano que dicta el acto, la previa y expresa habilitación jurídica para actuar y la existencia de un procedimiento justo y racional establecido también de forma previa a la actuación por medio de la ley. En segundo lugar, el acto recurrido se enmarca dentro del plan masivo de fiscalización de grandes emisores de licencias médicas. Luego, el presupuesto básico que sustenta el acto recurrido es una necesidad pública concreta sobre un asunto propio de su competencia, sin que se acredite el presupuesto de procedencia consistente en la existencia de una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Carta Fundamental.

Sexto: Que, en consecuencia, no existiendo acto ilegal o arbitrario que pueda reprocharse a la autoridad recurrida en su actuar, el recurso de protección debe ser declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana.

Regístrese y archívese.

Protección N°1025-2025.