nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL(SUSESO)

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el 21 de septiembre de 2022 comparecen Claudia Saldivia Martinic y Claudia Contreras Zúñiga, abogadas e interponen recurso de protección en favor de nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por haber dictado la Resolución Exenta N° R-01-UME-114918-2022 de 29 de agosto de 2022 y notificada el mismo día, que confirmó el rechazo de las licencias médicas Nº50452293-8 y 54625060-1, extendidas por un total de 60 días a contar del 26 de marzo de 2021,por no encontrarse justificado el reposo prescrito, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que atenta en contra de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Relata que la recurrente, conforme a informe médico emitido por la Dra. nombre reservado, Psiquiatra, de 14 de septiembre de 2020, padecía de trastorno depresivo mayor grave, trastorno de pánico y agorafobia. Fundándolo en: “Paciente de 69 años, a quien atiendo en consulta desde abril de 2020, sin antecedentes previos, inicio una crisis de pánico producto del estallido social y las consecuencias que generaron en su vida diaria como por ejemplo, trasladarse en locomoción colectiva, para ir al trabajo, haciendo combinaciones en buses abarrotados de personas lo que empeora con la crisis sanitaria y el miedo constante a contagiarse por su avanzada edad. Su hijo mayor sufre 2 infartos y en ambas ocasiones debió ser intervenido quirúrgicamente, a lo anterior se suma la muerte violenta de su joven sobrino – ahijado. En este escenario crecen sus síntomas ansiosos y depresivos, fatiga, vulnerabilidad, angustia, insomnio y bajo apetito. Evolución, tratamientos médicos y/o quirúrgicos efectuados (fecha de operación, sí procede), resultados obtenidos: Inicia tratamiento farmacológico con dosis creciente escitalopram y ansiolíticos, según se indica a continuación Escitalopram 20mg al día Clotiazepan 10mg al día Clonazepam 1mg al día[…]”

Estima que la Superintendencia de Seguridad Social, no realizó un análisis integral de los antecedentes presentados durante la sustanciación del procedimiento administrativo, ni hizo referencia específica a los informes médicos y documentos que respaldaban la justificación de las licencias médicas. De esta forma, sostiene que el acto administrativo deviene en arbitrario al no explicar las razones o fundamentos por los cuales dichos informes no fueron considerados suficientes para establecer la incapacidad laboral de la recurrente. Y que el reposo injustificado, no permite establecer incapacidad laboral.

Agrega, en cuanto al acto recurrido, que se justificó en: “…Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado por la misma patología. En efecto, la información a la vista no justifica clínicamente el o los diagnósticos, tampoco describe la evolución del cuadro clínico, ni tampoco se entregan detalles clínicos de que los ajustes en el tratamiento se hayan realizado en función de la evolución, sin mencionar fechas ni resultados. Tampoco se describe clínicamente en detalle el nivel de funcionalidad alterada, y sin un plan de tratamiento orientado a reintegro laboral o que al menos justifique prolongación del reposo temporal.…”

Por estas razones, solicita que se acoja su acción constitucional de protección y se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social autorizar y pagar por quien corresponda las licencias médicas rechazadas, y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que mediante resolución pronunciada el 23 de septiembre de 2022, la Corte de Apelaciones declaró admisible el recurso, ordenando a la Superintendencia de Seguridad Social y a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que informaran al tenor de éste, debiendo remitir, además, todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso.

TERCERO: Que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana evacuó su informe detallando que se rechazó la licencia médica N° 50452293-8, extendida por 30 días desde el 26 de marzo de 2021 al 24 de abril del mismo año por reposo injustificado, fundando la decisión en: “adjunta IMT de psiquiatra del extrasistema, no protocolizado, sin EEAG, sin carnet de control de psicóloga o informe de psicóloga, sin pronóstico y sin FPA. Los antecedentes aportados no permiten concluir que la prolongación del reposo, más allá del periodo autorizado, cumpla un rol terapéutico”.

Agrega, en cuanto a la licencia médica N° RUT reservado, que se ordenó por la superintendencia de Seguridad Social, realizar una Comisión Médica para reevaluar la licencia, por motivo de decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 39392-2021, sin embargo, la Comisión recomendó mantener el rechazo dado que “los antecedentes presentados no permiten establecer o justificar la prolongación del reposo más allá del que ha sido otorgado. Además, se estimó sobrepasados los rangos de reposo calificados como adecuados para favorecer la recuperabilidad y el reintegro laboral en base a las guías clínicas utilizadas de manera estandarizada para estos efectos”.

Fundamenta que sus decisiones se enmarcan en lo dispuesto en los artículos 16 y 21 del Decreto Supremo N° 3/1984, y los artículos 3 y 4 del Decreto Supremo N° 7 de 2013.

Pide, al haber actuado dentro del marco normativo del ordenamiento jurídico, tener por evacuado el informe.

CUARTO: Que la Superintendencia de Seguridad Social informó y solicitó el rechazo de la acción deducida en su contra, alegando, en primer lugar, su extemporaneidad. Al respecto, explica que, por presentación de fecha 08 de junio de 2022, la recurrente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social la decisión adoptada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, por reposo injustificado. Por lo anterior, por la presentación de esta acción el 21 de septiembre de 2022, sería extemporánea, al sobrepasar el plazo de 30 días.

En segundo lugar, y en subsidio de su excepción de extemporaneidad, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto los derechos que forman parte de dicho sistema no se encuentran amparados por esta acción cautelar.

Al respecto, explica que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. N.º 1, de 2005, del Ministerio de Salud y del Decreto Supremo N.º 3, del año 1984, del mismo Ministerio, que contiene el Reglamento sobre Autorización de Licencias Médicas; así como las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez y el pago de la prestación pecuniaria por éstas originadas, es decir, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el Decreto con Fuerza de Ley N.º 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

Luego, y también en subsidio de su anterior legación, evacuó el informe que le fue ordenado contextualizando, en primer lugar, el marco normativo dentro del que se encuadra el derecho a licencia médica.

En este sentido, refiere que a la Superintendencia de Seguridad Social le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, en ejercicio de las facultades y prerrogativas que el legislador ha dispuesto en la Ley N.º 16.395, entre las que destaca las de emitir instrucciones para mejorar el otorgamiento de los beneficios a los imponentes y la de fijar la interpretación de las leyes y reglamentos de previsión social y ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización que se ajusten a esta interpretación. Además, indica que a partir de la entrada en vigor de la Ley N.º 20.585, la Superintendencia debe cumplir las funciones asignadas por este cuerpo legal con miras a asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección del cotizante y beneficiario de una Institución de Salud Previsional y del Fondo Nacional de Salud.

Argumenta que, tras sucesivas instancias de revisión y estudio, aquel servicio arribó a la conclusión de que no era procedente la autorización de las licencias reclamadas, lo que de por sí, estima, debe conducir al rechazo de su libelo, toda vez que no existe una actuación ilegal y/o arbitraria que se le pueda atribuir a la Superintendencia de Seguridad Social, máxime cuando la Resolución Exenta reclamada se encuentra suficientemente motivada y en armonía con los antecedentes que constan en el cuaderno administrativo.

Sostiene que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo. En efecto, la información a la vista no justifica clínicamente el o los diagnósticos, tampoco describe la evolución del cuadro clínico, ni tampoco se entregan detalles clínicos de que los ajustes en el tratamiento se hayan realizado en función de la evolución, sin mencionar fechas ni resultados. Tampoco se describe clínicamente en detalle el nivel de funcionalidad alterada, y sin un plan de tratamiento orientado a reintegro laboral o que al menos justifique prolongación del reposo temporal.

Tras citar el marco jurídico que regula las licencias médicas y la incapacidad laboral, explica que estas son un derecho temporal que tiene como objetivo ayudar al trabajador a recuperar su salud y reintegrarse al trabajo, lo que no implica automáticamente el derecho a un subsidio por incapacidad laboral, sino que resulta necesario cumplir con ciertos requisitos específicos.

Adiciona que los facultativos del Servicio informaron sobre la situación de la recurrente: “Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución: EXPEDIENTE R-95967-2022. nombre reservado. LM 54625060-1, por 30 días, desde 23/06/2021. 50452293-8, por 30 días, desde 26/03/2021. Diagnóstico: F32.2 – EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SÍNTOMAS PSICÓTICOS. Reposo previo: 105 días previos autorizados por patología de salud mental. Comentarios: -IMC del 1-6-2021, indica atenciones desde abril de 2020, da cuenta de factores externos estresantes, indicando someramente síntomas ansiosos y del ánimo. Tto.: Escitalopram 20 mg/día, Clotiazepam 10 mg/día, clonazepam 1 mg/día, no indicando los ajustes en el tratamiento en función de la evolución, sin mencionar fechas ni resultados. No indica nivel de funcionalidad alterada. No es posible desprender un plan de tratamiento orientado a reintegro laboral. En efecto, la información a la vista no justifica clínicamente el o los diagnósticos, tampoco describe la evolución del cuadro clínico, ni tampoco se entregan detalles clínicos de que los ajustes en el tratamiento se hayan realizado en función de la evolución, sin mencionar fechas ni resultados. Tampoco se describe clínicamente en detalle el nivel de funcionalidad alterada, y sin un plan de tratamiento orientado a reintegro laboral o que al menos justifique prolongación del reposo temporal. NO SE ACOGE”

Concluye señalando que, en la especie, no solo no existe un acto ilegal y/o arbitrario que se le pueda atribuir a la Superintendencia de Seguridad Social, sino que, además, no existen derechos garantizados por la Constitución Política de la República que se encuentren amenazados o hayan sido vulnerados, por lo que solicita su rechazo, con costas.

QUINTO: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquel que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufre privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos o garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, por lo cual el afectado puede, en tal caso, recurrir a la Corte de Apelaciones a fin que se adopten de inmediato las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al derecho que se reclama.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es un requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, que se traduce en falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de una o más de las garantías protegidas.

SÉPTIMO: Que, en el presente caso, el acto que se tilda de ilegal y arbitrario es la Resolución Exenta N° R-01-UME-114918-2022 de 29 de agosto de 2022 y notificada el mismo día, que confirmó el rechazo de las licencias médicas Nº50452293-8 y 54625060-1, y que, en lo pertinente, concluyó que el reposo prescrito en ellas no se encontraba justificado, decisión que la recurrente cuestiona por considerar infundada y carente de motivación.

OCTAVO: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad debe tenerse presente que el acto recurrido es de 29 de agosto de 2022, y que corresponde a la resolución que confirmó el rechazo de licencias médicas, a su turno, el recurso de protección fue interpuesto el 21 de septiembre de 2022. Y si bien hay actuaciones anteriores de otros organismos, en concreto el de la Comisión Preventiva de Invalidez, dichos reclamos no obstan a interponer el recurso de protección en contra el acto que acá se individualiza, el cual constituye la última revisión de la situación de la recurrente en lo que respecta a las licencias médicas.

Por estas consideraciones se rechazará la alegación de extemporaneidad de la recurrida.

NOVENO: Que, asimismo, debe descartarse la argumentación referida a la improcedencia de conocerse por la vía de la acción de protección este asunto, por tratarse de un tema relativo al derecho a la seguridad social que no está dentro de los tutelados en el artículo 20 de la Carta Política, pues la situación que afecta a la actora puede vulnerar también otros derechos fundamentales que sí son protegidos por esta acción constitucional, como se verifica en la especie, y son reclamados por la recurrente, en concreto las garantías de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, en cuanto al fondo del asunto debatido conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente de los antecedentes administrativos que se acompañan al informe, es posible advertir que la recurrida SUSESO ratificó el parecer de la COMPIN, que confirmó el rechazó de las licencias médicas por la causal de orden médico reposo injustificado.

Se puede advertir además, del referido expediente administrativo que la decisión se fundamentó en informes médicos, que descartan la severidad del cuadro clínico de la recurrente, sumado a la circunstancia de no haber iniciado tratamiento psicológico, el largo tiempo de licencia y la no adecuación del tratamiento farmacológico.

UNDÉCIMO: Que, como se advierte, el rechazo impugnado de las singularizadas licencias médicas se encuentra fundado en que no cumplen con los criterios normativos del Reglamento sobre Guías Clínicas Referenciales relativos a Licencias Médicas, Decreto N° 7/2013, de 18 de julio del mismo año, puesto que no se adjuntan antecedentes médicos que justifiquen la prolongación del reposo por el diagnostico enunciado.

DUODÉCIMO: Que, por otro lado, el artículo 149 del D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DÉCIMO TERCERO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las INSTITUCIONES DE SALUD PREVISIONAL (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las COMISIONES DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ (COMPIN), en el caso de los trabajadores cotizantes del FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la COMPIN que resuelve el recurso de reconsideración ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar la licencia médica de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DECIMO QUINTO: Que, en consecuencia, la actividad realizada por parte de la Superintendencia de Seguridad Social se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

DECIMO SEXTO: Que, finalmente, la recurrente ha alegado la vulneración de los derechos consagrados en el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República, siendo que no se ha establecido ninguna afectación a su integridad física ni síquica, al contrario, se trata de situaciones que por su particularidad deben ser analizadas caso a caso, dependiendo de la evolución clínica de las dolencias que registre un paciente determinado, su gravedad y recuperabilidad, así como determinar si se trata de una incapacidad temporal o definitiva; tampoco se aprecia de qué manera se afectaría el derecho de propiedad, en tanto el rechazo de las licencias médicas se encuentra justificado.

En atención a lo razonado precedentemente la presente acción no puede prosperar y deberá ser desestimado en todas sus partes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de nombre reservado y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° Protección 102474-2022.